Alpamayo Inversiones S.A.C — Res. 1016-2023

Mediante Orden de Inspección N° 211-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 106-2021-SUNAFIL/IRE-TAC (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otras, una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por no haber efectuado el pago de vacaciones legales y truncas, así como, por dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 19 de marzo de 20212 y la inasistencia a la comparecencia citada para el 19 de marzo de

Que, mediante Imputación de Cargos N° 177-2021-SUNAFIL/ SIAI-TAC, de fecha 16 de abril de 2021, notificada el 10 de mayo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 0530-2021-SUNAFIL/IRE-TAC/SIAI-IFI, de fecha 10 de diciembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Tacna, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 089-2022- SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, de fecha 07 de febrero de 2022, notificada el 10 de febrero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 57,728.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 03 marzo de 2022, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 089-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, presentando como nueva prueba contratos de trabajo y convenios de envío de documentos laborales, y mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0304-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SISA, de fecha 21 de junio de 20223, se declaró infundado el referido recurso, por considerar que la documentación presentada no desvirtúa las imputaciones por las cuales fue sancionado.

Con fecha 12 de julio de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 0304-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 089-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, de fecha 11 de agosto de 20224, la Intendencia Regional de Tacna, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, revocando en parte la Resolución de Sub Intendencia N° 0304-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SISA, en el extremo de las infracciones tipificadas en los numerales 23.2 y 23.3 del artículo 23 del RLGIT y adecuando la multa a la suma de S/ 55,440.00, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 22 de agosto de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Tacna, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 089-2022- SUNAFIL/IRE-TAC.

La Intendencia Regional de Tacna, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000563-2022- SUNAFIL/TAC, recibido el 31 de agosto de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ALPAMAYO INVERSIONES S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 089-2022- SUNAFIL/IRE-TAC, que adecuó la sanción impuesta a la suma de S/ 55,440.00, por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT; y dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 16 de agosto de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por ALPAMAYO INVERSIONES S.A.C.

Con fecha 22 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 089-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, señalando los siguientes alegatos:

Se debe precisar que, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de tres (03) infracciones graves. Asimismo, por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre el particular, debe observarse la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG, establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si

Al respecto, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Toda persona tiene derecho, después de un año de prestación de servicios continuos a unas vacaciones anuales pagadas.

Cabe señalar que, el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, establece que: “la remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la misma”.

El artículo 22 del citado cuerpo normativo, señala que los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tanto dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.

Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con una jornada completa, tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la finalidad de reponerse del desgaste sufrido.

En ese sentido, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713, establece que los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán lo siguiente: a) Una remuneración por el trabajo realizado; b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo.

En ese contexto normativo, en virtud a las constataciones realizadas a lo largo del procedimiento inspectivo, el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de marzo de 2021, para que la impugnante cumpla con acreditar, entre otros, el otorgamiento y pago de las vacaciones legales y truncas en favor de las recurrentes, en el caso de Yngrid Lizet Letona Huaylla de los periodos comprendidos desde el 11 de setiembre de 2018 al 10 de junio de 2020; y, en el caso de Lessly Anai Soplapuco Sandoval de los periodos comprendidos desde el 28 de junio de 2018 al 31 de marzo de 2020. Sin embargo, vencido el plazo, la impugnante faltó a su deber de colaboración, al no subsanar las infracciones advertidas por la medida de requerimiento.

No obstante, se advierte del expediente sancionador que, la Autoridad Instructora procedió a valorar los descargos y medios probatorios exhibidos por la impugnante al Informe Final de Instrucción, observándose que, respecto al pago de las vacaciones legales y truncas, entre otros conceptos, a favor de la trabajadora Lessly Anai Soplapuco Sandoval, se acredita una “Declaración Jurada”11, de fecha 31 de marzo de 2020, suscrita por la propia trabajadora, a través de la cual declara bajo juramento haber recibido por parte de la impugnante la suma de S/ 4,097.91, que comprende la liquidación de beneficios sociales, monto que dejo constancia haber recibido al contado y en efectivo. Por tanto, se dejo constancia que se subsanaron la infracción por el pago de las vacaciones legales y truncas, a favor de la trabajadora Lessly Anai Soplapuco Sandoval.

Sin embargo, al verificarse que la impugnante no adjunta prueba documental que acredite la subsanación respecto el otorgamiento y pago de las vacaciones legales y truncas en favor de la recurrente, Yngrid Lizet Letona Huaylla de los periodos comprendidos desde el 11 de setiembre de 2018 al 10 de junio de 2020. En consecuencia, se confirma la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a la supuesta vulneración del principio de veracidad y principio de verdad material, en tanto que realizaron el pago de las vacaciones legales y truncas, entre otros conceptos, a favor de la extrabajadora Yngrid Lizet Letona Huaylla, lo que dejaron constancia con la hoja de liquidación de beneficios sociales sin firma, el voucher de “telegiro en efectivo” emitido por el Banco de la Nación, que acreditarían el pago, en razón de que, con el voucher de fecha 08 de julio de 2022 se evidencia que se efectuó una transferencia de dinero por el monto de S/ 4,873.88, así como de las comunicaciones realizadas a la trabajadora del giro efectuado.

Sobre el particular, se advierte de autos que la impugnante, presenta una liquidación de beneficios sociales sin firma de la extrabajadora recurrente, así como el voucher de “Telegiro en efectivo” emitido por el Banco de la Nación de fecha 08 de julio de 2022; no obstante, dicho voucher no acredita fehacientemente el pago de las vacaciones legales y truncas a favor de la extrabajadora Yngrid Lizet Letona Huaylla, en tanto que, se advierte del citado voucher que se consigna lo siguiente: “SÍRVASE COMUNICAR AL BENEFICIARIO EL NÚMERO Y EL IMPORTE DEL GIRO”; sin embargo no se adjunta otro medio probatorio que demuestre el cumplimiento de su obligación laboral (sea a través de medio físico o informático), por medio del cual se acredite el ingreso del monto generado por la obligación a la extrabajadora recurrente, así como acredite haber comunicado a la trabajadora el telegiro realizado y que la misma haya efectuado el cobro de dicho importe, que puedan dar conformidad respecto del cumplimiento del pago de sus obligaciones laborales pendientes para con la extrabajadora Yngrid Lizet Letona Huaylla. Ahora bien, respecto a las supuestas comunicaciones realizadas a la extrabajadora afectada del giro efectuado, se advierte de autos que están referidas al envío de las boletas de pago de remuneración y certificado de trabajo. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

Así, en la búsqueda del cumplimiento de la medida inspectiva, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”12:

En similar sentido -y de manera referencial – la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, mantiene el mismo enfoque al detallar los factores para el establecimiento del plazo de cumplimiento en el numeral 7.15.5.

En ese sentido, de la revisión de los actuados se observa que el inspector comisionado emite la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de marzo de 2021 y otorga un plazo de cinco (05) días hábiles a la impugnante para que cumpla con lo siguiente:

Siendo que, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 211-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, y en relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción. Por tanto,

En tal sentido, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y desestimarse todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo; por lo que se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT.

Por tanto, estando a que la autoridad administrativa cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, desvirtuando el principio de licitud del administrado, al determinar las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato; sin embargo, no se aprecia el mismo. Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que, resulta insólito que la Intendencia pretenda desconocer las restricciones dictadas por el gobierno mediante Decreto Supremo N° 046-2021-PCM, para los casinos y tragamonedas que tenían el 0% de aforo, lo que imposibilitó recabar la información solicitada de forma íntegra, en tanto que la documentación solicitada por el inspector se encontraba de manera física y no en digital, ya que los pagos se realizaban en efectivo y al contado; así alegan que el inspector debió otorgar un plazo razonable o en su defecto ampliarlo. En tal sentido, alegan que, no es razonable que sean multados, toda vez que, durante la vigencia del plazo de la medida inspectiva de requerimiento, se varió la condición de una alerta extrema, por tanto, corresponde a una imposibilidad material.

Sobre el particular, se tiene que, si bien es cierto, mediante Decreto Supremo N° 046- 2021-PCM, publicado en el Diario “Oficial El Peruano”, con fecha 13 de marzo de 2021, se aprobó el Nivel de Alerta Extremo en la ciudad de Tacna del 15 hasta el 28 de marzo de 2021; no obstante, del citado decreto, no se advierte que se haya dispuesto la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos, ni que tampoco la SUNAFIL haya emitido alguna disposición suspendiendo los plazos de los procedimientos inspectivos y sancionadores. Por otro lado, contrario a lo alegado por la impugnante, se evidencia de autos que la impugnante brindó variedad de documentación al personal inspectivo; por tanto, en caso de que la documentación solicitada por el inspector comisionado estuviese en físico y no en digital, pudo haber justificado y comunicado al inspector sobre dicho asunto, para solicitar alguna ampliación con la finalidad de buscar y entregar la documentación faltante, previa autorización o respuesta del inspector comisionado. Sin embargo, no obra en el expediente inspectivo, ningún documento que haya sido emitido por la impugnante comunicando al inspector la imposibilidad de adjuntar toda la documentación, lo que evidencia claramente que el entonces, sujeto inspeccionado, no realizó las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en materia sociolaboral de acuerdo a los incumplimientos advertidos.

En ese sentido, corresponde confirmar la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; en consecuencia, no acoger los argumentos expuestos en este extremo por parte de la impugnante.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”13. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad14.

Por su parte, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1115 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36° de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, a folio 11 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia” de fecha 16 de marzo de 2021, notificado a la impugnante mediante Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica, por medio del cual se citó a la impugnante a la comparecencia virtual programada para el día 19 de marzo de 2021 a las 9:00 horas, a través de la dirección electrónica: https://meet.google.com/cvj-vexw-tiu, a fin de que se recojan manifestaciones y/o declaraciones, así como se exhiban y/o presenten documentos. La documentación requerida se refiere a los periodos 28 de junio de 2018 al 11 de junio de 2020, y respecto de las trabajadoras afectadas Letona Huaylla Yngrid Lizet y Soplapuco Sandoval Lessly Anai. Asimismo, del referido documento se verifica que se efectuó el siguiente apercibimiento: “Cabe recordarle que su inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa (…)”.

Sin embargo, el día y hora fijado, el sujeto inspeccionado no se hizo presente a la diligencia programada, pese a encontrarse debidamente notificado, incurriendo en una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

En ese entendido, como se ha establecido en el Acta de Infracción, el comisionado ha determinado como parte de los hechos constatados, en el numeral 4.3 que, “con fecha 16 de marzo de 2021 se efectuó un requerimiento de comparecencia notificado a través de la casilla electrónica al sujeto inspeccionado, requiriendo su asistencia a la comparecencia que se celebró el 19 de marzo de 2021, a horas 09:00 de la mañana; sin embargo, dentro del plazo otorgado y pasado los 10 minutos de tolerancia no asistió el sujeto inspeccionado o su representante legal o apoderado, lo cual configura una infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.10 del D.S. N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, al contravenir el deber de colaboración contemplado en el artículo 9 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y el artículo 15 del D.S. N° 019-2006-TR”.

Como se verifica de los actuados, la impugnante no participo de la referida diligencia, alegando al respecto que, se pretenden desconocer las restricciones dictadas por el gobierno mediante Decreto Supremo N° 046-2021-PCM, lo que imposibilitó recabar la información solicitada por el inspector de forma íntegra; por tanto, alegan que, no es razonable que sean multados, toda vez que, durante la vigencia del plazo del requerimiento de comparecencia, se varió la condición de una alerta extrema, por tanto, corresponde a una imposibilidad material, constituyéndose en una razón eximente, contemplada en el artículo 257 del TUO de la LPAG, que no permitió el cumplimiento de las obligaciones no por una decisión unilateral sino por las restricciones focalizadas.

Sobre el particular, debemos señalar que el literal a) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, establece que constituye condición eximente de la responsabilidad por infracciones el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada16. En similar sentido, el punto 7.1.5.2. de la versión 02 de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII – “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL (en adelante, la Directiva), señala respecto del caso fortuito o fuerza mayor lo siguiente: “(…) Respecto al literal a), caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada; deben estar referidas a hechos producidos antes de la primera actuación inspectiva en la cual participe el administrado, debiendo ser acreditado con documento público de fecha cierta, salvo que sean hechos de conocimiento público”.

El profesor Morón Urbina define al “caso fortuito” como: “…un proceso causal que no es obra de la naturaleza sino del hombre, habiendo, por lo demás, un resultado imprevisible e inevitable. En el caso fortuito existe, por lo tanto, obra del hombre y presenta un nexo causal entre la acción de éste y el resultado; no obstante, es un proceso que no resulta previsible. En todo sentido, se caracteriza por su imprevisibilidad, inevitabilidad y, sobre todo, por la ausencia de relación entre la voluntad del agente y el resultado”17.

Partiendo de ello, para considerar un evento como fortuito y eximente de responsabilidad, debe determinarse, en primer lugar, la existencia del evento y, adicionalmente, que este reviste de las características de extraordinario, imprevisible e irresistible18.

En el caso en particular, la impugnante alega que las restricciones dictadas por el gobierno mediante Decreto Supremo N° 046-2021-PCM, imposibilitó recabar la información solicitada por el inspector de forma íntegra, en tanto que, se varió la condición de una alerta extrema, por tanto, existió una imposibilidad material de poder asistir a la diligencia de comparecencia de fecha 19 de marzo de 2021, y que los hechos resultan atendibles

Por tanto, como se verifica de los actuados, la impugnante no participo de la referida diligencia, así como tampoco ha acreditado la existencia de la causal eximente invocada. Por lo que, el incumplimiento de su deber de diligencia, no la exime de responsabilidad, por la no participación de su representante en la diligencia de comparecencia de fecha 19 de marzo de 2021, para la cual se encontraba debidamente notificada, más aún, si se dejó constancia del apercibimiento en el referido requerimiento de comparecencia, advirtiendo que la inasistencia a la citada comparecencia constituye infracción a la labor inspectiva.

Por tanto, al no tener asidero legal, que la impugnante trate de deslindar su responsabilidad de no haber asistido a la comparecencia citada, corresponde desvirtuar lo argumentado en este extremo de su recurso de revisión. Por tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento,

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 089-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, como la Resolución de Intendencia N° 089-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.