Atuncar Yataco Rufino Oswaldo — Res. 1071-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Sub materia: incluye todas); Equipos de protección personal (Sub materia: incluye todas); Formación e Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Incluye todas); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla); Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Comité (o supervisor) de SST).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no acreditar haber realizado la evaluación de riesgos – IPER conforme a ley, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de junio de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Por falta de conocimiento, se presentó una matriz IPER que omitía ciertos datos que exige la normatividad. Sin embargo, las omisiones fueron subsanadas de manera voluntaria el 25 de febrero de 2022 con cargo Hoja de Ruta N° 30887-2022. ii. En el Informe Final, al evaluar la documentación presentada en sus descargos, conforme al principio de presunción de veracidad, se aplicó la subsanación voluntaria que constituye una eximente de responsabilidad respecto de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, de conformidad con el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG; y, por ende, no se propuso sanción por dicho extremo. De acuerdo con el artículo 77 del TUO de la LPAG, si durante la tramitación de un procedimiento sancionador, la competencia para conocerla es transferida a otro órgano o entidad por motivos organizacionales, este continuara el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos; por lo que carece de sustento la resolución apelada. iii. Se invoca los numerales 8 y 9 del artículo 86 del TUO de la LPAG que dispone interpretar las normas administrativas de forma que mejor atiendan al fin público al cual se dirigen, preservando razonablemente el derecho de los administrados y los demás previstos en la Ley o derivados del deber de proteger, conservar y brindar asistencia a los derechos de los administrados, con la finalidad de preservar su eficacia. iv. Sobre la medida inspectiva, en el punto 5.13 de la resolución apelada, la administración pretende imputar el supuesto incumplimiento con respecto a la

matriz IPER. Sin embargo, se está incurriendo en contradicción toda vez que el numeral 5.10 establece la procedencia del IPER aportado.

i. En la fase sancionadora de este procedimiento, el inferior en grado se apartó de lo analizado por la autoridad instructora, al no estar de acuerdo con las conclusiones efectuadas por la autoridad instructora. Así, intendencia comparte la interpretación tenida por la Autoridad sancionadora respecto a que los medios probatorios presentados en relación al IPER no dan lugar a la aplicación de la condición eximente de responsabilidad prevista en el literal f) numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG. ii. Sin embargo, en salvaguarda del debido proceso, la autoridad sancionadora debió devolver los actuados a la autoridad instructora a fin de que vuelva a evaluar la oportunidad en que ocurrió la subsanación de la infracción tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT si es que no se había calificado adecuadamente los hechos en este extremo; y, en caso de cambiar el sentido original de lo recomendado, ponérsele en conocimiento posteriormente al inspeccionado para que ejerza sus descargos correspondientes. Sin embargo, esto no sucedió así, puesto que el inferior en grado, sin seguir el trámite previsto, solo se apartó de lo analizado por la autoridad instructora pese a que su pronunciamiento consideró que no se debía continuar el procedimiento sancionador por dicho incumplimiento, sin proponer la sanción correspondiente iii. El literal c) del punto 7.1.2.6 de la Versión 2 de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII – “Directiva que regula el procedimiento sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 190-2021- SUNAFIL, dispone que, si bien la propuesta de sanción no vincula a la Autoridad sancionadora a quien le compete efectuar la evaluación y graduación definitiva de la sanción que corresponda imponer, esta facultad se ejerce en el contexto en que la autoridad instructora se pronuncie sobre la existencia de infracción y proponga la sanción respectiva, lo cual no se ajusta al caso que se analiza. iv. Por lo anterior, dicha Intendencia consideró conveniente revocar la sanción impuesta por el inferior en grado respecto del incumplimiento relativo al IPER, a fin de no causar indefensión al inspeccionado y sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados en caso hagan valer su derecho en otras vías legales. Del mismo modo determinó que no resultaba procedente la declaración de nulidad de los actos administrativos, ya que retrotraer el procedimiento sancionador para que se corrija

2 Notificada a la impugnante el 18 de octubre de 2022, a folios 171 del expediente administrativo sancionador.

el vicio tendría consecuencias negativas por el paso del tiempo para la infracción que no se ve afectada por dicha omisión. v. En cuanto a la sanción impuesta por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 11 de junio de 2018, al expedirse el Acta de Infracción, el inspector auxiliar comisionado dejó constancia que el inspeccionado sí cumplió con las materias formación e información en seguridad y salud en el trabajo y supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en el plazo otorgado para su subsanación (hasta el 03 de julio de 2018), conforme a lo mencionado en el sétimo y octavo hechos verificados de dicho documento administrativo. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con respecto a las materias equipos de protección personal e identificación de peligros y evaluación de riesgos de acuerdo a lo plasmado en el quinto y sexto hechos verificados. vi. Posteriormente, la autoridad sancionadora determinó que la obligación relativa a los equipos de protección personal sí fue cumplida el 28 de mayo de 2018 conforme a lo dispuesto en el considerando 5.9 de su pronunciamiento; por lo que determinó que no se había configurado la infracción. Sin embargo, no sucedió lo mismo con respecto a la materia identificación de peligros y evaluación de riesgos; ya que esta fue subsanada más allá del plazo otorgado en la medida de requerimiento (15 días hábiles), esto es el 23 de febrero de 2022 en que el inspeccionado realizó la actualización de la matriz IPER acorde con la metodología mostrada, conforme a lo señalado en el considerando 6.6 de la resolución apelada. En consecuencia, se confirmó la multa impuesta en este extremo de lo resuelto, al no haberse cumplido con subsanar dicha infracción, como fue señalado en el considerando 7.5 de la resolución de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Atuncar Yataco Rufino Oswaldo

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1700-2022-SUNAFIL/ILM señalando los siguientes alegatos:

i. De acuerdo a la LGIT, Titulo ll, Articulo 17, de acuerdo al TUO de la LPAG, Titulo ll, Capitulo ll, Subcapítulo 1, Artículo 70 y de acuerdo al Capítulo II del artículo 245, el 03 de Julio del 2018 se cumplió física y presencialmente con el procedimiento de presentación dentro del plazo establecido y de manera completa con el Requerimiento de Comparecencia donde incluía la presentación y exhibición revisada donde incluía “Registro de Equipos de Seguridad" y "documento denominado MATRIZ IPER" dejando acreditado en la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación” donde firma el Sr. Oscar Romucho con cargo de Inspector Auxiliar de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo de Lima Metropolitana. Dicho esto, el numeral 3.8 del Considerando de la Resolución de Segunda Instancia Resolución de Intendencia N° 1700-2022-SUNAFIL/ILM quedaría sin efecto por carecer de sostenimiento. ii. Que, aplicando la subsanación voluntaria que constituye una eximente de responsabilidad de conformidad con el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, se presenta nuevamente y sin errores y/o observaciones el Procedimiento de identificación de Peligro y Evaluación y Control de Riesgo – SST- PRO-01, así como la Matriz de Identificación de Peligro de Evaluación y Control de Riesgo de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. De esta manera, el numeral 39 del considerando de la resolución impugnada quedaría sin efecto ya que carecería de sostenimiento, tal como lo índica el N° 21 del punto III.5 del Informe Final de Instrucción N° 1055-2022-SUNAFIL/ILM/AI3. iii. Lo solicitado se sustenta en el TUO de la LPAG, Artículo IV inciso 1.6 que determina que “Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e interés no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento”. Del mismo modo, al amparo del Capítulo III Artículo 248 numeral 9 del TUO de la LPAG, las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia de lo contrario.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores emiten medidas de advertencia, requerimiento, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

FIGURA N° 01

“23. Conforme se estableció en los criterios de observancia obligatoria aprobados en los fundamentos 6.8, 6.9 y 6.10 de la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, las entidades, el análisis de las infracciones a la labor inspectiva tipificados en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT “… deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia. 24. Así, el análisis de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida inspectiva de requerimiento debe encontrarse estrictamente vinculado con su génesis y debe circunscribirse a la obligación material (reflejada en una infracción muy grave) que justifique su emisión. Todo esto debe comprobarse de la revisión de los actuados en la etapa de fiscalización. 25. Debemos señalar que, la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, deben ser analizadas en atención a los siguientes criterios, siguiendo dicho orden de prelación: 25.1. Legalidad. - Debe ser evaluada, partiendo del cumplimiento de lo dispuesto en el bloque de legalidad invocable, el cual está comprendido por los artículos 141 de la LGIT y 172 del RLGIT, sobre la medida inspectiva de requerimiento, estos deben haberse comprobado la existencia de una infracción y que la misma pueda ser objeto de subsanación. Siendo que, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador, tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/ TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4. 25.2. Razonabilidad. - El artículo IV3 Texto Único de la Ley del Procedimiento Administrativo General reconoce a la misma como un principio del procedimiento administrativo. Siendo que para satisfacer el principio de razonabilidad debe esta medida inspectiva mantener proporción entre los medios y fines, esto es, que dentro de los márgenes de discrecionalidad que tiene la autoridad inspectiva se debe elegir/optar por una que sea proporcional al fin perseguido por la administración. Por

tanto, este aspecto debe ser evaluado desde el punto de vista de la mesura que se debe tener entre los medios utilizados y los fines perseguidos con la medida inspectiva de requerimiento […]” (resaltado agregado)

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

cumplir dicha medida, no siendo suficiente que se cite la normativa legal, sino que se debió incluir el mandato de su cumplimiento en la forma y modo esperado, lo que no se aprecia del análisis efectuado por esta Sala.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ATUNCAR YATACO RUFINO OSWALDO, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1700-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 14 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 7447-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 923-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 19 de agosto de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1700-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a ATUNCAR YATACO RUFINO OSWALDO, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250820RZR – HR 194803-2022