Arena Verde S.A.C — Res. 48-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Comité (o supervisor) de Seguridad y Salud en el Trabajo, Estándares de higiene ocupacional (Sub materia: Comedor – vestuario – servicios higiénicos y Botiquín), Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo. Instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad y Aviso señales de seguridad), Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas), Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER): (Sub materia: Prevención de riesgos), y, Planes y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el Trabajo). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con acreditar la entrega de equipos de protección personal (EPP) a favor de los trabajadores, para la protección solar y frente al riesgo biológico Covid-19, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 91,916.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, notificada el 27 de setiembre del 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 184,932.00.

i. La Resolución de Sub Intendencia vulnera el principio del debido procedimiento, ya que la Imputación de Cargos no fue debidamente notificada, al anexar el Acta de Infracción solo con 10 páginas, asimismo, la SUNAFIL tiene la obligación de alertar al usuario a través del correo electrónico de la empresa, cuando se notifica un documento en la casilla electrónica, siendo que nunca se recibió dicha alerta.

ii. No se ha valorado de manera correcta todos los medios probatorios presentados por la empresa y no se ha dado respuesta a nuestra queja por defectos de tramitación, debido a que la empresa procedió a presentar los registros de entrega de equipos de protección personal con los que contaba por el periodo comprendido entre el 04 de

2 Véase folio 115 del expediente sancionador. 3 Véase folio 441 del expediente sancionador.

octubre del 2021 al 17 de febrero del 2022, omitiendo valorar toda la documentación presentada, vulnerando el derecho a la debida motivación de las resoluciones, ya que no ha analizado todos los nuevos medios probatorios que la empresa ha cumplido con presentarle.

iii. La Resolución de Sub Intendencia vulnera el principio de tipicidad, debido a que nos sanciona por haber incurrido en el tipo infractor contenido en el numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT, sin embargo, la empresa ha cumplido con presentar todos los cargos relacionados a la entrega de los equipos de protección personal.

iv. La Resolución de Sub Intendencia vulnera el principio del concurso de infracciones al imputar sanciones que se originan de un mismo hecho generador, ya que las infracciones provienen o se generan a partir del presunto incumplimiento de no haber entregado equipos de protección personal, siendo que el citado principio implica que se imponga la sanción de mayor gravedad, caso contrario la sanción sería desproporcionada y constituiría un ejercicio abusivo del poder por parte de la autoridad correspondiente.

i. Cabe agregar que, en cuanto a la notificación de la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción, se verifica que dichos documentos fueron debidamente notificados a través de la casilla electrónica de ARENA VERDE S.A.C., siendo que el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR establece que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería; es decir que, es el mismo Sistema el que emite dichas alertas a las que se refiere el administrado, siendo que la notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario, como ha ocurrido en el presente caso, desestimándose lo alegado por el impugnante en este extremo.

ii. Al respecto, se advierte que en la Resolución de Sub Intendencia N° 209-2022- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R), se ha cumplido con el sustento jurídico por el cual se ha determinado la sanción pecuniaria impuesta, siendo que además se ha detallado la conducta infractora, la norma vulnerada y la tipificación legal, así como se ha expresado claramente los hechos por los cuales se ha configurado la infracción descrita en dicha

4 Notificada a la impugnante el 16 de septiembre de 2022, véase folio 483 del expediente sancionador.

resolución, mencionándose los motivos por los cuales la inspeccionada debe ser sancionada.

iii. Siendo así, en el presente caso, el principio de tipicidad no se ha visto vulnerado, toda vez que las infracciones que se imputan al sujeto inspeccionado ARENA VERDE S.A.C., se encuentran debidamente tipificadas en los numerales 27.9 y 46.7 de los artículos 27° y 46° del RLGIT, ante el incumplimiento de la entrega de equipos de protección personal a 884 trabajadores afectados, desestimándose lo alegado por el impugnante en este extremo.

iv. En ese sentido, el concurso de infracciones se aplica cuando una misma conducta o acción constituya más de una infracción prevista en el RLGIT, no cumpliéndose dicha situación en el presente caso, toda vez que se trata de diferentes acciones o conductas referidas a no acreditar la entrega de equipos de protección personal a 884 trabajadores de la empresa ARENA VERDE S.A.C. (numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT y por otro lado, el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 27 de setiembre del 2021, conducta tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT), desestimándose lo alegado por la impugnante en este extremo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 16. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ARENA VERDE S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 245-2022-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, señalando lo siguiente:

i. Inaplicación del artículo 26 del TUO de la LPAG sobre la notificación defectuosa.

ii. El presente procedimiento sancionador es nulo desde su origen, y la Intendencia ha validado arbitrariamente la vulneración de las garantías mínimas del debido

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

procedimiento debido a que no ha tomado en consideración que Arena Verde no ha sido notificada correctamente con la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción que sustentan el presente procedimiento.

iii. La norma establece que la Administración, entre otros, debe asegurarse que el documento que se traslade al administrado deba estar completo para que se considere que se ha efectuado una notificación válida, lo cual no ha sucedido en el caso concreto.

iv. Sobre el particular, debe resaltar la importancia de que se nos notifiquen los documentos íntegros para que nosotros, como administrados, podamos ejercer su derecho de defensa. Ello resulta aún más relevante en el caso concreto, porque la notificación incompleta de la Imputación de Cargos ha impedido que podamos tomar conocimiento plenamente de la presunta infracción por la cual se nos pretende sancionar, lo cual ha viciado todo el procedimiento.

v. Reitera que Arena Verde no recibió la alerta que la Sunafil está obligada a enviar cada vez que se deposita un documento en nuestra Casilla Electrónica, lo cual conlleva a la nulidad de dicho acto. Ello es así porque el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020- TR establece que la Sunafil debe emitir las alertas respectivas para que la notificación sea considerada válida y surta plenos efectos.

vi. Como se puede observar, la Intendencia se desliga de la responsabilidad de resolver en base a los principios del debido procedimiento, verdad material y confianza legítima, pretendiendo eximirse de responsabilidad al señalar que las alertas son emitidas por el propio Sistema, sin haber realizado la comprobación respectiva de si la alerta le llegó a Arena Verde o no. Ello no solo demuestra un desconocimiento del funcionamiento del SINEL SUNAFIL, sino que además se opone a reiterados pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral que exigen la emisión de la alerta para la validación de las notificaciones, tal como se indica, por ejemplo, en la Resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral 508-2022-SUNAFIL/TFL -Primera Sala.

vii. De acuerdo a los 2 vicios advertidos y acreditados en su escrito, se aprecia que la Intendencia ha inaplicado el artículo 24 del TUO de la LPAG porque no ha señalado bajo qué criterios ha omitido 2 requisitos tan importantes para la notificación, esto es, a) que se notifiquen los documentos completos; y, b) que la Administración cumpla con las formalidades a las que está supeditada las notificaciones a través del uso de las herramientas de la Tecnología de la Información y Comunicaciones.

viii. La Intendencia inaplicó del numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, que regula el principio de licitud e incurrió en un defecto de debida motivación.

ix. Así pues, queda claro que la única forma mediante la cual la Administración pueda dejar de lado la presunción de licitud es cuando cuenta con medios probatorios idóneos que acrediten que el empleador ha incumplido con sus obligaciones laborales. Es decir, la carga de la prueba corresponde a la Administración, pues son ellos quienes deben de acreditar que el sujeto inspeccionado ha cometido alguna infracción. Con esto, lo que se busca es que la Administración pueda contar con todos los medios necesarios para emitir un pronunciamiento debidamente motivado, situación que no ocurre en el presente procedimiento sancionador.

x. En el caso en concreto, la Intendencia determinó que la documentación presentada por ARENA VERDE no resulta ser la idónea para desvirtuar las conductas infractoras, y para ello simplemente se ha limitado a citar lo señado en los considerandos 21, 22 y 23 de la Resolución de Sub Intendencia, sin efectuar ningún análisis sobre los medios probatorios presentados a lo largo de la investigación y del procedimiento administrativo sancionador que demuestran que ARENA VERDE cumplió con su obligaciones relacionadas a la entrega de EPP a sus trabajadores.

xi. En efecto, tal como señala en nuestro recurso de apelación, la Resolución de Sub- Intendencia que resolvió nuestro recurso de reconsideración no tomó en cuenta todos los registros de entrega de Equipos de Protección Personal periodo comprendido entre el 04 de octubre del 2021 al 17 de febrero del 2022 que presentó ARENA VERDE en forma virtual como presencial. Al respecto, debemos de advertir que presentamos todos nuestros registros de entrega porque por el error advertido en la primera parte del escrito nos resultaba complicado identificar quiénes eran los trabajadores supuestamente afectados.

xii. Aplicación errónea del artículo 14 de la LGIT, que regula la imposición de una medida inspectiva de requerimiento

xiii. De acuerdo con lo señalado por los Inspectores, la Medida Inspectiva de Requerimiento fue adoptada solamente con la valoración de la información remitida por correo electrónico y NO EN BASE A LAS VERIFICACIONES QUE REALIZARON LOS INSPECTORES EN SU VISITA INSPECTIVA DEL 25/08/2021.

xiv. Al respecto, es preciso señalar que los correos electrónicos tienen una capacidad limitada y no son un medio idóneo para acreditar el cumplimiento de obligaciones como la entrega de EPPs, más aún si tomamos en cuenta que por la naturaleza de nuestras operaciones llevamos registro físicos y no digitales, lo cual implicó que tuviéramos que escanear solo una muestra de nuestros registros para ser enviados al personal inspectivo con el tiempo y recursos que ello implica tomando en consideración la cantidad de trabajadores con las que cuenta.

xv. En ese sentido, los Inspectores lejos de valorar que al momento de la visita pudieron observar que nuestros trabajadores contaban con los EPPs propios de su labor, asumió que ARENA VERDE era un empleador infractor, trasladando la carga de la prueba al

administrado, lo cual atenta contra el principio de legalidad porque no se ha demostrado más allá de la duda razonable que ARENA VERDE haya incurrido en un incumplimiento sancionable.

xvi. Por ello, considera que el sustento de la Medida Inspectiva de Requerimiento es insuficiente y, evidencia que el personal inspectivo no procuró realizar todas las diligencias necesarias para acreditar fehacientemente el incumplimiento, sino que se limitaron a verificar las materias encomendadas principalmente de forma documentaria obviando mencionar lo advertido en la visita del 25/08/2021.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la notificación por casilla electrónica

“Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto supremo se consideran las definiciones siguientes: 5.1 Casilla electrónica: es el buzón electrónico asignado al usuario, creado en el Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), cuyo propósito es el trámite seguro y confiable de las notificaciones en el marco de los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La casilla electrónica se constituye en un domicilio digital obligatorio”.

“La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería”.

a) Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifique.

b) Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica. c) Mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne.

“20.4. La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25”.

“Artículo 11.- Validez y efecto de la notificación vía casilla electrónica 11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. 11.2 La notificación surte efecto el día que conste haber sido recibido en la casilla electrónica o, en caso tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida. 11.3 El cómputo de los plazos expresados en días se inicia el día hábil siguiente de aquel en que la notificación vía casilla electrónica surte efectos, salvo que en el acto administrativo notificado se señale una fecha distinta.

Artículo 12.- Imposibilidad de uso de la notificación vía casilla electrónica

Sobre la supuesta notificación defectuosa

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

hallazgos que posteriormente fueron consolidados en el Acta de Infracción. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

De la presunta afectación al debido procedimiento y motivación

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”11. 6.12 Asimismo, el TUO de la LPAG es clara en señalar en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, comprendiéndose entre estos el derecho “a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”. 6.13 La misma norma consagrada dicho derecho como un elemento de validez del acto administrativo, de modo que su ausencia determinaría su nulidad12, así como también lo consagra como uno de los principios rectores de toda actuación administrativa13. 6.14 De lo señalado, se desprende que la Administración tiene el deber de producir sus decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de este principio, la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar a los administrados”14. 6.15 Así, el principio del debido procedimiento se constituye como garante de una serie de derechos procesales de los administrados, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ofrecer y producir pruebas, y que las mismas sean debidamente valoradas por la Administración (…)”

11 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 12 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)” 13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 14 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Grijley, 2019), 83.

“(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (énfasis añadido).

15 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 16 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Sobre la vulneración al Principio de licitud 6.44. En el presente caso la autoridad administrativa cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, desvirtuando el principio de licitud del administrado, al determinar las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora, correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios

17 “TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

documentales que sustenten su alegato; sin embargo, no se aprecia el mismo. Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con acreditar la entrega de equipos de protección personal (EPP) a favor de los trabajadores, para la protección solar y frente al riesgo biológico Covid-19. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, notificada el de setiembre del 2021.

Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ARENA VERDE S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 245-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 731-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 245-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a ARENA VERDE S.A.C., y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240117MLA