Austral Group S.A.A — Res. 1087-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) (Submateria: incluye todas), Mapa de riesgos (Submateria: incluye todas) Accidentes de trabajo/incidentes (Submateria: Investigación de accidentes de trabajo que cause muerte o invalidez permanente total o parcial), Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Registro de accidente de trabajo e incidentes, Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómicos). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no establecer ni implementar medidas de prevención y protección que garanticen la seguridad y salud del trabajador en las actividades realizadas en la Sala de máquinas de la embarcación pesquera Nueva Ofelita, tipificada en el numeral 28.7 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/9,450.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no garantizar que el trabajador accidentado haya recibido el mínimo de capacitaciones y entrenamientos en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tales que le hayan permitido obtener o afianzar las competencias necesarias para la realización de sus actividades con seguridad, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,670.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no entregar una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo al trabajador accidentado, vulnerando su derecho de alcanzar el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre la seguridad y salud en el trabajo en las actividades encomendadas, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no realizar monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos disergonómicos en la sala de máquinas de la embarcación pesquera Nueva Ofelita, habiendo transcurrido más de seis (6) años desde la fecha en que se emitió el Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo hasta la fecha en que ocurrió el accidente; pese a que desde el 2016 el recurrente ha venido comunicando indicios de incrementos en los parámetros de vibración de los motores y bombas instaladas en la sala de maquinas de la E/P Nueva Ofelita, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,670.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no realizar mapa de riesgos con la totalidad de peligros y riesgos, con el propósito de informar a los trabajadores de los peligros y riesgos existentes en su puesto de trabajo (sala de máquinas), impidiendo al trabajador accidentado alcanzar el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre la seguridad y salud en el trabajo en las condiciones y actividades encomendadas, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,670.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no identificar adecuadamente las causas inmediatas, causas básicas y deficiencias del Sistema de Gestión, que concurrieron para la ocurrencia del accidente de trabajo, obteniendo acciones correctivas y medidas preventivas insuficientes para evitar la recurrencia de accidentes, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,670.00. - Una (01) infracción LEVE en materia de SST, por haber elaborado el procedimiento denominado “Accidentes e incidentes de trabajo en embarcaciones” con código N° P-SSO-002 que no incluye al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la investigación y o designación comisión técnica con miembros debidamente calificados y seleccionados por el propio comité, vulnerando la ley de seguridad y salud en el trabajo respecto al accidente de trabajo, tipificada en el numeral 26.5 del articulo 26 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/966.00.

i. Alega que la resolución apelada no cumple con el deber de obtener una decisión debidamente motivada y fundada en derecho. ii. La autoridad sancionadora a repetido los mismos argumentos tanto en la imputación de cargos como en la resolución de Subintendencia sin considerar los descargos.

iii. Indica que el trabajador si recibió oportunamente el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. iv. Alega que se ha vulnerado su derecho de defensa y debido procedimiento. v. Señala que la autoridad sancionadora no se ha pronunciado sobre los descargos en materia de seguridad y salud ocupacional. vi. Expone que la autoridad sancionadora no ha considerado que el presente caso se encuentra ante el Poder Judicial por lo que se debe inhibir del procedimiento. vii. Declara que la autoridad sancionadora ha emitido durante el procedimiento diversos pronunciamientos respecto al accidente de trabajo, sobre el mismo hecho ha resuelto de manera distinta. viii. Considera que la autoridad sancionadora no ha tomado en cuenta sus argumentos pese a que estos fueron expuestos.

i. Que la autoridad de primera instancia para emitir la Resolución de Subintendencia lo ha realizado después de analizar lo constatado por los inspectores comisionados, las normas vulneradas y los descargos presentados, no pudiendo alegarse falta de motivación. ii. Los argumentos de la imputación y posterior resolución de sanción no son los mismos, porque la resolución contine un análisis mas completo, y los documentos adjuntados en sus descargos ya estaban insertos en el expediente de inspección, y no generaron convicción para desacreditar las infracciones. iii. No hay entrega de recepción del nuevo Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. iv. Durante el procedimiento inspectivo y sancionador se ha respetado todos los derecho y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo. v. No participó ningún miembro del CSST en la investigación del accidente de trabajo, lo cual acredita la conducta omitida por la administrada. vi. El proceso judicial que indicó la administrada se trata sobre indemnización por despido incausado, reintegros e indemnización por daños y perjuicios, daño moral y daño punitivo, es decir no se advierte que esta verse sobre el accidente de trabajo propiamente dicho o respecto de la materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual no corresponde la inhibición que señala la administrada. vii. Se sancionó de manera independiente las conductas, aplicando sanción de manera individual por cada uno de los incumplimientos conforme fueron consignados en el Acta de Infracción, siendo un numero distinto de comportamientos que son sancionados por lo que no correspondía la aplicación del concurso de infraciones.

2 Notificada a la impugnante el 1 de febrero de 2023.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AUSTRAL GROUP S.A.A

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 022-2023-SUNAFIL/IRE-ANC señalando los siguientes alegatos:

i. La impugnante solicita la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad, indicando que la documentación presentada acredita que cumplió con las normas de seguridad laboral y el deber de prevención. ii. Las investigaciones evidencian que el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo fue de pleno conocimiento del trabajador. iii. No se estableció de manera clara y precisa en que forma se incumplió con aplicar las medidas de prevención y protección que garanticen la seguridad y salud del trabajador en las actividades realizadas en la sala de maquinas de la embarcación y de que manera hubiera podido evitar el accidente. iv. Indica que se afectó el deber de motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, argumentando que pese a sus descargos no se ha realizado

un debido análisis, además que existe discrepancia y diferente tipo de tipificación a la sancionada previamente, sin explicar el criterio para modificar la tipificación

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador y la caducidad administrativa

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. (…)”

9 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016. 10 LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “La caducidad del procedimiento de oficio”. En Revista de Administración Pública, Num. 194, Madrid, mayo-agosto, 2014, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54. 11 GÓMEZ TOMILLO, Manuel y Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2.a ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (...)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”12.

12 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

Sobre la caducidad operada en el presente procedimiento

“Esta Sala discrepa contra tal interpretación, toda vez que el propio TUO de la LPAG establece a través del artículo II del Título Preliminar, la prohibición expresa de consignarse o imponerse condiciones menos favorables para los administrados, debiéndose entender que tal conducta (la limitación a las garantías del TUO de la LPAG) se encuentra proscrita a todo tipo de norma o disposición que regule los procedimientos especiales, comprendiéndose dentro de estos alcances al referido Criterio N° 05 contenido en la Resolución de Superintendencia N° 110 2019-SUNAFIL.” 6.13 Por lo tanto, a la luz de las normas señaladas, el plazo máximo para resolver el procedimiento se cumplió el 24 de noviembre de 2021, al haberse reanudado el cómputo del plazo de caducidad, sin que en esa fecha se haya notificado resolución de sanción alguna, conforme lo señala el numeral 2 del artículo 259 del TUO de la LPAG. Para esa última fecha, el plazo para resolver el procedimiento había vencido, conforme se muestra en el siguiente gráfico:

13 Véase folio 16 del expediente sancionador. 14 Creado mediante Resolución de Superintendencia N° 061-2019-SUNAFIL 15 Tema N° 05: “No es aplicable el plazo de caducidad al que se refiere el artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto a la resolución que correspondan emitirse como resultado de la declaratoria de nulidad de la resolución de primera instancia en el procedimiento administrativo sancionador (PAS)”.

Figura N° 01: Línea de Tiempo

nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador. Además, la autoridad competente conforme al Sistema, en caso la infracción no hubiera prescrito, evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra AUSTRAL GROUP S.A.A. recaído en el expediente sancionador N° 062-2020-SUNAFIL/IRE- ANC, de la Intendencia Regional de Ancash, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, disponiendo su archivo.

SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a AUSTRAL GROUP S.A.A y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ancash, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. CUARTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA