AS. Prom. ED. Coleg. Mariscal Ramon — Res. 1183-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materias: Gratificaciones, pago de bonificaciones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir o presentar (hasta las 23:59 horas del 20 de septiembre del 2021) a través de la casilla electrónica la información/documentación requerida y detallada en el numeral 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7) del requerimiento de información notificado a través de la casilla electrónica el 15 de septiembre del 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir o presentar (hasta las 23:59 horas del 29 de septiembre del 2021) a través de la casilla electrónica la información/documentación requerida y detallada en el numeral 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7) del requerimiento de información notificado a través de la casilla electrónica el 24 de septiembre del 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

i. Es importante tener en cuenta que, a pesar de cumplir con la obligación de mantener operativos el correo electrónico y teléfono celular dados como información de contacto no recibió ninguna alerta por parte de la SUNAFIL. ii. A pesar de existir una omisión en la actuación de la administración de manera equivocada ha determinado iniciar un procedimiento administrativo sancionador mediante el cual se pretende imponerle una sanción pecuniaria excesivamente onerosa. Es decir, se pretende trasladar la omisión en la actuación administrativa al administrado. iii. No se puede imputar a la inspeccionada la omisión de dicha obligación, por cuanto no recibió la notificación del documento remitido a la casilla electrónica a través de las alertas del sistema informático de notificaciones electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería, tal como lo ordena el artículo 6 del mismo cuerpo normativo; lo cual en este caso en concreto no se ha producido; lo que debe de interpretarse de forma conjunta con lo anteriormente señalado.

i. De la revisión de los actuados que forman parte del procedimiento administrativo sancionador, se aprecia que los actos administrativos fueron notificados válidamente a la inspeccionada y se le otorgó el plazo de 15 días hábiles, de recibida la notificación, para que formule los descargos que estime pertinente, habiendo sido admitidos en su oportunidad. Demostrándose así que la Administración actuó con arreglo a Ley. ii. Se advierte que la autoridad administrativa de trabajo emitió dos (2) requerimientos de información, notificados mediante el Sistema de Casilla Electrónica con fechas 15 y 24 de setiembre de 2021, para que el inspeccionado presente la información y/o documentación requerida en el plazo de tres (3) días hábiles; sin embargo, estos no fueron atendidos, conforme consta en los numerales 4.3 y 4.4 del Acta de Infracción. iii. Mediante el D. S. N° 003-2020-TR, artículo 6, se estableció la obligatoriedad de la casilla electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio y la Administración debe comunicar al usuario cada vez que se notifique a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica. iv. En los folios 394 y 398 del expediente de actuaciones inspectivas, obran las “Constancias de Notificación Vía Casilla Electrónica” de los requerimientos de información de fechas 15 y 24 de setiembre de 2021, lo cual deja constancia del depósito de los requerimientos emitidos por la autoridad actuante, en la casilla electrónica del recurrente. v. Para determinar si se emitieron las alertas de notificación a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 6 del D. S. N° 003-2020-TR, y en mérito a ello, si existe o no incumplimiento en materia de labor inspectiva ante la negativa de presentar lo requerido por la autoridad inspectiva se efectuaron las consultas a la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – OGTIC de la Administración, sobre el registro de los datos en la casilla electrónica y la confirmación de las alertas. vi. De la información remitida por la OGTIC, el 18 de febrero de 2022, se advierte que la inspeccionada registró sus datos en la casilla electrónica el 29 de julio de 2021 y que la administración sí efectuó el envío de las alertas al correo señalado por la inspeccionada. vii. Conforme a la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII “Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”, y el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el

2 Notificada a la impugnante el 21 de febrero de 2022, véase folio 104 del expediente sancionador.

territorio nacional”, se ha establecido que si se verifica que el sujeto inspeccionado se ha negado a proporcionar al inspector la información solicitada, lo cual constituye una infracción a la labor inspectiva en el artículo 46.3 del artículo 46 del RLGIT. viii. De acuerdo a la Resolución Directoral N° 29-2009-MTPE/2/11.4, estas infracciones son de naturaleza insubsanable, no siendo factible una subsanación posterior, pues su omisión en la oportunidad requerida no puede ser revertida. ix. Conforme a los artículos 9 de la LGIT y 15 del RLGIT, se ha establecido el deber de colaboración de los sujetos obligados con la labor inspectiva, considerándolo como una infracción muy grave de naturaleza insubsanable por cada hecho verificado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AS. PROM. ED. COLEG. MARISCAL RAMON CASTILLA

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 015-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, señalando los siguientes alegatos:

i. En el numeral 4.3.6 de la resolución materia de impugnación, se señala que se requirió información a la OGTIC, para mejor resolver y que esta fue remitida el 18 de febrero de 2022. Es decir, dicha información debe ser parte integrante del presente expediente sancionador, al haber servido como sustento para que la Intendencia Regional desestime el recurso de apelación formulado. ii. Se requirió copia completa del presente expediente, el cual está compuesto de 105 folios, en el cual no se encuentran las actuaciones señaladas por la Intendencia, pues en el folio 95 figura el Memorándum -000069-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ/SIRE, de fecha 11 de febrero, el cual elevó el expediente a la Intendencia Regional, y continúa la Resolución de Intendencia N° 015-2022-SUNAFIL, de fecha 18 de febrero del 2022, no encontrándose la respuesta emitida por la OGTIC que señala la Intendencia, acto que vulnera el debido procedimiento y su derecho de defensa. iii. El principio al debido procedimiento cuenta con derechos y garantías implícitos a un procedimiento regular y justo, dentro del cual se encuentra el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión, el derecho a conocer los cargos que se formulan en contra, el derecho a conocer las razones y fundamentos de los mismos. Se ha resuelto en base a la información brindada por la OGTIC, en la cual se evidenciaría haber recibido las alertas de notificación al correo electrónico, información que no obra en el expediente. iv. La Intendencia ha resuelto en base a documentación que no forma parte del expediente y sobre la cual no se ha podido presentar descargo alguno, y más aún en su recurso de apelación han señalado no haber recibido la alerta de notificación por parte de la SUNAFIL sobre los requerimientos de información realizados. Se desconoce lo señalado por el Tribunal Constitucional en los fundamentos del 24 al 26 en el expediente N° 3741- 2004-AA/TC, respecto al derecho a la defensa. v. Respecto a lo señalado por la Intendencia al cumplimiento del primer requerimiento de información, esto debe ser interpretado de manera favorable a la inspeccionada, pues se evidencia la intención de dar cumplimiento a los requerimientos de información realizados, no existiendo una negativa a cumplir con los requerimientos de información. vi. Se ha cumplido con la obligación de mantener operativo el correo electrónico y teléfono celular dados como información de contacto, mas no se recibió ninguna alerta por parte de la SUNAFIL, respecto del segundo y tercer requerimiento. vii. Se ha emitido una resolución en mérito a actuaciones que no forman parte del expediente en cuestión, vulnerando el debido procedimiento, y derecho a la defensa.

viii. Si bien se ha omitido revisar la casilla electrónica, ello no ha sido una conducta que evidencie la negativa a entregar la información solicitada, por el contrario, se ha venido cumpliendo con ello, como se evidencia del primer requerimiento de información realizado. ix. No existe coherencia en la actuación de la administración, incluso en el presente proceso se ha recibido notificaciones en la casilla electrónica y una notificación en físico, como es la notificación de la resolución que concedió el recurso de apelación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto al expediente administrativo sancionador

Respecto al acto administrativo cuestionado 6.7 De los alegatos de la impugnante, se advierte que esta cuestiona la Resolución de Intendencia N° 015-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, pues indica que se ha emitido en mérito a actuaciones que no forman parte del expediente en cuestión.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

10 Acosta Olivo, C. A. (2013). Análisis de los requisitos de validez del acto administrativo y los principales vicios que lo afectan. Actualidad Gubernamental, p. 1. 11 Morón Urbina, J. C. (2019b). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley 27444 (Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS) (t. I). 10.a ed. Lima: Gaceta Jurídica, p. 244.

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

F. Supuesta afectación del derecho al debido procedimiento administrativo

9. Debido procedimiento administrativo y derecho a la motivación de las resoluciones administrativas denegatorias

“(…) De manera indubitable se incluyen las universidades, las que en el marco de los procedimientos administrativos que llevan a cabo, deben respetar las garantías básicas de los derechos fundamentales de los que son titulares los particulares, entre ellos especialmente el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución, que tal como lo ha recordado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, es una garantía que, si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, también es aplicable en el ámbito de los procedimientos administrativos, que tiene su formulación legislativa en el artículo IV, numeral 1.2., del Título Preliminar de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Entre estas garantías, el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. Cabe acotar que la Constitución no establece una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. (…) Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe

(…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. (Énfasis añadido).

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican”.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos; ello como garantía del debido procedimiento administrativo (énfasis añadido).

Respecto a la eficacia del acto administrativo

cuestionamiento sobre la validez del acto- la notificación fue realizada de manera inadecuada y, por tanto, el acto deviene en ineficaz.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar la NULIDAD de la notificación efectuada por la Intendencia Regional de Moquegua respecto a la Resolución de Intendencia N° 015-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 269-2021-SUNAFIL/IRE-MOQ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la notificación de la Resolución de Intendencia N° 015-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, a fin de que la Intendencia proceda a realizar las acciones de su competencia, especialmente aquellos alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a AS. PROM. ED. COLEG. MARISCAL RAMON CASTILLA, y a la Intendencia Regional de Moquegua, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Moquegua y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.30 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20221214CVT