American Real Estate Sociedad Anónima Cerrada — Res. 930-2025

Mediante la Orden de Inspección N° 1300-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento jurídico sociolaboral 1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 398-2022- SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sancionar económicamente a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

A través de la Imputación de Cargos N° 1058-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIFN-IC, de fecha 05 de diciembre de 2022, notificada el 07 de diciembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 31-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SIFN-IFI de fecha 13 de enero de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional del Callao, la cual mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 357-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 03 de marzo de 2023, notificada el 06 de marzo de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/. 24,196.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 22 de marzo de 2023 la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 357-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante la Resolución de Intendencia N° 153-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 07 de julio de 2023, notificada el 10 de julio de 2023, la Intendencia Regional del Callao declaró infundado el recurso de apelación, en atención a los siguientes fundamentos:

Con fecha 01 de agosto de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 153-2023- SUNAFIL/IRE-CAL.

La Intendencia Regional del Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante el MEMORANDUM-000696-2023- SUNAFIL/IRE-CAL, recibido el 03 de agosto de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que AMERICAN REAL ESTATE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por AMERICAN REAL ESTATE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Al respecto, es preciso indicar que las obligaciones empresariales contenidas en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR —publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 14 de enero de 2020— constituyen una norma de carácter imperativo, que genera un régimen obligatorio bajo los parámetros convalidados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), conforme con las reglas del TUO de la LPAG.

En efecto, el quinto párrafo del numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG dispone que las entidades pueden asignar al administrado una casilla electrónica para efectos de notificación, “siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado”, agregando que, con la opinión favorable de la PCM y del MINJUS, “puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica”. Esta última alternativa fue adoptada válidamente por el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, cumpliendo los requisitos habilitantes previstos en el TUO de la LPAG. Por tanto, no resulta exigible el consentimiento expreso del administrado, toda vez que, conforme a la citada disposición legal, la obligatoriedad de la casilla electrónica ha sido aprobada mediante decreto supremo, con las opiniones favorables requeridas.

Ahora bien, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha conocido diversos casos en los que se cuestiona la validez de las notificaciones electrónicas, lo que motivó a que se examine dichos casos a la luz del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, norma que establece al menos seis reglas relevantes sobre la materia discutida:

Asimismo, el Decreto Supremo N° 003-2020-TR incluyó, en su Primera Disposición Complementaria Final, un cronograma de implementación a nivel nacional del sistema informático de notificación electrónica aprobado mediante la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, el cual fue posteriormente modificado por la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL de fecha 31 de julio de 2020, veamos:

En línea con ello, contrario a lo alegado por la impugnante en su argumento i), se aprecia que SUNAFIL ha procurado la difusión de esta obligación, lo que fluye, por ejemplo, de materiales instructivos que datan de julio de 20208, cumpliéndose así con el deber de publicidad estatal; por lo expuesto, no corresponde acoger lo alegado por la recurrente. Cabe precisar que, sobre la publicidad y publicación de las normas del Estado, la doctrina ha señalado lo siguiente:

En este extremo, resulta pertinente recordar que el artículo 51 de la Constitución reconoce al principio de publicidad como esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia del 28 de mayo de 2020, recaída en el Expediente N° 0001-2017-PI/TC, sostuvo que dicho principio tiene una

En similar línea, en la Sentencia de fecha 1 de julio de 2021, Expediente N° 01023-2021- PA/TC, el Tribunal precisó:

Aunado a ello, en la Sentencia del 22 de junio de 2011, contenida en el Expediente N° 02098-2010-PA/TC, referida al ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria, el Tribunal Constitucional expresó:

En atención a lo expuesto, se advierte que las notificaciones realizadas por medio del sistema de casilla electrónica se entienden válidamente efectuadas, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR. En consecuencia, el uso de la casilla electrónica constituye una modalidad de notificación válida y obligatoria, siendo responsabilidad del empleador revisar periódicamente dicha casilla a fin de tomar conocimiento oportuno de las comunicaciones o actos administrativos que le sean dirigidos.

Por lo tanto, la entrada en vigor de esta obligación resulta razonable, pues responde al contexto actual de digitalización extendida, en el cual tanto entidades públicas como privadas emplean plataformas tecnológicas para sus interacciones. Más aún, su implementación coincidió con la emergencia sanitaria, lo cual reafirma su funcionalidad en escenarios de restricciones físicas.

Asimismo, la proporción entre los medios y fines que persigue la Administración Pública con la notificación por vía de la casilla electrónica, se encuentra corroborada al responder a la satisfacción de su cometido, respetándose así al principio de razonabilidad del procedimiento administrativo, conforme está plasmado en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”10 (énfasis añadido).

En la misma línea, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores - Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

En ese marco, el artículo 1 de la LGIT define a “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.11

Complementariamente, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT establece que, “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular,

En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Asimismo, es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT12, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

Por tanto, los requerimientos de información recaen sobre instrumentales exigibles a los administrados ya sea por su deber legal de resguardo documental en la relación de trabajo, o bien porque el empleador cuenta con los medios para presentar dicha información, conforme con el deber de colaboración.

Ahora bien, en el caso concreto, de la lectura del expediente inspectivo se verifica que:

De esta forma, en atención a lo desarrollado en el considerando precedente, se evidencia que –contrario a lo señalado por la administrada en su argumento ii)– la entidad sí cumplió con él envió de las alertas pertinentes al correo electrónico autorizado por la propia impugnante. Ello, en virtud a lo expresamente señalado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, el cual en cuanto a la obligación del envío de alertas establece que estas pueden ser enviadas “(…) a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería”, formalidad que ha sido cumplida, conforme se ha demostrado previamente.

No obstante, pese a haber sido debidamente notificada con los requerimientos de información antes señalados, el Inspector comisionado verificó que, en ambas

Asimismo, se recalca que no sólo se ha merituado la conducta reprochable constitutiva de infracción –la misma que vulnera el precepto legal que regula la colaboración a la función inspectiva– sino que se ha advertido que dicho comportamiento impidió que el personal inspectivo cumpliera con el objeto de la inspección, no tratándose en el presente caso de un mero retraso, sino que el comportamiento reprochable terminó frustrando completamente la fiscalización, dada la imposibilidad de verificar las materias a inspeccionar.

Así, cabe recordar que la LGIT y el RLGIT, han otorgado especial importancia a la falta de colaboración a la labor inspectiva, al considerarla como una infracción muy grave de naturaleza insubsanable por cada hecho verificado; pues la finalidad es sancionar el incumplimiento de la obligación de colaboración a la labor inspectiva en la oportunidad requerida, en garantía de la eficacia del funcionamiento de la labor inspectiva en el marco de las facultades que la Ley confiere. A pesar de lo cual, la impugnante ha incumplido conforme consta en el Acta de Infracción, en los hechos constatados.

Por las razones expuestas precedentemente, debe desestimarse el argumento iii) planteado por la impugnante, en tanto ha quedado demostrado que la información solicitada mediante los requerimientos de información notificados fue debidamente precisada. En consecuencia, corresponde confirmar la comisión de dichas infracciones.

Mediante el argumento iv), se advierte que la impugnante alega que es contrario a la ley imponer doble sanción por un mismo hecho, lo que, en esencia, implica la vulneración al Principio Non Bis in Ídem, establecido en el literal 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Al respecto, corresponde traer a colación lo establecido en la Resolución de Sala Plena N° 013-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 26 de noviembre de 2022, la cual señala que:

Es preciso recordar que, conforme con la dogmática, el non bis in ídem es un principio que adquiere una faz material, que impide la aplicación de dos o más sanciones ante la verificación de la llamada “triple identidad”; así como una faz procedimental, que impide desplegar múltiples procedimientos sancionadores, cuando entre ellos se pueda deducir la llamada triple identidad. Esto último, claro está, sin perjuicio de la punición de actos continuos o de infracciones permanentes, lo que corresponde a hechos y/o fundamentos distinguibles, cada vez. 6.11 En particular, es importante que el órgano de la Administración que conociere un caso donde se invoca al non bis in ídem, deba verificar la identidad de sujetos, hechos y, singularmente (por requerir un análisis más detenido y en algunas ocasiones obviado), la llamada identidad de fundamento punitivo. Por esta última identidad, se entiende que “busca determinar si las normas concurrentes protegen o no un mismo bien jurídico”. De esta forma, es preciso que los órganos de la Administración verifiquen si dos procesamientos significan o no la superposición de regímenes sancionadores con idénticos o distintos bienes jurídicos.”

En consecuencia, corresponde efectuar un análisis respecto de la concurrencia de la triple identidad (sujeto, hecho y fundamento) en el presente caso, en atención a que la inspeccionada sostiene que se le ha impuesto una doble sanción por un mismo hecho, lo que, en esencia, implica la vulneración del Principio Non Bis in Ídem. Al respecto, se precisa lo siguiente:

En ese sentido, conforme al análisis precedente, no se advierte transgresión al Principio del Non Bis in Ídem, toda vez que los hechos que motivaron cada una de las imputaciones son distintos y se produjeron en momentos diferentes, aun cuando ambas infracciones se encuentren tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT e independientemente del contenido de cada requerimiento de información cursado.

Mediante el argumento v), la administrada sostiene que no ha sido notificada personalmente con la imputación de cargos, el acta de infracción y el informe final de instrucción en su centro de labores, vulnerándose las formalidades previstas en el artículo 21 del TUO de la LPAG, así como su derecho de defensa y debido procedimiento.

Al respecto, cabe precisar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, las unidades orgánicas, órganos desconcentrados de la entidad y la Intendencia de Lima Metropolitana a cargo del procedimiento, solo podrán recurrir a las demás modalidades de notificación previstas en

No obstante, en el presente caso no se ha acreditado impedimento alguno para efectuar la notificación electrónica, ni durante la etapa inspectiva ni en la fase sancionadora. Por el contrario, conforme se ha desarrollado en líneas precedentes, la entidad utilizó válidamente la notificación mediante casilla electrónica, sin que conste registro de fallas o restricciones operativas que justificaran recurrir a otra vía.

Así, se advierte que la imputación de cargos fue notificada conjuntamente con el acta de infracción a través de la casilla electrónica de la impugnante, remitiéndose a su correo electrónico registrado la respectiva alerta de notificación, con indicación del plazo otorgado para presentar descargos. De igual forma, se generó y remitió la alerta correspondiente con ocasión de la notificación del informe final de instrucción.

En ese marco, resulta relevante recalcar que, conforme al numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, los administrados tienen la obligación de revisar periódicamente su casilla electrónica a efectos de tomar conocimiento oportuno de los documentos y actos administrativos que se les notifiquen. Por tanto, el cumplimiento de esta obligación recae exclusivamente en el administrado, quien asume las consecuencias de su omisión.

En consecuencia, no se verifica la configuración de ninguna causal de nulidad prevista en el artículo 10 del TUO de la LPAG, por cuanto a lo largo del procedimiento sancionador se ha respetado el derecho de defensa y el debido procedimiento de la impugnante, sin que exista vicio invalidante alguno en los actos de notificación efectuados.

Por último, respecto del argumento iii) formulado por la impugnante, en el que sostiene que no se han identificado los criterios especiales de graduación de las sanciones aplicadas, se advierte que dicha afirmación carece de sustento. En efecto, la Intendencia desarrolló expresamente los criterios de graduación aplicables en los considerandos 3.16 al 3.18 de la resolución impugnada, en estricto cumplimiento del artículo 38 de la LGIT, el cual establece que toda sanción debe ser impuesta atendiendo a la naturaleza de la infracción, su gravedad, el número de trabajadores afectados, así como otros criterios especiales establecidos en el RLGIT.

En consecuencia, a la luz de lo desarrollado en la presente resolución, se desestima el argumento vi) de la impugnante, al haberse verificado que la nulidad invocada carece de sustento fáctico y jurídico.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.