Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú — Res. 568-2022

Mediante Orden de Inspección N° 12953-2018-SUNAFIL/ILM, de fecha 15 de agosto de 2018, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1. Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2440-2018-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de cuatro (4) infracciones graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 24.4 y 24.5 del artículo 24 del RGLIT y una (1) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 17 de setiembre de 2018, que afecta a la ex trabajadora Diana Carrasco Torres.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 2267-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 24 de noviembre de 2020, notificado el 23 de diciembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 0469-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 10 de marzo de 2021 (en adelante, el Informe Final) que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante. Asimismo, con relación a la omisión de pago de las vacaciones a una extrabajadora, recomendó aplicar la infracción muy grave prevista en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 419-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 25 de mayo de 20212, multó a la impugnante por la suma de S/ 35,482.50, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 15 de junio de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 419-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1501-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 21 de setiembre de 20213, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 14 de octubre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1501- 2021-SUNAFIL/ILM. Asimismo, mediante escrito, de fecha 20 de octubre de 2021, la impugnante subsanó las omisiones advertidas por la Intendencia de Lima Metropolitana y adjuntó documentación adicional.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 2344-2021- SUNAFIL/ILM, recibido el 23 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DEL PERÚ, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1501-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 35,482.50, por la comisión, entre otras, de una (1) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y una (1) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 24 de setiembre de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por la ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DEL PERÚ.

En principio, se indica que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1220 del Código Civil, “se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación”. Asimismo, el artículo 1233 del Código Civil, advierte lo siguiente: “La entrega de títulos valores sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados, salvo pacto en contrario. Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso.”

Por otro lado, es necesario considerar que mediante Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL se aprobó, entre otros, el siguiente criterio legal, adoptado por el Comité de Criterios, creado mediante Resolución de Superintendencia N° 061-2019- SUNAFIL: “1. El pago de las obligaciones laborales económicas se acredita con cualquier medio probatorio, sin perjuicio que el empleador demuestre, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones laborales accesorias sea a través de medios físicos o informáticos.”

Respecto al caso que nos ocupa, se advierte que mediante el Acta de Infracción N° 2440- 2018-SUNAFIL/ILM, de fecha 24 de setiembre de 2018, el Inspector actuante dejo constancia del incumplimiento de pago de beneficios sociales a favor de la extrabajadora Diana Geanella Carrasco Torres (en adelante, la extrabajadora), por parte de la impugnante, entre otros, por concepto de remuneración vacacional, por el periodo laborado del 02 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2018.

Conforme se aprecia en el expediente administrativo, la impugnante habría presentado en fecha 25 de setiembre de 2018, un escrito en el cual señalan lo siguiente: “Nos hemos comunicado con la demandante quien se ha rehusado a recibir el cheque que el cálculo de los beneficios sociales ha generado y así como también se ha negado a recibir explicación del detalle del cálculo. (…) Se deja constancia que hemos procedido con explicar el procedimiento a la demandante y a! representante, pero ante la negativa de presentarse en nuestras oficinas administrativas a recoger el cheque y el documento de liquidación, hemos procedido con abonar la cantidad de S/ 5.992.70 en la cuenta bancaria de la Demandante.” Asimismo, en su escrito de descargos de fecha 5 de enero de 2021, la impugnante refiere haber abonado de manera integra, la liquidación de beneficios sociales. También adjunta a sus escritos, una copia de voucher, copia del cargo notarial de una carta dirigida a la extrabajadora, copia de la liquidación de beneficios sociales, entre otros.

Si bien el procedimiento inspectivo había concluido, correspondía a las autoridades del procedimiento administrativo sancionador evaluar los descargos presentados y valorar los medios probatorios adjuntados, en tanto, que si se acreditaba la subsanación de las infracciones en materia sociolaboral, en alguna etapa, estas podrían ser sujetas de reducción acorde a lo establecido en el artículo 40 de la LGIT.10 Es asi, que luego del análisis respectivo tanto la autoridad instructora, como la autoridad sancionadora, emitieron el Informe Final y la Resolución de primera instancia, respectivamente, determinando entre otros, la comisión de la infracción muy grave prevista en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Con similar criterio, la Intendencia de Lima Metropolitana confirmó la sanción impuesta por la impugnante, razón por la cual, interpuso el recurso administrativo de revisión.

La impugnante alega que no ha existido una valoración adecuada de los medios de prueba aportados. En tal sentido, se ha procedido a revisar los medios probatorios incorporados al procedimiento por la impugnante. Con relación a la liquidación de beneficios sociales, se aprecia que, efectivamente, esta no cuenta con la firma o conformidad de la extrabajadora, ello, a decir de la impugnante, porque se habría negado a suscribirlo, recogerlo o cobrarlo.

Sobre este punto, es necesario traer a colación el criterio invocado en el numeral 6.2 del presente, entendiéndose que -en el caso en concreto- la presentación de la liquidación de beneficios sociales sin la firma de la extrabajadora podría lograr acreditar el pago de las obligaciones allí contenidas, siempre que se acompañe a ésta, otro u otros documentos accesorios que acrediten el ingreso del monto generado por la obligación laboral a una cuenta de titularidad del trabajador o ex trabajador.

De la revisión de las demás documentales, se aprecia el cargo de una carta notarial dirigido a la extrabajadora, en la cual se le hace conocer la liquidación efectuada por la empresa y el depósito en su cuenta bancaria por la cantidad de S/ 5,992,70. Asimismo, se aprecia una copia de voucher de depósito, de fecha 25 de setiembre de 2018, en cuya parte baja presenta el siguiente texto: “No se podrá girar el importa de esta entrega mientras no se haya verificado la conformidad de los cheques.” Como se puede apreciar, hasta antes de vencido el plazo para interponer apelación, la impugnante no había presentado ningún medio probatorio que acredite fehaciente e indubitablemente, haber efectuado el pago de la remuneración vacacional a la extrabajadora.

Revisados los medios probatorios adjuntos en su escrito de subsanación del recurso de revisión, se aprecia una copia del comprobante de egreso N° 27792, de fecha 27 de setiembre de 201811, pero sin firma ni visto bueno de los funcionarios intervinientes, y copia de los estados de cuenta del periodo del 01 de setiembre del 2018 al 29 de setiembre del 201812, advirtiéndose que en este último, se advierte el cargo por el monto citado S/ 5,992.70. Si bien dichos medios probatorios hubieran servido en su momento para acreditar la subsanación de la infraccion tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del

En este estado del procedimiento, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, el recurso impugnativo se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. Por lo que, habiéndose verificado el cumplimiento de las garantías mínimas del debido procedimiento, por parte de las autoridades del procedimiento administrativo sancionador, no corresponde atender lo solicitado en este extremo.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de los requerimientos de comparecencia y de las medidas inspectivas de requerimiento. Así lo estipula el numeral 3.1 del artículo 5° de la LGIT: “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.” En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece: “(…) Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”.

En esa misma línea, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9° de la Ley”.

Y es que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9° de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2: “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”

Consecuentemente, de acuerdo con el artículo 36 de la citada la LGIT, son infracciones a la labor inspectiva contrarias al deber de colaboración, las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, que perjudiquen la labor de los Supervisores–Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares. Tales infracciones pueden consistir en: 1) La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2) El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3) La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

Sobre el particular, los Vocales integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 del Reglamento del Tribunal, emitieron el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, de fecha 30 de julio de 202113, el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulta obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo. En el mencionado Acuerdo Plenario se estableció como criterio vinculante, entre otros, el fundamento jurídico N° 9, relacionado a la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva, el cual establece literalmente lo siguiente:

Como se evidencia de las normas acotadas, las actuaciones inspectivas están orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, previo al procedimiento administrativo sancionador. Dada la trascendencia de dichas actuaciones, la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva es inequívocamente de carácter principal e independiente de otras posibles infracciones referentes a aspectos sustantivos.

Asimismo, en el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2021- SUNAFIL/TFL, de fecha 29 de octubre de 202114, los Vocales integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, establecieron como criterio vinculante, entre otros, los fundamentos jurídicos Nº 33, 34 y 35, relacionados a los principios de razonabilidad y culpabilidad en la imposición de medidas de requerimiento de pago ante la imposibilidad acreditada de cumplir obligaciones económicas a empresas del sector privado, estableciendo literalmente lo siguiente:

Conforme a lo precisado por colegiado, no son ejemplos de afectación, la simple pérdida económica en los registros financieros, contables y/o económicos de la empresa, y la existencia de meras acreencias con otras personas naturales o jurídicas.

De la revisión de los actuados, se aprecia que el día 17 de setiembre de 2018 se notificó a la impugnante una medida inspectiva de requerimiento a fin de que acredite el pago de los beneficios sociales a favor de la extrabajadora, estos son, pago de gratificaciones legales y truncas con la bonificación extraordinaria, depósito o pago directo de la compensación de tiempo de servicios con los intereses de ley y pago de vacaciones. Todo ello en el plazo máximo de cuatro (4) días hábiles, siendo que se verificaría su cumplimiento, el día 24 de setiembre de 2018.

Sin embargo, al día 24 de setiembre, en la diligencia de comparecencia, la impugnante no acreditó haber cumplido lo requerido por el inspector actuante, incluso en los medios probatorios adjuntos, no se acredita el pago de la bonificación extraordinaria, de los

Por otro lado, no se aprecia que la impugnante haya dado a conocer alguna situación especial por la cual, su disponibilidad patrimonial se encuentre supeditada a la aprobación, autorización o desafectación de terceras partes, en alusión a los criterios de razonabilidad y culpabilidad, a los que se hace mención en el numeral 6.19 de la presente resolución.

Con relación a la supuesta vulneración del principio Non Bis In Idem, se reitera que las infracciones a la labor inspectiva tienen naturaleza independiente de las demás infracciones que versen sobre incumplimientos sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo, como se ha detallado también en el numeral 6.17 de la presente. Y es que, si bien podría existir identidad de sujetos, no ocurre lo mismo con los hechos y fundamentos. Los hechos que dan lugar a la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT se refieren a la falta de pago por parte de la impugnante, a favor de la extrabajadora, de su remuneración vacacional por el periodo laborado del 02 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2018, considerando que dicha acreencia existe desde que cesó el vinculo laboral. Por otro lado, la infraccion prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, está referida al incumplimiento por parte de la impugnante a la medida dispuesta por el inspector actuante, esto es, que acredite el pago de los beneficios sociales a favor de la extrabajadora, teniendo como plazo, desde que se le notifica la medida, hasta el momento de la diligencia fijada, esto es, el 24 de setiembre de 2018, a las 08:15 horas. Con respecto a los fundamentos, la diferencia es aún más notoria, en tanto que la infracción sociolaboral tiene una connotación social, referida al respecto de los derechos laborales de la trabajadora, cuya inobservancia, le causa evidente perjuicio. Por otro lado, el fundamento de la infracción a la labor inspectiva, está basado en el quebrantamiento del deber de colaboración frente a la autoridad inspectiva.

Finalmente, se se precisa que en el presente procedimiento, no se advierte vulneración a la debida motivación, como componente esencial del debido procedimiento administrativo, por lo cual, no corresponde atender el pedido del administrado, en este extremo.

Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar el recurso de revisión, confirmando las multas impuestas por la comisión de una (1) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y por la comisión de una (1) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.