Aruntani S.A.C — Res. 1245-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Subgrupo materia: Incluye todas), Sistemas de gestión SST en las empresas (Subgrupo materias; Vigilancia de la Salud – Seguimiento de daños a la salud del trabajador y, PETS/ESTÁNDARES), Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Subgrupo materia: Registro de accidentes de trabajo e incidentes) y, Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Subgrupo materia: Incumplimiento (s) en materia de SST que cause muerte o invalidez permanente total o parcial) . PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

de trabajo y, por no cumplir con Estándares y PETS, incumplimiento determinado como una de las causas del accidente de trabajo.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la información mínima en el registro de accidente de trabajo, conforme a ley, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la capacitación, formación, entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con sus obligaciones sobre el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo - PETS y Estándares, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con realizar una adecuada vigilancia y seguimiento de daños a la salud, tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 11,309.00.

i. Sobre la obligación de contar con el registro de accidentes, aprecia que la empresa ha sido claro en informar al personal inspectivo sobre que el trabajador no cumplió

2 La autoridad instructora procede a adecuar la infracción prevista en el numeral 27.4 del artículo 27 del RLGIT dentro de los alcances del numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT, conforme lo expuesto en la Imputación de Cargos N° 128- 2022-SUNAFIL/ILM/AI3.

con las obligaciones de supervisor, conforme el artículo 38 del Reglamento de Seguridad y de Salud Ocupacional en Minería, que es considerada como falta grave por comunicar de forma inmediata lo sucedido; por lo que, no realiza la investigación, siendo que, posteriormente, en reunión de comité paritario se decide realizar la investigación en base a la declaración brindada por el médico, ya que el trabajador se negó a brindar la suya y salió de vacaciones. Pese a lo antes dicho, la empresa cumplió con realizar el llenado del reporte de accidentes de trabajo de acuerdo con la información mínima requerida. ii. Reitera que, el trabajador no cumplió con su obligación de dar aviso inmediato al empleador de lo ocurrido, afectando el procedimiento previsto para el Registro de accidentes de trabajo, no siendo la falta de la manifestación del trabajador atribuible a la empresa. iii. De otro lado, indica que los hechos imputados se refieren a no implementar/contar con los registros; sin embargo, en la resolución apelada se reconoce que sí se cuenta con la implementación de los registros; por lo que, si se pretende sancionar a la empresa por contar con el registro de accidente, dicha conducta no se subsume en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT, contraviniéndose el principio de tipicidad, debiendo en nulo la resolución apelada. iv. Con relación a brindar formación e información en seguridad y salud al trabajador, sí han cumplido con dicha obligación como se demuestra con los documentos presentados (inducción, capacitaciones específicas, evaluaciones, registros diarios y protocolos del ICMI). Además, el trabajador es un profesional con experiencia, lo que refuerza su conocimiento del puesto. La afirmación de incumplimiento carece de motivación y desconoce la evidencia presentada. Por tanto, se vulneran los principios de debido procedimiento, presunción de veracidad y licitud. v. En cuanto al PETS y Estándares necesarios para la tarea de “Acondicionamiento de Solución de Riesgo”, manifiesta que, sí han cumplido, dado que se detallan responsabilidades, condiciones de trabajo y procedimientos, conforme al MOF y demás documentos presentados. Además, se incluye el instructivo ICMI y se evidencia que la tarea se realiza con personal calificado y supervisado. La resolución apelada desconoce injustificadamente esta documentación. vi. Respecto al seguimiento a la salud, advierte que, el trabajador fue atendido oportunamente en la posta médica, recibió tratamiento ambulatorio y controles médicos. Las vacaciones adelantadas fueron solicitadas por el propio trabajador para atenderse de forma particular, lo cual no implica desatención por parte de la empresa. Durante su descanso, se hizo seguimiento a través de servicio social y se registraron sus descansos médicos. No se evidenció daño que justificara un reposo prolongado y tras su retorno laboró con normalidad. Por tanto, no existe sustento lógico ni legal para afirmar un incumplimiento en la vigilancia de la salud. vii. La resolución apelada causa agravio de orden patrimonial, dado que se está obligando de modo arbitrario a abonar una importante suma de dinero por

infracciones, cuando se ha demostrado, desde un inicio, que no había razón fáctica ni jurídica alguna para ello; también, el agravio es de orden constitucional porque en los hechos se vulnera el derecho legítimo a un debido procedimiento administrativo, en la motivación de las resoluciones administrativas y el derecho de ejercer su defensa.

i. En consonancia con lo señalado en el considerando 15 de la resolución apelada, no está cuestionando la veracidad de lo expuesto por el trabajador, sino que, independientemente, de la investigación que debió realizar el empleador, debió cumplir con los requisitos mínimos del registro de accidentes de trabajo, entro los que se considera la manifestación del trabajador afectado. ii. Siendo así, precisa que el empleador asume el liderazgo y compromiso del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; por lo que, se encuentra obligado a implementar los registros y documentación correspondiente al referido sistema de gestión a través del registro de accidente de trabajo, los mismos que han sido aprobados por la autoridad administrativa de trabajo; en consecuencia, la impugnante se encontraba en la obligación de registrar toda la información relevante en los registros de accidente de trabajo, la misma que deberá mantener actualizada. iii. En ese sentido, la autoridad de primera instancia tomando en cuenta los hechos constatados mediante las actuaciones inspectivas de investigación, sancionó por la comisión de infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT, precisando que la obligación de recabar la declaración del trabajador accidentado recae sobre la inspeccionada conforme a lo contenido en el formato aprobado en la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, específicamente en el punto 32, no siendo posible trasladar tal responsabilidad al trabajador afectado. iv. Por tanto, concluye que la impugnante no ha logrado desvirtuar los hechos imputados en el procedimiento administrativo sancionador, conducta infractora que se subsume en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT, al no contar con un registro de accidente de trabajo conforme a ley, no advirtiéndose afectación al principio de tipicidad, en los términos alegados por la impugnante, por tanto, no resulta amparable la nulidad invocada. v. De otra parte, el documento presentado (“Entrega de Estándares y Procedimientos PETS”) no detalla cuáles eran los procedimientos entregados ni contiene cargo alguno de recepción sobre la tarea en cuestión. Además, el PETS exhibido fue considerado incompleto, pues no describe con claridad los pasos del procedimiento ni quién debía ejecutarlo. Tampoco se presentó prueba de las capacitaciones diarias alegadas. Por ello, se concluye que no se garantizó formación adecuada en seguridad y salud en el trabajo. vi. En cuanto a que se habría vulnerado el principio de verdad material, presunción de licitud precisa que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por el personal inspectivo que se formalicen en las actas de infracción se presumen ciertos y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses pueda presentar el administrado. En ese sentido, al no haber presentado medio probatorio que desestime lo señalado por el personal inspectivo, carece de sustento lo alegado por la impugnante.

3 Notificada a la impugnante el 10 de abril de 2023, véase a fojas 160 del expediente sancionador.

vii. Con relación al derecho al debido procedimiento, la resolución apelada contiene un análisis de las disposiciones normativas de la materia en controversia en el presente procedimiento administrativo sancionador, de los hechos y pruebas concretas recopiladas durante el procedimiento inspectivo, siendo alguna de ellas proporcionada por la misma impugnante. Por tales razones, no existe afectación alguna por parte de la autoridad administrativa de trabajo al derecho de motivación, como erróneamente lo asevera, ni a su derecho al debido procedimiento. viii. No cumplió con su obligación de garantizar procedimientos claros y adecuados (PETS y Estándares) para la tarea de dosificación de hidróxido de sodio. El PETS presentado presenta deficiencias, como la falta de claridad en las responsabilidades, la secuencia del procedimiento y el lugar de inicio de la tarea. Además, los estándares no responden adecuadamente a las preguntas ¿qué hacer?, ¿quién lo hará? y ¿cuándo se hará?, generando confusión sobre su aplicación. Se determinó que el trabajador no contaba con información suficiente sobre cómo realizar la tarea de forma segura. Este incumplimiento se relaciona directamente con el accidente ocurrido. ix. No garantizó adecuadamente la vigilancia de la salud del trabajador afectado tras el accidente. A pesar de que el médico ocupacional ordenó radiografías, se le otorgaron vacaciones adelantadas sin asegurar el cumplimiento inmediato de los exámenes ni hacer seguimiento posterior. Además, no se acreditó la activación del SCTR en el momento del accidente. La empresa incumplió con su deber legal de aplicar vigilancia médica continua y con el principio de prevención, obligación relacionada con recolectar la información y realizar todos los análisis sistemáticos que abarquen todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores, ello con el objetivo de detectar los problemas de salud relacionado al trabajo y controlar de esa manera los factores de riesgos, previniendo los daños a su salud, vigilancia que deberá ser realizada por el medico ocupacional de la impugnante. x. La resolución apelada sí está debidamente motivada, ya que expone con claridad las razones que justifican la sanción impuesta. Analizaron los descargos de la empresa y se aplicó un razonamiento lógico-jurídico conforme a la normativa vigente. La impugnante no logró desvirtuar las infracciones atribuidas. Por tanto, no se configura la falta de motivación alegada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ARUNTANI S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 24 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 291-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación han indicado, detalladamente, que no han incumplido ninguna de las imputaciones que, erradamente, ha sido formuladas en su contra. Asimismo, todas las infracciones han sido ratificadas sobre la base de apreciaciones subjetivas del personal inspectivo, no habiendo desarrollado cuál es la conexión que hay entre el supuesto incumplimiento y el incidente sufrido por el trabajador. ii. Sobre el supuesto incumplimiento de brindar adecuada formación e información en seguridad y salud en el trabajo: Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación presentó una serie de documentos: Anexo 4 y 5, inducción y capacitación específica del puesto de trabajo y las respectivas evaluaciones (40 horas), Recomendaciones de seguridad y salud anexa a contrato de trabajo, Capacitación en peligros al desplazarse en superficies, piso desnivel, escaleras fijas y portátiles, accesos libres de obstáculos, Registro de capacitaciones diarias pre-labor [sic] que impartía, y la certificación internacional en el ICMI, que como parte del protocolo se realiza en forma diaria una capacitación en aspectos relacionados al manejo y preparación de cianuro, dentro de los cuales implica al hidróxido de sodio. El día del supuesto evento se realizó la reunión en la hora indicada, según reporte metalúrgico fue realizado a las 09:00 horas.

iii. Por lo que, no es correcto que la empresa haya incumplido con su obligación de capacitar al trabajador en los procedimientos que realizaba; además, no se debe perder de vista que el trabajador es un profesional ingeniero colegiado y titulado en metalurgia y experiencia en minería por siete (07) años en el puesto de jefe de guardia en un área que conocía. iv. La motivación que ha mostrado la autoridad resulta insuficiente; toda vez que, descarta todas las pruebas aportadas sobre la base de que no probarían las capacitaciones; sin embargo, el mismo indica que la documentación no es clara ni precisa; entonces, cómo puede indicar que no se ha cumplido con capacitar y a la vez señalar que no es clara o precisa la información presentada. v. Manifiesta una transgresión al principio de presunción de veracidad, dado que se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos que aquellos que afirman. Asimismo, en virtud del principio de licitud, sólo en base a prueba se puede destruir la presunción del apego del administrado a sus deberes. En efecto, afirma que han acreditado en que el trabajador se encontraba capacitado para la labor que realizaba, no habiendo incumplido dicha obligación, siendo arbitraria la calificación que realiza el órgano sancionador, más aún cuando debe existir una presunción de verdad de lo que informan. vi. También, no se ha indicado de qué forma el incidente presentado fue por falta de capacitación. La autoridad da por cierto, sin sustento alguno, que la falta de capacitación provocó el incidente del trabajador sin desarrollar qué tipo de capacitación lo evitaría. vii. Sobre el supuesto incumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Respecto a los PETS sí se cuenta con uno para realizar la tarea “Acondicionamiento de Solución de Riego” (PETS-PMC-03: ACONDICIONAMIENTO DE SOLUCION DE RIEGO), y las responsabilidades se encuentran en Estándar y PETS; además, en el Manual de Funciones y Responsabilidades – MOF. viii. Asimismo, cuentan con el instructivo de trabajo ICMI, IT-N° 018-Preparación de cianuro de sodio, donde incluye la adición de hidróxido de sodio (50 kg). Precisa que, la preparación de cianuro se realiza con la presencia de personal médico. ix. En cuanto a los Estándar, señala que no es correcto que no tengan los documentos adecuados para el procedimiento de trabajo. Aplicando la formulación de preguntas solicitado por el personal inspectivo se concluye que sus documentos sí cumplían con responder las siguientes preguntas:

− ¿Qué hacer? – En el estándar se responde a esta pregunta en el título general “Acondicionamiento de Solución de Riego”. En la especificación del estándar responde al objetivo acondicionamiento de solución de riesgo en forma segura del

ítem 4.5 “Los pisos y escaleras deben estar en perfectas condiciones garantizando su tránsito” − ¿Quién lo hará? En el ítem 4.4 “Las personas a realizar la maniobra serán personas capacitadas y calificadas en este caso solo el operador bajo la supervisión del jefe de guardia”. El personal jefe de guardia es una persona calificada quien lidera y es responsable de toda la operación quien tiene a cargo un operario. − ¿Cuándo se hará?: En el estándar Acondicionamiento de solución de riesgo, en el ítem 4.3 menciona la periodicidad “Este procedimiento solo se aplicará en operaciones normales de planta”, es decir, de forma diaria.

x. Siendo así, adjuntan la documentación que acredita que dieron cumplimiento a las obligaciones sobre el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo – PETS y Estándares. Menciona que realizaron la evaluación respecto a los PETS y Estándares, la cual consta en el examen Pregunta N° 15 del anexo N° 5 “Capacitación Específica en el área de Trabajo” (duración de 32 horas). Por tanto, la evaluación y desarrollo sobre la documentación presentada no ha sido correctos, por haber existido una evaluación subjetiva que no obedece a las pruebas aportadas. xi. Sobre el supuesto incumplimiento de vigilancia a la salud y seguimiento de los daños del trabajador: El hecho de que la empresa haya otorgado permiso al trabajador, no significa que no se haya realizado un adecuado seguimiento sobre su recuperación. xii. Con la historia clínica del trabajador se ha probado que fue atendido desde el momento en que se presentó en la posta médica de la unidad Tukari, encontrándose a cargo el Dr. Manuel Miranda, quien luego de la evaluación clínica decide que no es necesario derivarlo y le brindó tratamiento ambulatorio y controles hasta en dos oportunidades. xiii. Refiere que, el Dr. Manuel Miranda indicó que a insistencia del trabajador, y manifestando que quiere hacerse ver en forma particular por encontrarse disconforme con el tratamiento, le expide una orden de estudios radiográficos, los que se harían efectivos en los días posteriores, para lo que se encontraba solicitando adelanto de vacaciones. xiv. Asimismo, señala que no se ha analizado que, una vez fuera de la unidad y justo faltando un día para que venza su periodo vacacional, el día 12 recién se aproxima a la clínica donde coinciden con el diagnóstico y le brindan quince (15) días de descanso médico. xv. Posteriormente, vencidos los días de descanso, vuelve a realizar una consulta de control en la que con un nuevo diagnóstico (lumbociática) se le amplia el descanso por quince (15) días; luego, con un nuevo control fueron siete (07) días más. Su retorno a la unidad fue el día 18, aclarando que durante el tiempo mencionado, hacían seguimiento del estado de salud del trabajador a través del servicio social, conforme se encuentra registrado en su tareo los días de descanso médico. xvi. Manifiesta que, durante las diversas evaluaciones y estudios realizados, no detectaron daño de estructuras orgánicas que justifiquen un descanso tan prolongado, es más a su retorno al trabajo, el trabajador continuaba refiriendo molestias que motivaron su referencia a ESSALUD, a donde no acudió. xvii. Precisa que, posterior a lo anterior, laboró sin dificultades ni consultas médicas hasta el 28 de febrero de 2019, fecha en que se produce su cese por término de contrato. El examen médico ocupacional de retiro, en la evaluación músculo esquelética, sus resultados son normales. xviii. Actualmente, manifiesta que tiene conocimiento de que el trabajador labora con normalidad en el sector minero; por lo que, se puede entender que no existe ninguna

gravedad en la salud de este. Asimismo, presumir que por haber dado vacaciones adelantadas, se habría descuidado en darle seguimiento a la salud del trabajador resulta ilógico y no tiene sustento alguno, siendo una presunción que no tiene validez legal y, por ende, no debe ser aceptada como base para imponer inadecuadamente una sanción que no corresponde. xix. En consecuencia, no corresponde sancionarlos por la presunta comisión de la falta tipificada en los numerales 28.10 y 28.13 del artículo 28 del RLGIT; por lo que, solicitan se disponga la revocatoria de la resolución impugnada y, por tanto, se deje sin efecto la multa total impuesta. VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa en las modalidades de notificación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

este judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole). En la segunda de sus dimensiones exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales.

“(...) se proyecta (...) como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés (...). La observancia y el respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera [que] sea su materia.”

Sobre la modalidad de notificación de la denominada “constancia de insubsanabilidad”

Anexo a Constancia de Actuaciones de Investigación – Infracciones Insubsanables de fecha 02 de octubre de 2020.

“20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24. Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia. (…)” (énfasis agregado)

“No se emitirá medida inspectiva de requerimiento, en los siguientes supuestos:

10 Vigente al momento de las actuaciones inspectivas.

(…) b) Incumplimientos a las normas de SST que no pueden ser objeto de subsanación, debido a que ya se produjeron durante el periodo afectado y no susceptibles de subsanación en forma retroactiva. El Inspector dejará constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificada al sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación y deben estar sustentadas en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o de la afectación del derecho, sustento que también debe ser consignado en el Acta de Infracción” (énfasis añadido)

“El funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por los siguientes principios ordenadores: 1.Legalidad, con sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes. (…) 6. Jerarquía, con sujeción a las instrucciones y criterios técnicos interpretativos establecidos por la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo para el desarrollo de la función inspectiva, así como cumpliendo las funciones encomendadas por los directivos y responsables de la Inspección del Trabajo, en atención a las competencias establecidas normativamente (a nivel nacional, regional o local). 7. Eficacia, actuando con sujeción a los principios de concepción única e integral del Sistema de Inspección del Trabajo, especialización funcional, trabajo programado y en equipo.”

con sujeción a las directivas, instrucciones y directrices establecidas por la Autoridad Central del Sistema de Inspección, así como por los directivos y responsables de la Inspección del Trabajo.”

que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independientes para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad.11 Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente válido, en la parte que no adolece de vicio alguno o en la parte que no se tiene competencia para analizar su validez, tal como se evidencia en el presente caso respecto a la infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

11 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 12 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la información mínima en el registro de accidente de trabajo, conforme a ley. Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 1281-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 26 de octubre de 2022, y, la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador, recaído en el expediente sancionador N° 7276-2020-SUNAFIL/ILM, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en los numerales 28.10 y 28.13 del artículo 28 del RLGIT. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 1281- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 26 de octubre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en los extremos referentes a las infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en los numerales 28.10 y 28.13 del artículo 28 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.39 de la presente resolución. CUARTO.- Notificar la presente resolución a ARUNTANI S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250917SPDC- HR: 75436-2019