Asociación Educativa San Andres Anglo Peruano Aesaap — Res. 1153-2025

Mediante Orden de Inspección N° 0009993-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de

Que, mediante Imputación de Cargos N° 10-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 08 de enero de 2020, notificada el 21 de enero de 2020, se inicio el procedimiento administrativo sancionador, consecutivamente el Informe Final de Instrucción N° 0223-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 02 de febrero de 2021. No obstante, mediante proveído de fecha 08 de febrero de 2021 la Sub Intendencia de Resolución 4 devolvió los actuados a la Autoridad Instructora I, para que proceda con el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. Mediante proveído de fecha 11 de febrero de 2021, notificado el 23 de febrero de 2021, se declaró la caducidad del procedimiento administrativo sancionador.

El 31 de mayo de 2021, mediante notificación de la Imputación de Cargos N° 313 - 2021-SUNAFIL/ILM/AI1, se dio inicio a un nuevo procedimiento administrativo sancionador. Mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 102-2022- SUNAFIL/ILM/SIRES de fecha 21 de enero de 2022, notificada el 24 de enero de 2022, se declaró la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, considerando como fechas de computo la notificación de la Imputación de Cargos N° 10-2020- SUNAFIL/ILM/AI1, en fecha 21 de enero de 2020 y caduco el 21 de enero de 2021.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 330-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 02 de marzo de 2022, notificada el 04 de marzo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 774-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 29 abril de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1058-2022- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 09 de setiembre de 2022, notificada el 19 de setiembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 170,100.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 05 de octubre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1058-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1822-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 03 de noviembre de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 25 de noviembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1822-2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-002485- 2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 21 de agosto de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

del artículo 25 y numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT, respectivamente, y una (01) infracción MUY GRAVE, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 08 de noviembre de 2022. 4.2. Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la ASOCIACIÓN EDUCATIVA SAN ANDRES ANGLO PERUANO AESAAP. V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN Con fecha 25 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1822-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

Se debe precisar que, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de tres (03) infracciones graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, respectivamente. Asimismo, por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones labores, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, respectivamente, una (01) infracción muy grave en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre el particular, debe observarse la naturaleza del recurso de revisión regulado por el artículo 218 del TUO de la LPAG, el cual establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal.

Por otro lado, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, establece que el recurso de revisión tiene por finalidad:

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con la única infracción muy grave, e identificando si sobre éstas se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente; por lo que, no corresponde que esta Sala se pronuncie sobre lo alegado por la impugnante con relación a las infracciones calificadas como leves o graves.

Del análisis de la Resolución de Sub Intendencia N.° 1058-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 9 de setiembre de 2022, se advierte que la conducta infractora atribuida al sujeto inspeccionado, bajo el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, está referida al incumplimiento en el pago de horas extras de enero 2018 a junio 2019 a favor de 27 trabajadores afiliados al sindicato.

La Resolución concluye que la impugnante incurrió en dicha infracción; sin embargo, no desarrolla un análisis propio de los hechos, sino que se limita a transcribir lo señalado en el numeral 4.22 del Acta de Infracción, sin evaluar su contenido. No identifica los periodos específicos por trabajador ni la relación entre las horas extras supuestamente impagas y los registros de asistencia.

Esta omisión es relevante, pues el artículo 10 del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N.º 007-2002-TR, establece que el tiempo en sobretiempo se remunera con un recargo no menor al 25 % para las dos primeras horas y 35 % para las posteriores, cálculo que exige determinar con exactitud las horas efectivamente laboradas. Tampoco se consideró que, durante parte del periodo imputado (enero de 2018 a junio de 2019), algunos trabajadores se encontraban de vacaciones. Sin esta determinación, no es posible comprobar si el impago corresponde al tipo infractor atribuido ni si la sanción fue calculada correctamente.

Así, esta Sala observa que las instancias de mérito no realizaron un análisis individualizado ni suficiente de los hechos verificados durante la inspección. La Sub Intendencia se limitó a reproducir el contenido del Acta de Infracción, y la Intendencia confirmó dicha decisión sin efectuar una valoración crítica de los elementos probatorios que permita sustentar de manera motivada la infracción imputada.

La Resolución de Sala Plena N.º 001-2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 25 de enero de 2023, precisa que la autoridad administrativa debe garantizar el principio de verdad material, lo que exige verificar de forma suficiente y objetiva los hechos que fundamentan sus decisiones, a partir de una valoración integral de las pruebas obtenidas. Además, establece que la carga de la prueba inicial recae en la Administración, correspondiendo luego al administrado desvirtuarla. En este caso, las resoluciones previas no cumplieron con dicha exigencia, al limitarse a transcribir el

No resulta suficiente que la autoridad de primera instancia afirme de manera genérica que “el administrado no ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones laborales materia de sanción (…)” (numeral 37 de la Resolución), sin identificar el hecho reprochado ni el periodo específico al que corresponde. Por ello, la resolución impugnada carece de una motivación clara y suficiente, al circunscribirse a la enunciación normativa y a la reproducción del acta de infracción, sin un examen propio que permita resolver de manera expresa y fundada los alegatos de la impugnante.

En consecuencia, la Resolución de Sub Intendencia N.° 1058-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3 adolece de una deficiencia de motivación y análisis de las actuaciones realizadas, vulnerando el debido procedimiento.

En el presente caso, corresponde precisar que la imputación vinculada al incumplimiento en el pago de la remuneración vacacional se encuentra directamente relacionada con la materia ya analizada respecto de las horas extras. Así lo establece el numeral 4.6 del Acta de Infracción, al señalar que la supuesta omisión en el pago de vacaciones deriva de la consideración de dichas horas extras.

No obstante, se advierte que la resolución apelada no desarrolló un análisis suficiente sobre la acreditación de las horas extras, limitándose a consignar su existencia sin evaluar los elementos fácticos y jurídicos que la sustenten. Esta deficiencia repercute directamente en la determinación del incumplimiento de la remuneración vacacional, pues dicho extremo se sostiene en la verificación previa de las horas extras.

En consecuencia, la falta de motivación sobre las horas extras arrastra la misma falencia en la materia de vacaciones, lo que afecta la validez del acto administrativo y vulnera el deber de motivación previsto en el artículo 6 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Adicionalmente, se advierte que la sanción fue imputada bajo el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, por la supuesta omisión del pago íntegro y oportuno de la remuneración vacacional correspondiente a los periodos 2017-2018 y 2018-2019, a favor de 27 trabajadores afiliados al sindicato. Sin embargo, al momento de subsumir la conducta, se confunde la omisión de pago de la remuneración vacacional con la omisión del otorgamiento del descanso vacacional, cuando se trata de supuestos distintos.

Para la configuración del primer tipo infractor, se requiere que el trabajador haya gozado de su descanso, pero que el empleador no haya pagado de forma íntegra y oportuna la remuneración correspondiente (o sus equivalentes como vacaciones truncas). En cambio, en el segundo supuesto, lo que se sanciona es que, pese a que el

Así, no se evidencia que la conducta imputada se ajuste al tenor del tipo previsto en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, toda vez que se atribuyó a la inspeccionada la falta de pago de la remuneración vacacional, pese a que dicho numeral contempla de manera más amplia las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, descansos y licencias. La falta de precisión en la subsunción genera un vicio en la determinación del tipo infractor.

Por ello, la sanción impuesta carece de motivación suficiente y presenta deficiencias en la delimitación del tipo infractor, lo que configura una vulneración al debido procedimiento. En consecuencia, resulta necesario que la instancia de sanción realice un análisis más riguroso de los hechos y pruebas que permita sustentar adecuadamente la infracción atribuida. De la infracción por incumplimiento en la declaración y pago de aportes previsionales (numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT)

En relación con la imputación referida a que el sujeto inspeccionado no cumplió con declarar y pagar los aportes a la seguridad social en pensiones, correspondientes a las horas extras generadas supuestamente generadas, a favor de los 27 trabajadores afiliados al sindicato, se advierte nuevamente que la resolución impugnada presenta deficiencias en su motivación.

En efecto, la determinación de la supuesta infracción descansa de manera directa en la premisa de que existieron horas extras impagas durante el periodo señalado. Sin embargo, la autoridad sancionadora no efectuó un análisis autónomo que acredite la existencia y cuantía de dichas horas extras, limitándose a reiterar lo resuelto respecto a la infracción principal sin exponer la correlación concreta entre la omisión de pago y la falta de declaración y aporte al sistema previsional.

De este modo, al no haberse acreditado de manera suficiente el hecho base —esto es, el incumplimiento del pago de horas extras— la subsiguiente imputación de no declarar ni pagar los aportes previsionales carece de sustento propio, configurándose una motivación aparente. La resolución se limitó a transcribir el enunciado de la infracción y los hechos contenidos en el acta inspectiva, sin efectuar un razonamiento que explique de qué manera se habría verificado que, por cada trabajador, las supuestas horas extras no pagadas generaron una afectación efectiva en el cálculo de sus aportes previsionales.

En consecuencia, se reitera la ausencia de motivación suficiente, al tratarse de una imputación accesoria que deriva del mismo hecho generador (no pago de horas extras), respecto del cual ya se han advertido graves deficiencias en el análisis de la autoridad administrativa.

El objeto de la medida inspectiva de requerimiento es revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta atribuida al inspeccionado. Para su emisión, debe cumplir con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como expresar de forma clara su ámbito subjetivo y objetivo, de conformidad con lo dispuesto en los precedentes administrativos contenidos en las Resoluciones de Sala Plena N° 001- 2021-SUNAFIL/TFL, 002-2022-SUNAFIL/TFL, N° 008-2023-SUNAFIL/TFL y N° 009-2023- SUNAFIL/TFL.

En el caso analizado, el mandato materia de imputación dentro del procedimiento administrativo sancionador estuvo orientado al cumplimiento, entre otros, del pago íntegro y oportuno de las labores prestadas en sobretiempo, de la remuneración vacacional y de los aportes a la seguridad social en pensiones. Sin embargo, no se justifica de manera suficiente la determinación de las horas extras supuestamente generadas ni su correspondencia con los registros de asistencia, omitiendo precisar los periodos concretos incumplidos por cada trabajador y sin considerar que, durante parte del lapso imputado, algunos de ellos se encontraban gozando de descanso vacacional. Tampoco se especifica si el reproche administrativo abarca días, semanas o meses determinados de los años 2018 y 2019, aspecto que, desde la perspectiva de los elementos objetivo y subjetivo de una medida de esta naturaleza, debió ser definido con precisión desde su emisión. Esta falta de determinación impide verificar la proporcionalidad y razonabilidad del mandato, así como su correspondencia con los hechos efectivamente constatados.

Pese a ello, las instancias previas no valoraron adecuadamente si el mandato era claro y objetivo, ni advirtieron que la medida dictada no establecía de forma expresa los periodos materia del reproche administrativo, omitiendo sustentar las razones para dejar de observar los elementos objetivo y subjetivo que debe contener toda medida inspectiva de requerimiento desde el momento de su emisión. Dichos elementos son indispensables para que el mandato sea exigible sin ambigüedades respecto de su contenido, el modo y el plazo para su cumplimiento; por lo tanto, resultaba imprescindible analizar su legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

En atención a los precedentes señalados, correspondía evaluar si la medida inspectiva de requerimiento determinaba de forma suficiente las conductas infractoras que se pretendían revertir. Sin embargo, no se advierte que la Sub Intendencia de Sanción 3 haya proporcionado una respuesta adecuada a los argumentos de la impugnante ni que haya desvirtuado el principio de presunción de licitud, elemento indispensable para configurar el supuesto de hecho de un tipo infractor tipificado en el RLGIT. A pesar de ello, se determinó la configuración de las conductas infractoras conforme a lo consignado en el Acta de Infracción y ratificado en la Resolución de Sub Intendencia, decisión que posteriormente fue confirmada por la Resolución de Intendencia.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento,

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material9.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la determinación de responsabilidad por conductas contrarias al ordenamiento administrativo, la Autoridad Administrativa exponga de manera expresa y suficiente la valoración de los medios probatorios y de los argumentos presentados por el administrado durante el procedimiento sancionador, con el fin de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente, como garantía esencial del debido procedimiento. En el presente caso, la Resolución de Sub Intendencia N.° 1058-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3 no satisface dicha exigencia, pues se limitó a reproducir lo consignado en el Acta de Infracción sin efectuar un análisis autónomo de los hechos. No identificó los periodos específicos por trabajador ni estableció la correspondencia entre las supuestas horas extras impagas y los registros de asistencia, omitiendo además considerar situaciones relevantes como el goce de vacaciones de algunos trabajadores dentro del periodo imputado. Esta ausencia de valoración crítica y suficiente constituye el núcleo central de la falta de motivación, al no acreditarse de manera objetiva el hecho base que sustenta las infracciones, con lo cual se vulnera directamente el deber de motivación previsto en el artículo 6 del TUO de la LPAG y el principio de verdad material, afectándose el derecho de defensa y el debido procedimiento.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 1058-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 09 de setiembre de 2022, y confirmada por la Resolución de Intendencia N° 1822-2022-SUNAFIL/ILM, incurre en vicio de nulidad y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Sub Intendencia N° 1058-2022- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 09 de setiembre de 2022, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG; tal resolución carece de efectos y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación.

Cabe señalar que, la figura de la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo10.

En tal sentido, subsisten los extremos de la Resolución de Sub Intendencia N° 1058- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 09 de setiembre de 2022 y de la Resolución de Intendencia N° 1822-2022-SUNAFIL/ILM, respecto de las tres (03) infracciones calificadas como “graves” sobre los que la instancia previa determinó el agotamiento de la vía administrativa.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En consecuencia, se remite la presente Resolución al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.