Alicorp SAA — Res. 757-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la Remuneración (sueldos y salarios)). 2 Previamente, corresponde precisar que mediante Resolución N° 607-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 30 de noviembre de 2021, esta Sala declaró la caducidad del procedimiento administrativo sancionador iniciado con la notificación de la Imputación de Cargos N° 310-2020-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI. En consecuencia, se declaro la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia N° 439-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 31 de mayo de 2021. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con exhibir la información solicitada cuyo plazo de cumplimiento fue el día 02 de diciembre de 2019, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con exhibir la información solicitada cuyo plazo de cumplimiento fue el día 06 de diciembre de 2019, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,450.00.

i. Manifiesta que, la resolución apelada es nula, al no haber acogido la solicitud de inhibición dirigida a la entidad de trabajo, pese a que el objeto del procedimiento administrativo sancionador se encuentra actualmente judicializado ante el 5° Juzgado Especializado de Trabajo del Callao, mediante Expediente N° 02315-2016-0- 0701-JR-LA-03. ii. Asimismo, señala que la decisión de la entidad de trabajo es arbitraria al multar por un monto exorbitante, es decir S/ 18,900.00, por un caso que esta judicializado, en los dos requerimientos presentamos la inhibición pertinente de manera escrita. iii. No se ha respetado el derecho de defensa, el principio de licitud, el principio de verdad material y principio de razonabilidad y proporcionalidad, además, de no valorar correctamente los medios probatorios ofrecidos durante el proceso inspectivo, por lo que, solicitamos se declare nula la resolución o en su defecto se revoque, por los argumentos expuestos.

Asimismo, se dispuso la evaluación de un nuevo procedimiento administrativo sancionador sobre la base del Acta de Infracción y los actuados correspondientes a la Orden de Inspección N° 2441-2019-SUNAFIL/IRE-CAL, debiéndose determinar si las presuntas infracciones se encuentran o no prescritas. Como resultado de dicha evaluación, se emitió y notificó una nueva imputación de cargos.

i. Respecto a la solicitud de inhibición formulada por la impugnante en razón de la existencia de un proceso judicial en trámite, corresponde precisar que dicha pretensión carece de sustento legal, toda vez que, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS y el numeral 2 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, indican que, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional garantiza que ninguna autoridad interfiera ni se avoque a causas pendientes ante el Poder Judicial; sin embargo, ello no implica que la actuación de la Inspección del Trabajo constituya una interferencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, por cuanto sus actuaciones tienen carácter autónomo y se rigen por lo dispuesto en la LGIT, en particular en su artículo 10°, indican que son diligencias previas al procedimiento sancionador y se desarrollan bajo el marco normativo propio del sistema inspectivo, lo que permite que puedan llevarse a cabo aun cuando exista un proceso judicial paralelo, siempre que no se interfiera con el contenido o la competencia del órgano jurisdiccional. En tal sentido, el numeral 74.2 del artículo 74° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS establece que una autoridad solo puede ser impedida de ejercer sus competencias mediante ley o mandato judicial expreso, lo cual no se presenta en el caso de autos. Además, según lo dispuesto en el artículo 75° de la citada norma, la suspensión de un procedimiento administrativo por cuestión prejudicial solo es procedente cuando existe la necesidad objetiva de un pronunciamiento previo del Poder Judicial, situación que no se configura en este caso, pues la finalidad de la Inspección del Trabajo —según el artículo 3° de la LGIT— es la verificación del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contractuales en materia sociolaboral, función que no requiere de una declaración jurisdiccional previa. En consecuencia, no corresponde la inhibición de la autoridad inspectiva, ni se ha verificado afectación alguna al principio de separación de poderes ni al ejercicio independiente de la función jurisdiccional. ii. Por otra parte, se ha verificado que la inspeccionada incumplió con su deber de colaboración durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas iniciadas a raíz de la denuncia del Sindicato Unitario de Trabajo de Alicorp - SUNTRALICORP, relacionada con presuntos incumplimientos laborales en perjuicio de la trabajadora afectada. Específicamente, no se atendieron los requerimientos emitidos por el inspector comisionado en las diligencias programadas en los días 02 y 06 de diciembre de 2019, pese a los apercibimientos formulados, lo cual obstaculizó directamente el cumplimiento de las funciones de fiscalización encomendadas por el Sistema de Inspección del Trabajo. iii. Cabe señalar que, conforme a lo previsto en los artículos 5°, 9°, 11° de la LGIT y el artículo 15° del RLGT, los sujetos inspeccionados tienen el deber de colaborar activamente con los inspectores del trabajo, facilitando la información y

documentación requerida para el ejercicio de sus funciones. La negativa injustificada a cumplir con dicho deber configura una infracción a la labor inspectiva, que no solo impide el esclarecimiento de los hechos materia de denuncia, sino que también afecta la eficacia y finalidad del sistema inspectivo en su conjunto, basado en la búsqueda de la verdad material y la tutela efectiva de los derechos laborales. iv. En atención a ello, la Autoridad Inspectiva concluyó que la conducta de la inspeccionada constituye una vulneración grave al deber de colaboración, al haber impedido que el personal inspectivo pueda pronunciarse sobre el fondo de la denuncia referida al pago de remuneraciones. Por tanto, se configura válidamente la comisión de dos infracciones a la labor inspectiva, en tanto la omisión de entregar la documentación solicitada afectó directamente la función fiscalizadora y la finalidad pública de proteger el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral. La presunción de veracidad de los hechos constatados en el Acta de Infracción, conforme a los artículos 16° y 47° de la LGIT, refuerza la legalidad de la sanción impuesta. v. Respecto a la determinación de la sanción, se verifica que la Sub Intendencia de Sanción actuó conforme a lo establecido en el artículo 38° de la LGIT y el artículo 47° del RLGT, aplicando correctamente los criterios de graduación, tales como la gravedad de la infracción, el número de trabajadores y el tipo de empresa, además ha respetado los principios de razonabilidad y proporcionalidad conforme al artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Asimismo, se ha verificado que, durante todo el procedimiento, tanto en su fase investigadora como sancionadora, se han observado los principios fundamentales del procedimiento administrativo, como legalidad, debido procedimiento, presunción de licitud y razonabilidad, no habiéndose configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos de la apelante y confirmar en todos sus extremos la resolución impugnada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004- 2017-TR .. 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Alicorp Saa

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de junio de 2023, ALICORP SAA fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Solicita que se declare la nulidad por vulneración al principio del debido procedimiento, amparado en la Constitución Política del Perú, así como en el literal a) del artículo 44° de la LGIT. ii. Asimismo, solicita que se revoquen las sanciones impuestas, al considerar que no se ha acreditado responsabilidad administrativa por parte de la impugnante. iii. Alega afectación al derecho de defensa, así como la ausencia de una debida motivación de las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa iv. Manifiesta que las resoluciones han sido emitidas en un plazo irrazonablemente breve. v. Señala que se ha vulnerado el principio de verdad material, al no haberse considerado debidamente la existencia de un proceso judicial laboral en trámite, el cual fue oportunamente informado. vi. Refiere la afectación al principio de razonabilidad, debido a que la multa impuesta resulta desproporcionada y excesiva en atención a las circunstancias del caso concreto. vii. Finalmente, sostiene que no se ha respetado el principio de presunción de licitud, en la medida que no se ha acreditado con medios probatorios objetivos la obligación de

entregar equipos de protección personal a un trabajador que no prestaba servicios efectivos al momento de los hechos imputados, con lo cual se vulnera el principio de licitud.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGT; o iii) Cuando el

recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre el deber de colaboración con la labor inspectiva

procedimiento administrativo sancionador, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y adoptar, de ser necesario, las medidas inspectivas que correspondan para asegurar dicho cumplimiento. Asimismo, la LGIT define la función inspectiva como: “es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En tal sentido, el comportamiento del personal inspectivo debe estar orientado al cumplimiento de las funciones que establece la LGIT y su reglamento, procurando siempre la tutela del fin que dichas normas persiguen, y actuando dentro del marco del principio de razonabilidad10.

10 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 12 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (14.ª ed., Tomo II, p. 421). Lima: Gaceta Jurídica.

supuesto previsto por la norma, garantizando así la legalidad y previsibilidad de la sanción.

• Obra en el expediente inspectivo, el documento denominado “Requerimiento de Comparecencia” de fecha 26 de noviembre de 2019, notificado en la misma fecha de forma presencial a la parte impugnante13. Mediante dicho requerimiento, se citó al administrado para que se apersone el 02 de diciembre de 2019 a las 09:00 horas a la oficina de la Intendencia Regional de Callao, con la finalidad de que exhiba y/o presente la documentación solicitada en el marco del procedimiento de fiscalización.

• Conforme se verifica del numeral 4.3 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia de que la parte impugnante no cumplió con exhibir la documentación laboral que se solicitó mediante el requerimiento en cuestión, únicamente se limitó a presentar escrito solicitando inhibición y señalar que no presentó demás documentos porque considera que mientras el conflicto de intereses se resuelva en la vía judicial no debe existir injerencia de la SUNAFIL. Cabe precisar que, en atención al numeral 4.7 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo indicó que, como consecuencia de dicho incumplimiento, resultó imposible verificar el cumplimiento de la materia objeto de inspección.

• Por otra parte, también obra en el expediente inspectivo, el documento denominado “Requerimiento de Comparecencia” de fecha 02 de diciembre de 2019, notificado en

13 Conforme se advierte en el folio 55 del expediente inspectivo, el documento en cuestión fue formalmente recibido por el “jefe de Relaciones Laborales” de la impugnante, lo que acredita su conocimiento por parte del sujeto inspeccionado.

la misma fecha de forma presencial a la parte impugnante14. Mediante dicho requerimiento, se citó al administrado para que se apersone el 06 de diciembre de 2019 a las 09:00 horas a la oficina de la Intendencia Regional de Callao, con la finalidad de que exhiba y/o presente la documentación solicitada en el marco del procedimiento de fiscalización, bajo apercibimiento de imposición de sanción en caso de incumplimiento.

• Conforme se verifica del numeral 4.5 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia de que la parte impugnante no cumplió con exhibir la documentación laboral requerida bajo apercibimiento. Al respecto, conforme al numeral 4.7 del Acta de Infracción, se precisó que dicha omisión impidió verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales materia de inspección, afectando así el desarrollo de la labor fiscalizadora.

14 Conforme se advierte en el folio 63 del expediente inspectivo, el documento en cuestión fue formalmente recibido por el “apoderado” de la impugnante, lo que acredita su conocimiento por parte del sujeto inspeccionado.

Ello, sin perjuicio del derecho de los administrados a presentar los medios probatorios que consideren pertinentes en defensa de sus derechos e intereses.

15 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. – La autoridad administrativa brinda los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

Sobre la supuesta vulneración al derecho de defensa, al debido procedimiento y a la motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

Sobre los otros alegatos

“Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio. La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso”.

cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado, iii) la necesidad objetiva de obtener el pronunciamiento judicial previo para para poder resolver el asunto planteado ante la Administración, y iv) identidad de sujetos, hechos y fundamentos16.

16 Morón Urbina, J. (2017). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (12.ª ed., tomo I, pp. 510–512). Lima: Gaceta Jurídica. 17 Página web: https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html

proporcionalidad, los cuales obligan a la autoridad administrativa a evaluar de manera objetiva una serie de criterios al momento de fijar sanciones a los administrados.

“Artículo 38.- Tipos de sanciones y criterios de graduación de las sanciones Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…). 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 19 Ocampo Vásquez, F. (2011). El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los organismos reguladores. Ius et Veritas, (42), 2.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No cumplir con exhibir la información solicitada cuyo plazo de cumplimiento fue el 06 de diciembre de 2019 Numeral 46.3 del artículo 46° del RLGT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ALICORP SAA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 26 de mayo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 187-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0158-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA de fecha 31 de enero de 2023, en el extremo referente a una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, por no cumplir con exhibir la información solicitada cuyo plazo de cumplimiento fue el día 02 de diciembre de 2019,.

TERCERO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 26 de mayo de 2023, en el extremo referente a una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, por no cumplir con exhibir la información solicitada cuyo plazo de cumplimiento fue el día 06 de diciembre de 2019,.

CUARTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO. – Notificar la presente resolución a ALICORP SAA, y a la Intendencia Regional de Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO . – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250625MABJ – HR: 118755-2023