Avianca Perú S.A — Res. 1150-2022

1. ANTECEDENTES

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Bonificación No Remunerativa; Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Remuneraciones (Sub materia: Pago de la Remuneración (Sueldos y Salarios)); Compensación por tiempo de Servicios (Depósito de CTS). 20555195444 soft 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago del concepto no remunerativo “Incentivo para la constitución de nueva empresa” e intereses legales, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago del concepto no remunerativo “gratificación extraordinaria” e intereses legales, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago la remuneración convencional e intereses legales, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. En relación al pago de los conceptos no remunerativos “incentivo para constitución de nueva empresa” y “gratificación extraordinaria”, la autoridad inspectiva ha concluido que no se han presentado documentos que acrediten el pago de las obligaciones del nuevo acuerdo; además, señala que los ex colaboradores no habrían consentido dejar sin efecto la obligación del pago sin advertirse que existe un documento de “Modificación de convenio individual de extinción de la relación laboral por el Plan de retiro voluntario” celebrado con los ex colaboradores. En tal sentido, se adjuntan los cargos de entrega de los cheques de gerencia a favor de los ex colaboradores a fin de que se verifique que se han acreditado los pagos de las obligaciones, no siendo responsabilidad de la empresa asegurarse que el trabajador cobre estos cheques, por

lo que la autoridad no podría desconocer el cumplimiento de la obligación. Aunado a ello, en la resolución apelada ha quedado establecido que los únicos beneficios a los que tienen derecho los ex colaboradores materia de este procedimiento efectivo sería el incentivo para la Constitución de nueva empresa y los boletos aéreos excluyendo expresamente el pago de la gratificación extraordinaria por lo que queda demostrado que no existe obligación alguna respecto del pago de este último. ii. Respecto al incumplimiento de pago de la remuneración convencional y sus intereses legales, pese a que se cumplió con informar sobre la suspensión perfecta de labores de manera contradictoria la Resolución Directoral General N° 1685-2020, denegó dicha medida, por lo que se interpuso una demanda contencioso administrativa ante el 29º Juzgado Especializado de Trabajo de Lima, recaído en el expediente N° 13588- 2020-0-1801-JR-LA-77, la cual ha sido admitida a trámite por lo que cualquier cuestionamiento sobre la aplicación de suspensión perfecta de labores debe ventilarse en esta instancia judicial. iii. En relación al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, no existe incumplimiento alguno sino un análisis incompleto y parcializado por parte de la autoridad inspectiva vulnerándose el principio del debido procedimiento; así como el derecho de defensa, debida motivación en la resolución apelada, vulnerándose también el principio de licitud no existiendo una motivación en el Acta de infracción del por qué los ex colaboradores no tienen derecho al pago de gratificación extraordinaria ni se meritó adecuadamente los nuevos acuerdos de extinción de la relación laboral. iv. Asimismo, en el año 2020, se atendieron diversos procedimientos de inspección otorgándose la información solicitada por los inspectores, a través del correo electrónico así que nunca ha sido la intención obstaculizar la labor inspectiva. En ese sentido, recién el 16 de abril último que se tomó conocimiento sobre los requerimientos de información por la plataforma de notificación virtual, no existiendo ningún documento o correo electrónico posterior en donde no se responda, causándoles extrañeza que el inspector no les haya indicado la remisión de tales requerimientos de información, siendo su obligación informarles sobre dichos requerimientos de información. Asimismo, la imposición de una multa por medida de requerimiento significa una doble sanción, contraviniendo el principio del non bis in ídem.

2 Notificada a la impugnante el 13 de enero de 2022, véase folio 101 del expediente sancionador.

i. Refiere que los incumplimientos detectados por el personal inspectivo giran en torno al no pago del “Incentivo para Constitución de Nueva Empresa”, y del pago adicional, el cual fue consignado a manera de “Gratificación Extraordinaria”, en el acuerdo denominado “Acuerdo individual de extinción de la relación laboral por Plan de retiro voluntario”; toda vez que, la inspeccionada no acreditó el cumplimiento de los pagos acordados. Al respecto, precisa que en virtud del Principio de Presunción de Veracidad contenido en el artículo IV numeral 1.7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), debe darse por subsanada dicha infracción, en la medida que la inspeccionada ha acreditado cumplir con la obligación laboral de pagar el concepto no remunerativo “Incentivo para constitución de nueva empresa”, a favor de los trabajadores afectados: Erwin Pinedo Sánchez, Javier Palma Álvarez Calderón, Aldo Melini Gonzales y José Carlos Pinedo Centurión, en noviembre de 2020, antes de la notificación de imputación de cargos, por lo que, corresponde eximirla de responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, y revocarse la multa impuesta respecto de este extremo. ii. Por otra parte, conforme el “Acuerdo Parcial N° 2”, cuya denominación consta en el “Acuerdo individual de extinción de la relación laboral por Plan de retiro voluntario”, como “gratificación extraordinaria”, el mismo que no se ve reflejado en el documento presentado en la etapa recursiva, por lo que, considera que la inspeccionada no acredita el cumplimiento del pago en cuestión. Asimismo, menciona que en la resolución apelada no se hace referencia a que no exista tal obligación, sino que se señala que en el documento denominado “Modificación de convenio individual de extinción de la relación laboral por Plan de retiro voluntario”, no se establece lo acordado, respecto al pago adicional, siendo este la gratificación extraordinaria, por lo que, este Despacho considera que la inspeccionada no cumplió con dicha obligación. iii. Ahora bien, en cuanto al pago de las remuneraciones del periodo de abril y mayo de 2020 de la trabajadora Alicia Kishimoto Kanna, el argumento de la inspeccionada es reiterativo, por cuanto si bien la inspeccionada informó la suspensión perfecta de labores, la misma fue denegada por la Autoridad Administrativa de Trabajo; sobre ello, al no existir un mandato o una norma legal que sustente la aplicación de la suspensión perfecta, la inspeccionada tiene la obligación de realizar el pago de la remuneración, respecto a los meses considerados en ella, es decir, abril y mayo 2020 (hasta la fecha de cese 25 de mayo de 2020). Aunado a ello, precisa que la autoridad judicial no ha ordenado la inhibición de la autoridad de trabajo para continuar con el presente procedimiento administrativo sancionador, por lo que no correspondía que el inferior en grado deje de pronunciarse por la propuesta de multa contenida en el Informe Final. iv. Con relación al cumplimiento de la medida de requerimiento, expresa que el personal inspectivo actuó conforme a ley, pues se le requirió a la inspeccionada para que subsane las infracciones que detectaron durante sus investigaciones, como modo de remediar la afectación al derecho; sin embargo, pese al plazo otorgado, la inspeccionada no cumplió con dicha medida, configurándose una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

2. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

3. DEL RECURSO DE REVISIÓN

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9.

4. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AVIANCA PERÚ S.A. EN LIQUIDACIÓN.

5. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Con fecha 01 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 010-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Alega que ha quedado establecido y acordado por las partes que los únicos beneficios a los que tendrían derecho los ex trabajadores serían el “incentivo para la constitución

9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

de nueva empresa” y “los boletos aéreos”, excluyendo expresamente el pago de la “gratificación extraordinaria”. ii. Por otra parte, expresa que ha interpuesto una demanda contencioso administrativa contra la Resolución Directoral General N°1685-2020, que deniega su pedido de aplicar la suspensión perfecta de labores, por lo que cualquier cuestionamiento sobre la suspensión perfecta de labores debe ventilarse en esa instancia judicial. iii. Asimismo, con relación al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, señala que el requerimiento de pago de la remuneración convencional se está ventilando en la instancia judicial, por lo que no corresponde realizar pago alguno, y considera que no existe incumplimiento alguno por parte de la empresa, sino que se ha originado un análisis incompleto y parcializado por parte de la autoridad inspectiva, afectando con ello el principio del debido procedimiento. iv. Manifiesta que una indebida valoración de los medios probatorios ofrecidos por su parte, evidencia una afectación al principio de licitud. v. Por otra parte, indica una afectación a su derecho de defensa. vi. Cuestiona que el inspector a cargo no cumplió con su obligación de remitir a los correos electrónicos de la empresa el aviso de haber sido notificados sus requerimientos de información o de notificación del Acta de Infracción. vii. Sostiene que la imposición de una multa por no cumplir la medida de requerimiento significa una doble sanción contra su empresa, pues al considerar que no se ha cumplido con el ordenamiento sociolaboral, se le sanciona con 3 multas y 1 multa adicional por no acceder al pago que se le requería, afectando el principio non bis in ídem.

6. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta la motivación de las resoluciones

obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (énfasis añadido)

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”13(énfasis añadido).

12 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 13 El subrayado no es del original.

Figura 01:

Figura 02:

“Ahora bien, sobre el pago adicional, conforme el “Acuerdo Parcial N° 2”, señalado en el numeral 3.1 de la presente resolución, cuya denominación consta en el “Acuerdo individual de extinción de la relación laboral por Plan de retiro voluntario”, como “gratificación extraordinaria”, el mismo que no se ve reflejado en el documento presentado en la etapa recursiva, por lo que la inspeccionada no acredita el cumplimiento del pago en cuestión. Cabe mencionar que, en la resolución apelada no se ha referencia a que no exista tal obligación, sino que se señala que en el documento denominado “Modificación de convenio individual de extinción de la relación laboral por Plan de retiro voluntario”, no se establece lo acordado, respecto al pago adicional, siendo este la gratificación extraordinaria, por lo que, este Despacho considera que la inspeccionada no cumplió con dicha obligación.” (énfasis añadido).

14 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. (…)

Sala aprecia una afectación al principio del debido procedimiento y de motivación de las resoluciones.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.30. El artículo 15 de la Ley N° 29981, señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

15 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 16 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

SUNAFIL/ILM, como la Resolución de Sub Intendencia N°860-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, así como toda actuación comprendida luego de la emisión de los actos viciados.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por AVIANCA PERÚ S.A. EN LIQUIDACIÓN y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 860-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 16 de septiembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, y también las sucesivas actuaciones y actos emitidos en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6107-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 860-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a AVIANCA PERÚ S.A. EN LIQUIDACIÓN, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.34 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20221207JCR