Asociación Fondo Contra Accidentes de Tránsito de la Región San… — Res. 332-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Hostigamiento y actos de hostilidad (Sub materias: Hostigamiento sexual y otros hostigamientos). 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la recepción de una queja o la toma de conocimiento de hechos vinculados a un caso de hostigamiento sexual o la decisión o resultado del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, tipificada en el numeral 23.10 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,144.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no adoptar las medidas previstas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 27942 al no acreditar haber capacitado de manera anual y especializada al área de RRHH o al que haga sus veces, tipificada en el numeral 24.22 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no adoptar las medidas previstas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 27942 al no difundir de manera suficiente en el centro de trabajo información que permita identificar las conductas que constituyan actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables, tipificada en el numeral 24.22 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del/la trabajador/a o el ejercicio de sus derechos constitucionales, al no abstenerse el denunciado del proceso de la denuncia presentada por la trabajadora recurrente, tipificada en el numeral 25.15 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, al presentarse una denuncia en la materia, tipificada en el numeral 25.24 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del/la trabajadora o el ejercicio de sus derechos

constitucionales, al no garantizar oportunamente la existencia de un comité de intervención o delegado contra el hostigamiento sexual, tipificada en el numeral 25.15 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no otorgar u otorgar de forma inoportuna las medidas de protección previstas en el numeral 29.2 del Reglamento de la Ley N° 27942, al no acreditar haber puesto a disposición de la denunciante en el plazo correspondiente los canales de atención médica, física y mental o psicológica o que lo hayan derivado a servicios públicos o privados de salud, tipificada en el numeral 25.25 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, tipificada en el numeral 25.26 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Si bien en el Acta de Infracción N° 095-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, se ha elaborado consignando datos que son contrarios a la realidad de las cosas, ello ha sido reproducido en la Resolución de Sub intendencia N° 297-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-SMA, y en ella no se ha tenido en cuenta los descargos que se han formulado en forma oportuna.

ii. Los hechos que han generado la intervención del inspector de SUNAFIL, es la denuncia calumniosa que ha formulado la ex trabajadora MARTHA ADITH SANCHEZ ROMAINA.

iii. Respecto a la imputación f) de no haber comunicado de los hechos al Ministerio de Trabajo, debo expresar que como ya se ha detallado supra, la denunciante, según el contenido del Acta y de imputación de los hechos, hizo la comunicación directa a SUNAFIL.

iv. Ha realizado actos destinados a prevenir el acoso sexual en el centro laboral.

v. La resolución impugnada no se hace ningún desarrollo jurídico y menos se cumple con la exigencia que contiene el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución.

i. Como puede verificarse, la ex trabajadora Martha Adith Sánchez Romaina puso de conocimiento a la Empresa sobre los actos de hostilidad y hostigamiento sexual en su contra por parte del actual Presidente del Consejo Directivo de la Empresa; siendo que, inicialmente lo comunicó de forma verbal a los miembros del Consejo Directivo de la entidad; y, posteriormente mediante su escrito de fecha 08 de abril de 2021 lo puso de conocimiento al Secretario de Actas de la Empresa; siendo que, pese a ello, el Administrado no inició el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, conforme a los parámetros establecidos en el Decreto Supremo N° 014-2019- MIMP- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

ii. La Empresa no ha cumplido con demostrar que ha iniciado el proceso de investigación y sanción del hostigamiento sexual, debido a la denuncia interpuesta por la ex trabajadora Martha Adith Sánchez Romaina.

iii. De acuerdo a lo mencionado en el acta de infracción y según los medios probatorios obrantes en el expediente (ver folio 44 y 45 del expediente), el denunciado por presuntos actos de hostigamiento sexual no se abstuvo de participar en la investigación, sino por el contrario, dio por concluida la misma.

iv. La Empresa no contaba con un delegado contra el hostigamiento sexual antes del conocimiento de la denuncia sobre actos de hostigamiento sexual.

v. De acuerdo a lo señalado en el acta de infracción y según los medios probatorios obrantes en el expediente, ha quedado evidenciado que la Empresa no cumplió con iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, entonces, tampoco emitió en el plazo establecido una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual.

vi. La Empresa no acreditó haber comunicado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la recepción de la denuncia, así como las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima, en un plazo no mayor a seis (6) días hábiles de recibida; y, finalmente, la decisión del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la emisión de tal decisión. Si bien, esta Intendencia Regional tuvo conocimiento de la denuncia por hostigamiento sexual por parte de la ex trabajadora de la Empresa; sin embargo, es una obligación establecida en la Ley el hecho que la Empresa comunique al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la recepción de la denuncia. vii. No se observa que la Empresa haya efectuado capacitaciones a sus trabajadores en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, así como la capacitación de forma anual especializada para el área de recursos humanos o el que haga sus veces, el Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual o el que haga sus veces y los demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual.

viii. Se verifica que el proceso sancionador ha sido llevado respetándose todas las garantías de las partes y según lo establecido en la Ley.

2 Notificada a la impugnante el 08 de noviembre de 2021, véase folio 102 del expediente sancionador.

ix. De la revisión de la resolución de primera instancia, puede comprobarse que la autoridad administrativa cumplió con pronunciarse respecto de todos los argumentos y medios probatorios presentados por la Empresa; además, cumplió con señalar la normativa aplicable al caso en concreto, para finalmente establecer su decisión final. Por ende, se verifica que no se vulneró el principio de motivación de resoluciones, conforme lo señaló la Empresa. En ese sentido, no corresponde declarar la nulidad del proceso, conforme lo solicitó el impugnante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Asociación Fondo Contra Accidentes De Transito De La Región San Martin Afocat San Martin

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 121-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, señalando los siguientes alegatos:

i. Se ha tomado como ciertos los dichos de la denuncia calumniosa de la ex trabajadora Marta Adith Sánchez Romaina contra el presidente del Consejo de Administración de la AFOCAT, denuncia que se hizo el día 05 de agosto de abril del 2021 ante SUNAFIL.

ii. SUNAFIL en ningún momento ha efectuado alguna labor preventiva respecto de los hechos que ha motivado su participación a pedido de la denuncia calumniosa.

iii. Se ha afectado gravemente la garantía fundamental del Debido Proceso prescrito en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución del Estado, al haberse dado atención a una denuncia calumniosa.

iv. Siendo que el hecho que se haya canalizado con asesoría una carta de fecha 08 de abril (jueves) del 2021 denuncia de la ex trabajadora en mención a ante JULIO CUBAS CARHUAJULCA, quien es secretario del comité de Vigilancia de la AFOCAT San Martín. situación en la que SUNAFIL a través del inspector asesoró a la quejosa para que presentara su carta ante un órgano que no le competía recibir tales denuncias. Se trata de una actuación fraudulenta de SUNAFIL, que violenta sustantivamente la garantía del Debido proceso.

v. Que la falta que se imputa y sanciona a mi representada en el inciso b) del acta de infracción, resulta ser un absurdo, porque mi representada no fue quien se notició de los supuestos actos de acoso sexual, sino que fue la SUNAFIL la única que tuvo noticia de ello el día 05 de abril del 2021.

vi. Ha realizado actos destinados a prevenir el acoso sexual en el centro laboral, pues se han dictado charlas destinadas a orientar e informar a todos los trabajadores respecto a la prevención de los actos relacionados con el acoso sexual; asimismo, se han instalado en lugares visibles los carteles que previenen y orientar a denunciar los actos de acoso sexual, lo cual no ha sido evaluado de forma sustantiva.

vii. La denunciante nunca comunicó respecto de algún acoso sexual que hubiera sufrido en el centro laboral.

viii. Respecto a la imputación f) de no haber comunicado de los hechos al ministerio de trabajo, se ha detallado que al haber formulado la quejosa una denuncia por presuntos hechos de acoso sexual ante SUNAFIL, siendo que el ministerio de trabajo ya no tiene facultades inspectivas, carecía de todo sentido conforme al principio de razonabilidad.

ix. La medida inspectiva de requerimiento emitida a la impugnante, vulnera el principio de legalidad, pues fue emitida en contravención a lo previsto en el artículo 14° de la LGIT, al no haberse acreditado fehacientemente la existencia de infracción que respalde su emisión.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual 6.2 De los actuados se verifica que, se imputa a la impugnante la comisión de diversas infracciones vinculadas con actos de hostigamiento sexual. Sobre el particular, el artículo 18 de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (en adelante, LPSHS), tiene por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia. Asimismo, en su artículo 4 define al Hostigamiento Sexual como: “(…) una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole”.

8 “Ley N ° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, “Artículo 1.- Del objeto de la Ley La presente Ley tiene el objeto de prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. Igualmente, cuando se presente entre personas con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo.”

Hostigamiento Sexual para el inicio de la investigación. El comité durante la investigación debe observar las reglas contempladas en el artículo 19 de la norma señalada.

“22.1 La renuncia, cese o el término de la relación contractual de la presunta víctima con la institución, no exime a la misma de iniciar o continuar con el procedimiento hasta su culminación y, de ser el caso, aplicar la sanción correspondiente. 22.2 Si durante el procedimiento o como resultado del mismo, el/la quejado/a o denunciado/a renuncia, deja de pertenecer a la institución o finaliza su vínculo contractual con ella, esta continúa con el procedimiento y dicta las medidas que correspondan según las reglas aplicables para cada institución”.

9 Folio 13 del expediente inspectivo. 10 Folio 12 del expediente inspectivo. 11 Folio 52 del expediente inspectivo.

12 LGIT, artículo 1. de dar cumplimiento a la LPSHS y su reglamento. Por tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Sobre la vulneración al principio del debido procedimiento y principio de legalidad

13 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho.

14 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). – “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración” (Fundamento 10). – “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11). – “Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). – “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado, tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13). en todos los órganos jurisdiccionales y del derecho al debido proceso- aplicable tanto a los procesos judiciales como a los procedimientos administrativos, particulares, arbitrales y militares, pues no tendría sentido que un sujeto de derechos pueda llevar a los órganos competentes un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica si no se le permite aportar los medios probatorios pertinentes para acreditar los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Siendo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso derechos fundamentales inherentes a todo sujeto de derechos por el sólo hecho de serlo, resulta indudable que el derecho a probar comparte el mismo carácter al ser una manifestación de ambos. No obstante, este carácter fundamental del derecho a probar tiene reconocimiento constitucional, jurisprudencial y doctrinal en el derecho comparado”15.

Información Adicional

Finalmente es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta

Relaciones Laborales No iniciar el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, al presentarse una denuncia en la materia.

Numeral 25.24 del artículo del RLGIT

MUY GRAVE

S/. 11,572.00

15 http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15713/16149

Relaciones Laborales No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del/la trabajador/a o el ejercicio de sus derechos constitucionales, al no abstenerse el denunciado del proceso de la denuncia presentada por la trabajadora recurrente.

Numeral 25.15 del artículo del RLGIT

MUY GRAVE

S/. 11,572.00

Relaciones Laborales No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del/la trabajadora o el ejercicio de sus derechos constitucionales, al no garantizar oportunamente la existencia de un comité de intervención o delegado contra el hostigamiento sexual.

Numeral 25.15 del artículo del RLGIT

MUY GRAVE

S/. 11,572.00

No otorgar u otorgar de forma inoportuna las medidas de protección previstas en el numeral 29.2 del Reglamento de la Ley N° 27942, al no

S/. 11,572.00 Relaciones Laborales acreditar haber puesto a disposición de la denunciante en el plazo correspondiente los canales de atención médica, física y mental o psicológica o que lo hayan derivado a servicios públicos o privados de salud. Numeral 25.25 del artículo del RLGIT

MUY GRAVE

Relaciones Laborales No cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual.

Numeral 25.26 del artículo del RLGIT

MUY GRAVE

S/. 11,572.00

Relaciones Laborales No cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la recepción de una queja o la toma de conocimiento de hechos vinculados a un caso de hostigamiento sexual o la decisión o resultado del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual.

Numeral 23.10 del artículo del RLGIT

LEVE

S/.1,144.00

Relaciones Laborales No adoptar las medidas previstas en el artículo del Reglamento de la Ley N° 27942 al no acreditar haber capacitado de manera anual y especializada al área de RRHH o al que haga sus veces.

Numeral 24.22 del artículo del RLGIT

GRAVE

S/. 6,908.00

Relaciones Laborales No adoptar las medidas previstas en el artículo del Reglamento de la Ley N° 27942 al no difundir de manera suficiente en el centro de trabajo

Numeral 24.22 del artículo del RLGIT

S/.6,908.00

información que permita identificar las conductas que constituyan actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables.

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la ASOCIACIÓN FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO DE LA REGIÓN SAN MARTIN AFOCAT SAN MARTIN, en contra de la Resolución de Intendencia N° 121-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, emitida por la Intendencia Regional de San Martin dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 121-2021-SUNAFIL/IRE-SMA, en los extremos referentes a las sanciones impuestas por las infracciones muy graves, en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.15, 25.24, 25.25 y 25.26 del artículo 25 del RLGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a ASOCIACIÓN FONDO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO DE LA REGIÓN SAN MARTIN AFOCAT SAN MARTIN y a la Intendencia Regional de San Martin, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de San Martin.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA