Alpamayo Inversiones S.A.C — Res. 202-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Bonificación no remunerativa (Sub materia: incluye todas), Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones), Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones y Pago de la remuneración (sueldos y salarios), y, Seguridad social (sub materia: declaración y pago de la seguridad social). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la declaración y el pago de aportes en el régimen de seguridad social de pensiones (AFP) correspondientes a los periodos enero 2020, febrero 2020 y marzo 2020, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,471.60.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 21 de mayo de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Al respecto, se infracciona a su representada por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 10 de agosto de 2021, por lo que, es imperioso mencionar que dicha obligación no se pudo concretar no por decisión propia del apoderado encargado, sino por una situación de caso fortuito o fuerza mayor, ya que el personal a cargo de la revisión de las notificaciones y la contestación de las mismas, se encontraba en aislamiento domiciliario por presentar síntomas y por dar una prueba positiva y reactiva al virus SARS COV 2 (la prueba tiene fecha 12.08.2021).

ii. Ahora bien, su despacho menciona en el punto 65 de la resolución materia de impugnación que dicha prueba no corrobora de manera exacta que el representante del sujeto inspeccionado se haya encontrado con descanso médico dentro del periodo requerido. Al respecto, se adjunta en calidad de PRUEBA NUEVA, que con fecha 08.08.2021 se le hizo entrega de un comunicado a su apoderado, haciendo de su conocimiento que se le otorgaban 14 días de aislamiento domiciliario, pues, la empresa tomo conocimiento de su estado de

2 Véase folio 74 del expediente sancionador. 3 Mediante Resolución de Trámite N° 02 de fecha 17 de agosto de 2022, se encauzó el recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante a un recurso de apelación, puesto que, el sustento como nuevo medio probatorio, ya fue materia de análisis en la Resolución de Sub Intendencia N° 422-2022-SUNAFIL/IRE-SISA/LIM.

salud, por lo cual, se aplicó el protocolo sanitario estipulado en los “Lineamientos para la Vigilancia, prevención y control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición al SARS-COV-2” según Resolución Ministerial N° 972-2020.

iii. Alegan que, conforme a lo acordado en la Sesión de Sala Plena N° 018-2020 del Tribunal de la Superintendencia Nacional de SALUD-SUSALUD, solicita que, en aplicación del principio de presunción de veracidad, y del principio de verdad material, se deje sin efecto la propuesta de multa interpuesta por la supuesta comisión de infracción tipificada en el Numeral 46.7 del D.S. 019-2006-TR.

i. Respecto a la infracción a la labor inspectiva por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 21/05/2021 (el inspector otorgo un plazo de 04 días hábiles) para el cumplimiento de lo ordenado en dicha medida de requerimiento, ante ello, la inspeccionada argumenta configurar un eximente de responsabilidad por un caso fortuito o fuerza mayor, debido a que su Apoderado se encontraba delicado de salud, por haber sido contagiado con el virus de la Covid- 19, precisamente en el tiempo en el que se extendió la medida inspectiva de requerimiento, y razón por el cual, no pudo atender lo ordenado por el inspector comisionado.

ii. Este Despacho precisa que; si bien, la inspeccionada acredita con el resultado de prueba serológica de fecha 12/08/2021, en donde se detalla la presencia de anticuerpos a lgM y/o lgG, la enfermedad para COVID 19; y, adjunta "no un certificado médico", sino una carta mediante el cual la inspeccionada comunica al trabajador su decisión de otorgarle 14 días de aislamiento domiciliario a fin de que pueda recibir tratamiento médico, iniciando el descanso desde el 09 al 22 de agosto de 2021; debe tenerse en cuenta que sólo se podría tener justificación en eventos relacionados con circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor; tomándose en cuenta que, para la configuración de la misma, dicha causa debe constituir un evento extraordinario, imprevisible irresistible, que imposibilite el cumplimiento.

iii. Ante ello, se invoca el artículo 257 del TUO de la LPAG señala: "1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada (…)". Bajo ese contexto, corresponde precisar que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, de esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser

4 Notificada a la impugnante el 03 de octubre de 2022, véase folio 87 del expediente sancionador.

inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

iv. Sin embargo; argumentar como medio de defensa el contagio del virus de la Covid- 19 a su Apoderado, y que por dicha razón no pudieron cumplir con lo ordenado en la medida de requerimiento, no configura como un hecho imprevisible e irresistible, por cuanto el inspeccionado pudo adoptar medidas o acciones pertinentes; ya que, conforme el mismo inspeccionado lo señala, tuvo conocimiento que su apoderado legal estaba contagiado con la Covid-19 razón suficiente, para que el inspeccionado adopte las medidas necesarias y/o acciones correspondientes, realizando la comisión, delegación a otra persona a fin de dar cumplimiento a lo requerido por el inspector comisionado y dentro del plazo señalado, teniendo en cuenta que la Medida Inspectiva de Requerimiento tenía 04 días hábiles de plazo otorgado, tiempo suficiente para delegar a otro trabajador que estime conveniente para la derivación de los documentos solicitados por el inspector comisionado, considerándose aún, que en la medida de requerimiento ya no se solicitaba que se adjunte documento de representación, más solo se requería el cumplimiento de las materias investigadas, en este sentido, no corresponde aplicar el eximente de responsabilidad, sostenido por el sujeto inspeccionado.

v. Respecto a la infracción por no acreditar el pago de los aportes de la Seguridad Social en Pensiones (AFP) correspondientes a los periodos enero 2020, febrero 2020 y marzo 2020; es de evidenciarse, que, conforme bien lo han argumentado los inferiores en grado, el cumplimiento de la declaración y pago de los Aportes en el Régimen de Seguridad Social en pensiones (AFP); de los periodos incumplidos (enero, febrero y marzo 2020); se efectuó el 22/11/2021; vale decir con fecha posterior a la notificación de la Imputación de Cargos (15/11/2021), en consecuencia los inferiores en grado para el presente caso en concreto han aplicado correctamente el art. 40 de la LGIT.

vi. Respecto a la proporcionalidad y razonabilidad de la multa, cuestionada por la inspeccionada, se debe precisar que la determinación de la multa, no se encuentra sometida al libre albedrío del Inspector de Trabajo o de la Autoridad Sancionadora; antes bien, y de conformidad con los principios que rigen la actividad sancionadora de la SUNAFIL, las mismas se encuentra previamente regulada conforme a la descripción prevista en el TITULO IV "DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES" del RLGIT, concluyéndose con ello que tanto las conductas infractoras así como las sanciones se encuentran previamente determinadas y en modo alguno responden a apreciaciones de índole subjetivas y puedan ser consideradas como arbitrarias, conforme lo deja entrever la inspeccionada; antes bien, las sanciones que impone SUNAFIL, por transgresión a la normativa sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo o por infracción a la labor inspectiva, responden en todos los casos a criterios objetivos previamente determinados y que deben ser conocidos por los administrados.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ALPAMAYO INVERSIONES S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 24 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 182-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. Resulta insólito que la Intendencia pretenda desconocer la situación de fuerza mayor o caso fortuito que aconteció durante el plazo para el cumplimiento de la medida de requerimiento, pues su apoderado legal, quien ostentaba las facultades en materia laboral se contagió de la COVID-19 el 12.08.2022 por lo que se encontraba con aislamiento domiciliario desde el 09.08.2021 hasta el 22.08.2021, es decir por 14 días, a fin de resguardar la salud e integridad del trabajador, así como del resto de los trabajadores de nuestra empresa y de acuerdo al protocolo sanitario estipulado en los "Lineamientos para la Vigilancia, prevención y control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición al SARS-COV-2" según Resolución Ministerial N° 972-2020.

ii. En efecto, la notificación de la medida de requerimiento se realizó el 10.08.2021 y el plazo vencía el 16.08.2021, fechas en las que su apoderado se encontraba con aislamiento domiciliario, lo que finalmente implico que no pueda cumplir con atender la medida de requerimiento. Así pues, es inaudito que la intendencia señale que su representada no se encuentra bajo los alcances de los atenuantes de responsabilidad, ya que supuestamente su empresa pudo haber previsto incurrir en tal situación, sobre este argumento alegado por la intendencia, corresponde a continuación analizar la previsibilidad como requisito para la precedencia de la eximencia de responsabilidad.

iii. Primero, debe señalarse que, si bien calificar un evento de fuerza mayor requiere de prueba del hecho o del evento alegado, en este caso el estado de emergencia nacional y estado de emergencia sanitarla decretados en nuestro país a raíz de la propagación del COVID-19 es un hecho notorio y de conocimiento público, por lo que su existencia en sí misma no requiere ser probada. Lo que si requiere de sustento es cómo esta emergencia afecta al cumplimiento de las obligaciones de la empresa, sustento que se presentó en nuestro descargo y recurso de apelación (prueba positiva al COVID-19 de su Apoderado Legal y carta de comunicación de aislamiento domiciliario), pues la propagación del COVID-19 afecto a la salud de su apoderado legal, ya que este se contagió con dicho virus lo que finalmente implico que no pueda dar cumplimiento a la medida de requerimiento, por encontrarse con aislamiento domiciliario.

iv. Y, más aún si el Gobierno ha decretado una cuarentena obligatoria en nuestro país debido a la Covid-19. Situación que constituye un evento de caso fortuito porque estamos ante una situación imposible de resistir y que impide el cumplimiento de la prestación de servicio del Apoderado legal.

v. Es importante invocar el PRECEDENTE VINCULANTE ADMNISTRATIVO de OBSERVANCIA OBLIGATORIA, establecido por el TRIBUNAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUSALUD aprobado mediante Sala Plena Nro. 018-2020 que señala lo siguiente: "(...) En consecuencia, la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno en nuestro país debido a la Covid-19, constituye un evento de fuerza mayor, porque estamos ante una situación imposible de resistir y que impide el cumplimiento de la prestación (…)”. Siendo que este es de observancia OBLIGATORIA, y por ende debe ser aplicable en el presente caso.

vi. En ese sentido, y virtud al principio de presunción de verdad material, solicita la NULIDAD de la Resolución de Intendencia Nro.182-2022- SUNAFIL/IRE-LIM y DEJAR SIN EFECTO LA MULTA PROPUESTA por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el Numeral 7 Artículo 46° del Decreto Supremo N° 019-2006-TR, pues como lo han venido indicando, se encontraban en una situación de caso fortuito o fuerza mayor que ocasionó el incumplimiento de la medida de requerimiento, de manera que corresponde aplicar las causales eximentes de responsabilidad.

vii. Si bien el Administrado, para efectos de la inspección de autos, es su representada ALPAMAYO INVERSIONES S.A.C, ésta actúa a través de apoderados y representantes designados en autos y que para los asuntos en materia laboral su representada designo dicha función al Sr. Aldo Echenique Morales.

viii. Por eso considera que la Sub Intendencia y la Intendencia parten de un análisis equivocado. Los particulares pueden delegar válidamente determinadas actuaciones

que le son propias de su gestión a través de representantes legales y/o apoderados válidamente designados, que en el presente caso estuvo delegado al Sr. Aldo Echenique Morales.

ix. En el presente caso el Sr. Aldo Echenique es apoderado laboral desde el año 2015 designado para atender las actuaciones inspectivas de SUNAFIL, pero también toda clase de actuaciones en materia laboral gracias a la especialidad del Apoderado Laboral, poder que se presentó en su descargo y recursos impugnatorios.

x. Una actuación inspectiva de entrega de información y documentación NO es por tanto un acto de mero trámite, ya que NO puede ser fácilmente atendido por cualquier persona, sino es una diligencia que requiere de conocimientos técnicos y legales que permitan dar adecuada explicación para que no se configure una sanción, ya que la consecuencia de no brindar información, o brindar una información errónea puede ser sancionado por vuestra entidad por obstrucción a la labor Inspectiva.

xi. No es correcto que la Intendencia considere mantener la sanción SIN TENER NINGUNA EVIDENCIA DE QUE su INCUMPLIMIENTO FUE INJUSTIFICADO alegando que debieron delegar a otro apoderado, cuando para esta clase de diligencias ya se tenía designado a un apoderado específico que es el SR. ALDO ECHENIQUE MORALES.

xii. La resolución materia de impugnación igualmente va en contra de los principios administrativos de legalidad, razonabilidad, informalismo y presunción de veracidad incurriendo en un vicio in iudicando.

xiii. Resulta inaudito cuando la Intendencia supone que el Sr. Aldo Echenique (Apoderado Laboral) desde su domicilio podía ANTICIPAR que se iba a enfermar y que así podía dar aviso por anticipado para que su representada designe otro apoderado, lo que contraviene la figura de caso fortuito y justamente la condición de "imprevisible". Los alcances de un caso de fuerza mayor conforme lo sustentado en el numeral 2.2.1 del presente recurso.

xiv. En ese sentido, y al vulnerar el principio de presunción de verdad material y de legalidad, solicita la NULIDAD de la RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA Nro.182-2022- SUNAFIL/IRE-LIM y DEJAR SIN EFECTO LA MULTA PROPUESTA por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el Numeral 7 Artículo 46° del Decreto Supremo N° 019-2006-TR, pues como han venido indicando, se encontraban en una situación de caso fortuito o fuerza mayor que ocasionó el incumplimiento de la medida de requerimiento de fecha el 31.08.21, de manera que corresponde aplicar las causales eximentes de responsabilidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

11 Entendemos que ella se refiere en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4.

Figura N° 01

- Otorgándole un plazo de cuatro (04) días hábiles para que cumpla con esta. Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa.

Sobre la infracción a la seguridad social

“Artículo 34.- Los aportes a los que se refiere el artículo 30, deben ser declarados, retenidos y pagados por el empleador a la entidad centralizadora de recaudación a que se refiere el artículo 14-A. El pago puede ser hecho a través de la institución financiera o de otra naturaleza que designe la entidad centralizadora mencionada.

La declaración, retención y pago deben efectuarse dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectas. En caso la SUNAT sea la entidad centralizadora a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 14-A, el calendario de declaración, retención y pago lo establecerá dicha entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 135-99-EF y normas modificatorias.

Los aportes del empleador a que se refiere el artículo 31 serán recaudados por la entidad centralizadora a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 14-A.

El monto de los aportes al SPP no pagados dentro del plazo establecido en las normas pertinentes, generará un interés equivalente a la tasa de interés moratorio previsto para las obligaciones tributarias en el artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 135-99-EF y normas modificatorias.

En caso la SUNAT sea la entidad centralizadora de la recaudación y cobranza, cuando los agentes de retención no hubiesen cumplido con la obligación de retener el aporte serán sancionados de acuerdo con el Código Tributario. En tal caso, los trabajadores dependientes, deberán declarar y pagar el aporte correspondiente, e informar a la SUNAT, dentro de los primeros doce (12) días del mes siguiente al de percepción de la renta, el nombre y domicilio de la persona o entidad que les efectuó el pago, haciéndose acreedores a las sanciones previstas en el citado Código Tributario en caso de incumplimiento. En caso de que el trabajador incumpla con declarar y pagar, el agente retenedor será solidariamente responsable por los aportes no pagados y por las obligaciones derivadas de ellos.

Las pretensiones que buscan recuperar los aportes efectivamente descontados a los trabajadores y no abonados o depositados por el empleador en forma oportuna a la AFP son imprescriptibles” (énfasis añadido).

“Artículo 44-B.- Infracciones muy graves en materia de seguridad social (…) 44-B.2. No efectuar el pago de todo o parte de los aportes al Sistema Privado de Pensiones efectivamente retenidos de los trabajadores afiliados en la oportunidad que corresponda.”

Sobre la aplicación de la eximente de responsabilidad

“En nuestro ordenamiento, el caso fortuito y la fuerza mayor son consideradas como sinónimos. Técnicamente, sin embargo, se les puede distinguir prestando atención a los adjetivos calificativos “fortuito” y “mayor”. En el primer instituto, el énfasis recae en lo

12 Morón Urbina, J. (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 14va ed., Tomo II, p. 517.

“casual”, lo “anormal”, lo “inusual”, lo “desacostumbrado”, en suma, en lo “extraordinario” o “fuera de lo común”. En el segundo, el énfasis recae en la “superioridad”, “inevitabilidad”, “insuperabilidad”, “imposibilidad de control” o, en suma, en la “irresistibilidad” de la fuerza que ocasiona el evento dañoso”13.

“(…) como lo entiende Mosset, la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor va más allá de lo puramente teórico, caracterizan al primero por su ‘imprevisibilidad’ y a la fuerza mayor por implicar la ‘irresistibilidad’. En tal sentido, se debe entender como ‘caso fortuito’ cuando es posible evitar el daño producido mediante actos de previsibilidad, esto es se puede evitar mediante una diligencia normal, en cambio será ‘fuerza mayor’ cuando aun habiéndose previsto, era imposible impedir que se produzca el daño, como se daría el caso en los casos de desastres naturales”.

13 León Hilario, L. (2016). Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Lima: Academia de la Magistratura. 14 Respecto a estas características, cabe precisar que, de acuerdo con lo señalado por De Trazegnies, lo extraordinario es entendido como aquel riesgo atípico de la actividad o cosa generadora del daño, notorio o público y de magnitud; es decir, no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto sino fuera de lo común para todo el mundo. Asimismo, siguiendo al citado autor, lo imprevisible e irresistible implica que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra manera o no podría prever el acontecimiento y resistir a él. (DE TRAZEGNIES GRANDA, F. (2001). La responsabilidad extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 336 - 341). Partiendo de ello, el mencionado académico señala: para considerar la notoriedad del hecho como elemento esencial del caso fortuito no se requiere que esta característica (notorio o público o de magnitud) haya sido expresamente señalada en el artículo 1315: está implícitamente en la exigencia de que se trate de un hecho extraordinario" (p. 339). 15 TUO de la LPAG, Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada”.

respetando con ello la garantía del debido procedimiento administrativo y el respeto por los derechos constitucionales de los trabajadores.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad Social No acreditar la declaración y el pago de aportes en el régimen de seguridad social de pensiones (AFP) correspondientes a los periodos enero 2020, febrero 2020 y marzo 2020. Numeral 44.B-2 del artículo 44.B del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento de fecha 21 de mayo de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ALPAMAYO INVERSIONES S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 182-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 648-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 182-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a ALPAMAYO INVERSIONES S.A.C., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240228MLA