Autoridad Autónoma de Majes — Res. 356-2024

EXPEDIENTE SANCIONADOR : 157-2021-SUNAFIL/IRE-AQP

PROCEDENCIA : INTENDENCIA REGIONAL DE AREQUIPA

IMPUGNANTE : AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES

ACTO IMPUGNADO : RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 313-2022- SUNAFIL/IRE-AQP

MATERIA : LABOR INSPECTIVA

Sumilla: Se declara FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 313-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 14 de octubre de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 157-2021-SUNAFIL/IRE-AQP. Lima, 10 de abril de 2024

VISTO: El recurso de revisión interpuesto por AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES, (en adelante, la impugnante), en contra de la Resolución de Intendencia N° 313-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 14 de octubre de 2022 (en adelante, la resolución impugnada), expedida en el marco del procedimiento sancionador, y

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones), y Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones, Pago de bonificaciones y Pago de la remuneración (sueldos y salarios)). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 20 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 26 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Con fecha 20 de noviembre de 2020, se apersonó el Inspector actuante solicitando información al ex jefe de Recursos Humanos, así como los medios de contacto de la impugnante tales como correo electrónico y teléfono; siendo así, el primer hecho imputado no le es atribuible por cuanto solicitaron la ampliación del plazo para poder remitir la información, motivo por el cual el Inspector vuelve a solicitar la misma información con fecha 26 de noviembre de 2020, vía correo electrónico. ii. El Inspector no ha informado que el requerimiento de información de fecha 26 de noviembre de 2020 obedecía a un nuevo requerimiento y que se dio incumplimiento al primero; motivo por el cual no se puede imputar el incumplimiento del requerimiento de fecha 20 de noviembre de 2020, por cuanto el plazo para el cumplimiento fue ampliado. iii. Sí cumplieron con remitir la información requerida con fecha 26 de noviembre de 2020, hecho que no ha sido señalado por el Inspector, vulnerando el debido procedimiento; dado que si bien en el requerimiento de información señalaba fecha

2 Notificada a la Procuraduría Pública, el 14 de julio de 2021, véase folio 19 del expediente sancionador. 3 Notificada a la Procuraduría Pública el 07 de diciembre de 2021.

y hora límite para poder remitir la información, estableciendo como hora límite las 09.00 horas; sin embargo, dicho límite vulnera lo normado en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444; que contempla únicamente el computo de plazo en días y meses mas no un horario específico para el cumplimiento de los requerimientos efectuados. iv. En el presente procedimiento se evidencia que se ha vulnerado el debido procedimiento, al no haberse realizado una tipificación adecuada de la presunta falta cometida, siendo que la conducta imputada se configura cuando el impugnante o representante se niega a entregar la información solicitada, y no en un retraso a la respuesta como fue en este caso, siendo que la información fue remitida antes de que el inspector emita el Acta de Infracción, situación que debe meritarse.

i. Al respecto, es preciso mencionar que ambos requerimientos de información efectuados con fechas 20 y 26 de noviembre de 2020 obrantes a fojas 32 y 35 de la carpeta inspectiva fueron válidamente notificados, en tanto el primer requerimiento fue notificado de manera física por el Inspector actuante en las instalaciones de la impugnante, habiendo sido recepcionado por el Sr. Erick Chirinos Cayra, en su calidad de Jefe de Recursos Humanos, de conformidad con los datos consignados en el cargo de notificación, obrante a folios 32 del expediente inspectivo; denotándose de esta manera su validez así como la toma de conocimiento por parte de la impugnante respecto del plazo para su cumplimiento. ii. Del mismo modo, el requerimiento de información de fecha 26 de noviembre de 2020 fue notificado a través del correo electrónico autorizado por la impugnante a través del referido funcionario Jefe de Recursos Humanos, cuya dirección otorgada fue echirinos@autodema.gob.pe, como consta en la constancia de actuaciones inspectivas de investigación obrante a folios 33 del expediente inspectivo, habiendo sido válidamente notificado de conformidad con lo estipulado por el Protocolo N° 005- 2020-SUNAFIL/INII, Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria a consecuencia del coronavirus (COVID-19).

4 Notificada a la impugnante el 18 de octubre de 2022 y a la Procuraduría Publica el 14 de noviembre de 2022, véase folio 63 y 71 del expediente sancionador, respectivamente.

iii. Por lo tanto, la impugnante se encontraba en la obligación de cumplir con el requerimiento efectuado, en los días y las horas establecidas para ellos en plena observancia del deber de colaboración con la labor inspectiva. iv. En este sentido, de la revisión de la carpeta inspectiva así como del punto Tercero del numeral V Hechos constatados del Acta de Infracción, se verifica que no existe documento o solicitud alguna por parte de la impugnante requiriendo la ampliación de plazo para la remisión de la información solicitada en el requerimiento de fecha 20 de noviembre de 2020; por lo que, habiéndose establecido el 26 de noviembre de 2020 como plazo límite para dicho cumplimiento, es que se configuró de manera manifiesta la infracción muy grave contra la labor inspectiva pasible de sanción, conforme fue advertido a la impugnante. v. Empero, la impugnante alega que el Inspector no informó que el requerimiento de información de fecha 26 de noviembre de 2020 correspondía a uno nuevo, así como respecto del incumplimiento al primero, no obstante, sí cumplieron con remitir la información requerida; dado que, si bien en el requerimiento de información señalaba fecha y hora límite para poder remitir la información, estableciendo como hora límite las 09:00 horas, dicho limite vulnera lo normado en el TUO de la Ley N° 27444. vi. Al respecto, frente a la no remisión de la documentación en el primer requerimiento debidamente acreditado, es que con el objeto de poder continuar con las actuaciones inspectivas de investigación el Inspector requirió nuevamente de manera válida la remisión de dicha información con fecha 26 de noviembre de 2020; no obstante, habiéndose otorgado un nuevo plazo para el cumplimiento es que ésta incurrió nuevamente en la negativa a presentar dicha información, en tanto conforme se acredita del expediente inspectivo, no obra ningún documento con la información requerida por el Inspector actuante, desvirtuándose de esta manera la aseveración realizada por ésta respecto de un supuesto retraso en el cumplimiento, por lo que, su no presentación constituye una manifiesta infracción contra la labor inspectiva al haber impedido el desarrollo de las investigaciones inspectivas a efecto de poder establecer la existencia o no de vulneraciones a las normas sociolaborales. vii. Pues bien, sobre el particular, acorde a lo establecido en la resolución apelada en concordancia con lo determinado en el Acta de Infracción se ha demostrado la falta de colaboración por parte de la impugnante, habiendo obstaculizado la labor inspectiva, como se evidencia en el Acta en el punto IV Hechos Comprobados, donde ante los requerimientos de información efectuados con fechas 20 y 26 de noviembre de 2020, ésta no cumplió con remitir la documentación solicitada, configurándose las infracciones contra la labor inspectiva. viii. En consecuencia, la impugnante incurrió en una manifiesta inobservancia del deber de colaboración, dado que no cumplió con proporcionar la información solicitada, en tanto conforme se acredita del expediente inspectivo no obra ningún documento con la información requerida por el Inspector actuante; no expresando causa válida que justifique dicho incumplimiento, frustrando la fiscalización que devino en la imposibilidad de verificar la observancia de la normativa sociolaboral en perjuicio de la Srta. Evelyn Paola Andia Luque.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Autoridad Autonoma De Majes

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 313-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de acuerdo a los siguientes argumentos:

i. Debe entenderse que la obstaculización o frustración de la fiscalización se produce hasta después de emitida el Acta de Infracción, se consumará la falta señalada en el artículo 46.3 del RLGIT; sin embargo, si la información requerida por el inspector es proporcionada con retraso antes de emitida el Acta de Infracción, se tipificará la falta prevista en el artículo 45.2 del RLGIT.

ii. De lo antes expuesto y de las presuntas infracciones atribuidas a su persona, estas no han sido tipificadas correctamente, ni con aplicación a las normas que rigen el Ordenamiento Socio Laboral, específicamente la de Inspección en el Trabajo, por los siguientes fundamentos que ya han sido señalados en el escrito de apelación. iii. Cabe precisarse que de lo antes señalado, y que forma parte del escrito de apelación, respecto del primer requerimiento de información, y al haberse permitido la comunicación entre inspector y sujeto inspeccionado mediante medios tecnológicos como llamadas, es que la solicitud de ampliación de plazo del primer requerimiento se habría realizado por este medio, que es totalmente permitido en la labor inspectiva; motivo por el cual el Inspector realiza el mismo requerimiento de información, al vencimiento del plazo del primer requerimiento, más aún cuando en las Actuaciones Previas dentro del Procedimiento de Fiscalización no se ha normado la figura de un SEGUNDO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. iv. Es así que, en aplicación del Principio de Informalismo, que prescribe que las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público; en concordancia al Principio de Celeridad, que establece que, quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando (...) meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve () [el] respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.” v. Respecto a la imputación de no cumplir con el requerimiento de información de fecha 26 de noviembre de 2020 es falso, por cuanto su representada sí cumplió con remitir la información en la fecha antes señalada, conforme se corrobora en la captura de pantalla que se adjunta al presente, hecho que no ha sido señalado por el Inspector, vulnerando el debido procedimiento; si bien en el requerimiento de información de fecha 26 de noviembre de 2020, se señaló fecha y hora límite para poder remitir la información, señalando como hora límite las 09:00 horas; sin embargo dicho limite vulnera el debido procedimiento, respecto de las normas que rigen el presente procedimiento de fiscalización; pues conforme lo normado en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444; que señala en el Capítulo IV, respecto de Plazos y Términos, únicamente el cómputo de plazos es en días y meses, mas no un horario específico; señalando cuales son las horas hábiles, conforme al artículo 149 de dicho cuerpo normativo; por lo que el Inspector al haber señalado como plazo máximo de presentación de información el día 26 de noviembre de 2020 a horas 09:00, vulnera el debido procedimiento. vi. Asimismo, cabe traer a colación lo señalado por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 311-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. vii. De lo expuesto, en la Resolución impugnada no se ha valorado el contenido total de la apelación presentada, por cuanto se ha adjuntado captura de pantalla, mediante la cual se observa que con fecha 26 de noviembre de 2020, el inspector remite correo electrónico a su representada, donde se observa que su correo electrónico es pjavier@sunafil.gob.pe, se resalta dicha información por cuanto se ha señalado un medio electrónico de comunicación; es así que también se ha adjuntado otra captura de pantalla al escrito de apelación, donde se observa que con fecha 03 de diciembre de 2020, a horas 14:29 pm, se ha remitido al correo electrónico antes señalado

pjavier@sunafil.gob.pe, dos documentos en Word, que llevan como título requerimiento de información N° 3140 y otro que titula Informe Paola Andia; asimismo, en el contenido del correo electrónico se señala: mediante el presente correo, se da cumplimiento al requerimiento de la orden de Inspección N° 3140-2020- SUNAFIL/IRE-AQP. viii. Por lo que, se corrobora que su representada ha cumplido con remitir la información requerida por el inspector, utilizando medios electrónicos autorizados, a un correo electrónico válido; si bien ha sido posterior al horario señalado en el requerimiento, sin embargo, ya se ha desarrollado que el señalar dicho horario es arbitrario e ilegal, por lo expuesto en los párrafos que preceden, así como en el recurso de apelación presentado que forma parte del presente expediente para su revisión. ix. En consecuencia, no existe responsabilidad alguna por parte de su representada, por la cual debe revocarse la resolución impugnada y todos sus actuados, y declararse el archivo definitivo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la afectación al debido procedimiento alegado por la impugnante

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…)

2. Debido al procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la vulneración a la motivación de las resoluciones 6.8. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. (…)” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

Figura N° 01

11 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 12 1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias

guardan relación con la tesis principal del inspector comisionado respecto a la presunta infracción a la labor inspectiva por parte de la Inspeccionada. Por tanto, estos documentos tienen injerencia en la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RGLIT, siendo necesario que para dicho efecto la instancia de apelaciones emita una apreciación y/o valoración adecuada de los argumentos de la Inspeccionada.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las

premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el

Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal” (énfasis agregado).

taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14” (énfasis agregado).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 313-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 14 de octubre de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento sancionador recaído en el expediente sancionador N° 157-2021- SUNAFIL/IRE-AQP.

SEGUNDO.- RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Intendencia N° 313-2022-SUNAFIL/IRE- AQP, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES, y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO.- Remitir los actuados a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.17 de la presente resolución.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240410MLA