Andes Construcciones y Servicios S.A.C — Res. 976-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistema de Gestión SST en las empresas (Submateria: incluye todas); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Submateria: prevención de riesgos). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control, al no haber adoptado las medidas de control para los riesgos ergonómicos y psicosociales en relación con los peligros y riesgos asociados a la COVID-19, tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,079.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 13 de julio de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 49,708.00.

i. El Acta de Infracción es nula por haberse practicado su notificación en forma excesiva y extemporánea. Además, los Inspectores comisionados no han respetado los requisitos esenciales para la validez de los actos administrativos afectando al derecho fundamental del debido procedimiento Asimismo, el Acta de Infracción debe contener las características establecidas en el artículo 16 de la LGIT, más aún si éste produce efectos jurídicos sobre los intereses de la empresa, toda vez que su naturaleza jurídica corresponde plenamente con el concepto de acto administrativo establecido en el inicio 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 27444. ii. No obstante, es preciso que se explique motivadamente que naturaleza jurídica le atribuye al Acta de Infracción y conforme a ello, si se considera que dicha naturaleza está sujeta a los principios del debido procedimiento, razonabilidad, la conducta procedimental, de celeridad, tomando en cuenta la línea interpretativa del Tribunal Constitucional, quien ya se ha pronunciado sobre la sujeción de las Actas de Infracción al contenido del derecho fundamental del debido procedimiento administrativo. iii. En caso, de considerarse que el Acta de Infracción no constituye un acto administrativo, de cualquier modo resulta ineludible la aplicación de los principios citados, los mismos que tiene una aplicación universal para todos los actos de la Administración Pública, pues la aplicación de éstos principios determina que es

antijurídico sostener que el plazo para notificar un Acta de Infracción, está librado a una práctica discrecional, pues en observancia de los referidos principios son afectados por una conducta de la Autoridad Inspectiva que somete a un sujeto investigado a la incertidumbre sobre el estado y los resultados de las investigaciones practicadas; por tanto, el Acta de Infracción es nula por haberse motivado defectuosamente y en violación al marco legal vigente. iv. La empresa sí cumplió con las obligaciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo prueba de ello se adjunta actas monitorio; sin embargo, teniendo en cuenta Transitoria de la Ley N° 30222, de la sola lectura del Acta de Infracción puede apreciarse que los Inspectores se han pretendido excusar de la obligación legal que pesa sobre ellos de formular una imputación sobre la base de la investigación arreglada a ley y basado en hechos comprobables, ya que ello ofrece un margen de discusión al Sujeto Inspeccionado sobre si existe efectivamente un incumplimiento o si existe alguna razón efectiva que, en el caso concreto, podría calificar la perspectiva de un Inspector de Trabajo, por muy preparado que se encuentre. Es desde este punto de vista, sumamente preocupante que los Inspectores se limiten a señalar que, frente a la supuesta infracción de la empresa, no se ha podido levantar la medida inspectiva de requerimiento debido a que dicho incumplimiento de la norma de seguridad y salud en el trabajo es insubsanable. Así, otorgarle un plazo para su cumplimiento resulta sin efecto subsanatorio, pues tal aseveración, que no se nos dio el plazo razonable para demostrar que no nos encontrábamos ante ningún incumplimiento, no solamente vicia de forma total la seriedad de la investigación practicada por evidenciar una abierta contradicción contra el mandato que claramente establece el artículo 17 de la LGIT y que refuerza la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30222. En ese sentido, es necesario que la Intendencia se pronuncie sobre la ilegalidad manifiesta en que han incurrido los Inspectores de Trabajo.

i. Sobre la nulidad del acta de infracción, debe considerarse que los actos emitidos por los Inspectores del Trabajo en el desarrollo de su labor inspectiva no son actos administrativos, pues la naturaleza jurídica de las Actas de Infracción y de los informes de actuaciones inspectivas no constituyen actos administrativos, por el contrario son actos de administración, consistentes en el recojo de hechos fácticos, manifestaciones o declaraciones, expresiones intelectuales, conocimiento, opinión, recomendación, etc., formando parte de las piezas procesales de los expedientes administrativos, pues no se consideran actos generadores de efectos jurídicos directos, sino que son producidos por la administración durante la etapa inspectiva (al igual que diversa documentación como: pericias, declaraciones testimoniales, actas documentales o instrumentales, etc.), cuyo objetivo no es decidir sino recoger los hechos verificados en las actuaciones inspectivas y, de ser el caso, proponer al órgano competente una determinada acción a seguir, que será analizada en el procedimiento administrativo sancionador. ii. De la revisión del Acta de Infracción efectuada por este Despacho, se aprecia los datos de identificación del inspeccionado; asimismo, se describieron las actuaciones inspectivas de investigación y comprobatorias que realizó el Inspector comisionado; además, en el numeral IV, constan los Hechos Constatados que motivaron la emisión del acta y las normas que contienen las obligaciones infringidas por estos hechos. Así también figuran las calificaciones de infracción y sanciones que el Inspector propuso aplicar por los incumplimientos verificados antes citados; en consecuencia, se colige que el Acta de Infracción fue expedida cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 46 de la LGIT y el artículo 54 del RLGIT. iii. Conforme el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO de la LPAG, si bien el Acta de Infracción N° 74-2020-SUNAFIL/INSSI de fecha 23 de julio de 2020 junto a la Imputación de Cargos N° 386-2020-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 30 de octubre de 2020, se notificó al inspeccionado el 15 de diciembre de 2020, habiendo transcurrido el plazo señalado; sin embargo, la extemporaneidad de la notificación del Acta de Infracción no está afecta de nulidad, al no estar así previsto en la LGIT ni en el RLGIT; por lo que la autoridad administrativa no obstante a ello, está obligada a emitir su pronunciamiento sobre la existencia de responsabilidad administrativa del inspeccionado, toda vez que se trata de una situación de respeto al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del inspeccionado, que requiere ser determinada por dicha autoridad. De otra parte, no se advierte en autos que la referida extemporaneidad de la notificación del Acta de Infracción, le haya impedido al inspeccionado ejercer su derecho de defensa aportando los medios probatorios que considere convenientes. iv. En lo que respecta a la materia de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos- IPERC, de acuerdo al numeral 4.4 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, al término del plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento, el inspeccionado exhibe el documento denominando “Acta de reunión del comité de seguridad y salud en el trabajo”, de fecha 17 de julio de 2020. En la reunión

2 Notificada a la impugnante el 17 de octubre de 2022, conforme constancia de notificación electrónica a folios 76 del expediente administrativo sancionador.

participaron los señores: (…) como representantes de los trabajadores. Si bien con ese documento se evidencia que los representantes de los trabajadores ante el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, participaron en la elaboración de un IPERC, no se evidencia la participación en la actualización del IPERC exhibido; la reunión de comité de SST para la revisión y aportes a la matriz se realizó el 17 de julio de 2020; sin embargo, la matriz señalada en el ítem a) tiene fecha 01 de enero de 2020 y la matriz del ítem b), tiene fecha 15 de julio de 2020, ambas antes realizada la reunión del comité de SST, por lo que, el inspeccionado no acreditó cual es el IPERC que fue aprobada por el comité de SST. v. Por otro lado, el personal inspectivo pudo constatar que el inspeccionado ha identificado peligros y riesgos en relación al Covid-19, teniendo un riesgo residual, además, en las medidas de control implementadas, no se evidencia controles para los riesgos ergonómicos y psicosociales evaluados. vi. Estando a los hechos constatados en el Acta de Infracción, así como el pronunciamiento en el Informe Final y lo determinado por la Autoridad de primera instancia en la resolución apelada, se evidencia que, el inspeccionado no cumplió con acreditar la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control para los riesgos ergonómicos y psicosociales en relación con los peligros y riesgos asociados a la Covid-19, conforme a lo dispuesto en la normativa de la materia; por lo tanto, los argumentos del inspeccionado en este extremo carecen de sustento legal y fáctico. vii. En tal sentido, considerando todo lo antes expuesto, la sanción impuesta al inspeccionado no se sustenta en apreciaciones subjetivas, sino que, por el contrario, se sustenta en los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, de los que se han podido determinar los incumplimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo en los que ha incurrido el inspeccionado. viii. Por otro lado, frente al argumento del inspeccionado que señala que la medida inspectiva de requerimiento es una infracción subordinada a la existencia de infracciones principales, corresponde indicar que, el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL de fecha 30 de julio de 2021, dispuso aprobar como precedente administrativo de observancia obligatoria, entre otros, el criterio expuesto en el fundamento 9 de la referida resolución, el cual señala que los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LOS ANDES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1669-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se interpone recurso de revisión contra el expediente sancionador 4999-2020- SUNAFIL/ILM. ii. Se ha causado agravios al imponerse sanción de multa sin pronunciarse y/o valorar las cuestiones de hecho y derecho planteadas por la Empresa durante el procedimiento inspectivo y al momento de formular descargos para desvirtuar las infracciones imputadas. Así, se ha vulnerado nuevamente el derecho a la observancia del Debido Proceso, en el extremo referido al derecho de obtener una decisión, por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, debidamente fundada en hechos y en derecho (Debida motivación de las resoluciones). iii. Además, se causa agravio al imponerse sanción de multa vulnerando el Principio de Non Bis in Idem, al establecer una doble sanción respecto de un mismo hecho, consistente en “(…) Al Sancionar Sobre Hechos Con Respecto Al Covid Al No Estar Debidamente Capacitados En Dicha Materia Por El Estado Y En Base A Hechos Novaticos Con Respecto Por La Misma Pandemia, Hecho Que Ya No Es Sancionable Al

Haberse Levantado El Estado De Emergencia, sanciones que se han puesto pese al haberse realizado los descargos correspondientes [sic]”: − Una infracción del numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT, en seguridad y salud en el trabajo por no cumplir la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control, al no haber adoptado las medidas de control para los riesgos ergonómicos y psicosociales en relación con los peligros y riesgos asociados a la Covid-19, tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. − Una infracción por el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 13 de julio de 2020. iv. Se ha cumplido con la información requerida en el tiempo solicitado, cumpliéndose con lo establecido en 27.3 del artículo 27 del RLGIT, distinto a lo sancionado por la SUNAFIL. v. Se sustenta el recurso administrativo en la nulidad del procedimiento sancionador y de la resolución Sub Directoral por graves contravenciones al ordenamiento legal vigente. Así, de la revisión del contenido de expediente sancionador materia de impugnación, se verifica que dicho pronunciamiento es nulo, puesto que ha sido emitido en manifiesta contravención de lo dispuesto en los artículos 5, 8, 10 y 230, numeral 2 y 10 de la Ley N° 27444, así como a disposiciones expresas de la Ley 28806 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 019-2006-TR, referido al derecho a la observancia del Debido Proceso, específicamente en lo que se refiere a la garantía de la debida motivación de las Resoluciones; y, la vulneración del Principio de Non Bis in Idem; la sanción es distinta a lo establecido en la norma. vi. Existen graves contravenciones que se advierten en el Acta de Infracción, y en la Resolución Sub Directoral materia de observación en vista que la sanción es excesiva en base a la proporcionalidad, la actualidad empresarial que se vive, el ser una pequeña empresa y la aplicación de hechos materia de COVID que no estaban normados y que actualmente, al haberse levantado el estado de emergencia, se han dejado sin efecto las normas por COVID. La parte considerativa medular de dicha resolución se remite a invocar los hechos recogidos en el Acta, sin hacer una valoración o análisis real sobre las cuestiones de hecho y derecho expuestas en los descargos. vii. Se ha afectado el debido procedimiento en el presente caso. Así, de la revisión de las actuaciones inspectivas, la Medida Inspectiva de Requerimiento y la propia Acta de Infracción conformantes del procedimiento sancionador, se verifica vicios consistentes en una serie de contravenciones a los principios legales en normas del COVID (generales y especiales) que rigen este tipo de procedimientos administrativos, previstos particularmente en el artículo 449° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, e igualmente en el artículo 230 de la Ley N° 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, esencialmente por el hecho que la Autoridad Administrativa de Trabajo, a lo largo del procedimiento inspectivo y sancionador (incluso al emitir la presente Resolución Sub Directoral), no ha comprendido en sus pronunciamientos todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por la Empresa, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 5, numeral 5.4, de la Ley 27444. viii. Respecto a la falta de una debida motivación de la resolución sub directoral, el acto administrativo constituido por el Acta de Infracción y, finalmente, por la Resolución Sub Directoral materia de apelación, adolecen de un vicio que determina su nulidad de pleno derecho, por cuanto que al momento de su emisión se ha contravenido lo expresamente dispuesto en el artículo 5, numeral 5.4 de la Ley 27444, en cuanto respecta a su contenido (requisito de validez), pues se ha omitido ponderar o valorar los argumentos formulados por la Empresa a lo largo de las actuaciones inspectivas, referidos expresa y exclusivamente a demostrar que se cumplió con las obligaciones a favor de los trabajadores, información que fue presentada en su debida oportunidad, lo cual desvirtúa las infracciones muy graves materia de multa. Así, se cumplió con entregar la información requerida en el tiempo solicitado, sin tener conocimiento de las ordenes de requerimiento de fecha 27 de enero de 2021 y 02 de febrero de 2021. ix. En el presente caso, la Resolución impugnada, en forma completamente injustificada, omite pronunciarse sobre los documentos presentados en su debida oportunidad, cumpliendo con los requerimientos que posteriormente presuntamente fueron notificaron y requeridos, información que se le fue entregada en su debida oportunidad. La SUNAFIL no tiene en consideración los descargos donde se acredita el cumplimiento de las ordenes de inspección, documentos que se anexan al presente escrito, los cuales ya había sido absueltos con anterioridad. x. Por ello, en ejercicio legítimo de su derecho de defensa y contradicción, en vía de apelación, se recurre al Superior en grado a efectos que valore, analice y se pronuncie sobre el argumento central de su defensa, consistente en que la impugnante ya puso en conocimiento en su debido momento la información requerida. Así, la empresa cumplió con los beneficios sociales a los trabajadores, entregando en su oportunidad a la autoridad, desconociendo las ordenes de requerimiento materia de sanción. Dicho argumento no se ha considerado pese a ser el argumento central de su defensa. La omisión antes señalada constituye un vicio de nulidad. xi. El Informe Final de Instrucción N° 410-2021-SUNAFIL/ILM/AI3, desconoce que ya fue entregada la información requerida. Causa sorpresa la sanción excesiva, la cual se solicita se deje sin efecto. La multa impuesta no se ajusta a la proporción de una pequeña empresa, con un mínimo de trabajadores, que cumplió con la normativa en seguridad y salud en el trabajo, donde además fueron afectados por una epidemia que dejó en ruinas el país, donde la economía cada día se pone más difícil para el sector empresarial. xii. Sobre el particular, se debe manifestar que el argumento, consistente en la exigencia del cumplimiento previo del procedimiento previsto en el numeral 2 del artículo 2 del D.S N° 007-2022-TR, es manifiestamente ilegal y comporta una interpretación errada de la norma. Es atentatorio al debido proceso que la Sub Dirección de Inspecciones se valga arbitrariamente de la invocación de un hecho que no ha sido notificado, pues en ningún momento se cuestionó la aplicación de la jornada atípica o acumulativa, razón por la cual los inspectores no solicitaron los convenios o contratos en los cuales constase pactada dicha condición de trabajo. Sin perjuicio de ello, se reitera que la

exigencia de dicho acuerdo o pacto hubiese devenido en ilegal, pues no se encuentran dentro del procedimiento de modificación previsto en el artículo 2, del D.S N° 007-2022-TR. xiii. Los argumentos antes señalados acreditan que la Resolución Sub Directoral, objeto de impugnación, adolece de múltiples vicios de nulidad, sobre todo por no evaluar y comprender las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por la Empresa; esto evidencia la falta de una debida motivación en el acto administrativo, por lo que éste último no constituye una decisión debidamente fundada en hechos y en derecho. xiv. Se ha vulnerado el principio del Non Bis In Idem, ya que las infracciones desarrolladas de la resolución recurrida constituyen en realidad un solo hecho, que es que se cumplió con los trabajadores materia de inspección y que no fueron notificados con las ordenes de requerimiento, verificándose en este caso la vulneración de derecho a defensa. Por dicha razón se solicita se declare nulo el Informe Final de Instrucción N° 0552-2021-SUNAFIL/IRE-TAC/SIAI-IFI.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a la competencia del Tribunal

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (énfasis añadido).

“29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL).

30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes” (énfasis añadido).

9 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 09 de mayo del 2023.

invocado, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

Sobre la infracción a la labor inspectiva

10 Principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 11 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”12.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”13.

12 El subrayado no es del original. 13 El subrayado no es del original.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura N° 01

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”15, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)

Figura N° 02

lo que no ha sucedido en el presente caso, por lo que tampoco se advierte una indebida motivación en los alcances señalados en su recurso de revisión.

Sobre la supuesta vulneración al principio de Non Bis In Ídem

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

14 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC.

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”15 (énfasis añadido).

15 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley.

Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa.

El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación.”

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

16 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

alegaciones al no estar sustentadas en documentos o actuaciones que correspondan o se vinculen al presente procedimiento administrativo sancionador.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control, al no haber adoptado las medidas de control para los riesgos ergonómicos y psicosociales en relación con los peligros y riesgos asociados a la COVID-19. Numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 13 de julio de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por LOS ANDES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1669-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 4999-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1669-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a LOS ANDES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730RZR HR 190789-2022