Aristronic Slot S.A.C — Res. 1519-2025

Mediante Orden de Inspección N° 540-2024-SUNAFIL/IRE-UCA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de relaciones laborales1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 164-2024-SUNAFIL/IRE-UCA (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito al operativo denominado “OPERATIVO DE FISCALIZACION MATERIA DE CTS PERIODO NOV-23 A ABRIL 24-IRE UCAYALI”.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 281-2024-SUNAFIL/IRE-UCA-SIFN, de fecha 03 de octubre de 2024, notificada el 09 de octubre de 2024, se inició la etapa instructiva remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 406-2024-SUNAFIL/IRE-UCA-SIFN, de fecha 28 de noviembre de 2024 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ucayali, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 000003-2025- SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, de fecha 03 enero de 2025, notificada el 07 enero de 2025, multó a la impugnante por la suma de S/. 20,188.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 24 enero de 2025, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 000003-2025-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 042-2025-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 31 de agosto de 2025, notificada el 02 de setiembre 2025, la Intendencia Regional de Ucayali declaró infundado el recurso de apelación interpuesto y dio por agotada la vía administrativa.

Con fechas 26 y 29 de setiembre de 2025, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ucayali el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 042-2025-SUNAFIL/IRE-UCA.

La Intendencia Regional de Ucayali admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-000726-2025- SUNAFIL/IRE-UCA, recibido el 06 de octubre de 2025 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ARISTRONIC SLOT S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 042-2025-SUNAFIL/IRE-UCA, que confirmó la sanción impuesta de S/ 20,188.00, por la comisión de una (01) infracción grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 03 de setiembre de 2025.

Así, al haber el órgano competente realizado el análisis respecto de si el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar si se encuentra en alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 16 del citado instrumento.

Al respecto, es de precisar que, en cuanto a las causales de improcedencia del recurso de revisión, el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, en su artículo 14, dispone lo siguiente:

En ese sentido, conforme a la norma citada, el recurso de revisión solo procede contra las resoluciones que sancionan infracciones calificadas como muy graves. En el presente caso, la resolución impugnada confirma una sanción impuesta por la comisión de una infracción calificada como grave; por tanto, el recurso no se encuentra comprendido dentro de los alcances del artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Asimismo, de la revisión de los actuados se advierte que la Resolución de Intendencia N° 042-2025-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 31 de agosto de 2025, comunicó expresamente a la impugnante que la vía administrativa había sido agotada, conforme se desprende del siguiente extracto de su parte resolutiva:

Cabe destacar que el administrado ha interpuesto un recurso extraordinario con la finalidad de reabrir una controversia respecto de la cual la vía administrativa ya había sido

En esa línea, el jurista Morón Urbina8 sostiene que determinadas actuaciones pueden constituir una transgresión al principio de buena fe procedimental, señalando al respecto lo siguiente:

Asimismo, el citado autor advierte que la autoridad administrativa también tiene el deber de identificar y sancionar dichas conductas:

En el caso concreto, esta Sala advierte que la actuación de la impugnante vulnera el principio de buena fe procedimental, al haber interpuesto un recurso extraordinario respecto de materias ajenas a la competencia de este Tribunal, pese a que la vía administrativa ya había sido formalmente declarada agotada. Tal conducta revela un uso indebido del procedimiento administrativo con fines dilatorios, en contravención del principio de buena fe procedimental.

En virtud de lo expuesto, esta Sala deja expresa constancia de dicha actuación, exhortando al administrado a que sus futuros actos procedimentales se enmarquen dentro del principio de buena fe procedimental. Asimismo, se advierte que, en caso de reincidencia, este Tribunal evaluará la adopción de las medidas que correspondan dentro de los márgenes establecidos por el ordenamiento jurídico aplicable.

Por consiguiente, conforme al literal a) del artículo 1610 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, corresponde declarar la improcedencia del recurso de revisión

En ese marco, y considerando además que la resolución impugnada se encuentra firme y consentida, no resulta jurídicamente posible emitir pronunciamiento sobre los argumentos planteados por la impugnante, en tanto estos pretenden cuestionar un acto que agotó la vía administrativa.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.