Arena Verde S.A.C — Res. 586-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Comité (o supervisor) de Seguridad y Salud en el Trabajo, Estándares de higiene ocupacional (Sub materia: Comedor – vestuario – servicios higiénicos y Botiquín), Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo. Instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad y Aviso señales de seguridad), Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas), Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); Identificación de peligros y evaluación de riesgos: (Sub materia: Prevención de riesgos), y, Planes y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el Trabajo) soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

denominado “OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN PERU RURAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AGRICULTURA LAMBAYEQUE AGOSTO 2021”.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con acreditar la entrega de equipos de protección personal (EPP) a favor de los trabajadores, para la protección solar y frente al riesgo biológico Covid-19, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 91,916.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, notificada el 27 de setiembre del 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 184,932.00.

2 Notificada a la impugnante el 16 de septiembre de 2022, véase folio 483 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Procedimiento De Nulidad De Oficio

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Concepto del acto administrativo regulado en el numeral 1.1 del artículo 1 del TUO de la LPAG. 9 Validez del acto administrativo regulado en el artículo 8 del TUO de la LPAG. 10 Presunción de validez regulada en el artículo 9 del TUO de la LPAG.

IV. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN N° 048-2024- SUNAFIL/TFL-Primera Sala

11 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.”

procedimiento regular (recurso de revisión) por un órgano competente (el Tribunal de Fiscalización Laboral), con un objeto o contenido determinado (declara infundado el recurso), y con una finalidad pública (la correcta aplicación de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo); sin embargo, se evidencia que la motivación de la misma presentaría defectos según se desglosará a continuación.

V. DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR ARENA VERDE S.A.C., EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 245-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 14 de setiembre de 2022

otras, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 17 de septiembre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 245-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando lo siguiente:

i. INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DEL TUO DE LA LPAG SOBRE LA NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA ii. El presente procedimiento sancionador es nulo desde su origen, y la Intendencia ha validado arbitrariamente la vulneración de las garantías mínimas del debido procedimiento debido a que no ha tomado en consideración que Arena Verde no ha sido notificada correctamente con la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción que sustentan el presente procedimiento. iii. La norma establece que la Administración, entre otros, debe asegurarse que el documento que se traslade al administrado deba estar completo para que se considere que se ha efectuado una notificación válida, lo cual no ha sucedido en el caso concreto. iv. Sobre el particular, debe resaltar la importancia de que se nos notifiquen los documentos íntegros para que nosotros, como administrados, podamos ejercer su derecho de defensa. Ello resulta aún más relevante en el caso concreto, porque la notificación incompleta de la Imputación de Cargos ha impedido que podamos tomar conocimiento plenamente de la presunta infracción por la cual se nos pretende sancionar, lo cual ha viciado todo el procedimiento. v. Reitera que Arena Verde no recibió la alerta que la Sunafil está obligada a enviar cada vez que se deposita un documento en nuestra Casilla Electrónica, lo cual conlleva a la nulidad de dicho acto. Ello es así porque el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020- TR establece que la Sunafil debe emitir las alertas respectivas para que la notificación sea considerada válida y surta plenos efectos vi. Como se puede observar, la Intendencia se desliga de la responsabilidad de resolver en base a los principios del debido procedimiento, verdad material y confianza legítima, pretendiendo eximirse de responsabilidad al señalar que las alertas son emitidas por el propio Sistema, sin haber realizado la comprobación respectiva de si la alerta le llegó a

Arena Verde o no. Ello no solo demuestra un desconocimiento del funcionamiento del SINEL SUNAFIL sino que además se opone a reiterados pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral que exigen la emisión de la alerta para la validación de las notificaciones, tal como se indica, por ejemplo, en la Resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral 508-2022-SUNAFIL/TFL -Primera Sala. vii. De acuerdo los 2 vicios advertidos y acreditados en el presente escrito podemos afirmar que la Intendencia ha inaplicado el artículo 24 del TUO de la LPAG porque no ha señalado bajo qué criterios ha omitido 2 requisitos tan importantes para la notificación, esto es, a) que se notifiquen los documentos completos; y, b) que la Administración cumpla con las formalidad a las que está supeditada las notificaciones a través del uso de las herramientas de la Tecnología de la Información y Comunicaciones. viii. LA INTENDENCIA INAPLICÓ DEL NUMERAL 9 DEL ARTÍCULO 248 DEL TUO DE LA LPAG, QUE REGULA EL PRINCIPIO DE LICITUD E INCURRIÓ EN UN DEFECTO DE DEBIDA MOTIVACIÓN ix. Así pues, queda claro que la única forma mediante la cual la Administración pueda dejar de lado la presunción de licitud es cuando cuenta con medios probatorios idóneos que acrediten que el empleador ha incumplido con sus obligaciones laborales. Es decir, la carga de la prueba corresponde a la Administración, pues son ellos quienes deben de acreditar que el sujeto inspeccionado ha cometido alguna infracción. Con esto, lo que se busca es que la Administración pueda contar con todos los medios necesarios para emitir un pronunciamiento debidamente motivado, situación que no ocurre en el presente procedimiento sancionador x. en el caso en concreto, la Intendencia determinó que la documentación presentada por ARENA VERDE no resulta ser la idónea para desvirtuar las conductas infractoras, y para ello simplemente se ha limitado a citar lo señado en los considerandos 21, 22 y 23 de la Resolución de Sub-Intendencia, sin efectuar ningún análisis sobre los medios probatorios presentados a lo largo de la investigación y del procedimiento administrativo sancionador que demuestran que ARENA VERDE cumplió con su obligaciones relacionadas a la entrega de EPP a sus trabajadores. xi. En efecto, tal como señala en nuestro recurso de apelación, la Resolución de Sub- Intendencia que resolvió nuestro recurso de reconsideración no tomó en cuenta todos los registros de entrega de Equipos de Protección Personal periodo comprendido entre el 04 de octubre del 2021 al 17 de febrero del 2022 que presentó ARENA VERDE en forma virtual como presencial. Al respecto, debemos de advertir que presentamos todos nuestros registros de entrega porque por el error advertido en la primera parte del escrito nos resultaba complicado identificar quiénes eran los trabajadores supuestamente afectados. xii. APLICACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LGIT, QUE REGULA LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA INSPECTIVA DE REQUERIMIENTO xiii. De acuerdo con lo señalado por los Inspectores, la Medida Inspectiva de Requerimiento fue adoptada solamente con la valoración de la información remitida por correo electrónico y NO EN BASE A LAS VERIFICACIONES QUE REALIZARON LOS INSPECTORES EN SU VISITA INSPECTIVA DEL 25/08/2021. xiv. Al respecto, es preciso señalar que los correos electrónicos tienen una capacidad limitada y no son un medio idóneo para acreditar el cumplimiento de obligaciones como la entrega de EPPs, más aún si tomamos en cuenta que por la naturaleza de nuestras operaciones llevamos registro físicos y no digitales, lo cual implicó que tuviéramos que escanear solo una muestra de nuestros registros para ser enviados al personal inspectivo

con el tiempo y recursos que ello implica tomando en consideración la cantidad de trabajadores con las que cuenta. xv. En ese sentido, los Inspectores lejos de valorar que al momento de la visita pudieron observar que nuestros trabajadores contaban con los EPPs propios de su labor, asumió que ARENA VERDE era un empleador infractor, trasladando la carga de la prueba al administrado, lo cual atenta contra el principio de legalidad porque no se ha demostrado más allá de la duda razonable que ARENA VERDE haya incurrido en un incumplimiento sancionable. xvi. Por ello, considera que el sustento de la Medida Inspectiva de Requerimiento es insuficiente y, evidencia que el personal inspectivo no procuró realizar todas las diligencias necesarias para acreditar fehacientemente el incumplimiento, sino que se limitaron a verificar las materias encomendadas principalmente de forma documentaria obviando mencionar lo advertido en la visita del 25/08/2021.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración al debido procedimiento administrativo y al derecho de defensa

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. (...) De igual modo, (…) este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (párrafo 69) (…) (énfasis añadido).

“los actos administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa” (énfasis añadido).

el procedimiento, sino que –por el contrario– desde su origen mismo debe dar la oportunidad para su participación útil12.

12 MORÓN URBINA, J.C. (2017). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (12va edición). Lima: Gaceta Jurídica, Tomo I, p. 78. 13 Cf. Sentencia recaída en el expediente N° 3741-2004-AA/TC, fundamento 24 al 26. 14 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”.

procedimiento consagrado en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG15, debido a que la autoridad administrativa no se sujetó al procedimiento establecido, transgrediendo las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.12. El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

15 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.” 16 TUO de la LPAG, “Artículo 213.- Nulidad de oficio 213.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 213.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. (…)”

administrativo dentro de la relación jurídica procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo.

17 TUO de la LPAG, “Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados a él. (…)”.

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución N° 048-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 19 de enero de 2024, que resolvió el recurso de revisión interpuesto por ARENA VERDE S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 245-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, por los fundamentos expuestos en los considerandos 4.1 a 4.7 de la presente resolución.

SEGUNDO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ARENA VERDE S.A.C. y, en consecuencia, declarar la NULIDAD de todo lo actuado a partir de la notificación de la Imputación de Cargos N° 735-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 10 de diciembre de 2021, emitida por la Autoridad Instructora de la Intendencia Regional de Lambayeque, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 731-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la notificación de la Imputación de Cargos N° 735-2021/SUNAFIL/IRE- LAM/SIAI, a fin que la instancia competente proceda de acuerdo con sus atribuciones considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolución a ARENA VERDE S.A.C., y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando __ de la presente resolución.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240612MLA - HR:168243-2022