Alicorp S.A.A — Res. 53-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)). 2 Véase folio 168 del expediente inspectivo. 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el pago del reintegro de las remuneraciones del trabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,805.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento debidamente notificada el 07 de enero de 2020, a través de la casilla electrónica del inspeccionado, programada para el 15 de enero de 2020, a las 10:00 horas, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

i. Refieren que la resolución es nula al considerar que no han cumplido con pagar las remuneraciones a favor del trabajador, al respecto señalan que, se debe considerar que no existe ley alguna que señale que se deba pagar a un trabajador que reemplace (en algunas funciones) a otro porque este último este de vacaciones; es decir, lo indicado por la entidad de trabajo no está tipificado, por lo que, la infracción carecería de fundamento. ii. Alegan que la resolución es nula al considerar que han cometido una infracción por no cumplir con el requerimiento de fecha 07 de enero de 2020, al respecto señalan que, la decisión de multarlos con un monto exorbitante, por un caso que consideran carece de fundamentación jurídica, ya que no existe ley alguna que señale que se deba pagar a un trabajador que reemplace a otro, porque este último este de vacaciones. El acta de infracción no cumple con lo establecido en el artículo 230 de la Ley 27444. iii. Por último, sostienen que la resolución es nula porque vulnera los principios que regulan el debido procedimiento, en tanto que, los inspectores han vulnerado el derecho de defensa de Alicorp, porque no se respetó el principio de presunción de licitud de la empresa, pues pese a que no existe ninguna prueba objetiva que demuestre la obligación de entregar los equipos de protección a un trabajador que no laboraba de manera efectiva por los motivos señalados anteriormente, los inspectores asumen que han incurrido en esta infracción, presumiendo que lo señalado por la empresa es falso y vulnerando de esta forma el principio de licitud.

i. Que, el sujeto inspeccionado reconoce la designación de reemplazo del trabajador Teófilo Marcelino Calderón Huanambal, quien, por órdenes de su empleador, asumió labores de Operador 1 de Molino en distintos periodos que comprenden a partir del 08 de junio de 2018. ii. Concretado los reemplazos por parte del trabajador afectado de Operador 2 a Operador 1, también se generó una variación en el básico diario de la remuneración de dicho trabajador, del cual al sujeto inspeccionado le corresponde realizar el reintegro remunerativo, en concordancia con la Política Salarial de julio-2019 de la inspeccionada, donde, como parte de sus principios señaló el enfoque en la equidad interna que señala que la estrategia salarial debe ser consistente con la responsabilidad de cada puesto de trabajo, así como la asignación de remuneración y beneficios que deben ser consistentes con la contribución de cada puesto de trabajo. iii. Respecto al argumento sobre la entrega de equipos de protección personal, esta materia difiere de las conductas infractoras analizadas en el presente procedimiento sancionador, referidas a las remuneraciones – pago de la remuneración (sueldos y salarios), y su inconducta frente a la labor inspectiva por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Notificada a la impugnante el 03 de marzo de 2023. Véase folio 125 del expediente sancionador. 4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ALICORP S.A.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

por la Intendencia Regional del Callao, que confirmó la sanción impuesta de S/ 15,480.00, por la comisión de, entre otra, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 06 de marzo de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 24 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 059-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha vulnerado el artículo 44, literal a) de la LGIT, artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, así como los artículos 3 y 6 del citado cuerpo normativo, sobre observación del debido proceso y motivación del acto administrativo, en tanto que, las resoluciones emitidas en el marco del procedimiento sancionador deben ser claras al justificar las razones por las cuales se pretende sancionar al administrado, pues en caso contrario, el acto administrativo debe ser declarado nulo. ii. Alegan que cuestionan el contenido de la Resolución de Intendencia, porque vulnera dos derechos centrales vinculantes a la garantía del debido procedimiento, el derecho de defensa, así como el derecho a contar con una debida motivación de las resoluciones administrativas. iii. Sostienen que la Intendencia tenía el debe de evaluar las pruebas y argumentos de defensa más relevantes presentados; sin embargo, estos argumentos no fueron analizados a lo largo del procedimiento sancionador, particularmente en el Informe Final y la Resolución de Subintendencia. iv. Manifiestan que, la Intendencia pudo verificar dicha flagrante ausencia de motivación, no obstante, no declaró la nulidad de la Resolución de Subintendencia; y, por el contrario, la convalidó sin pronunciarse sobre los cuestionamientos a su validez por la vulneración al derecho al debido procedimiento; limitándose a evaluar en forma errónea e incompleta, algunos de sus argumentos, con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a la sanción impuesta. v. Señalan que, la Intendencia de manera incorrecta, no analiza sí la Resolución de Sub Intendencia afectó o no los derechos mencionados, pese a que debía hacerlo; sosteniendo, mediante un razonamiento errado que por tener la misma conclusión no es necesario cuestionar la validez de la Resolución de Subintendencia. Asimismo, porque el razonamiento lógico utilizado para concluir que no hay nada que cuestionar a la Resolución de Subintendencia es incorrecto; el hecho de arribar a una misma conclusión en el mismo sentido que la autoridad inferior en grado no convalida el acto administrativo de esta última, ni implica que no hayan existido diferentes vicios de nulidad. vi. Consideran que las resoluciones de este complejo caso fueron emitidas en un corto periodo, pese a que aún se contaba con un plazo legal para su resolución, sin embargo, lamentan que pese a la gran cantidad de medios de prueba presentados, la Subintendencia y la Intendencia no revisaron con mayor detenimiento sus alegatos, y emitieran resoluciones en un periodo muy corto de tiempo, lo que coadyuvó a que se incurra en motivaciones inexistentes y aparentes, contraviniendo el derecho al debido procedimiento administrativo.

vii. Por otro lado, sostienen que se ha vulnerado el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, referido al principio de verdad material, por tanto, la resolución es nula al considerar que no han cumplido con pagar las remuneraciones a favor del trabajador Teófilo Marcelino Calderón, por haber realizado labores de trabajadores de mayor puesto “Operador 1” en las fechas señaladas en el cuadro 2 del acta de infracción. viii. Al respecto, manifiestan que los reemplazos de vacaciones se comunican de manera verbal y el Sindicato presentó el rol de turno de molino Faucett donde evidencian la rotación de turnos y los reemplazos de vacaciones. ix. Consideran que no existe ley que señale que se deba pagar a un trabajador que reemplace (en algunas funciones) a otro porque este último este de vacaciones, es decir, lo indicado por la Entidad de Trabajo no está tipificado de manera literal en alguna norma. Por tanto, se viola el principio de tipicidad, al imputarles conductas que no están en la ley como infracciones. x. Alegan que, en el supuesto negado caso que exista norma alguna, señalan que el trabajador Teófilo Marcelino Calderón Huanambal, no cumplió el 100% de las funciones para reemplazar la posición de Operador 1 de Molino, ya que en realidad solo apoyaba las labores con la supervisión del ingeniero de turno. Asimismo, señalan que, la posición de Operador 1 de Molino requiere de mucho conocimiento y experiencia, aspectos que el trabajador no cumple a cabalidad. xi. Sostienen que la resolución es nula al considerar que han cometido una infracción por no cumplir con el requerimiento emitido el 07 de enero de 2020, al respecto señalan que, la decisión de multarlos con un monto exorbitante, por un caso que consideran que carece de fundamentación jurídica, ya que no existe ley alguna que señale que se deba pagar a un trabajador que reemplace a otro, porque este último este de vacaciones. Al respecto, invocan el principio de razonabilidad. Asimismo, señalan que, el acta de infracción no cumple con lo establecido en el artículo 230 de la Ley 27444, referida al principio de razonabilidad de los principios de la potestad sancionadora administrativa). xii. Manifiestan que, el acta los sanciona con una multa generada por supuestas infracciones; en el supuesto y negado caso que exista una infracción, se debió tomar en cuenta el principio de razonabilidad, lo que no se ha dado en el presente caso, lo que genera una causal de nulidad de pleno derecho. xiii. Sostienen que la resolución es nula porque vulnera los principios que regulan el debido procedimiento inspectivo, conforme a lo dispuesto por el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, referida al principio del debido procedimiento, en tanto que, los inspectores han vulnerado el derecho de defensa, porque no se respetó el principio de presunción de licitud de la empresa, pese a que cumplieron con presentar todos los documentos antes de la emisión del acta de infracción, por ese motivo, solicitaron la inhibición correspondiente; sin embargo, la autoridad no tomó en cuenta su pedido, lo cual evidencia una grave vulneración al debido procedimiento administrativo. xiv. Por último, cuestionan que no existe ninguna prueba objetiva que demuestre la obligación de entregar los equipos de protección a un trabajador que no laboraba de manera efectiva por los motivos señalados anteriormente, los inspectores asumen que

han incurrido en esta infracción, presumiendo que lo señalado por la empresa es falso, vulnerando de esta forma el principio de licitud. Por tanto, solicitan la nulidad del Acta de Infracción y de toda la inspección laboral.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los siguientes criterios:

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

manera efectiva; sin embargo, los inspectores asumen que han incurrido en esta infracción, presumiendo que lo señalado por la empresa es falso, vulnerando de esta forma el principio de licitud. Sobre el particular, precisar que, la materia sobre EPP difiere de las conductas infractoras analizadas en el presente procedimiento sancionador, referidas a las remuneraciones – pago de la remuneración (sueldos y salarios), y el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento. En tal sentido, se advierte del expediente sancionador que dicho argumento no tiene nada concerniente con la presente investigación. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el

artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No cumplir con acreditar el pago del reintegro de las remuneraciones del trabajador afectado.

Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento debidamente notificada el 07 de enero de 2020, a través de la casilla electrónica del inspeccionado, programada para el 15 de enero de 2020, a las 10:00 horas. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley

11 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ALICORP S.A.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 059-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 01 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 191-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 059-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a ALICORP S.A.A., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250122MCR - HR 59579-2023