Avianca Perú S.A — Res. 852-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Remuneraciones (sub materia: gratificaciones), compensación por tiempo de servicios (sub materia: depósito de CTS), Certificado de trabajo, Bonificación, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (sub materia: vacaciones). 20555195444 soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago del concepto no remunerativo denominado “incentivo para la constitución de nueva empresa”, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago del concepto no remunerativo denominado “gratificación extraordinaria”, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Sobre el pago del incentivo para constitución de nueva empresa, se acreditó la existencia de un nuevo acuerdo. ii. Sobre el pago de la gratificación extraordinaria; no se valoró que los ex colaboradores acordaron dejar sin efecto este acuerdo. Por lo que, no existe obligación por parte de la empresa a su pago. iii. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, no se valoró que las obligaciones que pretendía se ejecuten, fueron modificadas; quedando pendiente, únicamente, el pago del “incentivo para constitución de Nueva Empresa”. La cual, se ha acreditado su cumplimiento. iv. Se vulneró el principio al debido procedimiento administrativo, pues, se inobservó que, en el marco de una fiscalización laboral, los inspectores deben observar estrictamente el derecho de los sujetos inspeccionados y que el acta de infracción que eventualmente se emita cuente con una debida motivación que valore adecuadamente, entre otros aspectos, la documentación que ofrece el administrado. v. El Inspector comisionado no ha desarrollado en el Acta de Infracción los motivos por los cuales nuestros argumentos consistentes en que los ex colaboradores no tiene derecho al pago de la “Gratificación Extraordinaria”, ni ha merituado adecuadamente los nuevos acuerdos de extinción de la relación laboral, ni el tipo de cheques con el

que cumplieron las obligaciones de pago emanadas de los nuevos acuerdos celebrados.

i. En el presente caso, de acuerdo a la resolución apelada, la inspeccionada no cumplió con el pago del concepto no remunerativo denominado “incentivo para la Constitución de Nueva Empresa" en perjuicio de los extrabajadores: José Cario Gutiérrez Schweitzer, Brisela Paola Gutiérrez Calderón, Úrsula Leslie Arce López y Jhon Ampuero Orccotoma. Sin embargo, antes que se le notificara el Acta de Infracción, la inspeccionada cumplió con subsanar las infracciones referidas al incumplimiento del pago del concepto no remunerativo denominado "incentivo para la Constitución de Mueva Empresa" a favor de los trabajadores: (i) José Cario Gutiérrez Schweitzer, (ii) Brísela Paola Gutiérrez Calderón y (iii) Jhon Ampuero Orccotoma; por consiguiente, corresponde aplicar a dichas infracciones la eximente prevista en el literal f) del inciso 1 del artículo 257 del TUO LPAG, respecto al pago efectuado a los tres (3) trabajadores mencionados. ii. Sin embargo, de la revisión efectuada, no se advierte que la inspeccionada haya cumplido con el pago del saldo pendiente del "Incentivo para la Constitución de Nueva empresa", de S/ 14,153.48, a favor de la trabajadora Úrsula Leslie Arce López, toda vez que el monto pagado mediante cheque de gerencia por la suma de S/ 56,613.92, no corresponde al total de lo establecido entre las partes, esto es, de S/ 70,767.40. En tal sentido, teniendo en cuenta que la tabla de multas prevista en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, no obstante haberse determinado la existencia de eximente de sanción por el cumplimiento de pago respecto de tres trabajadores, el monto de la sanción a imponer no sufre variación alguna a la impuesta mediante la resolución apelada en este extremo. iii. Sobre el concepto de gratificación extraordinaria. Del documento denominado "Modificación de Convenio Individual de Extinción de la Relación Laboral por Plan de Retiro Voluntario", que modifica el "Convenio Individual de Extinción de la Relación por Plan de Retiro Voluntario", se advierte que contiene la renuncia de la Gratificación Extraordinaria, primigeniamente acordada, por parte de los extrabajadores José Cario Gutiérrez Schweitzer; Brísela Paola Gutiérrez Calderón y Úrsula Leslie Arce López y Jhon Ampuero Orccotoma.

2 Notificada a la impugnante el 04 de enero de 2022, véase folio 101 del expediente sancionador.

iv. En tal sentido, la autoridad de primera instancia no advirtió que las partes pactaron que solo tendrían derecho a lo establecido en la cláusula quinta de la “Modificación de Convenio Individual de Extinción de la Relación Laboral por Plan de Retiro Voluntario", es decir: a) Al pago por concepto de "incentivo para la Constitución de Nueva Empresa" y b) la continuación de la concesión del beneficio de boletos aéreos. Por lo que, en atención a la autonomía de las partes que suscribieron dicho acuerdo, y al no poderse concluir fehacientemente que la inspeccionada haya tenido la obligación de cumplir con el pago del concepto no remunerativo denominado "Gratificación Extraordinaria", corresponde revocar la multa impuesta por dicha infracción, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho de los trabajadores afectados. v. La medida inspectiva de requerimiento ordenó que, en el plazo de cinco días hábiles, acreditara el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales materia de autos; sin embargo, la inspeccionada no cumplió con esta, incurriendo en la infracción muy grave a la labor inspectiva prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 16. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AVIANCA PERU S.A. EN LIQUIDACIÓN

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de enero de 20229, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1875-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. Sobre el Incumplimiento de los pagos de los conceptos no remunerativos “incentivo para la constitución de nueva empresa” a favor de la trabajadora Úrsula Leslie Arce López, y “gratificación extraordinaria” a los trabajadores materia de la infracción. Al respecto, afirma que, el convenio individual de extinción de la relación laboral por plan de retiro voluntario,

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14 9 Subsanada a folios 113 del expediente sancionador.

celebrado con la trabajadora Úrsula Leslie Arce López, establecía que para el pago de S/ 14,153.48 soles, quedarían en custodia del notario público hasta que se presente por escrito el desistimiento con la firma legalizada por notario público o se llevase a cabo la audiencia judicial donde se aprobara dicho desistimiento de la demanda que se encontraba en curso o que se emitiese la resolución judicial de desistimiento de las pretensiones de dicha trabajadora. Asimismo, se acordó con los trabajadores que los conceptos no remunerativos a pagarse serían el “incentivo para la constitución de nueva empresa y boletos aéreos”, excluyéndole el concepto de pago de “gratificación extraordinaria”; por lo que no existe obligación al pago de este último. ii. No existe incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, pues esta fue cumplida en su totalidad. iii. Se vulnera el principio del debido procedimiento, contenido en el artículo IV del TUO de la LPAG. iv. No se desarrolló en el acta de infracción los argumentos consistentes a que los excolaboradores no tienen derecho al pago de la gratificación extraordinaria. v. Asimismo, afirma que, se afectó su derecho de defensa, pues sí atendió los procedimientos durante el año 2020, entregando la información requerida por los inspectores, por lo que no fue su intención obstaculizar la labor inspectiva. Siendo que recién tomó conocimiento de los requerimientos de información por la plataforma de notificación virtual el 16 de abril, último. Afectándose lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, pues el inspector no cumplió con remitir a los correos electrónicos de la empresa las notificaciones de los requerimientos de información. vi. Se afectó el principio de non bis in idem.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos

Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019- JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o

“leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02 Medida Inspectiva de Requerimiento

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa.

Figura 03 Escrito de fecha 18.09.2020

“8. En esa medida, además de las infracciones detectadas por incumplimientos a la normativa sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo, las infracciones a la labor inspectiva se configuran, entre otros supuestos, cuando existe una obstrucción de parte de los inspeccionados al deber de colaboración en las actuaciones inspectivas. 9. Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo.”

información. Se debe recordar a la impugnante que en este proceso no se le ha sancionado por incurrir en una infracción a la labor inspectiva por no brindar la información solicitada, sino que la infracción a la labor inspectiva está orientada a no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, supuesto de hecho distinto a lo alegado por la impugnante en su recurso de revisión. Por lo que, dichos argumentos deben ser desestimados, además, porque se aprecia que la medida inspectiva de requerimiento, fue debidamente notificada al correo electrónico de la inspeccionada11 y no por medio de la casilla electrónica, como erróneamente lo afirma. Tal es así que la impugnante, presentó un escrito12 señalado la imposibilidad de acatar lo dispuesto en dicha medida, conforme se aprecia de la figura Nº 02, adjunta en la presente resolución. Po ende, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo por parte de la impugnante.

De la presunta afectación al debido procedimiento y motivación, derecho de defensa

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”13. 6.12 Asimismo, el TUO de la LPAG es clara en señalar en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, comprendiéndose entre estos el derecho “a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”.

11 Tal como se aprecia de la constancia en el segundo párrafo del numeral 4.4 de los hechos constatados del acta de infracción. 12 Véase folios 43 del expediente inspectivo. 13 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”.

“(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (énfasis añadido).

14 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)” 15 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 16 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Grijley, 2019), 83. 17 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

de la potestad sancionadora administrativa18, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

18 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Sobre una vulneración al principio de non bis in ídem

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, sí sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…) - La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad

19 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”20 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: AVIANCA PERU S.A. EN LIQUIDACIÓN

b) Identidad de Hechos: Los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada se tratan la impugnante incurrió en una infracción muy grave a la labor inspectiva al no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de setiembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, y por otro, incurrió en una infracción grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Lo que evidencia que, los hechos que sustentan las infracciones en materia de labor inspectiva y relaciones laborales son independientes y diferentes, así como el hecho de que los fundamentos jurídicos, en consideración a los bienes jurídicos e intereses tutelados (labor inspectiva y relaciones laborales), son distintos.

c) Identidad de Fundamentos: la medida inspectiva persigue la subordinación legalmente justificada de los administrados, a fin de garantizar la eficacia de la actividad de inspección, y lograr con ello la promoción del cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables. En ese orden de ideas, existe una notable diferencia en los fundamentos que tutela las medidas de requerimiento, respecto a las obligaciones en materia laboral que pretende tutelar, dado que, en ella, se garantiza exclusivamente la eficacia de la inspección dentro del marco de promoción de las obligaciones laborales. En cambio, en la infracción en materia de relaciones laborales, se reprimen aquellos incumplimientos de las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico sociolaboral, cuya consumación resulta independiente del plano de la actividad inspectiva.

20 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No cumplir con el pago del concepto no remunerativo denominado “incentivo para la constitución de nueva empresa” Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento

Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AVIANCA PERU S.A. EN LIQUIDACIÓN, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1875-2021-SUNAFIL/IRE-ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador

recaído en el expediente sancionador N° 6113-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1875-2021-SUNAFIL/IRE-ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a AVIANCA PERU S.A. EN LIQUIDACIÓN, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA