Alicorp S.A.A — Res. 36-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la Remuneración (Sueldos y Salarios); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro de trabajadores y otros en la Planilla); Desnaturalización de la Relación Laboral (Sub materia: Incluye todas); Contratos de Trabajo (Sub materia: Formalidades). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración, relacionado al reintegro a pagar a favor del trabajador recurrente, respecto de los meses de agosto, setiembre y octubre- 2020, a razón de S/ 30.20 soles diarios adicionales a la remuneración diaria, considerando que en dicho periodo cumplió con realizar labores de operador 1 de molino, en perjuicio del trabajador Fredy Rolan Santiago Meza, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 16 de diciembre de 2020 y programada el 22 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Alega que, la resolución es nula porque vulnera los principios que regulan el debido procedimiento inspectivo conforme a la LPAG, señalando que los inspectores han vulnerado el derecho de defensa de la empresa, e indican que no se respetó el principio de presunción de licitud de la empresa, pese a que esta cumplió con presentar todos los documentos antes de la emisión de la presente Acta de Infracción, sustentando que no han cometido ninguna falta contraria a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la autoridad no tomó en cuenta estos medios probatorios, lo cual evidencia una grave vulneración al derecho al debido procedimiento administrativo.

ii. Que, la inspección del trabajo debía presumir desde el inicio del procedimiento inspectivo que la empresa como sujeto inspeccionado actuó conforme a sus obligaciones. De esta manera, solo si a partir del desarrollo de las actuaciones inspectivas se encuentran pruebas que demuestren la culpabilidad, debería imputarse la infracción, hecho que claramente no ha sucedido en el presente caso.

En el presente caso los inspectores han vulnerado el principio de licitud en la medida que, pese a que no existe ninguna prueba objetiva que demuestre la obligación de entregar los equipos de protección a un trabajador que no laboraba de manera efectiva, los inspectores asumen que Alicorp ha incurrido en esta infracción, presumiendo que lo señalado por la empresa es falso y vulnerando de esta forma el principio de licitud.

iii. De igual modo, indican que las actuaciones inspectivas realizadas y el Acta de Infracción, deben ser consideradas NULAS pues han demostrado que las mismas han vulnerado el principio de verdad material e imparcialidad y, en consecuencia, el derecho al debido procedimiento de la empresa, puesto que no ha valorado correctamente los medios probatorios presentados en el proceso inspectivo.

iv. Así también, indica que el Acta es ilegal por no respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad señalados en la Ley N° 27444.

i. Lo manifestado por la inspeccionada carece de fundamento, en tanto que, de la revisión de los actuados se evidencia que la autoridad sancionadora de primera instancia analizó y valoró cada uno de los documentos exhibidos por la inspeccionada durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas; sin embargo, el sujeto inspeccionado alega vulneración al debido procedimiento, presunción de licitud, verdad material y derecho de defensa de Alicorp S.A.A., señalando de forma ligera que cumplió con presentar todos los documentos antes de la emisión del Acta de Infracción y que estos no fueron valorados correctamente, pero, el supuesto cumplimiento de obligaciones lo refiere expresamente a infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo como es la entrega de equipos de protección personal, no obstante, esta materia difiere de las conductas infractoras analizadas en el presente procedimiento sancionador, referidas a las remuneraciones -pago de la remuneración (sueldos y salarios)- incluye todas, y su inconducta frente a la labor inspectiva por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento.

ii. Después de realizar un análisis integral de los documentos ofrecidos por el administrado, considera precisar que el inferior en grado ha revisado y analizado correctamente los actuados en el expediente inspectivo y en el presente procedimiento sancionador, y como consecuencia, ha plasmado en la resolución apelada, los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan las infracciones

2 Notificada a la impugnante el 15 de setiembre de 2022, véase folio 65 del expediente sancionador.

imputadas. Por lo expuesto, no se observa vulneración del debido procedimiento y derecho de defensa.

iii. Pese a que el Inspector comisionado mediante medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de diciembre de 2020, requirió a la inspeccionada para que acredite el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, otorgando un plazo de 3 días hábiles para dicho propósito; la inspeccionada no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento respecto del extremo que ha sido sancionado por la autoridad de primera instancia, pues como se ha detallado en el considerando 3.6 de la resolución la documentación presentada por la inspeccionada no acreditaba el cumplimiento total de su obligaciones laborales.

iv. En consecuencia, se encuentra probado que la inspeccionada no cumplió con su deber como empleador, en el cumplimiento a la normativa sociolaboral. Por tanto, de las actuaciones inspectivas, así como del procedimiento sancionador, se advierte que no existe vulneración alguna, en la medida que se ha cautelado derecho de defensa, debido proceso y los principios de presunción de licitud y principio de verdad material, realizándose una revisión y análisis minucioso de los medios probatorios ofrecidos, los mismos que determinaron responsabilidad por parte de ALICORP S.A.A.

v. Finalmente, en referencia a lo esgrimido sobre supuesta trasgresión al principio de razonabilidad y proporcionalidad, se consideró que la autoridad sancionadora de primera instancia respetó los principios de la potestad sancionadora administrativa.

vi. Por los fundamentos expuestos, no se advierte que se haya configurado alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 del TUO del LPAG, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que determinen la invalidez de la resolución apelada, por lo que, declara no ha lugar la nulidad deducida por la inspeccionada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ALICORP S.A.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 167-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Solicita que se declare nula la Resolución de Intendencia por incurrir en la infracción normativa consistente en la vulneración del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, más específicamente del derecho a una resolución debidamente motivada, así como, el derecho al debido procedimiento regulado en el inciso a) del artículo 44 de la LGIT y del numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG.

ii. Reitera una infracción por vulneración del artículo 44 literal a) de la LGIT, el artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, así como los artículos 3 y 6 del TUO de la LPAG.

iii. Pese a que la Intendencia sí podía verificar la flagrante ausencia de motivación, no declaró la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia y, por el contrario, la convalidó sin pronunciarse sobre los cuestionamientos a su validez por la vulneración al derecho al debido procedimiento, limitándose a evaluar en forma errónea e incompleta algunos de sus argumentos con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a la sanción impuesta. Nos encontramos frente a un acto administrativo que vulnera el derecho de defensa y el debido procedimiento, que no motiva adecuadamente y evita referirse a los vicios de nulidad incurridos por la instancia inferior pese a tratarse de una obligación.

iv. Se advierte la Infracción normativa por la vulneración del artículo IV del 1.11 del Título Preliminar del TUO de la LPAG (principio de verdad material) y no se respetó el principio de presunción de licitud.

v. La resolución venida en grado es ilegal por no respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad señalados en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración del derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde

que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050-2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.9. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino,

fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre la afectación a los principios de licitud, verdad material, razonabilidad y proporcionalidad

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o

establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” (énfasis nuestro).

Figura 01:

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración, relacionado al reintegro a pagar a favor del trabajador recurrente, respecto de los meses de agosto, setiembre y octubre-2020, a razón de S/ 30.20 soles diarios adicionales a la remuneración diaria, considerando que en dicho periodo cumplió con realizar labores de operador 1 de molino, en perjuicio del trabajador Fredy Rolan Santiago Meza. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento programada notificada el 16 de diciembre de 2020 y programada el 22 de diciembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ALICORP S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 167-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 13 de setiembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento

administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 361-2021-SUNAFIL/IRE- CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. –CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 167-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referido a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a ALICORP S.A.A., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240117JCR