Asociación Fernando Stahl — Res. 1349-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Gratificaciones).

numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, porque el sujeto inspeccionado no remitió la documentación requerida el 01 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 45.1 del artículo 45° del RLGIT.

i. Se advierte que la conducta imputada consiste en el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 31 de agosto de 2021. No obstante, durante la etapa instructiva se acreditó, a través de la documentación presentada en los descargos a la Imputación de Cargos y al Informe Final, que no existió infracción a las normas sociolaborales. Por tanto, se solicita la exoneración de la multa, pues la supuesta omisión de atender el requerimiento de información de fecha 01 de setiembre de 2021 carece de relevancia frente a las pruebas que obran en el expediente y demuestran la inexistencia de conducta infractora. ii. Por otra parte, la resolución apelada presenta una motivación aparente, lo que vulnera el Principio del Debido Procedimiento. No es posible ejercer una defensa adecuada cuando la decisión carece de fundamentación suficiente y, además, incurre en la contradicción de dejar sin efecto las imputaciones por presuntas infracciones sociolaborales, pero mantener una sanción por no presentar información relacionada con esas mismas imputaciones. Ello afecta los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, al sostener una sanción sin justificación material.

i. Corresponde señalar que, la sanción impuesta se sustenta en el incumplimiento del requerimiento de Información notificado el 01 de setiembre de 2021, configurándose así una infracción grave contra la labor inspectiva, de conformidad con el numeral 45.1 del artículo 45° del RLGIT. ii. Durante la fiscalización, el sujeto inspeccionado no remitió la documentación solicitada dentro del plazo otorgado, afectando la eficacia de la función inspectiva. Este incumplimiento se considera de naturaleza insubsanable, pues la entrega posterior de la información no remedia los efectos negativos ocasionados. Más aún, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha precisado que la

infracción a la labor inspectiva es de carácter instantáneo, produciéndose en el momento en que no se atiende el requerimiento en los términos fijados por la autoridad. iii. Asimismo, respecto a la supuesta irrelevancia de la omisión por no haberse verificado infracción sociolaboral, carece de fundamento jurídico. El deber de colaboración constituye una obligación autónoma prevista en el artículo 9° de la LGIT, concordante con el artículo 36° de la misma norma, que exige al empleador proporcionar la información requerida por los inspectores de trabajo de forma oportuna. iv. Se precisa que la sanción confirmada no está vinculada al incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento, puesto que esta fue dejada sin efecto en primera instancia. La infracción que subsiste corresponde exclusivamente al incumplimiento del requerimiento de información del 01 de setiembre de 2021, que tiene naturaleza jurídica distinta y cuya omisión obstaculizó el desarrollo de la labor inspectiva. v. Respecto a los cuestionamientos sobre la observancia del Principio de Debido Procedimiento y el derecho a la motivación, se debe sostener que la resolución apelada cumple con los requisitos establecidos en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, que reconoce el derecho de los administrados a obtener decisiones motivadas, fundadas en derecho y emitidas por autoridad competente. vi. Más aún, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la establecida en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, exige que las resoluciones administrativas contengan un razonamiento jurídico explícito que vincule los hechos con las normas aplicables. La falta de motivación es considerada un vicio que afecta el Debido Procedimiento; sin embargo, en este caso, la resolución apelada fue considerada razonada, suficiente y congruente. En efecto, la autoridad sancionadora analizó de manera clara y suficiente los hechos del expediente, los descargos presentados por el sujeto inspeccionado y los fundamentos contenidos en el Informe Final de Instrucción, descartando los argumentos que no desvirtuaron la infracción imputada. Por tanto, se considera que se cumplió con el deber de motivación y con las garantías inherentes al Debido Procedimiento. vii. Finalmente, la entidad concluyó que no se produjo agravio alguno ni se vulneró derecho fundamental, dado que la resolución fue emitida conforme a ley, observando los Principios de Legalidad, Razonabilidad y Debido Procedimiento. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso impugnatorio interpuesto y confirmar la sanción impuesta por la Subintendencia de Sanción.

todos sus actuados, señalando que la sanción impuesta resultaba económicamente perjudicial, al considerar que la información remitida en respuesta a los requerimientos de información de fechas 17 de agosto de 2021 y 25 de agosto de 2021 fue suficiente para cumplir con la finalidad del procedimiento inspectivo; más aún, manifestó que la insistencia en sancionar vulnera los Principios del Debido Procedimiento, Causalidad y Tipicidad. No obstante, tras la verificación correspondiente, se constató que no correspondía su tramitación conforme a los artículos 11° y 213° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Asimismo, se rectificó de oficio el error material advertido en la tipificación de la conducta infractora, precisando que esta se encuentra prevista en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT, y no en el numeral consignado originalmente, sin que ello altere el contenido esencial ni el sentido de lo resuelto. Por consiguiente, mediante Resolución de Intendencia N° 064-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 22 de agosto de 2023, notificada el 24 de agosto de 2023, la Intendencia Regional de Puno declaró improcedente el pedido interpuesto por la impugnante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 5 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Asociacion Fernando Stahl

Del Análisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión

7 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Al respecto, resulta pertinente considerar lo establecido en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal:

“Artículo 14. - Materias impugnables El recurso de revisión tiene por finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

8 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido.

éste no hubiese tomado conocimiento de los dispositivos legales antes invocados – que la vía administrativa había sido agotada, conforme consta en su parte resolutiva:

“TERCERO: DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, considerando lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 41° de la LGIT, así como lo señalado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2017-TR, respecto de las materias impugnables”.

“(…) utilizar el procedimiento o algunas de sus actuaciones para lograr fines fraudulentos, reiterar un pedido simultánea o sucesivamente hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada antes, alegar hechos contrarios a la realidad, emplear maniobras dilatorias o que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento, ocultar información sobre terceros interesados, son conductas contrarias a la buena fe ejecutadas por los administrados, y que vician un procedimiento por aplicación de este principio”. (Énfasis añadido).

“(…) no debe dejar de advertirse que la autoridad como instructora del procedimiento también asume el deber de estar atenta a identificar cualquier fraude, colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria y adoptar las decisiones adecuadas y para desalentarlas. Cuando ello sucede la autoridad está llamada a advertirlo y llamar la atención a las partes, valorar dicha conducta al momento de resolver (por ejemplo, en materia sancionadora) y, si cuenta con norma habilitante, aplicar al administrado desleal una multa administrativa y/u obligarle a asumir costos del proceso”10. (Énfasis añadido)

9 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Gaceta Jurídica, 2019), p. 106. 10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob cit. Página 107.

la adopción de las medidas que correspondan dentro de los márgenes que establece el ordenamiento jurídico aplicable.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva No remitir la documentación requerida el 01 de septiembre de 2021. Numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por la ASOCIACION FERNANDO STAHL, en contra de la Resolución de Intendencia N° 064-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 22 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Puno, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 256-2021- SUNAFIL/IRE-PUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Notificar la presente resolución a la ASOCIACION FERNANDO STAHL, y a la Intendencia Regional de Puno, para sus efectos y fines pertinentes.

TERCERO. – Exhortar a la ASOCIACION FERNANDO STAHL a actuar bajo el Principio de la Buena Fe Procedimental, conforme a los considerandos 5.5 al 5.10 de la presente resolución.

CUARTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251001MABJ – HR: 179453-2023