Arca Continental Lindley S.A — Res. 1057-2025

Antecedentes

1 Antes CORPORACION LINDLEY S.A. Según consta en la Partida Electrónica N° 11010787 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, la nueva denominación de la empresa es “ARCA CONTINENTEAL LINDLEY S.A.” por tanto, para fines didácticos se utilizará esta nueva denominación en la presente resolución. 2 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Participación en las utilidades (Subgrupo: pago y hoja de liquidación y sus formalidades).

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de utilidades, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, cuya multa asciende a S/ 23,646.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, cuya multa asciende a S/ 41,580.00.

i. Indica que se le propuso multarle a pesar de que la facultad que se tiene para determinar la existencia de infracción ha prescrito en demasía, la SUNAFIL tenía facultades para determinar responsabilidad administrativa por un presunto pago incompleto de las utilidades solo hasta el 01 de mayo de 2022, y recién el 05 de mayo de 2022 se notificó la imputación de cargos, es decir, cuando la prescripción ya había operado. ii. Señala que hubo vicios de motivación aparente y vulneración a su derecho a la prueba, ya que hubo aspectos importantes que no fueron dilucidados lo cual evidencia que la motivación es aparente y, además, viola su derecho de defensa, pues no puede desvirtuar la supuesta infracción cometida si no sabe realmente que se le está imputando. iii. Argumenta que se realizó el cálculo de la sanción en función al total de afiliados al sindicato cuando, de acuerdo con lo establecido en el RLGIT, lo correcto es calcular la multa en función al total de trabajadores verdaderamente afectados. iv. Manifiesta que no incurrió en ninguno de los supuestos incumplimientos señalados y por el contrario cumplió con el pago de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017, según todos los días laborados conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 009-98-TR. v. Señala que la afirmación de que no se han considerado todos los días efectivamente trabajados en el ejercicio 2017 no precisa de que cuales documentos se permitió arribar a dicha conclusión, y tampoco se evidencia que

se haya verificado si en todos los días registrados como "asistidos durante el año 2017”, los trabajadores cumplieron efectivamente con toda la jornada ordinaria diaria, tal como lo exige el artículo 4 del Decreto Supremo No. 009-98-TR. Incluso, en este caso, no se puede analizar de manera detallada cuáles son los supuestos días del año 2017 no considerados, ni mucho menos quienes son verdaderamente los trabajadores afectados; motivo por el cual, no corresponde que sea sancionado por un supuesto incumplimiento de pago de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017, cuando no se indica cómo se llegó a esa conclusión. En realidad, no se puede pretender sancionar de forma arbitraria, sin dar una explicación razonable y sustentada. vi. Reitera que se consideró todos los días laborados conforme a la norma y también pide analizar si los días que indican fueron los que no se consideraron cumplían con los requisitos que indica la norma. vii. Señala que la medida inspectiva de requerimiento solo puede ser adoptada y emitida en el escenario en el que, concluidas las actuaciones inspectivas de investigación, se tenga la certeza de estar frente a un incumplimiento de naturaleza subsanable, lo cual no sucedió en este caso. viii. Indica que se le pretende sancionar pese a que no cuentan con evidencia de la ocurrencia de la conducta infractora, la presunción de licitud solo se desvirtúa con medios probatorios idóneos que acrediten fehacientemente que la empresa cometió las infracciones imputadas, lo cual no ocurre en el presente caso.

i. Se aplicó parcialmente la prescripción de la infracción en materia de relaciones laborales por el periodo 2016. En consecuencia, se analizará si el no pago integro de la participación de las utilidades por el ejercicio económico 2017 ha prescrito a la fecha en que se emitió la resolución apelada (27 de junio de 2022), considerando que al ser solo un periodo es de naturaleza instantánea con efectos permanentes. ii. En el caso concreto, la inspeccionada realizó el 27 de marzo de 2018 el pago de la participación de las utilidades por lo que desde dicha fecha se creó la situación antijurídica, debiendo considerarse la misma para contabilizar el inicio del plazo de prescripción y haciendo el cálculo se concluye que no ha operado la prescripción de la facultad para sancionar la omisión de pago de las utilidades 2017.

3 Notificada a la impugnante el 02 de noviembre de 2022. Véase folio 71 del expediente sancionador.

iii. No se puede sostener que el Acta de Infracción haya imputado la conducta infractora en forma imprecisa; pues obran los medios probatorios suficientes que demuestran que se realizó labor efectiva en días domingos y feriados del año 2017, que debieron ser incluidos en el pago de la participación de las utilidades de dicho ejercicio económico. iv. Se observa que en los hechos constatados del Acta de Infracción se ha señalado que la inspeccionada no acreditó el pago de utilidades del ejercicio 2017 a favor de los 92 trabajadores descritos en dicha acta y que aparecen en el registro de control asistencia y el registro de control de asistencia SINATREL y por consiguiente se ha cumplido con identificar a los trabajadores afectados por la infracción en materia de relaciones laborales. v. Se ha determinado que la participación de las utilidades que fue pagada el 27 de marzo de 2018 por el ejercicio económico 2017 a los 92 trabajadores no fue realizada en forma íntegra al no haber incluido en el cómputo de los días real y efectivamente laborados los domingos y feriados del año 2017 en que laboraron efectivamente. vi. En la resolución apelada se mencionó que la infracción ha sido advertida con vista al registro de control de asistencia y reporte de asistencia SINATREL, que fue proporcionada por la inspeccionada, los días que no se computaron para el cálculo de la participación de las utilidades del año 2017 son los domingos y feriados de dicho periodo anual respecto de los 92 trabajadores afectados y en dichos documentos se puede aprecias se puede apreciar si las jornadas fueron completas o parciales a fin de incluirlas o no de acuerdo al artículo 4 del Decreto Supremo N° 009-98-TR, y los trabajadores afectados se encuentran identificados. vii. Resulta inoficioso que la Intendencia deba determinar qué días se completó la jornada completa, en tanto ello se desprende del registro de control de asistencia (feriados 2016 y 2017) y reporte de asistencia de SINATREL (domingos 2016 y 2017) y en la medida inspectiva de requerimiento se ordenó que la inspeccionada provea dicha información para efectos de la subsanación de la infracción y estos días no son ausencias que deben ser considerados como asistencia para todo efecto legal viii. Al expedirse la medida de requerimiento el inspector ha tenido a la vista la documentación proporcionada por la inspeccionada que evidencia que no se incluyó en el cálculo de las utilidades 2017 los domingos y feriados laborados de 92 trabajadores por lo que ordenó se revierta el incumplimiento pagándoles a los afectados las utilidades de dicho ejercicio económico que incluya estos conceptos, al no haberse cumplido con ello se impuso la sanción respectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1773-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Invoca la aplicación errónea del artículo 14 de la Ley General de Inspección de Trabajo, el cual regula la imposición de una medida inspectiva de requerimiento, ya que este solo es legal cuando se compruebe el incumplimiento de una obligación legal, lo cual no ha sucedido en el presente caso. ii. Indica que la medida inspectiva de requerimiento no señaló de forma clara, precisa y concisa los hechos constitutivos de incumplimiento, ya que el inspector se limitó a señalar de forma genérica e imprecisa que debía acreditarse el pago de todos los

domingos y feriados laborados, pero no señaló cuales fueron estos días supuestamente laborados, no se podía dar cumplimiento a una orden tan general. iii. Señala en este caso la empresa si cumplió con contabilizar los domingos y feriados laborados en el cálculo de utilidades, pero no saben que días son los que supuestamente no fueron considerados, ya que los días de descanso semanal y feriados donde no se haya laborado no se consideran para el cálculo de utilidades. iv. Invoca la inaplicación del principio de tipicidad, regulado en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, señala que hay confusión porque no se entiende si se le multó por no pagar utilidades o por no pagar íntegramente las utilidades. v. Invoca la inaplicación del numeral 139.5 de la Constitución Política del Perú, al haberse incurrido en graves vicios de motivación. vi. Invoca la inaplicación del numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG que regula el principio de licitud. vii. Se solicita conceder el uso de la palabra y se programe una audiencia para exponer oralmente los alegatos dentro del presente procedimiento

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración a la debida motivación

LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia,

requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

el trabajo, dada la naturaleza independiente de la infracción a la labor inspectiva, conforme a la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, de fecha 30 de julio de 2021, que contiene el precedente administrativo de observancia obligatoria donde, entre otros, se fijó el criterio sobre la naturaleza de la infracciones a la labor inspectiva:

“8. En esa medida, además de las infracciones detectadas por incumplimientos a la normativa sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo, las infracciones a la labor inspectiva se configuran, entre otros supuestos, cuando existe una obstrucción de parte de los inspeccionados al deber de colaboración en las actuaciones inspectivas. 9. Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo.”

“6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

Figura N° 01

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)” (resaltado y subrayado agregado).

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe” 6.28 En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

7.1Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

N° Materia Conducta Infractora Tipificación Legal y Clasificación Relaciones Laborales No cumplir con el pago de utilidades. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

7.2Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1773-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 763-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 755-2022-SUNAFIL/ILM/SISA2, de fecha 27 de junio de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1773-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).