Arca Continental Lindley S.A — Res. 714-2026

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en el Asiento N° 308 de la Partida Electrónica N° 11010787 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://conoce- aqui.sunarp.gob.pe/conoce-aqui/inicio. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre “CORPORACION LINDLEY S.A.” se deberá entender que es dirigida a “ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A.”. 2 Cabe precisar que la Imputación de Cargos en cuestión fue inicialmente tramitada para su notificación mediante Cédula de Notificación N° 0000060777-2020, expedida el 20 de noviembre de 2020; no obstante, dicha diligencia 20555195444 soft

otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

no pudo concretarse, siendo devuelta por el notificador comisionado. En ese contexto, la Autoridad Instructora II de la Intendencia de Lima Metropolitana emitió el Proveído S/N de fecha 22 de febrero de 2021, mediante el cual dispuso efectuar nuevamente la notificación correspondiente. En consecuencia, la Imputación de Cargos fue nuevamente diligenciada a través de la Cédula de Notificación N° 0000010087-2021, teniéndose por válidamente notificada el 08 de marzo de 2021.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir la obligación relativa a las condiciones de seguridad, conforme a lo desarrollado en el acápite III.1 de dicha resolución; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 07 de febrero de 2020; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

3 En aplicación de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS se establece que, en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. (…). 5 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…).

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS6, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia7. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia de Lima Metropolitana para el trámite correspondiente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…). 6 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 220.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. (Dispositivo normativo vigente al momento de la interposición del recurso impugnatorio en cuestión. Actualmente, dicha disposición corresponde al artículo 209° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS). 7 Cabe precisar que las referencias efectuadas en diversos dispositivos normativos al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. Ello, toda vez que el referido Texto Único Ordenado constituye un instrumento de técnica normativa destinado a compilar, sistematizar y armonizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones legales preexistentes y sus modificatorias, careciendo de carácter innovador o interpretativo, así como de aptitud para modificar el contenido, alcance, valor o fuerza normativa de las disposiciones objeto de ordenación. En tal sentido, las adecuaciones efectuadas en el presente pronunciamiento respecto de las referencias al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS responden únicamente a la actualización de la normativa vigente, sin que ello implique alteración alguna del contenido normativo originalmente aplicable al caso concreto. Asimismo, en aquellos supuestos en los que determinados dispositivos normativos mantengan remisiones expresas al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dichas referencias deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, actualmente aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, conservándose plenamente su eficacia jurídica. 8 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

9 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 10 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 11 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 12 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

13 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 14 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 949-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. No encontrándose conforme a derecho la resolución impugnada, por haberse vulnerado la LGIT, el RLGIT y el TUO de la LPAG, así como demás normas aplicables al caso, y dentro del plazo legal, se interpone recurso de revisión contra la resolución impugnada, conforme a los fundamentos que se desarrollan en el presente escrito. ii. En el presente procedimiento sancionador, se atribuye responsabilidad por el supuesto incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo al no haberse instalado techos en áreas que, conforme a la licencia de construcción, no estaban diseñadas para ser techadas, habiéndose emitido una medida de requerimiento que exigía su ejecución en un plazo irrazonable y materialmente imposible, además de requerir autorizaciones previas de la autoridad competente; en ese contexto, se interpone el presente recurso de revisión al advertirse la inaplicación del numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, así como de los artículos 2°, 14° y 28° de la LGIT y el numeral 20.1 del artículo 20° del RLGIT, al no haberse precisado la tipificación de la infracción en la medida inspectiva; asimismo, se advierte la inaplicación de los numerales 1.1 y 1.2 del artículo IV y el artículo 6° del referido TUO de la LPAG, así como del numeral 20.1 del artículo 20° del

RLGIT, debido a la ausencia de motivación respecto de la supuesta obligación de techar dichas áreas; y, finalmente, la inaplicación del numeral 1.4 del artículo IV del mismo cuerpo normativo, al haberse otorgado un plazo que no resulta razonable para el cumplimiento de lo requerido. iii. En cuanto a la inaplicación del numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, así como de los artículos 2°, 14° y 28° de la LGIT y el numeral 20.1 del artículo 20° del RLGIT, se advierte que la medida inspectiva de requerimiento no cumplió con los requisitos técnicos exigidos por la normativa y las directivas de la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo, al omitir la identificación expresa del tipo infractor aplicable. Esta deficiencia no solo contraviene el Principio de Legalidad, sino que afecta la validez estructural de la medida, en tanto impide establecer una adecuada correlación entre los hechos verificados y la norma sancionadora aplicable, generando incertidumbre sobre el alcance de la obligación exigida y viciando las actuaciones posteriores del procedimiento sancionador. iv. En efecto, el ejercicio de la función inspectiva se encuentra delimitado por el referido principio, que obliga a los inspectores a actuar únicamente dentro de las facultades expresamente conferidas por el ordenamiento jurídico, así como en observancia de las directivas emitidas por la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo. En ese marco, las medidas inspectivas de requerimiento deben cumplir con los requisitos establecidos normativamente, incluyendo la debida identificación de la infracción atribuida, conforme a los criterios técnicos vigentes. v. En ese sentido, la Directiva que regula las reglas generales para el Ejercicio de la Función Inspectiva establece que las medidas de requerimiento deben consignar de manera expresa el numeral del RLGIT que tipifica la infracción atribuida, a fin de garantizar claridad, certeza y predictibilidad en la actuación administrativa. Sin embargo, en el presente caso, la medida de requerimiento no cumplió con precisar dicha tipificación, omitiendo un elemento esencial para su validez. vi. Dicha omisión no constituye un defecto meramente formal, sino que afecta sustancialmente el desarrollo del procedimiento, en tanto impide al administrado conocer con precisión la conducta imputada y, por ende, limita el ejercicio de su derecho de defensa. Asimismo, esta deficiencia se refleja en actuaciones posteriores, como la variación de la tipificación en el acta de infracción, lo que evidencia una falta de coherencia y rigor en la imputación administrativa. vii. En consecuencia, al haberse emitido la medida de requerimiento sin cumplir con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico y las directivas aplicables, se configura una vulneración al Principio de Legalidad y al Principio de Debido Procedimiento, lo que acarrea la nulidad de dicha medida y de los actos posteriores, incluyendo la resolución de primera instancia y la resolución impugnada, conforme a lo dispuesto en el artículo 10° del TUO de la LPAG. viii. En cuanto a la inaplicación de los numerales 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 6° del TUO de la LPAG, así como del numeral 20.1 del artículo 20° del RLGIT, se advierte que la actuación inspectiva no ha cumplido con el Principio de Legalidad ni con el Principio de Debido Procedimiento, en tanto la medida de requerimiento carece de una debida motivación que sustente la obligación impuesta. ix. En efecto, el Principio de Debido Procedimiento exige que toda actuación administrativa esté debidamente motivada, lo que implica una relación concreta entre los hechos verificados y las normas aplicables, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del TUO de la LPAG. Sin embargo, en el presente caso, la medida de requerimiento no expone de manera clara ni suficiente cuáles son las razones jurídicas que obligarían a la implementación de techos en determinadas áreas del centro de trabajo, limitándose a invocar de manera genérica supuestos riesgos sin una verificación objetiva y debidamente sustentada.

x. Asimismo, se advierte que no existe una norma específica que imponga la obligación de techar las áreas observadas, más aún cuando la infraestructura del centro de trabajo había sido previamente aprobada por la autoridad competente conforme a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. En ese sentido, la exigencia formulada implica una modificación estructural de gran magnitud sin sustento normativo ni técnico, lo que evidencia una actuación arbitraria basada en apreciaciones subjetivas del personal inspectivo. xi. En consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de una obligación legal incumplida ni haberse motivado adecuadamente la medida de requerimiento, se configura una vulneración al Principio de Legalidad y al Principio de Debido Procedimiento, lo que acarrea la nulidad de dicha medida y de los actos posteriores, incluyendo la resolución de primera instancia y la resolución impugnada, conforme a lo previsto en el artículo 10° del TUO de la LPAG. xii. En cuanto a la inaplicación del numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se advierte que la medida de requerimiento no respetó el Principio de Razonabilidad, al haberse fijado un plazo que no guarda proporción con la naturaleza, complejidad y magnitud de las acciones exigidas. Conforme a la normativa y a los criterios establecidos por la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo, el plazo debe determinarse considerando factores como la gravedad de la infracción, la urgencia de la medida y, especialmente, la viabilidad material de su cumplimiento, lo cual no ha sido observado en el presente caso. xiii. En efecto, se otorgó un plazo de seis días para ejecutar medidas que implicaban no solo la contratación de especialistas y la implementación de infraestructura, sino también la obtención de autorizaciones administrativas, el diseño técnico conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones, la ejecución de obras, la implementación de medidas de seguridad adicionales, así como la capacitación del personal. Dichas exigencias evidencian que no se trataba de una acción inmediata o de simple ejecución, sino de una intervención estructural de considerable envergadura, lo cual torna manifiestamente irrazonable el plazo otorgado. xiv. Asimismo, la autoridad inspectiva no consideró las características reales del centro de trabajo ni la extensión del área involucrada, lo que refuerza la desproporción de la medida. En consecuencia, al haberse impuesto una obligación de imposible o extremadamente difícil cumplimiento dentro del plazo establecido, se configura una vulneración al Principio de Razonabilidad, lo que acarrea la nulidad de la medida de requerimiento y de los actos posteriores, incluyendo la resolución de primera instancia y la resolución impugnada, conforme a lo previsto en el artículo 10° del TUO de la LPAG. xv. Se solicita se admita a trámite el recurso de revisión interpuesto y se eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, a fin de que se revoque la resolución impugnada o, en su defecto, se declare la nulidad del procedimiento sancionador, dejando sin efecto la sanción impuesta; asimismo, se presentan como anexos los documentos que acreditan la representación correspondiente; de igual forma, al amparo del numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar y del artículo 166° del TUO de la LPAG, se solicita el uso de la

palabra y la programación de audiencia ante el Tribunal de Fiscalización Laboral, a efectos de informar oralmente los alegatos de defensa, facultándose para tal fin a los abogados designados para intervenir de manera individual o conjunta; finalmente, se deja expresa constancia de la reserva del derecho de presentar información complementaria que respalde la defensa en el presente procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión

en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos

complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

15 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse. (…)”.

requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo16. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”15, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención

16 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas efectuadas en mérito a la Orden de Inspección N° 19684-2022-SUNAFIL/ILM.

de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

FIGURA N° 01 Medida Inspectiva de Requerimiento de fecha 07 de febrero de 2020

17 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

LGIT dispone que tal medida se reflejará por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, lo que implica la observancia estricta de estándares contenidos en la reglamentación aplicable.

18 Corresponde precisar que el dispositivo normativo citado se encontraba vigente al momento de las actuaciones inspectivas.

al impedir conocer la causa jurídica que justifica su emisión y, en consecuencia, desnaturalizar su finalidad preventiva y correctiva. Una medida carente de tipificación no permite al administrado identificar la ilicitud previamente constatada ni comprender la conducta cuya subsanación se le exige, careciendo así de la estructura mínima requerida para generar efectos jurídicos válidos.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por

escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y salud en el trabajo No cumplir la obligación relativa a las condiciones de seguridad, conforme a lo desarrollado en el acápite III.1 de dicha resolución. Numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 949-2023- SUNAFIL/ILM, notificada el 19 de julio de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 4989-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Subintendencia N° 1343-2023-SUNAFIL/ILM/SISA4, notificada el 05 de junio de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 949-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 19 de julio de 2023, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución al ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260513MABJ – HR: 140775-2019