Arca Continental Lindley S.A — Res. 325-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Relaciones colectivas (Sub materia: Convenios colectivos). 2 Véase folio 78 del expediente inspectivo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el Convenio Colectivo 2017-2019 suscrito con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Embotelladora Corporación Lindley (SINATREL), tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 29,025.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el 6 de febrero de 2020, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 52,245.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 24 de enero de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 52,245.00.

i. Refieren que los argumentos esbozados por la Autoridad Sancionadora carecen de una debida motivación, toda vez que, se atribuyen incumplimientos en los que no han incurrido, así los actos administrativos realizados carecen de sustento debiendo ser declarados nulos; dado que no han sido esbozados los argumentos y/o criterios de interpretación que han llevado a la inspectora a concluir que existe una aplicación errónea o inaplicación del Convenio Colectivo, afectando su derecho de defensa y el debido procedimiento; por lo que, solicitan se declare la nulidad del procedimiento sancionador.

ii. Señalan que existe una grave contradicción, en tanto que en el Acta de Infracción se señala que supuestamente el plazo de las actuaciones inspectivas se ampliaban por 60 días hábiles; sin embargo, en la resolución se señala que el documento notificado habría sido uno donde se amplía el plazo por 30 días hábiles; por lo que, al no haberse cumplido con notificar a la empresa con la ampliación de plazo, las actuaciones inspectivas que se realizaron de manera posterior resultan inválidas, acarreando la

invalidez del presente procedimiento administrativo y, en consecuencia, del acta de infracción, informe final de instrucción y resolución.

iii. Respecto al supuesto incumplimiento del Convenio Colectivo suscrito con el SINATREL por el periodo 2017-2019, señalan que la cláusula 16 del Convenio establece un marco de aplicación del beneficio y, a pesar de que no señale expresamente que estén excluidos los días feriados o los días de descanso semanal, sí señala expresamente cuándo es que se otorga y de qué manera, precisando la oportunidad en que el concepto corresponde: “por las horas efectivamente laboradas en el horario del segundo turno respectivo de cada planta” y “por las horas efectivamente laboradas en el horario del tercer turno respectivo de cada planta”. Por ello, cuando se señala que la Bonificación de turno se otorga en función del horario respectivo de cada planta, no se refiere al trabajo ordinario de ocho (8) horas diarias o cuarenta (48) horas semanales, el que no comprende el trabajo extraordinario, fuera del horario ordinario, como sería el trabajo en feriados no laborables o en días de descanso semanal.

iv. Sostienen que, cuando el Convenio Colectivo menciona que la bonificación se otorga por el horario respectivo de cada planta, no se refiere al trabajo en día de descanso o al trabajo en día feriado, que es lo excepcional o extraordinario, pues de hacerlo estaría señalando que el horario en realidad no existe. Es decir, el turno que se valora con dicho pago de Bonificación de turno, es aquel que se realiza de manera efectiva dentro de su jornada ordinaria de trabajo; dado que la cláusula en ningún punto establece que el pago también debe hacerse cuando el trabajo se realiza en días de descanso semanal o feriados, así bajo ningún supuesto un horario podría considerar el trabajo excepcional o por encima de la jornada máxima esto es, el trabajo en sobretiempo o el trabajo en día de descanso, semanal o feriado, porque considerarlo implicaría salir de la jornada.

v. Alegan que la inspectora ha investigado, fiscalizado y propuesto una multa por una infracción para la cual no tenía competencia alguna, dado que no tenía competencia para otras materias como remuneraciones y pagos de beneficios, ni mucho menos libertad sindical, que no sea solo convenio colectivo; sin embargo, propuso una multa por una infracción que corresponde a la materia de remuneraciones y beneficios, desconociendo el principio de legalidad y sin cumplir con el procedimiento de refrendo de materia que la normativa sobre inspección laboral ha previsto.

vi. Sobre la inasistencia a la comparecencia de fecha 06 de febrero de 2020 manifiestan que no generó obstrucción a la labor inspectiva, dado que la impugnante no demostró ninguna ausencia de colaboración durante el procedimiento inspectivo.

vii. Agregan que, la multa impuesta por no haber cumplido con la medida de requerimiento, contraviene el principio de concurso de infracciones y el principio nos

bis in ídem, imputándose dos (2) infracciones por el mismo hecho, situación que no solo es irrazonable, pues consideran asimismo cuestionable que se sancione por no cumplir la medida de requerimiento, pese a que dicha infracción se configura cuando no ha existido certeza del incumplimiento de fondo, cuando aún no se ha ejercido el derecho de defensa de parte del sujeto inspeccionado, pues será recién con el acta de infracción que el sujeto inspeccionado conocerá los cargos y el sustento de los mismos, por lo que, la imposición de una sanción contraviene la presunción de inocencia.

i. Del análisis del expediente, el acta de infracción, así como el informe final de instrucción y la resolución de primera instancia, ha cumplido con manifestar respecto a los supuestos configurantes de infracción, con sujeción a lo reglado en la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, habiéndose desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observando las garantías correspondientes, como son los principios administrativos.

ii. Sobre el cuestionamiento de la ampliación de plazo, corresponde precisar que de la revisión de la Orden de Inspección N° 1771-2019-SUNAFIL/IRE-AQP, se evidencia que el plazo inicial para el desarrollo de las actuaciones inspectivas en el presente caso fue de 30 días hábiles; así estando a la ampliación de plazo otorgada con fecha 26 de noviembre de 2019, a través de la cual se autorizó la culminación de las actuaciones inspectivas en el plazo total de 60 días hábiles (30 días iniciales + 30 días de la prórroga aprobada); por lo que, la inspectora comisionada emitió el acta de infracción con fecha 06 de febrero de 2020, es decir dentro del plazo establecido, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 13 de la LGIT.

iii. Asimismo, respecto a la notificación de la referida ampliación de plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas, se verifica que a folios 73 del expediente inspectivo obra la disposición de la autoridad competente que amplía el plazo del desarrollo de las actuaciones inspectivas de la orden de inspección a 30 días hábiles adicionales, prórroga debidamente notificada a la impugnante en fecha 27 de diciembre de 2019, como se aprecia de la constancia de notificación firmada por el señor José Rodrigo Díaz López, en su calidad de Analista de Capital Humano de la empresa, denotándose de esta manera su validez, así como la toma de conocimiento por parte de la impugnante.

iv. Conforme se verifica en los documentos que obran en el expediente inspectivo, se advierte el incumplimiento de lo pactado en la cláusula 16 del Convenio Colectivo 2017-2019, al no haber abonado la impugnante a los trabajadores la bonificación de turno por las horas efectivamente laboradas en el segundo y tercer turno programados en los días de descanso semanal obligatorio o feriado, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019; lo que denota la transgresión del segundo párrafo del numeral 2 del artículo 28 de la Constitución Política, el cual rige que las convenciones colectivas tienen fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado, norma concordante con el artículo 42 del TUO de la LRCT.

3 Notificada a la impugnante el 29 de marzo de 2023. Véase folio 89 del expediente sancionador.

v. Respecto a lo alegado por la impugnante que cuando el Convenio Colectivo menciona que la bonificación se otorga por el horario respectivo de cada planta, no se refiere al trabajo en día de descanso o al trabajo en día feriado. Al respecto, la cláusula 16 del Convenio no excluye el pago de dicho beneficio al trabajo prestado en los días de descanso semanal obligatorio ni en feriado, por el contrario, establecer que el pago de las sobretasas del 15% para el segundo turno y 35% para el tercer turno, es según al trabajo efectivo realizado en los referidos turnos, siendo así, bastaba que realice trabajo efectivo dentro de las horas establecidas para el segundo y tercer turno, para tener derecho a la bonificación.

vi. Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia, la impugnante aduce que la misma no generó obstrucción a la labor inspectiva, dado que la impugnante no demostró ninguna ausencia de colaboración durante el procedimiento inspectivo.

vii. Que, en la fecha en la que fue establecida la diligencia se verifica que existió claramente la posibilidad de la impugnante de comparecer, no habiéndose presentado ningún impedimento que haya denotado la imposibilidad de asistir a la comparecencia para brindar la documentación e información requerida; razón por la cual se evidencia que ésta no procedió con un actuar diligente incurriendo en infracción.

viii. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, y lo alegado por la impugnante referido a que se contraviene el principio de concurso de infracciones y el principio de non bis in ídem, en el presente caso, no se observa transgresión al referido principio, toda vez que las conductas que han configurado las infracciones imputadas a la impugnante han acaecido de manera independiente, dado que del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento devino en dos infracciones de carácter insubsanable a la labor inspectiva, que se derivó en la determinación de la infracción en materia de relaciones laborales, siendo infracciones que poseen distinta naturaleza correspondiendo una de ellas el incumplimiento de la normativa sociolaboral, y las otras contra la inspección del trabajo, sustentándose además con la propia calidad de cada infracción, por lo que carece de sustento fáctico y jurídico lo alegado por la impugnante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 83-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento, derecho de defensa, así como el derecho a contar con una debida motivación de las resoluciones administrativas, previstos en el artículo 139, inciso 39 y 5) de la Constitución Política del Perú, así como el artículo 6 y en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en tanto que, los argumentos esbozados por la Autoridad Sancionadora carecen de una debida motivación y afectan gravemente el derecho a obtener una resolución debidamente motivada, así como el derecho al debido procedimiento administrativo, toda vez que, se les atribuye tres incumplimientos en los que no han incurrido en lo absoluto.

ii. Alegan que se ha incurrido en una motivación inexistente o motivación aparente, pues se pretende justificar una sanción arbitraria con el hecho de que supuestamente no han cumplido con lo dispuesto en la cláusula 16 del Convenio Colectivo 2017-2019 suscrito con el SINATREL, no han asistido a la diligencia de comparecencia de fecha 06 de febrero de 2020 y no han cumplido con la medida de requerimiento de fecha 24 de enero de 2020, cuando en todo momento han demostrado el cumplimiento en el otorgamiento y pago de los derechos colectivos -que se deriven de dicho convenio- a favor de sus 119 trabajadores, y por ende, no existe incumplimiento.

iii. Por otro lado, reiteran la inexistente o aparente motivación, pues el procedimiento sancionador se originó como consecuencia de la imputación de cargos que se hace en mérito al contenido del acta de infracción, el cual solo contiene “argumentos” genéricos y a la vez contradictorios que de ninguna manera explican las razones mínimas para concluir que habrían incurrido en el incumplimiento que se le atribuye. Aunado a ello, señalan que, a pesar que la Autoridad Instructora no respondió a sus argumentos de defensa, la Autoridad Sancionadora ha convalidado dicha afectación, lo cual evidencia la afectación al derecho a obtener una resolución debidamente motivada.

iv. Sostienen que la inspectora de trabajo, de manera arbitraria y sin realizar un análisis objetivo y claro sobre lo establecido en el Convenio Colectivo 2017-2019, señalo que no acreditaron el cumplimiento del pago por bonificación por turno establecido en el numeral 16 del referido convenio, precisando que debieron considerar para el cálculo y pago, primero la bonificación por turno pactada en el convenio y -solo luego de ello- la sobretasa

del 100% en las oportunidades en que el trabajador realice labores en día de descanso y/o feriado, lo cual no resiste ninguna lógica, ni cuenta con mayores sustentos.

v. Precisan que, la cláusula 16 del Convenio Colectivo 2017-2019, establece un marco de aplicación del beneficio, y que a pesar de que no señale expresamente que estén excluidos los días feriados o los días de descanso semanal, sí señala expresamente cuándo es que se otorga y de qué manera. Así pues, precisan que la referida cláusula señala el nombre del concepto (bonificación segundo turno o bonificación tercer turno), indicando el monto del concepto (15% o 35% del valor hora de jornal) y señala también la oportunidad en que el concepto corresponde “por las horas efectivamente laboradas en el horario del segundo turno respecto de cada planta” y “por las horas efectivamente laboradas en el horario del tercer turno respecto de cada planta”. Por tanto, notan que no solo es relevante para la cláusula que la bonificación corresponde por horas efectivamente laboradas, sino que además está relacionado al horario respectivo de cada planta.

vi. Manifiestan que, no desconocen que existen oportunidades en los que sus trabajadores han realizado trabajo en días feriados o en sus días de descanso semanal; así como tampoco desconocen que un Convenio Colectivo tenga fuerza vinculante, ya que así lo establece claramente la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, por lo cual sus acuerdos siempre deben ser cumplidos.

vii. Por tanto, al haberse generado una grave afectación al debido procedimiento, solicitan se declare fundado el recurso de revisión, y en consecuencia nulo el procedimiento sancionador.

viii. Advierten que se ha aplicado erróneamente lo previsto en el artículo 24 del numeral 24.4 del RLGIT, en tanto que, no solo es relevante para la cláusula que la bonificación corresponde por horas efectivamente laboradas, pues, es relevante lo estipulado en la cláusula 9 del Convenio Colectivo sobre horarios de trabajo, el que está fundado en el horario y jornada de trabajo correspondientes, y que es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales, es decir, está referido a la jornada máxima y la distribución de los turnos que se da en función de cada planta, en el que no comprende el trabajo extraordinario, fuera del horario ordinario, como sería el trabajo en feriados no laborables o en días de descanso semanal. Por tanto, señalan que, lo que el Sindicato y la Inspectora de trabajo pretenden es modificar la cláusula del Convenio Colectivo, y dejar sin efecto el texto que hace referencia expresa al horario como marco de aplicación de la bonificación por turno.

ix. Aducen que la redacción de la cláusula 16 del Convenio Colectivo 2017-2019, sobre bonificación fue la misma que la del Convenio Colectivo 2015-2017, y la aplicación de ese beneficio venía siendo el mismo, lo que resulta irrazonable e ilegal que, luego de suscritos

dos convenios con el mismo texto y aplicación, se pretenda modificar la regulación mediante el presente procedimiento, por tanto, señalan que no se está salvaguardando ningún derecho de los trabajadores, lo que se pretende es desconocer la negociación colectiva y lograr mediante una inspección laboral y el presente procedimiento, un mayor beneficio a lo acordado por las partes. De igual manera, precisan que no existe conflicto alguno sobre la aplicación del convenio periodo 2019-2021, lo que denota que el Sindicato está buscando con la inspección un mayor beneficio de lo que ha pactado o acordado en negociación colectiva.

x. Por otro lado, alegan la aplicación errónea de los previsto en el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT, en tanto, consideran cuestionable que sean sancionados por no cumplir con la medida de requerimiento, pese a que dicha infracción se configura cuando no ha existido certeza del incumplimiento de fondo, cuando aún no se ha ejercido el derecho de defensa, o sin que se conozca la real imputación considerando que será recién con el acta de infracción emitida al final del procedimiento inspectivo y dada a conocer en el procedimiento sancionador, que el inspeccionado conocerá los cargos y el sustento de los mismos.

xi. Consideran que la imposición de una multa por no haber cumplido con la medida de requerimiento contraviene el principio de presunción de inocencia, ya que recién cuando exista una resolución definitiva podría ser considerado infractor, de lo contrario, no existirá realmente una comprobación de hechos, de manera suficiente y conforme al principio de licitud, desvirtúe la presunción en su favor.

xii. Refieren que se ha aplicado erróneamente lo previsto en el artículo 46 numeral 46.10 del RLGIT, por la ausencia del representante en la comparecencia del 06 de febrero de 2020, considerando que dicha conducta habría sido contraria al deber de colaboración, por tanto, resulta ser una infracción por obstrucción a la labor inspectiva; sin embargo, señalan que no demostraron ninguna ausencia de colaboración durante el procedimiento inspectivo.

xiii. Agregan que, si brindaron la información requerida, tal es así que, de acuerdo a lo indicado en el acta de infracción, la inspectora emitió la medida de requerimiento para el 06 de febrero de 2020, a fin de que se exhiban los documentos que acrediten el abono de la bonificación por turno indicado en el Convenio Colectivo por las labores que realizaron los trabajadores en día de descanso o feriado, lo que, conforme han acreditado, no corresponde.

xiv. Precisan que, de acuerdo a lo indicado tanto en la medida de requerimiento como en el acta de infracción, la intención de la citación a la comparecencia de fecha 06 de febrero de 2020 era presentar la documentación que acredite el pago de la referida bonificación. En ese sentido, es claro que la sanción de multa es por no haber cumplido con la medida de requerimiento, pues no cumplieron con presentar la información solicitada en el referido documento; siendo ello así, la multa contraviene el principio de concurso de infracciones y el principio de non bis in ídem, tipificados en los numerales 6 y 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

xv. Consideran que, se pretenden aplicar distintas sanciones por el mismo hecho, no cumplir con presentar la documentación que acredite el cumplimiento de la medida de requerimiento, lo cual resulta desproporcionado y constituye un ejercicio abusivo del poder por parte de la autoridad correspondiente, más aún cuando en el presente procedimiento la multa por infracción a la labor inspectiva que se imputa resulta ser mucho

mayor a la multa por la infracción por supuesto incumplimiento a las normas sociolaborales, lo cual, al aplicarlo dos veces, resulta desproporcional e irrazonable.

xvi. Alegan que se pretende imponer hasta dos sanciones por “No cumplir con presentar documentación que acredite el cumplimiento de la medida de requerimiento”, calificando la conducta infractora en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT, situación que no solo es irrazonable, sino que además convierte a la inspección del trabajo en una herramienta punitiva que, lejos de orientar al mejor cumplimiento de las normas laborales, lo único que busca es sancionar desmedidamente a los administrados lo que desnaturaliza la verdadera función de la institución.

xvii. Por último, solicitan se declare la nulidad de la resolución de sub intendencia y la resolución de intendencia, y con ello se deje sin efecto la sanción de multa impuesta.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones

calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (El resaltado es nuestro).

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia

10 LGIT, artículo 1. 11 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 12 “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público”.

actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Figura N°: 01

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

13 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.29 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 83-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 24 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 295-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 83-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referido a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250409MCR - HR 36416-2019