Atracciones Coney Island S.A.C — Res. 1256-2025

Mediante Orden de Inspección N° 28434-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1193-2020-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la

Que, mediante Imputación de Cargos N° 841-2022-SUNAFIL/ILM/AI-I, de fecha 26 de abril de 2022, notificada el 28 de abril de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1241-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 30 de junio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 0383-2023- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 25 de enero de 2023, notificada el 27 de enero de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 783,675.00 por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 15 de febrero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 0383-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 658-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 30 de mayo de 20232, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 22 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 658- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002832- 2023-SUNAFIL/ILM recibido el 13 de setiembre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ATRACCIONES CONEY ISLAND S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 658-2023- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 783,675.00 por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 05 de junio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por ATRACCIONES CONEY ISLAND S.A.C.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración a la debida motivación como parte integrante del derecho y garantía al debido proceso. Por ende, corresponde emitir pronunciamiento sobre esta causal.

El artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

Así, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia,

Del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución impugnada, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación interna o externa. En consecuencia, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento. Por tales razones, no corresponde amparar los argumentos expuestos en este extremo, sin perjuicio de evaluar la motivación concreta que sustenta las infracciones muy graves objeto de sanción en el presente caso.

Sobre las obligaciones de la empresa en un convenio de aprendizaje, la LMF señala que:

De las actuaciones inspectivas de investigación se tiene que, los Inspectores comisionados dejaron constancia en el numeral 8 del Acta de Infracción que el sujeto inspeccionado contrató bajo “convenio de aprendizaje con predominio en la empresa” a un total de 26 personas y a cada uno se le hizo firmar un convenio de aprendizaje respectivo. Es decir, los 26 convenios fueron suscritos con el CETPRO Privado Tecnología Centralizada (en adelante el “CETPRO”), donde se consigna como domicilio de este CETPRO “Calle Manuel Gonzales Prada N° 452, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima”.

Asimismo, en dicha Acta se deja constancia que “el personal inspectivo ha evidenciado que en dicha dirección no existe ningún centro educativo de esta naturaleza y la UGEL N° 07, entidad competente en la materia, tampoco ha sido notificada de un cambio de domicilio”. Seguidamente se consigna que “los convenios en cuestión consignan como Especialidad el de Asistencia en Atención al Cliente; sin embargo, de acuerdo a la Resolución Directoral Regional N° 04113-2007-DRELM de fecha 20/11/2007 emitida por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana del Ministerio de Educación, el CETPRO Privado Tecnología Centralizada no tiene autorizado dicho módulo”.

Finalmente, en el último párrafo del numeral 8.2 del Acta de Infracción, los Inspectores comisionados determinan que “Al respecto, se ha evidenciado que el Centro de Formación Profesional no está autorizado para brindar el módulo de Asistencia en Atención al Cliente y lo que es más grave aún no está en la dirección en la cual está autorizado para funcionar, razón por la cual, los convenios de aprendizaje con predominio de la empresa exhibidos por el sujeto inspeccionado al no haber sido suscritos de por una Centro de Formación Profesional con arreglo a ley, se consideran inexistentes y por lo tanto desnaturaliza la modalidad formativa que pretendió el empleador hacer valer”.

Como puede observarse, el personal inspectivo consideró que los 26 convenios de aprendizaje que la inspeccionada presentó durante las investigaciones estarían desnaturalizados en función a la primera causal que describe el artículo 51 de la LMF; es decir, “la inexistencia del convenio de modalidad formativa debidamente suscrito”, se llega a dicha conclusión en función a dos hechos constatados por el equipo inspectivo: 1) El Centro de Formación Profesional (en adelante CETPRO) no se ubicaría en el domicilio consignado en dichos convenios y 2) El CETPRO no estaba autorizado para brindar el módulo de asistencia de atención al cliente, el cual fue consignado en dichos convenios de aprendizaje.

En principio, esta Sala identifica que la causal de desnaturalización de convenios de aprendizaje invocada por el personal inspectivo en realidad no se condice con los hechos constatados, toda vez que dichos convenios celebrados con estas 26 personas si constan en el expediente de inspección9, es decir, no son “inexistentes” sino que los mismos si fueron suscritos por cada una de las personas identificadas como “aprendices” y también por el representante del CETPRO correspondiente, además de la empresa impugnante.

Ahora bien, en cuanto a que el domicilio del CETPRO no esté ubicado en el lugar que fue declarado en dichos convenios, ya la Subintendencia de Sanción en el fundamento 25 de la Resolución de Subintendencia N° 0383-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3 de fecha 25 de enero de 2023, ha señalado que “corresponde precisar que, si bien el administrado no tiene la obligación de verificar, como es que el centro de formación profesional viene desarrollando su actividad, verificar la dirección de su domicilio fiscal, o de auditar o acudir al centro de formación para verificar su existencia; si tiene la obligación, conforme a lo señalado en el artículo 8 de la Ley 28518 de brindar facilidades al aprendiz para que realice su aprendizaje práctico, durante el tiempo que dure su formación profesional (…)”.

Es decir, la primera instancia sancionadora, ya descartó que el tema del domicilio declarado por el CETPRO sea una causal de desnaturalización de los convenios de aprendizaje, porque no era obligación de la impugnante verificar su dirección, criterio con el cual concuerda esta Sala. Por tanto, solo quedaría evaluar si El CETPRO que firmó estos convenios de aprendizaje estaba o no autorizado para la enseñanza del módulo de “asistencia de atención al cliente”, el cual fue consignado como la ocupación de los aprendices que firmaron dichos convenios de aprendizaje.

Sobre el particular, de la revisión del expediente de inspección se verifica que como anexo de cada uno de estos 26 convenios de aprendizaje, consta un documento denominado “PLAN DE CAPACITACIÓN” donde está marcado el recuadro que identifica el “Plan Específico de Aprendizaje con predominio en la Empresa”, y también se consigna que el aprendiz realizará “Asistencia de atención al Cliente”, cabe anotar que cada uno de estos anexos tiene la firma del representante del CETPRO.

Es decir, el Plan específico de aprendizaje en cada caso, consigna información que coincide con los datos señalados en los convenios de aprendizaje donde se indica como Ocupación materia de la capacitación “Aprendiz en Asistencia en Atención al cliente”. Por tanto, no se evidencia que la impugnante haya ocupado a los aprendices en labores distintas a las de su Plan específico de aprendizaje.

Ahora, si bien las instancias previas han insistido en señalar que el módulo de enseñanza “Asistencia de Atención al cliente” no está en la lista de módulos ocupacionales autorizados al CETPRO por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana mediante Resolución Directoral Regional N° 04113-2007-DRELM de fecha 20 de noviembre de 2007. La impugnante ha cumplido con acreditar que la ocupación de “Asistencia de Atención al cliente” forma parte de uno de los módulos que, si está autorizado en dicha Resolución Directoral, denominada “Asistente de Venta al Detalle”

Ello se corrobora con la Resolución Vice Ministerial N° 0085 de fecha 21 de abril de 2003 mediante el cual se aprueba el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, y el documento denominado “CATALOGO DE MÓDULOS ACTUALIZADOS PERIODO 2018- 2020”10 donde se consigna que para la familia profesional de “Administración y Comercio” y la Opción Ocupacional de “Ventas al Detalle en Tienda” si forma parte de la denominación el Módulo de “Atención al Cliente”. Asimismo, con su escrito complementario11 a la apelación de fecha 17 de marzo de 2023, adjuntó la Resolución Directoral N° 002-2007-CETPRO TC de fecha 12 de enero de 2007, el cual aprueba la oferta educativa de dicho CETPRO y donde igualmente consta que en la familia “ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO” existen los módulos ocupacionales de “VENTAS AL DETALLE” siendo parte de su unidad de competencia que se “Atienda al cliente”.

Por tanto, ninguno de los supuestos incumplimientos detectados por el personal inefectivo estuvo debidamente acreditado, habiendo el impugnante demostrado que en este caso no hubo ningún supuesto de desnaturalización de los convenios de aprendizaje.

El marco normativo establece mediante el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 018-2007 TR, que los empleadores que cuenten con uno o más trabajadores se encuentran obligados a llevar la planilla electrónica y presentarla ante el MTPE. Del mismo modo, según el artículo 4 de la misma fuente, se prescribe:

En el presente caso, la impugnante ha cumplido con presentar las Constancias de Alta de Personal en Formación, Formulario 1604-1 del T-Registro de estas 26 personas identificadas como aprendices, de lo cual se ha dejado constancia en el numeral 3 del Acta de Infracción. En tal sentido, no se ha configurado la infracción tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, puesto que no se identificó la causal de desnaturalización de convenio de modalidad formativa que han determinado las instancias previas, por lo que corresponde dejar sin efecto la sanción en este extremo.

La determinación legal respecto del registro de seguridad en salud mediante la planilla electrónica se encuentra solventada según el artículo 1 de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, establece que “La Seguridad Social en Salud se fundamenta en los principios constitucionales que reconocen el derecho al bienestar y garantizan el libre acceso a prestaciones a cargo de entidades públicas, privadas o mixtas. Se desarrolla en un marco de equidad, eficiencia y facilidad de acceso a los servicios de salud (…)”. En tanto, el Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, en su artículo 30, señala la responsabilidad de la entidad empleadora respecto a la inscripción en el Seguro Social de los afiliados regulares y sus derechos habientes como obligatoria.

En tal sentido, en el artículo 5 se establece la obligación de la entidad empleadora respecto al registro y la inscripción de los afiliados regulares que de ella dependan, ante EsSalud, debiéndose entender como afiliados regulares a los trabajadores activos que laboran bajo la relación de dependencia o en calidad de socios de cooperativas de trabajadores, los pensionistas que perciben pensión de jubilación, incapacidad o sobrevivencia y los trabajadores independientes que sean incorporados por mandato de una ley especial.

En la misma línea, en cuanto al registro de seguridad en pensiones mediante la planilla electrónica, el marco normativo se encuentra determinado mediante el inciso a) del artículo 3 del Decreto Supremo N° 014-74-TR, Texto Único Concordado del Decreto Ley N° 19990, Ley del Sistema Nacional de Pensiones, el cual prescribe que son asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social los trabajadores que prestan servicio bajo el régimen de la actividad privada a empleadores particulares, cualquiera que sea la duración del contrato de trabajo y/o el tiempo de trabajo por días, semana o mes, quedando en obligación de las entidades empleadoras a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados en el momento del pago de sus remuneraciones. Así, el Decreto Supremo N° 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, en su artículo 2 prescribe sobre el derecho de afiliación de los trabajadores cualquiera sea la modalidad de trabajo que realicen.

Debe tomarse en cuenta que este Tribunal ha fijado como precedente de observancia obligatoria los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 007-2024- SUNAFIL/TFL publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha 26 de mayo de 2024, donde se estableció lo siguiente:

Es pertinente tener en cuenta que la infracción contenida en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT hace referencia expresa al incumplimiento resultante de la falta de inscripción de trabajadores u otras personas respecto de las que exista la obligación de inscripción en el régimen de seguridad social en salud. Sin embargo, conforme se ha mencionado en párrafos anteriores, once de las personas comprendidas en la investigación son practicantes, por lo que, conforme con la ley material aplicable, dichos sujetos no podrían ser considerados como “trabajadores afectados”. 6.46 En el caso examinado, el inspector comisionado no ha efectuado un análisis respecto a la configuración de un supuesto de desnaturalización de las modalidades formativas. No podría concluirse que el fiscalizador haya establecido que las personas sujetas a modalidades formativas no eran practicantes sino trabajadores de la Inspeccionada. Por ende, no resulta válido inferir que la impugnante se encontraría en la obligación de inscribir a sus practicantes preprofesionales y profesionales en el régimen de seguridad social en salud. Este es un punto determinante para comprobar si el Sujeto inspeccionado estaba incurriendo en una infracción en materia de seguridad social en salud, en perjuicio de once personas. 6.48 De lo expuesto, se colige que en el caso examinado no se ha acreditado un supuesto de desnaturalización de las modalidades formativas laborales —conforme al artículo 51 de la referida norma— ni se ha observado razonamiento en el Acta de Infracción que permita deducir ello. Del mismo modo, si bien existe una obligación del empleador de asegurar a los practicantes ante un posible riesgo de enfermedad o accidente, la propia norma contempla que esto puede brindarse mediante EsSalud o de un seguro privado. Por consiguiente, se determina que el incumplimiento detectado por el personal inspectivo pudo, en todo caso, sancionarse como una infracción en materia de promoción y formación para el trabajo contenida en el Capítulo V del RLGIT. Por tal motivo, no se evidencia que la infracción imputada se ajuste al tenor del tipo legal contenido en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. 6.50 Respecto a este extremo, correspondía que el inspector efectúe una correcta calificación y subsunción del tipo infractor imputado, debido a que, en ninguna parte del Acta de Infracción se determina que los once practicantes en realidad eran trabajadores de la Inspeccionada, realizando para ello el análisis correspondiente, en virtud de la aplicación del Principio de Primacía de la realidad, y que por tanto, se demuestre con suficiencia que el empleador tenía la obligación de inscribirlos en el régimen de seguridad social en salud. No obstante, esto no ha sucedido. Por el contrario, se ha corroborado que existe una indebida catalogación de los once practicantes como prestadores de servicios, considerándolos como trabajadores afectados sin que previamente se haya establecido con fehaciencia que sí eran empleados de la empresa (énfasis añadido). 6.27 Sobre el particular, nuevamente corresponde determinar que, si no se identificó desnaturalización en los convenios de modalidad formativa, la impugnante no estaba en la obligación de registrar a estos aprendices en el régimen de la seguridad social en salud y pensiones. Por consiguiente, corresponde dejar sin efecto estas dos (02) sanciones por las infracciones tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Sobre esta base normativa, en el presente caso, se advierte que la Medida Inspectiva de Requerimiento de fecha 07 de febrero de 2020, ordenaba al inspeccionado a cumplir las siguientes obligaciones: i) Acreditar el registro en la Planilla Electrónica de las 26 personas identificadas como afectadas, registrándolos como trabajadores, ii) Acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en salud de las 26 personas identificadas como afectadas, registrándolos como trabajadores, iii) Acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones de las 26 personas identificadas como afectadas, registrándolos como trabajadores. Para lo cual, el personal inspectivo le otorgó un plazo de cinco (05) días hábiles bajo apercibimiento de considerarse el incumplimiento como infracción a la labor inspectiva.

Al respecto, esta Sala identifica vicio en la legalidad de la medida inspectiva de requerimiento emitida por el personal inspectivo, toda vez que no hubo causal de desnaturalización de los convenios de modalidad formativa de aprendizaje, y, por tanto, la inspeccionada no estaba en la obligación de cumplir con este requerimiento.

Por tanto, corresponde acoger los argumentos de la recurrente en este extremo y dejar sin efecto la sanción impuesta a la empresa impugnante, por la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Asimismo, se precisa que en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, no constituye causal de nulidad la apreciación distinta de la valoración de los medios probatorios y de la aplicación del derecho por parte de las instancias anteriores en el presente caso.

Por último, carece de sentido pronunciarnos sobre los demás alegados invocados en el escrito de revisión en el sentido de que el recurso ha sido estimado y se ha dejado sin efecto las sanciones en su totalidad.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del informe oral solicitado.