Alfred H Knight del Perú Sociedad Anónima Cerrada – Alfred H Knight… — Res. 521-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Relaciones Colectivas. 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE a las relaciones laborales, por realizar actos que afectan la libertad sindical del Sindicato de Trabajadores de Alfred H Knight Perú, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/. 42,018.75.

- La autoridad de primera instancia concluye erróneamente que las sanciones aplicadas a los trabadores afiliados a la organización sindical habían afectado su derecho a la libertad sindical, en tanto se les habría sancionado por ejercer su derecho a la huelga, sin tomar en consideración que la empresa no ha incurrido en vulneración alguna a la libertad sindical, sino por el contrario, en ejercicio legítimo de su poder de dirección procedió a sancionar a los trabajadores que no cumplieron con acudir a laborar durante los días de huelga, desde el 19 al 24 de abril de 2018, pesa a tener conocimiento que forman parte de la lista de puestos indispensables que legalmente están excluidos de la misma.

- La Autoridad inspectiva debió inhibirse de seguir conociendo el presente procedimiento en tanto la materia objeto de la inspección viene siendo discutida en el Poder Judicial, debido a que 11 de los 28 trabajadores que fueron parte de las actuaciones inspectivas han presentado demandas por nulidad de despido, y si bien por decisión del Poder Judicial el proceso continuó sólo respecto a 1 de los referidos ex trabajadores, lo cierto es que coexisten junto con el presente procedimiento, sin tomar en consideración que a la Autoridad Administrativa no le correspondía conocer las causas que se tramitan por la vía judicial y se encuentran pendientes, incumpliendo lo precisado en el numeral 7.2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII. - La resolución apelada adolece de una debida motivación y se vulnera el debido procedimiento, al no justificar adecuadamente las imputaciones efectuadas, realizando un vicio de motivación aparente al determinar que las medidas disciplinarias impuestas por la inspeccionada no cumplirían con la normativa vigente a la fecha de los hechos. Siendo errónea la interpretación de la autoridad instructora al señalar que los derechos de libertad sindical y huelga serían absolutos y su ejercicio no generaría obligación alguna para el sindicato, y que la prevalencia de la lista elaborada por el empleador resultaría lesiva de sus derechos constitucionales, ya que el procedimiento de divergencia iniciado por el Sindicato se encuentra sujeto a evaluación previa y, a falta de respuesta del plazo de 15 días hábiles según TUPA del MINTRA, opera el silencio administrativo negativo, prevaleciendo en este caso la lista del empleador y por consiguiente pudiendo ejercer su poder sancionador. - El presente procedimiento es inválido al haberse vulnerado el principio de interdicción de la arbitrariedad, al considerar en el numeral 36 de la resolución apelada, que el derecho al debido procedimiento se encuentra garantizado únicamente con la posibilidad que el administrado pueda presentar descargos, ya que, en concordancia con el principio de inmediatez que debe regir en todas las actuaciones, no resulta posible ejercer el derecho de defensa de manera adecuada y oportuna. Siendo que la autoridad instructora sin ninguna justificación y manteniendo la incertidumbre por más de un año, ha generado una grave demora en el proceso y con ello un perjuicio material de la empresa, impidiendo el normar ejercicio de su derecho de defensa. - La calificación de la infracción como insubsanable es arbitraria y vulnera el principio de legalidad, debido a que no existe fundamento para calificar a la infracción como insubsanable, ya que las infracciones insubsanables están listadas en el artículo 48.1- D del RLGIT, que tiene carácter excepcional y no general. - La inspeccionada no ha incurrido en la infracción imputada ya que las medidas disciplinarias aplicadas a los trabajadores afiliados al Sindicato que abandonaron deliberadamente sus puestos, pese a ser considerados indispensables, fueron válidas conforme a la normativa vigente. No obstante, fue el Sindicato quién no cumplió con los requisitos legales establecidos, al adjuntar en su comunicación de huelga únicamente la relación de 2 trabajadores que ocuparían los puestos indispensables sin más justificación.

2 Notificada el 02 de julio de 2021.

pronunciamiento previo del órgano jurisdiccional para determinar la responsabilidad de la inspeccionada. - No está acreditado que la extemporaneidad en las notificaciones del Acta de Infracción, le hayan impedido a la inspeccionada ejercer su derecho de defensa, aportando los medios probatorios que considere convenientes, conforme se observa de la presentación de su descargo presentado a la imputación de Cargos, y su descargo presentado al Informe Final de Instrucción. En consecuencia, se mantiene la responsabilidad de la inspeccionada en la infracción sancionada. - No es viable invocar la subsanación como indica la inspeccionada, pues no cabe la subsanación posterior al incumplimiento detectado, siendo imposible enmendar tal situación, desvirtuándose así el argumento alegado por la inspeccionada en este extremo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ALFRED H KNIGHT DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – ALFRED H KNIGHT S.A.C.

confirmó la sanción impuesta de S/. 42,018.75 por la comisión de una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución, es decir, el 05 de julio de 2021.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de julio de 2021, la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1065-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 30 de junio de 2021, argumentando lo siguiente:

Caducidad del procedimiento: - El Proveído de fecha 11 de noviembre de 2021, de manera contradictoria pretende justificar la ampliación de 3 meses del plazo de caducidad en las normas que previamente le permitieron ampliar el plazo del presente procedimiento. Por lo que, dicha justificación carece de toda lógica y da cuenta que la Sub Intendencia únicamente pretende cumplir con el requisito legal y ampliar la manera injustificada este procedimiento, contraviniendo lo establecido en el artículo 259° de la LPAG y el principio de debido procedimiento al emitir un acto sin contar con la suficiente motivación. Se solicita se declare el archivo de presente procedimiento.

No inhibición de la autoridad - Han coexistido, junto al procedimiento sancionador, 11 procesos judiciales en los que se discute la misma materia y, pese a ello, los inspectores continuaron con el procedimiento y propusieron la imposición de una multa administrativa a través del Acta de Infracción, la misma que fue acogida por la Sub Intendencia, concluyendo que la empresa ha incumplido con las normas sociolaborales al vulnerar el derecho a la libertad sindical. Todo esto sin tomar en consideración que no le corresponde a la Autoridad Administrativa conocer las causas que se tramitan por la vía judicial, por decisión de los propios trabajadores que alegan haber sido afectados. Asimismo, se señala que existe una necesidad objetiva de permitir que la Autoridad Judicial sea la única que avoque el conocimiento de la presente causa en todos sus extremos y que ello se encuentra expresamente reconocido en nuestra constitución. Por ello, se solicita corregir esta situación y declarar la nulidad de las resoluciones de Sub Intendencia e Intendencia, en

la media que se emitieron en clara vulneración al principio de legalidad y en materia que ha sido judicializada y que se entraba en trámite a la par del presente procedimiento inspectivo.

Primer vicio de motivación aparente - Se ha determinado que las medidas disciplinarias impuestas por la empresa no cumplirían con la normatividad vigente a la fecha de los hechos, porque al momento de la sanción no se encontraba definida la calificación de sus puestos de trabajo como indispensables, sin tomar en cuenta que, para dicha fecha, la empresa desconocía del procedimiento de divergencia interpuesto por el sindicato.

Segundo vicio de motivación aparente: - La Autoridad de Trabajo no está facultada a seguir conociendo el presente procedimiento inspectivo respecto a 11 trabajadores que fueron parte de las actuaciones inspectivas, pues estos han presentado demandas por nulidad de despido y, por tanto, la controversia sobre si existió o no afectación a la libertad sindical en esos casos, que son objeto de la inspección, se están discutiendo en la vía judicial.

Falta de antijuridicidad de la conducta imputada - La multa debe ser desestimada toda vez que existe una falta de antijuridicidad de supuesta conducta imputada, puesto que la empresa no ha incurrido en una infracción a la libertad sindical, ya que el ejercicio de huelga, siendo este derecho colectivo, no fue limitado ni obstaculizado. Por el contrario, la huelga fue llevada a cabo por el sindicato durante los días establecidos. La actuación de la empresa siempre estuvo dirigida a velar por la sostenibilidad de sus operaciones, tal como lo establece la normativa, a través de la determinación oportuna de los puestos de trabajo que resultaban indispensables.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

- El 18 de diciembre de 2019 inició el procedimiento con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 1027-2019-SUNAFIL-ILM/AI28.

- El 09 de febrero de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 104- 2021/ILM/SIRE4, siendo notificada el 11 de febrero 20219.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archive. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

8 Véase folio 11 9 Véase folio 292

10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. 69: Gaceta Jurídica, 2017.

su competencia. Complementando lo antedicho, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

Sobre la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos durante el estado de emergencia

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

Metropolitana: la Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, que suspendía los plazos desde el 23 de marzo de 2020 al 06 de mayo de 2020, la Resolución de Superintendencia N° 080-2020-SUNAFIL, que suspendía los plazos desde el 07 de mayo de 2020 al 27 de mayo de 2020, la Resolución de Superintendencia N° 083-2020-SUNAFIL, que suspendía los plazos desde el 28 de mayo de 2020 al 10 de junio de 2020 y Resolución de Superintendencia N° 087-2020-SUNAFIL, que suspendía los plazos desde el 11 de junio de 2020 al 26 de junio de 2020.

Sobre la ampliación del plazo del procedimiento administrativo sancionador 6.14. Del análisis del expediente sancionador, se evidencia que mediante Proveído S/N, de fecha 11 de noviembre de 2020, se resuelve ampliar excepcionalmente, por 03 meses, el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la impugnante.

jurisprudencia respecto del contenido del derecho fundamental al debido proceso, y su acepción en el Derecho Administrativo como principio del debido procedimiento, incluyendo disposiciones respecto de la autoridad que conoce de una controversia. Al respecto, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 6149-2006-AA/TC se precisa lo siguiente:

“Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él, a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable” (énfasis añadido).

“(el debido proceso) está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” (énfasis añadido).

Con relación a lo anterior, se aprecia que, como parte del principio del debido proceso, se identifica el derecho a la tutela procesal efectiva y a la imparcialidad, los cuales son aplicables al procedimiento administrativo, como bien señala el propio Tribunal Constitucional.

normativo (Resolución y Proveído), así como con la emisión del acto por un órgano competente.

11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ALFRED H KNIGHT DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – ALFRED H KNIGHT DEL PERÚ S.A.C. en contra de la Resolución de Intendencia N° 1065-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 30 de junio de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2958-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- Declarar NULO el Proveído S/N, de fecha 11 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Intendencia de Resolución 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, por los fundamentos 6.14 al 6.26 de la presente Resolución. TERCERO. - Declarar la CADUCIDAD y, en consecuencia, ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador seguido contra ALFRED H KNIGHT DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – ALFRED H KNIGHT DEL PERÚ S.A.C. recaído en el expediente sancionador N° 2958-2019-SUNAFIL/ILM de la Intendencia de Lima Metropolitana.

CUARTO. - Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 6.30 de la presente resolución. QUINTO. - Notificar la presente resolución a ALFRED H KNIGHT DEL PERÚ S.A.C. - ALFRED H KNIGHT DEL PERÚ S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Jessica Alexandra Pizarro Delgado