APC Corporación S.A — Res. 376-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: pago de la remuneración (sueldos y salarios)); Licencia con goce de haber; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo, horas extras); Registro de control de asistencia. 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información solicitada mediante el requerimiento de información de fecha 05 de febrero de 2021; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 231,132.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información solicitada mediante el requerimiento de información de fecha 11 de febrero de 2021; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 231,132.00.

- Vulneración al principio de culpabilidad, debido a la defectuosa notificación de los requerimientos de información, pues, las alertas de la notificación de los requerimientos fueron remitidas a Johan Harald Moran Orellana, ex gerente de recursos humanos, quien cesó el 23 de diciembre de 2020, fecha en la que se procedió a desactivar su correo electrónico y teléfono móvil. Por lo que, las alertas de notificaciones realizadas no se hicieron efectivas.

- Mediante correo electrónico, el 06 de enero de 2021, se solicitó a sunafilteorienta@sunafil.gob.pe, la actualización de la cuenta de correo electrónico. Al no recibir respuesta, se procedió a llamar a su central telefónica, pero sin éxito.

- Recién en la segunda quincena de febrero de 2021, pudo actualizar sus datos. Por lo que a partir de esta fecha tomó conocimiento real de las alertas laborales de notificación enviadas por las distintas intendencias regionales, a fin de atender dentro del plazo legal las órdenes de inspección y medidas de requerimiento.

- Vulneración de los principios de razonabilidad y debido procedimiento, así como el deber de la administración de actuar de la forma menos gravosa: La imputación de cargos no tomó en cuenta que los hechos imputados configuran una sola infracción continuada. Por lo que, el presente procedimiento incurre en causal de nulidad, contenido en el numeral 10.1 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

- Vulneración al principio de debido procedimiento y razonabilidad al momento de emitir

2 Notificada a la impugnante el 16 de agosto de 2021, véase folio 78 del expediente sancionador.

la medida de requerimiento de información: En ambos requerimientos se solicitó: “Relación de trabajadores del centro de trabajo indicado, con los siguientes campos: apellidos y nombres, DNI, cargo, fecha de inicio y si se aplicó suspensión perfecta de labores durante el estado de emergencia actual”. Lo cual no se encuentra relacionado con la materia de investigaciones descritas en el acta de infracción. Por lo que, no se respetó el principio de razonabilidad, ni del debido procedimiento ni el de congruencia al emitirse la medida de requerimiento de información.

- La imputación de cargos y el acta de infracción vulneran el principio de tipicidad, pues, no se configuró la negativa por parte de la empresa para la entrega de información. Tampoco se han identificado con certeza a los supuestos trabajadores afectados.

i. De la vulneración al principio de culpabilidad debido a la, supuesta, notificación de los requerimientos de información: Conforme el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG en concordancia con el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, la SUNAFIL se encuentra facultada para notificar sus actos por medio de la casilla electrónica, así como dispuso el uso obligatorio de esta. Por lo que, en el presente caso, que la empresa haya asignado a uno de sus trabajadores como responsable de la casilla electrónica a partir del 17 de marzo, no aporta algún elemento para la eficacia de la notificación realizada en su casilla electrónica, pues esta se perfecciona con el depósito del documento en la casilla electrónica, conforme lo disponen los artículos 11 y 12 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR. Siendo, según lo dispuesto por el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, obligación del administrado revisar la casilla electrónica, pues, como indica, tenía problemas con las alertas, más no con ingresar a su casilla. Por lo que, el no efectuarlo, no es responsabilidad de la SUNAFIL. ii. De la vulneración de los principios de razonabilidad y debido procedimiento, así como el deber de la administración de actuar de la forma menos gravosa posible: De los actuados se advierte que, se notificó correctamente la imputación de cargos, el acta de infracción y el informe final a la recurrente. Así como, de la revisión de la resolución impugnada, se aprecia que, se encuentra debidamente motivada, expresando los fundamentos de hecho y las normas legales que la sustentan. Por lo que, queda desvirtuado lo alegado en este extremo por la accionante. iii. De la vulneración del principio de debido procedimiento y razonabilidad al momento de emitir el requerimiento de información: Dentro de las facultades del inspector, está el requerir información a fin de desarrollar su función inspectiva. Por lo que, APC CORPORACIÓN S.A., no puede señalar que la relación de trabajadores solicitada no está

3 Notificada a la impugnante el 08 de noviembre de 2021. Véase folios 100 del expediente sancionador.

relacionada a las materias de inspección, pues no conoce cuál iba hacer el procedimiento a seguir por el inspector comisionado y si se solicitó dos veces la misma información, fue porque el primer requerimiento no fue atendido. iv. Sobre la supuesta vulneración del principio de tipicidad: Las normas propuestas en el acta de infracción y en la imputación de cargos, fueron debidamente señaladas pues están con relación a las infracciones incurridas por el accionante, referidas a no cumplir con el requerimiento de información, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, en base a los argumentos expuestos en el acta de infracción y que fueron acogidos por la Sub Intendencia de Resolución. Además, la multa impuesta ha sido determinada con estricta observancia a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. v. Sobre la identificación de los trabajadores afectados en la imputación de cargos y el acta de infracción: El acta de infracción sí ha detallado el número de trabajadores afectados, detallando el nombre de cada trabajador. Se debe precisar, que con la imputación de cargos se da a conocer el inicio del procedimiento sancionador y se otorga el plazo respectivo para su descargo. Por lo que, en este no se determina ni identifica el número de trabajadores afectados. Respecto a que se tomó en cuenta la planilla de diciembre de 2020, ello se debe a que la impugnante no brindó la información requerida; por lo que, el inspector comisionado tuvo que recurrir a la planilla electrónica, la cual reporta con dos meses de retraso. vi. No se evidencia afectación a algún tipo de derecho, ni existe apartamiento de la normativa legal. Además, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no desvirtúan las infracciones en las que ha incurrido la apelante, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia; por lo que, corresponde confirmar la resolución apelada, en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE APC CORPORACIÓN S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Con fecha 25 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 85-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, en base a los siguientes argumentos:

Vulneración al principio de culpabilidad debido a la defectuosa notificación de los requerimientos de información

- El artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, señala el deber de enviar las alertas de notificación al administrado. Sin embargo, las alertas de la notificación fueron enviadas al correo electrónico y teléfono móvil de Johan Harald Moran Orellana, Gerente de Recursos Humanos, que cesó el 23 de diciembre de 2020. Por lo que, estas alertas no se hicieron efectivas, pues su correo electrónico y teléfono móvil fueron desactivados. - El 06 de enero de 2021, remitió un correo electrónico a sunafilteorienta@sunafil.gob.pe, para la actualización de su correo electrónico y, llamó a la SUNAFIL, pero no recibió respuesta. Asimismo, se comunicó con un inspector asignado a otra orden de inspección, para que le apoye con la actualización de sus datos. Siendo que, a partir de la segunda semana de febrero tomó conocimiento, en tiempo real, de las alertas laborales. - No recibió alertas de los requerimientos de fechas 05 y 11 de febrero de 2021. - La intendencia realiza una interpretación errónea del artículo 11 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, al aplicarla de forma aislada, sin analizar el artículo 3 del mismo cuerpo normativo.

Se ha producido una vulneración de los principios de razonabilidad y debido procedimiento, así como el deber de la administración de actuar de la forma menos gravosa:

- La imputación de cargos no tomó en cuenta que los hechos imputados configuran una sola infracción continuada, pues son conductas independientes que conforman un proceso unitario y homogéneo. En consecunecia, se inobservó que al imputar dos infracciones e imponer una sanción por cada una de ellas, se vulnera el principio de razonabilidad, contenido en el numeral 66.10 del artículo 66 de la LPAG. Además, no se evaluó correctamente los alegatos expuestos en la apelación.

Vulneración al principio de debido procedimiento y razonabilidad al momento de emitir la medida de requerimiento de información

- El acta de infracción consigna como materia de investigación: “Remuneraciones (Sub materia: pago de la remuneración (sueldos y salarios)), Licencia con goce de haber, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo, horas extras), Registro de control de asistencia”. Sin embargo, en los dos requerimientos se solicitó: “Relación de trabajadores del centro de trabajo indicado, con los siguientes campos: apellidos y nombres, DNI, cargo, fecha de inicio y si se aplicó suspensión perfecta de labores durante el estado de emergencia actual”. Lo cual no se

encuentra relacionado con la materia de investigación. Por lo que, si el inspector quería emitir un requerimiento de información sobre la suspensión perfecta de labores debió ampliar las materias de la orden de inspección para poder investigar una posible infracción; sin embargo, no lo hizo.

La imputación de cargos y el acta de infracción vulneran el principio de tipicidad

- La resolución impugnada vulnera este principio, al realizar una interpretación extensiva de la conducta tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, al considerar que esta incluye el supuesto referido a frustrar la investigación por no entregar la información solicitada. - No corresponde aplicar el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, pues no se puede cambiar la infracción en la vía extraordinaria, cuando durante todo el procedimiento se ha argumentado sobre una norma distinta. Lo contrario, afecta el derecho de defensa del administrado.

Vulneración al principio de la debida motivación

- La intendencia no ha establecido las razones por las que estas supuestas infracciones son subsumibles al supuesto del numeral 46.3 del artículo 46 del LRGIT. Tampoco ha valorado, lo acreditado, los problemas con la notificación y la imposibilidad de negar la información, pues no conocía del requerimiento de información. Ni ha dado respuesta a los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.

- Ni en la imputación de cargos ni en el acta de infracción se han identificados a los supuestos trabajadores afectados con certeza, pues conforme se ha detallado en el escrito de descargos presentados solo cuenta con 1,243 trabajadores y no con 1620, como se afirma en el acta de infracción.

- Solicita se declare el archivo del presente procedimiento, debido a que existe una causal de nulidad, contenido en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la LPAG.

- Solicita informa oral, al amparo del numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 177.3 de la LPAG.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración a la garantía de la motivación de las resoluciones

10 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta notificación defectuosa realizada mediante casilla electrónica

11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 12 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis añadido). 13 STC 00649-2002-AA/TC, 03793-2006-AA/TC, entre otras.

notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa”. (énfasis añadido).

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

14 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias

Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, si efectivamente las alertas habían sido emitidas por el SINEL-SUNAFIL según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR15. Así, ante los diversos expedientes en los que se repetían estos hechos, la Sala decidió volver a evaluar los alcances del segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en relación al artículo 11 de la misma norma.

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6° de la misma norma, antes citado).

necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 15 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

16 Cfr. GUASTINI, Riccardo. "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Nº. 29 (1999): 437-450, p. 437. Ubicable en: https://revistascolaboracion.juridicas.unam.mx /index.php/juridica/article/view/11388/10435 17 LPAG, artículo 1.8. El énfasis es añadido. 18 Citada por la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC, fundamento jurídico 9. 19 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 20 Ibid. fundamento jurídico 4.

injustificado, “argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos, con el consiguiente perjuicio para tales derechos o intereses”21.

21 Loc. Cit. 22 Ley General del Procedimiento Administrativo General (LPAG), artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesto de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 23 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19. 24 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido).

Notificación Vía Casilla Electrónica” de ese documento, como puede apreciarse en la siguiente imagen: Figura N° 1:

Figura N° 2:

Figura N° 3:

Figura N° 4:

Sobre la supuesta vulneración del principio del debido procedimiento y razonabilidad al momento de emitirse el requerimiento de información

seguridad y salud en el trabajo”25. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad26. En ese entendido, en el numeral 3.1 del artículo 527 y el 1128 de la LGIT, establecen la facultad del inspector de trabajo, de requerir la información que considere necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.

25 LGIT, artículo 1. 26 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 27LGIT, aprobada por Ley N° 28806, numeral 3.1 del artículo 5: En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. 28LGIT, aprobada por Ley N° 28806, artículo 11: “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. (El énfasis es añadido). 29 Énfasis no es del original.

Sobre el argumento referido a que la imputación de cargos y el acta de infracción vulneran el principio de tipicidad

30 Ley General de Inspección del Trabajo, aprobada por Ley N° 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…)(énfasis añadido). 31 Ver folios 33 del expediente sancionador.

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento” (énfasis añadido).

32 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

En cuanto al número de trabajadores afectados:

33 “Artículo 38° de la LGIT: Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida; b) Número de trabajadores afectados; c) Tipo de empresa. 34 Artículo 47 del RLGIT: Criterios de graduación de las sanciones (...) “47.3 Adicionalmente a los criterios antes señalados, la determinación de la sanción debe estar acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en

principios de razonabilidad y proporcionalidad recogidos en el TUO de la LPAG35, razones que conllevan a graduar la sanción impuesta, atendiendo al número de trabajadores. Por lo que, este extremo del recurso de revisión debe ser acogido.

Respecto a la supuesta vulneración de los principios de razonabilidad, así como el deber de la administración de actuar de la forma menos gravosa posible:

el numeral 3 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No 006-2017-JUS.” 35 Artículo 248.3 LPAG: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...) 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 36 Vigente al momento de configurarse la falta, que para el año 2021 es S/ 4,400.00, según D.S N° 392-2020-EF 37 Vigente al momento de configurarse la falta, que para el año 2021 es S/ 4,400.00, según D.S N° 392-2020-EF N° Materia Conducta Infractora Norma vulnerada Tipo Legal y Calificación Trabajadore s Afectados

Multa Impuesta

Labor inspectiva No cumplir con el requerimiento de información notificado el 05 de febrero de 2021. Artículo 36 de la LGIT Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE 1,243 UIT36 26.12 S/ 114,928.0 Labor inspectiva No cumplir con el requerimiento de información notificado el 11 de febrero de 2021. Artículo 36 de la LGIT Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE 1,243 UIT37 S/ 114,928.0

38 Aprobada por la Resolución de Superintendencia Nº 031-2020-SUNAFIL.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que

ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrador sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta Infractora Tipo Legal y Calificación Multa Impuesta

Labor inspectiva No cumplir con el requerimiento de información notificado el 05 de febrero de 2021. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE S/ 114,928.00 Labor inspectiva No cumplir con el requerimiento de información notificado el 11 de febrero de 2021. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE S/ 114,928.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el APC CORPORACIÓN S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 085-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 04 de noviembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Ancash dentro del

procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 81-2021- SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 085-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, en el extremo referente a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no cumplir con las medidas de requerimiento de información notificadas el 05 y 11 de febrero de 2021, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, ADECUANDO el cálculo de los trabajadores afectados a mil doscientos cuarenta y tres (1243) y las infracciones como graves, según lo dispuesto en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, en consecuencia, la sanción impuesta por dichas infracciones ascienden a S/ 229,856.00 (Doscientos veintinueve Mil Ochocientos Cincuenta y seis con 00/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos del 6.36 al 6.47 de la presente resolución.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a APC CORPORACIÓN S.A., y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ancash.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA