Apoyo y Servicios Profesionales S.A.C — Res. 911-2024

Mediante Orden de Inspección N° 20903-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 7310-2021- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por la negativa a cumplir con el requerimiento de información notificado en fecha 25 de junio de 2021.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 755-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 01 de septiembre de 2021, notificada el 6 de septiembre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 351-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 18 de febrero de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Resolución 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 546-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 6 de mayo de 2022, notificada el 9 de mayo de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 1,012.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 30 de mayo de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 546-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1477-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 2 de setiembre de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 23 de setiembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1477- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana, elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000220-2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 10 de febrero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1477-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 1,012.00 soles, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE, a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 6 de setiembre de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, de la Resolución de Intendencia Nº 1477-2022-SUNAFIL/ILM, que ha contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de la garantía de la debida motivación, no se evidencia ninguno de los vicios señalados por la impugnante.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Habiendo examinado ello, no se advierte vulneración al debido procedimiento; por tanto, la nulidad alegada por la impugnante no debe ser acogida al no evidenciarse que se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Por tales razones, no corresponde amparar los argumentos expuestos en este extremo.

Se debe indicar que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, (en adelante, TUO de la LPAG) contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. En ese contexto, el artículo 259° del citado cuerpo legal señala que, el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos; no obstante, el referido plazo puede ser ampliado

En el presente caso, se aprecia que el procedimiento administrativo sancionador inició el 6 de setiembre de 202110, por lo que de conformidad con el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, la autoridad sancionadora (Subintendencia de Resolución) tenía hasta el 6 de junio de 2022, para emitir y notificar la resolución de sanción.

Al respecto, se aprecia de autos que la Sub Intendencia de Resolución 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana emitió en fecha 6 de mayo de 2022, la Resolución de Sub Intendencia N° 546-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE4, la cual fue notificada en fecha 9 de mayo de 2022. Es decir, se emitió y notificó la correspondiente resolución de sanción dentro del plazo de 9 meses iniciado el procedimiento administrativo sancionador.

En tal sentido, corresponde desestimar el recurso de revisión interpuesto por la impugnante en este extremo al no haber operado la caducidad del procedimiento administrativo sancionador.

Al respecto, se aprecia del contenido de la resolución impugnada que la Intendencia si ha considerado los descargos de la impugnante y los argumentos de su apelación, toda vez que en el numeral 3.7 de dicha resolución ha expuesto de forma detallada los hechos objeto del presente y ha valorado los fundamentos de su defensa.

Por nuestra parte, de la revisión de los actuados en etapa de inspección, se aprecia que previamente al requerimiento de información de fecha 25 de junio de 2021, la Inspectora comisionada le había enviado a la impugnada dos (02) requerimientos de información, de fechas 7 y 14 de junio de 2021 para que en un plazo de cuatro y tres días respectivamente, envié la documentación relacionada a un trabajador comprendido en la investigación.

Sin embargo, la impugnante no cumplió con dichos requerimientos, pero respondió a través de escritos poniendo como justificación el cierre de sus oficinas administrativas por fumigación y desinfección pidiendo ampliación de plazos para poder cumplir, ante lo cual, la Inspectora comisionada tuvo a bien solicitar con fecha 24 de junio de 2021 la ampliación de plazo de la orden de inspección para darle tiempo a la inspeccionada, y emitió un tercer requerimiento de información en fecha 25 de junio de 2021, requiriendo a la impugnante la misma información, y otorgándole otros nueve (09) días hábiles para cumplir.

Como respuesta, nuevamente la impugnante presentó un escrito excusándose y alegando que no podrá cumplir con presentar la documentación porque no le permiten el ingreso a su establecimiento por falta de pago de alquiler y otra vez piden otorgar un plazo adicional para cumplir. Ante este hecho y en la medida que ya no se podía seguir ampliando mas lo plazos de actuaciones inspectivas, la Inspectora comisionada levantó el Acta de Infracción de fecha 12 de junio de 2021, donde le da respuesta a la impugnante indicándole que no puede dar mayor plazo y menos por razones ajenas a su deber de colaboración con la labor

De todo lo expuesto, se aprecia que la actuación del personal inspectivo se adecuó dentro de lo razonable, toda vez que dio varias oportunidades a la impugnante para cumplir con entregar la información requerida, y ante su incumplimiento únicamente levantó una infracción a la labor inspectiva, la cual estuvo bien justificada, en la medida en que la impugnante no cumplió con entregar la información solicitada pese a todas las oportunidades y ampliaciones de plazo que le concedió.

Por otro lado, se verifica que el sujeto inspeccionado ha presentado diversa documentación juntamente con sus descargos a la imputación de cargos en fecha 13 de septiembre de 2021; no obstante, esta documentación ha sido presentado con fecha posterior al cierre de la orden de inspección, la cual se dio al momento en que se emitió el Acta de Infracción en fecha 12 de julio de 2021.Siendo este el caso, era imposible que dicha documentación sea valorada por el personal inspectivo ya que se presentó después de haber concluido el procedimiento inspectivo.

Asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto en la Resolución de Sala Plena N° 008-2023- SUNAFIL/TFL que contiene un precedente administrativo de observancia obligatoria, donde se ha establecido lo siguiente:

Entonces, la documentación presentada por la impugnante con fecha posterior al cierre de la orden de inspección e iniciado el procedimiento administrativo sancionador, no exime a la impugnante del reproche administrativo por incumplir su deber de colaboración referido

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.