AYQ Ingeniería Construcción y Ssgg S.R.L — Res. 610-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Bonificación (Sub materia: incluye todas), Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones), y Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación por movilidad respecto al periodo laborado, conforme al régimen de construcción civil a favor del señor Alex Alfredo Vega Sangay, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir el sujeto inspeccionado con subsanar los incumplimientos señalados en la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,144.00.

i. La decisión de la Sub Intendencia adolece de los siguientes vicios: Expresa una apreciación individual, por cuanto la resolución no motiva o expresa las razones para no considerar como válido el documento denominado Memorando firmado por el propio trabajador, con el cual se acreditó que el trabajador presuntamente afectado fue destacado a un campamento de Shougang, empresa minera con unidad de producción donde el trabajador realizó el servicio, y con arreglo a ello, que su representada no se encuentra obligada al pago de una bonificación por movilidad. No expresa la resolución las razones de hecho y el sustento jurídico para desestimar el memorando de destaque del trabajador al campamento minero, el cual conjuntamente con la memoria anual y los hechos mencionados en los descargos por parte de su representada coadyuvaron a acreditar que el extrabajador Alex Alfredo Vega Sangay se encontraba destacado al Campamento de Shoungang en Marcona. ii. La resolución no ha justificado las razones para no valorar los medios probatorios formulados durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador. Contrariamente a las garantías del debido procedimiento, ha decidido no pronunciarse respecto de los argumentos precisados en sus descargos. iii. La mencionada resolución solo da cuenta de manera superficial de las razones por las cuales no se toman en cuenta sus argumentos de defensa, esto es, señala que

debieron delegar a otro personal el cumplimiento de la medida de requerimiento. Lo mencionado no era posible, porque como ya lo ha señalado la medida de requerimiento fue cumplida de manera extemporánea ‘producto de que la señorita Jhina Chictiry Malaver Izquierdo, persona encargada de realizar las gestiones’. iv. En conclusión, no le corresponde a la inspeccionada, el pago por concepto por movilidad, por cuanto durante el periodo de la relación de trabajo con su representada, el señor Alex Alfredo Vega Sangay residió en el campamento del titular de la actividad minera, lo cual acreditan con el material probatorio referido.

i. No resulta atendible la vulneración al derecho de defensa alegado por la inspeccionada por el hecho de que la resolución apelada este sustentada en las citas o referencias que se hagan a los hechos comprobados por los inspectores y a lo analizado por el órgano instructor, toda vez que la decisión adoptada por el inferior en grado se circunscribe a lo que se encuentre plasmado en el acta de infracción, que da mérito al inicio del procedimiento sancionador, y el informe final de instrucción, que recomienda continuar con la fase sancionadora del mismo sobre la base de los hechos analizados, además que también se ha dado evaluación a los argumentos expuestos en sus descargos contra el referido informe final, existiendo congruencia entre dicho análisis y lo resuelto por el inferior en grado. ii. En particular el no haber cancelado la bonificación por movilidad acumulada desde su fecha de inicio a laborar constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales. En el presente caso, en inspector de trabajo dejó constancia en la cuarta materia laboral verificada del acta de infracción, que el sujeto inspeccionado no cumplió con cancelar íntegramente la bonificación por movilidad acumulada del trabajador afectado de acuerdo a la Tabla salarial vigente aplicable al régimen especial de construcción civil. iii. El sujeto inspeccionado no garantizó el cumplimiento de lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento prosiguiendo el inspector actuante a proponer la multa respectiva. iv. Toda infracción a la labor inspectiva es de naturaleza insubsanable, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 de la Relación de criterios aplicables en la inspección de trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009- MTPE/2/11.4. v. Los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijos y predeterminados, sin que la autoridad de primera instancia pueda imponer otro valor distinto, por lo

2 Notificada a la impugnante el 30 de mayo de 2022. Véase folio 272 del expediente sancionador.

que se desprende que la resolución apelada cumplió lo dispuesto en las normas invocadas. vi. La Intendencia Regional considera que el pronunciamiento de la autoridad de primera instancia se encuentra debidamente motivada, toda vez que expuso las razones que justifican su decisión para considerar la comisión de las infracciones, por parte de la inspeccionada, analizando cada uno de los argumentos de defensa señalados en el escrito de descargos. vii. La resolución venida en grado de apelación, tampoco ha vulnerado el principio de legalidad ni el principio del debido procedimiento administrativo u otro alegado por la inspeccionada, toda vez que el acta de infracción cumple con el contenido mínimo exigido por el artículo 46 de la LGIT, concordante con el artículo 54 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. (EX. AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.)

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 17 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N°090-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i. En el caso en particular, la intendencia nunca da las razones por las que desvirtúa las alegaciones fundamentadas en el recurso de apelación, únicamente señala que “(…) consecuencia, teniendo en cuenta que los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan las infracciones en que ha incurrido la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia; corresponde confirmar la resolución venida en grado en todos sus extremos guardan.” ii. En este caso se puede apreciar que existe una motivación aparente, porque «no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14.

alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico» iii. En esa misma línea, el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 291-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala ha señalado lo siguiente: “Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.” iv. La medida de requerimiento fue cumplida de manera extemporánea producto de que la señorita JHINA CHICTIRY MALAVER IZQUIERDO, persona encargada de realizar las gestiones correspondientes presentó síntomas respiratorios desde el 15 de noviembre, motivo por el cual se le otorgó licencia en cumplimiento de nuestro Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19. v. Han señalado y probado (adjuntan en los descargos el MOF donde se aprecia las funciones del puesto) que la señorita era la única encargada de realizar dichas transacciones y pese a lo que señala la Resolución esto es, que se puede delegar a otro personal, nos reafirmamos en lo dicho ya que, el requerimiento consistía en el pago de la BUC, ante ello, era la trabajadora la única persona que maneja las cuentas corrientes en los bancos, códigos y claves de transacción que no se puede compartir porque supondría un riesgo en la seguridad de la empresa, y la prueba de ello es que cuando la señorita se reincorporó se realizó los pagos que obran en el expediente. Pese a ellos, este material probatorio no fue valorado por la Intendencia, causando un estado de indefensión a su representada. vi. El inciso 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG reconoce como una condición eximente de la responsabilidad el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. vii. En similar jurisprudencia el Tribunal de Fiscalización laboral en la Resolución N° 646-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala ha señalado que: “(…) sin embargo, si bien se trata de un asunto sensible, como es el estado de enfermedad devenido del contagio por COVID-19 de su trabajador, la impugnante no ha explicado si es que esta persona es la única que podría haber satisfecho el requerimiento de información planteado por la inspección del trabajo (…)” viii. En el caso en particular, si acreditan que la señorita Malaver es la única persona encargada de cumplir con el requerimiento. ix. Se ha vulnerado al principio de presunción de veracidad

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

descargos y medios de prueba o que habiéndolos presentados no hayan sido valorados, pues, de los actuados no se advierte esto último.

Sobre la aplicación de la eximente de responsabilidad

Sobre ello, corresponde señalar que lo manifestado no es óbice para incumplir el deber de colaboración con la labor inspectiva que tiene a cargo todo empleador.

11 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4º edición. Tomo II. Página 517 12 LEÓN HILARIO, Leysser (2016). Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Lima: Academia de la Magistratura. 13 Respecto a estas características, cabe precisar que, de acuerdo con lo señalado por De Trazegnies, lo extraordinario es entendido como aquel riesgo atípico de la actividad o cosa generadora del daño, notorio o público y de magnitud; es decir, no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto sino fuera de lo común para todo el mundo. Asimismo, siguiendo al citado autor, lo imprevisible e irresistible implica que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra manera o no podría prever el acontecimiento y resistir a él. (DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2001. pp. 336 - 341) Partiendo de ello, el mencionado académico señala: para considerar la notoriedad del hecho como elemento esencial del caso fortuito no se requiere que esta característica (notorio o público o de magnitud) haya sido expresamente señalada en el artículo 1315: está implícitamente en la exigencia de que se trate de un hecho extraordinario" (p. 339). 14 TUO de la LPAG Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones

sentido, el punto 7.1.2.7 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII – “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL (en adelante, la Directiva), señala respecto del caso fortuito o fuerza mayor lo siguiente: “(…) b. De conformidad con lo previsto en el artículo 47-A del RLGIT, las siguientes situaciones constituyen eximentes de sanción siempre que, cumplan con las condiciones que a continuación se detallan: Respecto al literal a) caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada, deben estar referidas a hechos producidos antes de la primera actuación inspectiva en la cual participe el administrado, debiendo ser acreditado con documento público de fecha cierta, salvo que sean hechos de conocimiento público”.

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada”.

de colaboración. Aunado a ello, es pertinente señalar que la empresa siguió en funcionamiento; por tanto, pudo delegar tal responsabilidad a otro trabajador de la organización para encargarse de la revisión de la casilla, y de esta forma, cumplir con la medida de requerimiento oportunamente. En consecuencia, la impugnante no se encontraba impedida de cumplir con la medida de requerimiento de fecha 18 de noviembre de 2021.

Sobre la vulneración al principio de presunción de veracidad 6.24. Respecto al principio de presunción de veracidad15, Morón Urbina señala que “es un principio informador de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos,

15 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS

consistente en suponer por adelantado y con carácter provisorio que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones en el procedimiento en que intervengan de modo que se invierte la carga de la prueba previa de veracidad a cargo del administrado, por la acreditación de la falsedad a cargo de la Administración en vía posterior.”16

Sobre el supuesto apartamiento e inaplicación de resoluciones emitidas por el Tribunal

- En la Resolución N° 646-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, se señala que la impugnante no ha demostrado con las pruebas correspondientes que demuestren de manera fehaciente la imposibilidad de la entrega de documentación correspondiente durante las actuaciones inspectivas, ni con la presentación de

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...) 1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. 16 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Editorial Gaceta Jurídica. Décima Edición. 2014. pp. 79-81. Citado en fundamento 8 de la Sentencia Casación N° 4943 - 2015 LIMA, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

presente recurso de revisión. Por tanto, en el caso particular, la impugnante no presento documentación que respalde su alegato, a fin de desvirtuar la imputación de las conductas infractoras, por lo que le corresponde asumir la responsabilidad administrativa. En ese sentido, se trata de supuestos distintos, puesto que, en el presente caso, se ha corroborado que la medida de requerimiento debía ser cumplido por la impugnante y no solo por un personal en específico; en ese sentido, el sujeto inspeccionado pudo adoptar otras medidas, a efectos de no faltar a su deber de colaboración, no siendo similar al caso de autos.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación por movilidad respecto al periodo laborador, conforme al régimen de construcción civil. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No cumplir el sujeto inspeccionado con subsanar los incumplimientos señalados en la medida de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. (EX. AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.), en

contra de la Resolución de Intendencia N° 090-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 26 de mayo de 2022., emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 524-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 090-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. (EX. AZAÑEDO QUILCATE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.), y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230628MLA