Arce Sociedad de Responsabilidad Limitada — Res. 403-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios), Gratificaciones, Pago de bonificaciones); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de Boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Hostigamiento y Actos de hostilidad (Sub materia: Otros hostigamientos); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS). soft 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las gratificaciones a favor del señor Damian Paulino Roiser Amador, de julio y diciembre de 2019, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 242 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria de las gratificaciones a favor del señor Damian Paulino Roiser Amador, de julio y diciembre de 2019, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 243 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración a favor del señor Damian Paulino Roiser Amador, de marzo de 2020, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 244 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,980.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar las boletas de pago del señor Damian Paulino Roiser Amador, de mayo 2019 a marzo de 2020, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 235 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 396.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 11 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/3,388.00.

i. Incompetencia de la SUNAFIL Ancash para determinar la existencia de vínculo laboral de trabajadores de otras regiones, distintas a la de su competencia; siendo que las personas que se han considerado como trabajadores afectados, laboran en otras dependencias del Perú, más no en la región de Ancash.

2 Conforme lo dispone el RLGIT. 3 Conforme lo dispone el RLGIT. 4 Conforme lo dispone el RLGIT. 5 Conforme lo dispone el RLGIT.

ii. Agrega que, todos los trabajadores laboraban en direcciones distintas a la orden de inspección, excepto uno, argumento que acredita con el Formulario 1604-1- Comprobante de Información Registrada-SUNAT. Siendo que la Intendencia Regional de Ancash solo tiene competencia en el ámbito territorial de la región Ancash, más no de otras regiones. iii. Afirma que la Sub Intendencia ha incurrido en errores e inconsistencias, pues, los inspectores de trabajo, extralimitándose en sus funciones basaron su inspección en trabajadores que prestaban sus servicios en diferentes regiones a la de su competencia, en consecuencia, todo el procedimiento administrativo que tiene sustento en el Acta de Infracción deviene en nula. iv. De otro lado, afirma que, la propia Sub Intendencia de Resolución de Ancas que el inspector comisionado desde el primer requerimiento de información evidenció que los trabajadores laboraban en sedes de trabajo o sucursales fuera del ámbito de su competencia (regiones distintas a la de Ancash), sin embargo, ilegalmente decidió continuar con sus actuaciones de investigación, pese a que no tenía facultades para ello. El mismo error cometió el órgano instructor al iniciar el procedimiento administrativo sancionar, imputándole la comisión de faltas por nueve trabajadores afectados, de los cuales ocho trabajadores no se encontraban dentro del ámbito de su competencia, para que el órgano sancionador convalide las actuaciones. v. Señala que de lo dispuesto en el TUO de la LPAG en su artículo 212.1, desprende que no se trata de un error material, pues esta solo corresponde cuando no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; por lo que, conforme lo ha expuesto, el Acta de Infracción y todo el procedimiento de fiscalización no cometió un error material o aritmético, pues desde un primer momento se desarrolló la relación de todos los trabajadores de su representada, así como la constancia de alta de donde constaba su centro de trabajo, por lo que no es un error material y sin trascendencia. vi. Agrega que se incurrió en una afectación a la congruencia procesal y a su derecho de defensa, al configurarse un vicio de nulidad insalvable. vii. Asimismo, señala que existe una falta de imputación clara y afectación a su derecho de defensa, por los vicios procedimentales del inspector de trabajo en el acta de infracción. viii. Añade que, se han limitado únicamente a indicar que no se ha cumplido de manera íntegra, más no se indica que no se ha cumplido, lo que limita su derecho de defensa. ix. Se afectó el debido procedimiento, pues los inspectores actuantes han intervenido sin contar con la competencia territorial.

6 Notificada a la impugnante el 20 de abril de 2022, véase folio 85 del expediente sancionador.

i. Sobre la incompetencia de SUNAFIL-ANCASH para determinar la existencia de vínculo laboral de los trabajadores, la intendencia precisa que efectivamente solo tiene competencia respecto del trabajador afectado Damián Paulino Roiser Amador, conforme lo detallado en el cuadro Nº 02 de la resolución cuestionada. Asimismo, recuerda que se ha sancionado teniendo en cuenta solo a un trabajador, y esto se ha realizado acorde a los documentos presentados por el accionante, quien no acreditó el cumplimiento de la normativa sociolaboral conforme la medida de requerimiento de fecha 11 de marzo de 2021. Indica a la recurrente que la sanción no la impone el personal inspectivo, sino la autoridad resolutora, la cual después de un análisis es quien determina cuál es la sanción imponer, recuerda a la impugnante, también, que independientemente de la competencia territorial existe una obligación por aparte del empleador el cual es cumplir con la normativa sociolaboral, la cual no cumplió con acreditar respecto al único trabajador afectado. ii. La administrada esgrime como argumento principal el incumplimiento de las normas relativas a la competencia territorial. Al respecto, verifica que si bien las actuaciones inspectivas han incluido a ocho trabajadores que de acuerdo a la información consignada en las constancias de alta de trabajador no prestarían labor dentro del ámbito territorial de la Intendencia Regional, dicha competencia ha sido delimitada por el inferior en grado; por lo que, respecto al trabajador afectado consignado en la resolución impugnada, se verifica que el procedimiento inspectivo respecto de él se ha realizado de forma correcta, por lo que, no se advierte causal de nulidad, ni el incumplimiento a las normas delimitadoras de competencia territorial. iii. Asimismo, señala que no se vulneró el derecho de defensa porque se le otorgó todas las garantías correspondientes para hacer uso de esta, sin embargo, no presentó argumento o documento alguno para acreditar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, lo cual pudo hacerlo incluso con la presentación de su escrito de descargos al informe final o en su recurso de apelación, sin embargo, no lo hizo. iv. En cuanto a los supuestos errores e inconsistencias de la Resolución de Sub Intendencia materia de apelación, refiere que del Acta de Infracción en el punto IV de los hechos constatados, se han detallado qué acreditó o no, por lo que no, se puede pretender señalar que se ha vulnerado su derecho de defensa. Asimismo, la instancia de mérito determina que respecto del trabajador afectado el señor Roiser, sí se ha realizado una investigación, se ha verificado una conducta omisiva por parte de la accionante. Por lo que, no conlleva a su nulidad. v. Sobre la falta imputación clara y afectación al derecho de defensa, de las actuaciones inspectivas aprecia que se ha dejado constancia de la documentación presentada por la accionante y precisado la documentación presentada, por lo que, no se puede señalar que no se ha valorado la misma. vi. Respecto a los derechos vulnerados en el presente proceso administrativo sancionador y de fiscalización, evidencia que la resolución cuestionada no acarrea nulidad alguna, pues se ha seguido el debido procedimiento teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la accionante, las cuales están debidamente analizados, además, precisa que el procedimiento inspectivo es correcto, toda vez que se ha respetado los plazos y los mecanismos necesarios para dar cumplimiento de sus funciones, respecto al señor Roiser, en base a ello se ha tenido en cuenta la tipificación y sanción respectiva, por lo que queda desvirtuado lo alegado por la impugnante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

7 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 8“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 9 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 10“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 11“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 12 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Arce Sociedad De Responsabilidad Limitada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 12 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 040-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, señalando lo siguiente:

i. Incompetencia de la SUNAFIL Ancash para determinar la existencia de vínculo laboral de trabajadores de otras regiones, distintas a la de su competencia; afirma que se le requirió información respecto de trabajadores que dejaron de laborar durante del periodo 2020, pero esta contenía datos de trabajadores de toda la empresa , quienes laboran en diferentes centros de trabajo a nivel nacional, siendo que las personas que se han considerado como trabajadores afectados, laboran en otras dependencias del Perú, más no en la región de Ancash. ii. Agrega que, todos los trabajadores laboraban en direcciones distintas a la orden de inspección, excepto uno, argumento que acredita con el Formulario 1604-1- Comprobante de Información Registrada-SUNAT. Siendo que la Intendencia Regional de Ancash solo tiene competencia en el ámbito territorial de la región Ancash, más no de otras regiones. iii. De otro lado, afirma que, la propia Sub Intendencia de Resolución de Ancash no tiene competencia respecto de trabajadores de otras regiones por más que se trate de la misma

empresa. Siendo que solo uno de los trabajadores se encontraba dentro de la actuación de su ámbito, en atención al principio de competencia, extralimitándose en sus funciones con fecha 11 de marzo de 2021 emitió una medida inspectiva de requerimiento en la que hace el recuento de los 09 trabajadores fiscalizados, sin verificar que solo era competente emitir pronunciamiento respecto del trabajador Damián Paulino Roiser Amador. iv. Inaplicación de los artículos 3.1, 10, 11, 12 y 13 del TUO de la LPAG, pues, los inspectores extralimitándose en sus funciones desplegaron sus actuaciones de fiscalización laboral respecto a trabajadores que prestan servicios en regiones diferentes a su competencia, decidieron continuar con la fiscalización e incluso emitieron una medida de requerimiento de fecha 11 de marzo de 2021, a fin que se acredite obligaciones a favor de 09 trabajadores y no solo del trabajador cuyo centro de trabajo se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, para luego emitir un Acta de Infracción respecto de todos esos trabajadores, por lo que al no observarse las limitaciones a la competencia territorial establecidas en la norma, deviene en nula por contravención al principio de legalidad, al no tomar en cuenta la competencia territorial sobre todos los trabajadores objeto de fiscalización. v. Agrega que al haberse vulnerado con la medida de requerimiento el principio de legalidad respecto a las reglas de competencia requisito de validez del acto administrativo, dicho requerimiento entrañó una orden de incumplimiento no exigible a mi representada, por lo es nula de pleno derecho. Afectándose, además, el debido procedimiento administrativo. vi. Solicita se declare la nulidad de todo el procedimiento sancionador sin responsabilidad administrativa de su representada. vii. Añade que la resolución impugnada afecta su derecho de defensa, motivación y proscripción de arbitrariedad, pues, indica que no se ha remitido la información que acredita el cumplimiento íntegro de la medida inspectiva de requerimiento; limitándose únicamente a indicar que no se ha cumplido de manera íntegra, más no se indica que no se ha cumplido, lo que limita su derecho de defensa. Agrega que adjunta la captura de pantalla de la casulla electrónica donde se observa que el 17 de marzo de 2021 ha cumplido con presentar los documentos que acreditan el cumplimiento de las observaciones realizadas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos (…) El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

momento de detallar los hechos e infracciones materia de evaluación. Cabe señalar que, el error advertido, no nulifica lo actuado en el procedimiento, pues, no modifica los hechos materia de imputación, los cuales han sido, debidamente, sustentados y determinados en la parte considerativa de la Resolución de Sub Intendencia Nº 532- 2021-SUNAFIL/IRE-ANC/SIRE, y que han sido confirmadas por la Resolución de Intendencia Nº 040-2022-SUNAFIL/IRE-ANC; por ende, no se advierte la configuración de alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

13 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (…)” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional,

(el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

14 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“El procedimiento se ajusta al siguiente trámite: a) El procedimiento sancionador se inicia sólo de oficio, a mérito de Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como de Actas de Infracción a la labor inspectiva. b) Dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, se notificará al sujeto o sujetos responsables el Acta de la Inspección del Trabajo, en la que conste los hechos que se le imputan a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos puedan constituir y la expresión de las sanciones que se les pudiera imponer. c) Luego de notificada el Acta de Infracción, el sujeto o sujetos responsables, en un plazo de quince (15) días hábiles presentarán los descargos que estimen pertinentes ante el órgano competente para instruir el procedimiento. d) Vencido el plazo y con el respectivo descargo o sin él, la Autoridad, si lo considera pertinente, practicará de oficio las actuaciones y diligencias necesarias para el examen de los hechos, con el objeto de recabar los datos e información necesaria para determinar la existencia de responsabilidad de sanción. e) Concluido el trámite precedente, se dictará la resolución correspondiente, teniendo en cuenta lo actuado en el procedimiento, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de presentado el descargo. (…) (énfasis añadido). (…)”

Sobre la supuesta afectación al derecho de defensa en el procedimiento administrativo

requeridos por la autoridad inspectiva, por lo que, no se evidencia una afectación al derecho de defensa en los términos desarrollados por la impugnante.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

15 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido.” 16 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, así como se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una

17 Entendemos que ella se refiere en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4

competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

18 Ver folios 89 y 90 vuelta del expediente sancionador.

Figura Nº 1:

“Artículo 75. Subintendencia de Sanción

La Subintendencia de Sanción es la unidad orgánica responsable de resolver, en primera instancia, el Procedimiento Administrativo Sancionador, emitir resoluciones y otros actos administrativos en el marco de su competencia cuando corresponda y en concordancia con la normativa vigente. Depende de la Intendencia Regional.

Artículo 76. Funciones de la Subintendencia de Sanción

Son funciones de la Subintendencia de Sanción las siguientes: a) Formular y proponer normas para el cumplimiento de sus funciones, en el ámbito de su competencia, en coordinación con la Dirección de Inteligencia Inspectiva y la Dirección de Prevención y Promoción, según corresponda. b) Revisar y evaluar los

informes finales de instrucción emitiendo la correspondiente resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento, según sea el caso. c) Elevar a la Intendencia Regional los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de primera instancia del procedimiento administrativo sancionador. d) Remitir las resoluciones que aplican sanción, y que se encuentren consentidas y confirmadas para el trámite de cobranza correspondiente (…)”19.

De la buena fe procedimental

19 Énfasis añadido. 20 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

“(…)utilizar el procedimiento o algunas de sus actuaciones para lograr fines fraudulentos, reiterar un pedido simultánea o sucesivamente hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada antes, alegar hechos contrarios a la realidad, emplear maniobras dilatorias o que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento, ocultar información sobre terceros interesados, son conductas contrarias a la buena fe ejecutadas por los administrados, y que vician un procedimiento por aplicación de este principio” 21 (…) “…no debe dejar de advertirse que la autoridad como instructora del procedimiento también asume el deber de estar atenta a identificar cualquier fraude, colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria y adoptar las decisiones adecuadas y para desalentarlas. Cuando ello sucede la autoridad está llamada a advertirlo y llamar la atención a las partes, valorar dicha conducta al momento de resolver (por ejemplo, en materia sancionadora) y, si cuenta con norma habilitante, aplicar al administrado desleal una multa administrativa y/u obligarle a asumir costos del proceso” 22 (énfasis añadido)

Información Adicional

21 MORÓN URBINA, Juan Carlos. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. Página 106. 22 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob cit. Página 107. 23 Tal y como se establece a través del artículo 9 del TUO de la LPAG, al establecer que “Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda”.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar el pago de las gratificaciones a favor del señor Damián Paulino Roiser Amador, de julio y diciembre de 2019. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria de las gratificaciones a favor del señor Damián Paulino Roiser Amador, de julio y diciembre de 2019 Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la remuneración a favor del señor Damián Paulino Roiser Amador, de marzo de 2020. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditar las boletas de pago del señor Damián Paulino Roiser Amador, de mayo 2019 a marzo de 2020. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 11 de marzo del 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por ARCE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 040-2022- SUNAFIL/IRE-ANC, emitida por la Intendencia Regional de Ancash, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 240-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a ARCE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y a la Intendencia de Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230426ECHV