Aris Industrial S.A — Res. 227-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Hostigamiento y actos de hostilidad (Otros hostigamientos); Remuneraciones (Pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional (Sueldo y salarios)), incluye todas. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft soft 1.3 De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 959-2019-SUNAFIL/ILM, de fecha 29 de marzo de 2019 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 520-2019- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 10 de junio de 2019 y notificada el 10 de julio de 2019, multó a la impugnante por la suma de S/ 14,940.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración de los días 07, 08 y 09 de febrero de 2018, así como los días 20, 21, 23 y 24 del mes de julio de 2018, a favor del trabajador Juan Francisco Huamán Peña, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento adoptada el 02 de octubre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50. 1.4. Con fecha 01 de agosto de 2019, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 520-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE3, argumentando lo siguiente:

i. La facultad sancionadora del empleador se encuentra consagrada en el artículo 9 del TUO de la LPCL aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR. En ese sentido, no debió ser materia de discusión si hicimos uso válido de la facultad disciplinaria, pues se comprobaron los hechos e incumplimientos antes de que el trabajador fuera sancionado y se aplicó una sanción proporcional y razonable. Siendo ello así, el trabajador aceptó haber cometido las faltas. ii. Sin embargo, como el propio informe final que ha sido ratificado por la Resolución lo reconoce de manera expresa: i) tal plazo no existe en nuestro ordenamiento jurídico; y ii) ARIS si le brindó la oportunidad al trabajador para que presente sus descargos; sin embargo, el trabajador aceptó las faltas cometidas. iii. La resolución es nula por estar indebidamente motivada. En efecto, en el escrito de descargos al Informe Final del cual se basa la presente resolución, planteamos cinco razones por las que la Sub Intendencia debía dejar sin efecto el Acta de Infracción. La Resolución se ha pronunciado y desestimado dichos agravios invocando una motivación notoriamente aparente, en el sentido que está compuesta por frases genéricas y vacías de contenido, que no expresan las razones mínimas de conclusión. iv. La tipificación de la infracción en la que se pretende sancionar sobre la base de un supuesto “vacío legal”, teniendo como medios, cláusulas generales o por vía de la analogía, resultan siendo ilegales, y violarían el principio de tipicidad. v. Reiteramos que se ha vulnerado los Principios de Impulso de Oficio, Presunción de Veracidad y de Verdad Material, pues ni el inspector ni la

Autoridad Instructora, valoraron el hecho que el trabajador ha aceptado su culpabilidad y firmado el documento de suspensión sin goce de haber en señal de conformidad. vi. Existe vulneración del Principio de Legalidad, al exigirnos un plazo para que el trabajador presente sus descargos a una suspensión si goce de haber, sin una base legal que sustente su exigencia. Asimismo, advertimos que se viola este principio al exceder su competencia al fiscalizar materias que no corresponden a la inspección de trabajo. 1.5. Con fecha 18 de octubre de 2019, la impugnante solicita el uso de la palabra. Al respecto, se concede el uso de la palabra el día 11 de diciembre de 2019 a las 09:00 horas.

- En el presente procedimiento se cumplen con los requisitos regulados en el artículo 259 del TUO de la LPAG, ya que el plazo para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador venció largamente al haberse cumplido más de 9 meses desde la notificación de Imputación de Cargos, sin que se haya notificado algún oficio sustentando una ampliación de plazo de manera excepcional previo a su vencimiento.

2 Notificada a la inspeccionada el 16 de agosto de 2021. interpuesto por la impugnante, contra Resolución de Sub Intendencia N° 520-2019- SUNAFIL/ILM/SIRE3, por considerar que:

i. El poder de dirección que ostenta el empleador, se debe tener presente que debe estar dentro de los límites de razonabilidad, a fin de que su ejercicio no se considere como arbitrario e irregular; razón por la cual, existen dos límites; interno y externo. Los primeros se encuentran circunscritos por las definiciones propias de la libertad de empresa y del poder de dirección, y los segundos, relacionados con el principio de razonabilidad y los derechos fundamentales del trabajador. ii. Respecto al procedimiento para la aplicación de una medida disciplinaria, sea amonestación o suspensión, corresponde tomar en cuenta lo establecido por el Tribunal Constitucional, que en la sentencia recaída en el Expediente N° 00206-2013- PA/TC, ha señalado: "(...) los derechos que componen el debido proceso no sólo se deben aplicar en los procesos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos, en los procedimientos corporativos privados y en general, en cualquier proceso o procedimiento en el cual materialmente se discutan o restrinjan derechos. Uno de estos derechos es el derecho de defensa, y como un derecho que garantiza su —ejercicio al interior de un procedimiento sancionador, el derecho a la comunicación previa de la infracción (...) En efecto, de acuerdo a las sentencias emitidas en los Expedientes 0067-1993-AATC, 0083-2000-AA/TC, 1612-2003-AA/TC, 1489- 2004-AA/TC, 5215-2007-PA/TC, entre otras, en el seno de un procedimiento disciplinario privado es necesario "[notificar] previamente a los [implicados] acerca de las faltas que se les imputan, a fin de que ejerzan su defensa. [Así, deben] comunicarles por escrito los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, y otorgarles un plazo prudencial a efectos de que —mediante lo expresión de los descargos correspondientes—puedan ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa". iii. En este contexto, en cuanto al derecho de defensa en sanciones de suspensión, si bien las normas legales sobre la vigencia del derecho de defensa en la aplicación de sanciones distintas al despido no precisan; sin embargo, si a igual razón corresponde igual derecho, es evidente que el empleador debe respetar el derecho de defensa, sea cual sea la falta cometida y sea cual fuere la sanción que le imponga al trabajador. En tal sentido, si el empleador aplica una sanción sin haber respetado el derecho de defensa del trabajador incurriría en un ejercicio abusivo de su potestad sancionatoria y actuaría al margen de las disposiciones constitucionales que reconocen derechos a los trabajadores que no pueden ser desconocidos en el marco de una relación. iv. Que, la facultad de dirección de la empresa como empleadora que contiene la facultad sancionadora, no debe ser ejercida de manera indiscriminada o irrazonable, ni mucho menos sin salvaguardar los derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú, como en este caso, el derecho a la defensa; por lo cual al imponerse la sanción disciplinaria de suspensión al trabajador, se debió seguir un debido procedimiento, que si bien es cierto, no está establecido taxativamente en nuestro ordenamiento jurídico; empero, debe equipararse al procedimiento fijado para el despido, ya que de ésta forma, no se vulnera el derecho a la comunicación previa de la infracción, el cual forma parte del derecho a la defensa del trabajador dentro de un procedimiento disciplinario. v. Respecto a la solicitud de audiencia se precisa que, conforme a lo establecido en el inciso 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, con fecha 11 de diciembre se llevó a cabo

el acto de uso de la palabra solicitado por la inspeccionada, tal como quedo constancia en el Acta de Registro de Uso de la Palabra (foja 224 del expediente), que señala: "Lo manifestado en este acto por la representante del referido sujeto inspeccionado corresponde a los argumentos descritos en el recurso de apelación, presentado con fecha 01 de agosto del presente año.” vi. Respecto a la solicitud de caducidad, el procedimiento sancionar inició con fecha 15 de marzo de 2019, fecha en que se notifica a la inspeccionada, mediante Cédula de Notificación N“ 0000016863-2019, la Imputación de Cargos N° 821-2019 conjuntamente con el Acta de Infracción y la fecha en que culminó el procedimiento debe computarse con la notificación de la Resolución de Sub Intendencia N° 520-2019- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 10 de Junio de 2019, la cual fue notificada el 10 de julio de 2019 según Cédula de Notificación Nº 0000041310-2019; por consiguiente, el procedimiento sancionador fue resuelto en 3 meses y 25 días, es decir dentro del plazo de nueve (09) meses antes que tenga efectos la caducidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ARIS INDUSTRIAL S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14 Con fecha 06 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1281-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. El recurso de revisión se sustenta en la aplicación errónea del artículo 14 de la LGIT y el artículo 17 del RLGIT que regulan la medida de requerimiento. Durante el procedimiento sancionador, hemos acreditado que no existe norma que ampare las sanciones impuestas al no encontrarse regulado un plazo para presentar descargos cuando se trate de sanciones de suspensión y, por tanto, la medida disciplinaria tomada por la empresa hacia el trabajador es válida y legal. No correspondiendo el pago de la remuneración de los días 7, 8 y 9 de febrero de 2018, así como los días 20, 21, 23 y 24 de julio a favor del ex trabajador Juan Francisco Huamán Peña. Al no haber existido una infracción de fondo, no correspondía la emisión de la medida de requerimiento, ni la imposición de una sanción por su incumplimiento. ii. De igual manera, se debe tener en cuenta la Resolución N° 18-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, caso que tiene semejanza al que nos ocupa, en los que el Tribunal de Fiscalización Laboral resolvió el recurso interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. indicando lo siguiente: “6.9 En tal sentido, se evidencia que el inspector comisionado no ha realizado una correcta aplicación de los artículos 14° de la LGIT y 17.2 del RLGIT, referente a que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento, resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, supuesto que no ha ocurrido en autos, pues, en fase inspectiva no se ha realizado una correcta actuación probatoria de cara a que la Administración Pública acredite la existencia de las infracciones imputadas.

menos aun interpretando este enunciado de forma extensiva, pues el derecho administrativo sancionador se encuentra sujeto a los principios de tipicidad y legalidad. v. Asimismo, solicitamos que se conceda el uso de la palabra por al menos 15 minutos, a través de los medios que estimen pertinentes considerando los riesgos de la pandemia por COVID -19.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el pago de la remuneración del trabajador afectado 6.1 Cabe señalar que el principio de legalidad es uno de los principios ordenadores del Sistema de Inspección del Trabajo que implica el sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes según lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la LGIT.

9 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” comisión de falta y le haya otorgado un plazo razonable para efectuar los descargos correspondientes a su trabajador Juan Francisco Huamán Peña, por lo que se ha vulnerado su derecho de defensa, violentando de esta manera el debido proceso a que tiene derecho toda persona en un procedimiento disciplinario; en tal sentido, dicha sanción es arbitraria a la norma laboral”. En atención a lo señalado, el sujeto inspeccionado debía acreditar el pago de la remuneración de los días 07, 08 y 09 de febrero de 2018, así como los días 20, 21, 23 y 24 de julio de 2018; en razón de que las sanciones disciplinarias de suspensión de fecha 06 de febrero y 19 de julio de 2018 fueron establecidas de manera arbitraria. En base a la propuesta del Acta de Infracción, el inferior en grado confirmó la sanción determinada por la autoridad de primera instancia; sin embargo, de acuerdo con el tenor del artículo 46 de la LGIT, el Acta de Infracción al momento de su emisión, debe contener requisitos mínimos dentro de los cuales se encuentran, los hechos constatados por el Inspector del Trabajo que motivaron el acta y la especificación de los preceptos y normas vulneradas.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

Sobre la solicitud de informe oral

10 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar, por mayoría, FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ARIS INDUSTRIAL S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1281-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 535-2019- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 1281-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la sanción impuesta.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a ARIS INDUSTRIAL S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria, pues considero que el Tribunal de Fiscalización Laboral no tiene competencia para analizar el pago de la remuneración de los días 07, 08 y 09 de febrero de 2018, así como los días 20, 21, 23 y 24 del mes de julio de 2018, a favor del trabajador Juan Francisco Huamán Peña, sobre el que versa el expediente administrativo elevado a esta instancia de revisión. En este caso, se ha activado la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral por una infracción calificada como “muy grave a la labor inspectiva”, por no haber cumplido el empleador con la medida de requerimiento, de fecha 02 de octubre de 2018. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: 1. La Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ley Nº 29981, ha establecido la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral con carácter excepcional, conforme fluye de una lectura atenta del tercer párrafo del artículo 41. A su vez, literal b) del artículo 49 de la norma citada delega en las normas reglamentarias la determinación de las “causales establecidas” para la interposición del recurso de revisión. Es decir, la ley establece un ámbito restringido, pero la configuración de dicho ámbito es delegada a las normas sectoriales.

2. En el literal c) del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, reitera la excepcionalidad del ámbito objetivo en el que la instancia de revisión ejecuta sus competencias. De esa forma, refiere al Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR como norma que determina los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de revisión.

3. El artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, a su vez, reitera el carácter excepcional de la competencia de la instancia de revisión. En concreto, en el artículo 14, el Reglamento mencionado refiere que el recurso de revisión se interpone contra resoluciones que sancionan infracciones “muy graves”.

4. En el bloque de legalidad que se repasa, se observa que: 1) el Tribunal de Fiscalización Laboral tiene una competencia excepcional, lo que estrictamente se refiere a la competencia material establecida por la norma reglamentaria, por delegación legal; y 2) dicha competencia, excepcionalmente activada, permite que el órgano de revisión ejerza sus funciones, conforme al segundo párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 29981: emitir decisiones que constituyan precedentes de observancia obligatoria que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.

5. Conforme con la doctrina administrativista, “la competencia en razón de la materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos” 11

6. Los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son; sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren casos en los que las imputaciones contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” más algún o algunos más de distinto grado. Habitualmente, en este tipo de casos, el Tribunal de Fiscalización Laboral distingue lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

7. Una excepción a lo distinguido en el numeral anterior es el caso de las infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenido en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Existen casos en donde la competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral es dudosa, pues los recursos de revisión se tramitan por sanciones impuestas por inejecución de medidas de requerimiento que, en sustancia, versan sobre un comportamiento subsumible en tipos sancionadores calificados por la normativa como infracciones “graves” o hasta “leves”. En tales casos, el análisis de la razón jurídica de las medidas de requerimiento debe limitarse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son, en efecto, las infracciones calificadas como graves y leves.

8. Del análisis del escrito de revisión no se identifica que la impugnante fundamente su recurso en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, respecto de la infracción “muy grave” (único objeto de análisis pasible de pronunciamiento por parte del Tribunal). Por el contrario, se observa que los argumentos de defensa de la recurrente implican que esta Sala tome

11 Gordillo, A. (2007). Tratado de derecho administrativo: el acto administrativo (Vol. 3). Agustín Gordillo. https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo8.pdf

posición sobre la calificación efectuada de la falta administrativa respecto de una materia distinta a infracciones muy graves, cuestión que, como se ha expuesto, excede la competencia que la ley ha otorgado a este Tribunal.

9. En efecto, si bien la recurrente ha impugnado la aplicación de una medida de requerimiento (infracción muy grave), se observa que las alegaciones planteadas recaen sobre aspectos en los cuales la Intendencia competente, como instancia de apelación, se ha pronunciado ya, al tratarse de materia calificada por la norma como infracción grave y/o infracción leve.

10. Entonces, respecto de dicha materia, se ha agotado ya la vía administrativa en la instancia de apelación, y al no presentarse argumentos que cuestionen los fundamentos expuestos por las instancias inferiores sobre la infracción objeto del recurso de revisión (infracción muy grave), se determina que el recurso de revisión no desvirtúa la sanción aplicada respecto de la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, de fecha 02 de octubre de 2018, resultando infundado el recurso de revisión que se ha interpuesto.

11. Finalmente, el Tribunal de Fiscalización Laboral podría, sobradamente, ejercer la tutela administrativa a través del efecto unificador que tienen los precedentes de observancia obligatoria incluso sobre casos como este, donde las materias cuyo análisis es indispensable recaen en una materia distinta a la que activa la competencia de la instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO en los términos expuestos en el presente voto en discordia. Presidente