Autosafe S.A.C — Res. 102-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones: Pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional (sueldos y salarios), Gratificaciones; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados: vacaciones, horas extras; Compensación por tiempo de servicios: Depósito de CTS; Bonificación no remunerativa: Incluye todas; Registro de control de asistencia: Incluye todas. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago íntegro de las remuneraciones, más los intereses legales, de los meses de febrero, junio y julio 2016 a favor del ex trabajador Igor Antonio Sánchez Oré, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,670.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 29 de marzo de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,450.00.

i. En la resolución apelada se señala que, el inspector comisionado ha precisado que la penalidad económica del 10% sobre la remuneración básica bruta del mes en curso constituyente un exceso de parte de la empresa en la relación laboral, ello significa que, el inspector hace una apreciación valorativa, conforme a sus convicciones personales y no sobre la base de una norma.

ii. Se introduce un criterio subjetivo al señalar que se pudo haber procedido con el despido del trabajador, sugiriendo acciones que debió tomar la empresa, hecho que hubiese resultado ser más gravoso para el trabajador. Del mismo modo, en la resolución apelada se señala una afirmación del inspector comisionado que resulta ser subjetiva al señalar que, si bien se genera una tardanza en el ingreso, el descuento debe ser proporcional a lo efectivamente trabajado. Sin embargo, al ser una relación privada entre la empresa y el trabajador, se decidió que ante una falta grave se aplicaría una penalidad determinada por la empresa y conocida por el trabajador, en lugar de proceder a un despido justificado, constando dicha penalidad en el Reglamento Interno de Trabajo y en el Manual de Políticas Procedimientos para el Control de Asistencia, los mismo que fueron comunicados al ex trabajador. Entonces, resulta evidente que existe una contravención a lo dispuesto por el principio de objetividad regulado en la LGIT.

iii. Asimismo, resulta una clara afectación al derecho de los administrados, ya que se pretende imponer sanción por situación en contra de las cuales se tiene la posibilidad de recurrir cuando se considera que no tiene sustento legal, situación que sucede en el

presente caso, al imponerse una multa por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, cuando la materia de la sanción es cuestionada por la empresa.

i. La inspeccionada sancionaba al ex trabajador afectado disciplinariamente (amonestación y suspensión) y aplicando una penalidad del 10% de la remuneración bruta ante 03 tardanzas injustificadas en el mes, ello de acuerdo los señalado en su Manual de Políticas y Procedimientos para el control de asistencia, lo que efectivamente constituye un exceso de parte de la inspeccionada en la relación contractual laboral con el ex trabajador; siendo ello así, si bien se genera una tardanza en el ingreso, el descuento debe ser proporcional a lo efectivamente trabajado, tomando en cuenta el valor del día efectivo de trabajo.

ii. Se ha comprobado que la decisión de la inspeccionada de la imposición de medidas disciplinarias de naturaleza pecuniaria al ex trabajador afectado, no se justifican en el poder de dirección de la inspeccionada, pues supera los límites de dicho poder regulado en el artículo 9 de la LCPL; aunado a ello, nuestro ordenamiento jurídico no ampara la imposición de una penalidad de naturaleza económica como medida disciplinaria. Por tal motivo, no es cierto lo alegado por la inspeccionada, pues los inspectores comisionados no determinaron los incumplimientos normativos de la inspeccionada sobre la base a apreciaciones subjetivas como erróneamente lo alega; por el contrario, conforme a todo lo antes expuesto, se aprecia que, la sanción impuesta a la inspeccionada se encuentra debidamente justificada por haber incurrida en un exceso en la relación contractual laboral con el trabajador, por sobrepasar los límites de razonabilidad de su poder de dirección, no existiendo afectación alguna al principio de objetividad regulado en el numeral 3 del artículo 2° de la LGIT.

iii. El 29 de marzo de 2019, los inspectores comisionados emitieron la medida inspectiva de requerimiento, al haber constatado el incumplimiento de parte de la inspeccionadas respecto del pago íntegro de las remuneraciones del ex trabajador afectado correspondientes a los meses de febrero, junio y julio de 2016, en virtud de los hechos verificados durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, otorgada a la inspeccionada un plazo para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigente, dejando constancia que, el incumplimiento de los requerido por los inspectores comisionados constituía una infracción a la labor inspectiva pasible de multa, no siendo

2 Notificada a la inspeccionada el 26 de julio de 2021.

la medida inspectiva de requerimiento susceptible de impugnación, lo que se entiende sin perjuicio del derecho de defensa de los interesando en el seno del procedimiento sancionador.

iv. No existe afectación alguna a ningún derecho de la inspeccionada relacionado con el debido procedimiento, pues de la revisión de todo lo actuado se evidencia la Autoridad Administrativa ha cumplido a cabalidad con las disposiciones normativa respecto al desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador, respetando las garantías inherentes a un debido procedimiento de la inspeccionada, otorgándole los plazos correspondientes para que presente sus descargos al Acta de infracción, Imputación de Cargos e Informe Final, así como para la interposición de su recurso impugnativo. 1.6 Con fecha 18 de agosto de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1200- 2021-SUNAFIL/ILM.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” 8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AUTOSAFE S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de agosto de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1200-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes fundamentos:

Respecto al pago íntegro de las remuneraciones

i. No cuestionamos lo establecido en los dispositivos constitucionales y legales citados en la resolución impugnada, pero es evidente que la aplicación de una sanción, consiste en un descuento a un trabajador ante la ocurrencia de una falta ( en este caso, 10% de la remuneración bruta por más de tres inasistencias injustificadas), no le quita a la remuneración su carácter de equitativa y suficiente para el trabajador y su familia, no desconoce el privilegio laboral que establece que la remuneración y los beneficios sociales tienen prioridad sobre cualquier otro adeudo del empleado, no desconoce el derecho a las remuneraciones mínimas, ni le quita a la remuneración su carácter de contraprestativa y de libre disponibilidad; características todas que se encontraban presentes y debidamente protegidas en el caso de la remuneración del ex trabajador, siendo diferente y sin relación alguna con las características mencionadas la aplicación de una sanción como la referida.

8 D.S. 016-2017-TR, art. 14.

ii. De acuerdo a la interpretación plasmada en la resolución impugnada, no puede ampararse ningún objetivo empresarial (medida disciplinaria que una implica penalidad económica) que vaya más allá de un derecho reconocido constitucionalmente como es el de la remuneración, la misma que por su carácter social y alimentario tiene una especial protección señalada en el artículo 24 de la Constitución Política del Perú. Discrepamos de esta interpretación por cuanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, el trabajo es un deber y un derecho; es decir, la sanción aplicada no tiene como objetivo salvaguardar un objetivo empresarial, como erróneamente señala la resolución impugnada, sino sancionar al trabajador ante el incumplimiento de su deber.

iii. Respecto del sub principio de necesidad, la resolución impugnada sólo manifiesta que “la inspeccionada no ha demostrado la existencia de causa objetiva que justifique la adopción de dicha medida disciplinaria como único medio para lograr la finalidad requerida.”; Sobre el particular es importante mencionar la alternativa a la medida disciplinaria materia de autos, propuesta tanto en la resolución impugnada como en la resolución de primera instancia, es la del despido por causa justificada, lo cual definitivamente tiene un mayor grado de intervención en un derecho fundamental que es anterior y pre existente al derecho a la remuneración, como es el derecho al trabajo, por lo que no se puede afirmar que la sanción materia de revisión no supere la evaluación de este sub principio.

iv. Respecto del sub principio de proporcionalidad strictu sensu, la resolución impugnada señala que “la inspeccionada no ha demostrado que la medida adoptada (penalidad del 10% sobre la remuneración bruta del ex trabajador) sea en concordancia con el perjuicio que le ha sido causado”; interpretación errónea porque no se trata de evaluar un supuesto perjuicio contra la empresa, sino si la aplicación de la medida disciplinaria resulta de mayor intensidad que el derecho fundamental afectado. Como hemos expresado, la sanción materia de autos no afecta el derecho fundamental al trabajo, como sí hubiera sucedido con la aplicación del despido por causa justa sugerida en la resolución de primera instancia y ratificada en la resolución materia de revisión mediante este recurso, la misma que hubiera resultado absolutamente lesiva del derecho.

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

v. Nos encontramos ante una situación en la que un administrado es requerido por la administración pública para cumplir con una norma que a criterio de la administración

se ha incumplido, pero que a criterio del administrado no se ha incumplido; en cualquier situación como ésta el administrativo tendrá derecho a impugnar el requerimiento de la administración mediante el ejercicio de su derecho a impugnar el requerimiento de la administración mediante el ejercicio de su derecho de defensa, pero en este caso el requerimiento viene acompañado de una orden de la autoridad administrativa de cumplir con lo requerido, sin posibilidad de impugnar y bajo apercibimiento de considerar el incumplimiento como una falta grave, lo que configura, sin lugar a duda, una afectación al derecho de defensa, aun cuando la administración diga que se ha respetado el debido procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento 6.1 En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis es añadido).

9 Ley General de Inspección de Trabajo, Ley 28806 Artículo 5.- Facultades inspectivas

las normas objeto de fiscalización10, cuando la vulneración o infracción del ordenamiento jurídico tiene carácter de subsanable dentro de un plazo razonable. Calificándose su incumplimiento como una infracción a la labor inspectiva11, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de ¡a normativa del orden socíolaboral, incluso con su Justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. 10 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo 019-2006-TR Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. 11Ley General de Inspección de Trabajo, Ley 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. 12 Véase folio 380 y 381 del expediente inspectivo.

valer en la instancia correspondiente, según se señala en el numeral 4.9 de los hechos constados del Acta de Infracción.

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros” (énfasis añadido).

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que la multa subsistente en el presente procedimiento administrativo sancionador sería la siguiente:

N° MATERIA PRESUNTA CONDUCTA INFRACTORA TIPO INFRACTOR Y CLASIFICACIÓN MULTA IMPUESTA Relaciones laborales No cumplir con el pago íntegro de las remuneraciones, más los intereses legales de los meses de febrero, junio y julio 2016, a favor del ex trabajador Igor Antonio Sánchez Oré. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. GRAVE S/. 5,670.00 Labor Inspectiva No cumplir la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 29 de noviembre de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. MUY GRAVE S/. 9,450.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AUTOSAFE S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1200-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 23 de julio de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3835-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1200-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la sanción impuesta por el incumplimiento a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a AUTOSAFE S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA