Asociación Agrícola Compositan Alto — Res. 377-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Comité (o supervisor) de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Libro de Actas de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo), Estándares de higiene ocupacional (Sub materia: Comedor – vestuario – servicios higiénicos, botiquín), Condiciones de seguridad (Sub materia: Condiciones de Seguridad, avisos y señales de seguridad), Equipos de protección personal, Prevención y protección contra incendios; entre otras. 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 45,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de los equipos de protección personal, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 80,916.00.

i. La resolución de Sub Intendencia multa de forma irregular, ilegal y arbitraria, toda vez que se pretende seguir con un procedimiento que desde sus actuaciones inspectivas estuvo viciado por incumplimiento a normas expresas y de cumplimiento obligatorio. ii. Los inspectores actuantes, lejos de utilizar de manera obligatoria la Casilla Electrónica aprobada por Decreto Supremo N° 003-2020-TR, remitieron los requerimientos de información por correo electrónico, vulnerándose los principios de legalidad y del debido procedimiento. iii. Tal contexto ha generado que se incurra en un supuesto de nulidad, debiéndose declarar la nulidad del PAS, por existir una seria de vicios a las normas vigentes que regulan el procedimiento dentro de una fiscalización laboral. iv. Sostiene que la infracción referida a la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) y la matriz IPERC ya han sido debidamente corregidas; por el contrario, la medida inspectiva de requerimiento, al ser un procedimiento viciado de nulidad y al haber sido tramitada de manera ilegal mediante un correo electrónico

2 Notificada a la impugnante el 03 de noviembre de 2021, véase folio 50 del expediente sancionador.

i. El artículo 27 del TUO de la LPAG, en el numeral 27.2 sostiene que se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance o resolución, por lo que del Acta de Infracción se deja constancia que durante la visita al centro de trabajo se comunicó que los requerimientos serían remitidos a través del correo electrónico.

ii. Tanto los requerimientos de información como la medida inspectiva de requerimiento fueron remitidos por correo electrónico a la empresa inspeccionada, y fue respondida, siendo verificado tal hecho por el personal inspectivo.

iii. Por tanto, tuvo conocimiento de las actuaciones y los requerimientos realizados por el personal comisionado, no habiéndose vulnerado su derecho de defensa, correspondiendo aplicar lo establecido en el artículo 27 del TUO de la LPAG respecto del saneamiento de notificaciones defectuosas.

iv. Respecto de la obligación de entregar EPPS, el incumplimiento en el IPERC y los incumplimientos como infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo, éstas son obligaciones que se derivan de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento, habiéndose verificado en el Acta de Infracción que no fueron cumplidas por la inspeccionada.

v. Finalmente, respecto de la medida inspectiva de requerimiento, se ha verificado que la administrada no acreditó haber cumplido con lo ordenado, dentro del plazo otorgado para su cumplimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 04 de noviembre de 2021.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 177-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando lo siguiente:

i. Se ha aplicado indebidamente el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT al multarlos por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, toda vez que su representada cumplió con la normatividad en seguridad y salud en el trabajo respecto de los Equipos de Protección Personal (EPP) y la Identificación de Peligros y Evaluaciones de Riesgo (IPERC).

ii. En tal sentido, se ha cumplido con las medidas de requerimiento, conforme se aprecia de la documentación enviada por correo electrónico de fecha 23 de febrero, antes de la emisión del Acta de Infracción. Así, sostiene que “…cumplió con entregar el IPERC en la oportunidad que se solicitó, esto es, en la medida de requerimiento. - Dicha conducta inquisidora no corresponde a la misión y visión para la cual fue creada la SUNAFIL, lo que deberá ser tomado en cuenta para efectos de revocar la multa impuesta a nuestra empresa”.

iii. Señala que estos aspectos los eximen de responsabilidad y origina que las infracciones imputadas deban ser revocadas, en virtud del inciso f) del artículo 257 del TUO de la LPAG, el cual no ha sido aplicado por el inspector de trabajo. Cita en este extremo a los alcances de la Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

iv. Sostiene que tampoco se está aplicando lo establecido en el Decreto Supremo N° 003- 2020-TR, respecto del uso obligatorio de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, y que ordenó de manera expresa que en época de pandemia debía de utilizarse obligatoriamente la Casilla Electrónica a partir del 31 de diciembre de 2020, en los requerimientos de información, comparecencia y medidas inspectivas de requerimiento.

v. Por el contrario, se está interpretando de manera errónea los numerales 27.1 y 27.2 del artículo 27 del TUO de la LPAG que regula el saneamiento de notificaciones defectuosas, incurriéndose en la vulneración del Principio de Legalidad, por no aplicar el mandato expreso de una norma, y por tanto generándose una afectación al principio del Debido Procedimiento Administrativo.

vi. En ese sentido, solicita la nulidad de todo lo actuado, al haberse vulnerado normas de imperativo cumplimiento, sosteniendo que “no hay mérito para sanción alguna respecto de su representada”.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto de la pretendida nulidad de todo lo actuado por la omisión a los alcances del Decreto Supremo N° 003-2020-TR

“Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: 20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio. 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. 20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad cuente con este mecanismo. 20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de prelación establecido en el numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la notificación. Puede acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados. 20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos. 20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático

que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24. Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia. La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. Asimismo, se establece la implementación de la casilla única electrónica para las comunicaciones y notificaciones de las entidades del Estado dirigidas a los administrados. Mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban los criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la implementación gradual en las entidades públicas de la casilla única electrónica. El consentimiento expreso a que se refiere el quinto párrafo del numeral 20.4 de la presente Ley puede ser otorgado por vía electrónica” (énfasis añadido).

Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo “16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.”

Respecto de la supuesta aplicación indebida del numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse

al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Figura N° 1:

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

Respecto del presunto cumplimiento posterior de las conductas tipificadas como graves

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrador sancionador serían las siguientes:

N ° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Multa impuesta Seguridad y salud en el Trabajo Incumplimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). Numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE S/ 45,980.00 Seguridad y salud en el Trabajo Incumplimiento de los equipos de protección personal Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE S/ 6,908.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la ASOCIACIÓN AGRÍCOLA COMPOSITAN ALTO, en contra de la Resolución de Intendencia N° 177-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 27-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 177-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa impuesta por dicha infracción.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la ASOCIACIÓN AGRÍCOLA COMPOSITAN ALTO, y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Devolver los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente DESIREÉ BIANCA ORSINI WISOTZKI LUZ IMELDA PACHECO ZERGA