Alfred H Knight del Perú S.A.C — Res. 302-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de Control de asistencia (Sub materia: Incluye todas); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras; y, Descanso en días feriados no laborables). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con entregar las boletas, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 954.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Sostienen que se deja expresa constancia en la resolución apelada que las boletas de pago si fueron entregadas por su representada, tan es así que expresamente señala que las boletas en cuestión se encuentran en el expediente, sin embargo, demostrando un afán meramente punitivo, advierten una conducta que nunca fue imputada en el procedimiento, y es la supuesta falta de firma en dichas boletas, vulnerando con ello las normas elementales del debido procedimiento, sobre el particular el Tribunal de Fiscalización Laboral, ha expresado que excepcionalmente la imputación se puede modificar, pero nunca en la fase sancionadora como ha sucedido en el presente caso, cumpliendo con la obligación de poner a disposición del trabajador estos documentos, no siendo negado por el trabajador, ni rebatido por los inspectores. ii. Refieren que ya prescribió la infracción relacionada a la no entrega de las boletas de pago, siendo que para el computo del plazo de prescripción se debe considerar la fecha en la cual se produjo la lesión del bien jurídico protegido, siendo que sería al momento que nació la obligación de entregar la boleta de pago, esto es los siguientes tres días hábiles de haber cancelado la remuneración al trabajador, no resultando aplicable la suspensión de 3 meses y 10 días, pues esta solo aplicaba para suspender los plazos de inicio y tramitación de procedimientos administrativos a partir del 16 de marzo de 2020, es decir a los que estaban en trámite en el año 2020, siendo que en el caso concreto, el presente procedimiento que inicio en el año 2018 fue declarado caduco y por decisión de la autoridad instructora, se inició un nuevo procedimiento en abril de 2022. soft

iii. Alegan que, al no haberse configurado la infracción de falta de entrega de boletas de pago, la medida de requerimiento siempre ha sido ilegal, lo cual se agrava, por cuanto si en la misma resolución apelada, se da cuenta expresamente que las boletas de pago si obran en el expediente, transgrediéndose el principio de seguridad jurídica desarrollado por el Tribunal Constitucional.

i. Que, no puede perderse de vista que la fiscalización de la obligación relativa a la entrega de boletas de pago al trabajador se realizó en virtud de la Orden de Inspección N° 13892-2018-SUNAFIL/IL, por lo que la inspeccionada se encontraba obligada a demostrar el cargo de entrega de dichos documentos por los periodos señalados por la Autoridad Inspectiva, por lo que se le solicito subsanar, como es de verse de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12 de diciembre de 2018, es la entrega de las boletas de pago y no la exhibición de las boletas de pago dadas al trabajador afectado, tanto más si en el numeral 4.19 de los hechos constatados del acta de infracción, el inspector comisionado deja constancia que la inspeccionada no cumplió con la entrega de las boletas de pago del extrabajador, periodos 2017 (diciembre) y 2018 (enero, febrero, abril y mayo). ii. Por su parte, la inspeccionada no ha acreditado que al extrabajador finalmente se le hayan entregado dichos documentos laborales, pues no obra el cargo de recepción por parte del trabajador afectado de las boletas de pago pendientes de entrega, lo cual no se desvirtúa con la sola exhibición de dichas boletas que presentó ante el inspector comisionado, no es que se esté agregando una conducta, sino que es el modo de probar que se está cumpliendo con la obligación; en consecuencia, no se acredita de manera fehaciente la entrega de dichos documentos laborales, considerando que la inspeccionada debió haber documentado las acciones respectivas para probar el cumplimiento de estas obligaciones. iii. De la prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones, esta Intendencia ha advertido que ha prescrito la facultad de la Autoridad Inspectiva para determinar la existencia de la infracción consistente en no acreditar la entrega de la boleta de pago del periodo diciembre 2017, a favor del

2 Notificada el 31 de agosto de 2022. Véase folio 73 del expediente sancionador.

extrabajador, dado que a la fecha de la emisión de la resolución apelada ya había transcurrido más de cuatro (4) años desde la comisión de la infracción. Por tal motivo, corresponde a esta Intendencia revocar la sanción impuesta por la infracción antes citada, en dicho extremo al haber operado sobre esta la prescripción, lo cual no incide en la multa impuesta por el inferior en grado, al no haber prescrito los periodos enero, febrero, abril y mayo 2018. iv. La naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por la inspeccionada de manera previa al inicio del procedimiento sancionador. Por tanto, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento; caso contrario, su Incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT; en el presente caso, conforme se verifica de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12 de diciembre de 2018 a pesar de haberle otorgado el plazo de dos (2) días hábiles para que adopte las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones socio laborales, la inspeccionada no cumplió, por lo que su conducta constituye una infracción muy grave en contra de la labor inspectiva, habiendo el inferior en grado resuelto con arreglo a ley. v. De la revisión de los actuados administrativos como son el Acta de Infracción, el Informe Final, y de la lectura de la resolución apelada, se corrobora que ni el procedimiento sancionador, ni la resolución apelada contravienen en la forma ni en el fondo a la Constitución, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Es necesario añadir que, en el presente procedimiento sancionador la resolución apelada se encuentra debidamente motivada conforme se puede verificar de los considerandos del 07 al 29, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, derivado de la comisión de infracción previstas en el RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ALFRED H KNIGHT DEL PERÚ S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de setiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1435-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que la Intendencia ha incurrido en interpretación errónea del numeral 252.2 del TUO de la LPAG, referido al cómputo del plazo de prescripción, en tanto que, este dispositivo legal establece, sin margen a interpretación o duda, que el plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador; es decir, el único evento que suspende el plazo de prescripción de la facultad sancionadora de la Sunafil, es la iniciación del procedimiento sancionador, que se materializa con la notificación de la imputación de cargos; sin embargo, la Intendencia, basándose en un informe emitido por un órgano de línea de la Sunafil, concluye que el plazo de prescripción se ha suspendido en virtud de lo dispuesto en los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y 029-2020. ii. Alegan que la Intendencia ha incurrido en interpretación errónea de los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y 029-2020, así como de las disposiciones de inferior jerarquía que las desarrollan. Al respecto, advierten que estos dos decretos fueron emitidos durante el inicio de la pandemia de Covid-19, como se aprecia claramente de sus respectivos textos, dispusieron la suspensión únicamente de los siguientes plazos: i) los plazos de inicio de los procedimientos administrativos y de cualquier índole; y, ii) los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole. iii. Advierten que en ningún extremo de los respectivos decretos se incluyo dentro de los plazos a ser suspendidos, al plazo de prescripción, por lo que, no se alcanza a entender

cómo así la Sunafil sostienen que en virtud de dichos decretos suspendió el plazo de prescripción durante la pandemia. iv. Precisan que, a lo largo del presente procedimiento han sostenido que no resulta aplicable al caso, la suspensión de 3 meses y 10 días prevista, pues esta solo aplicaba para suspender los plazos de inicio y tramitación de procedimientos administrativos a partir del 16 de marzo de 2020 pues ello solo aplicaba a las actuaciones inspectivas y a los procedimientos administrativos sancionadores (es decir los que estaban en trámite en el año 2020). En el caso concreto, el presente procedimiento (que inició en el 2018), fue declarado caduco y, por decisión de la Autoridad Instructora, se inició un nuevo procedimiento en abril de 2022 con la notificación de la Imputación de Cargos. v. Sostienen que, la Intendencia no ha analizado adecuadamente cuáles son los efectos de la declaración de caducidad en los procedimientos administrativos. En efecto, conforme al artículo 259.4 del TUO de la LPAG, el procedimiento caduco no interrumpe la prescripción. Además, conforme al artículo 259.5 del mismo cuerpo normativo, la declaración de caducidad implica que, respecto de los procedimientos previos, únicamente “sobrevivan” las actuaciones de fiscalización y los medios probatorios (que no puedan o no tengan que ser actuados nuevamente). vi. Mencionan que, el procedimiento sancionador es un procedimiento de oficio, por lo que, según el texto literal de la norma no están comprendidos en la suspensión del cómputo de plazos, salvo en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores bajo el ámbito de los entes rectores de los sistemas funcionales, cuyo único caso es la OEFA. Ahora bien, ello implica que, por ejemplo, no se suspende el plazo de las siguientes actuaciones a cargo de los administrados y la administración: i) Presentación de descargos; ii) Presentación de descargos contra el informe final de instrucción; iii) Interposición de recursos administrativos (reconsideración, apelación); y, iv) El cómputo del plazo de caducidad ni de prescripción. vii. Reiteran que, el plazo de la prescripción en procedimientos sancionadores para determinar la responsabilidad como para ejecutar la sanción debe continuar su natural curso. En el supuesto de que se desee suspender el plazo de prescripción se necesitaría de una (i) norma legal expresa que así lo indique, puesto que la base normativa que regula la misma, en el artículo 252 del TUO de la LPAG, únicamente justifica su suspensión cuando se inicia el procedimiento sancionador o, cuando ya iniciado, éste se mantuviera paralizado por más de 25 días hábiles por causa no imputable al administrado, ambos son supuestos que no se aplican al presente caso. viii. Señalan que, al declarar caduco al procedimiento sancionador previo, se considera como si el mismo no se hubiese llevado a cabo y, por tanto, no interrumpe la prescripción de 4 años para las infracciones. Solo se mantiene vigente el Acta de Infracción, emitida en diciembre de 2018, que fue notificada en el nuevo procedimiento mediante la imputación de cargos en abril de 2022. ix. Consideran que el procedimiento debe ser declarado nulo, en tanto ya operó el plazo de prescripción de 4 años de las infracciones supuestamente detectadas. Al respecto, señalan que respecto a la sanción por no haber entregado las boletas de pago de los meses de octubre y diciembre 2017, y enero a mayo del 2018 del señor Joset Olave Cano, la supuesta infracción se encuentra prescrita, ya que se ha superado los 4 años, exigidos por la norma para sancionar, conforme a lo dispuesto por el artículo 51 del RLGIT, en concordancia con el artículo 252.2 del TUO de la LPAG, referidos a que el plazo de prescripción únicamente será suspendido con la notificación de la imputación de cargos. x. Ante ello, mencionan que, la supuesta conducta infractora se originó en octubre de 2017, siendo una infracción con efectos permanentes. Esto se debe a que, la infracción que una vez consumada, produce un estado de cosas contrario al ordenamiento jurídico que se mantiene a lo largo del tiempo. Por lo que, corresponde iniciar el cómputo de plazo de prescripción desde la primera supuesta boleta no entregada. En ese sentido, si

bien el plazo de prescripción del procedimiento administrativo se suspende con la notificación del acta de infracción, se reanudará si el procedimiento se mantuviese paralizado por más de 25 días hábiles. Ello significa que, si entre el inicio del procedimiento administrativo sancionador y la emisión de la resolución firme que determina las infracciones, transcurren paralizaciones de más de 25 días hábiles, el exceso de ese plazo debe seguir computando para la prescripción, situación que se ha presentado en su caso. xi. Asimismo, señalan que en la Segunda Disposición Complementaria del Decreto de Urgencia No. 026-2020 se señala que esta suspensión no es aplicable a los procedimientos pendientes de notificación por parte de la administración. En efecto, el TUO de la LPAG establece, sin margen a interpretación o duda, que el plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador. Por otro lado, consideran que, se han inaplicado las normas referentes al debido procedimiento, y que el ámbito de actuación del Tribunal no se restringe solamente a las normas sustantivas de derecho laboral, sino también a las referidas a la seguridad y salud en el trabajo y a las normas referidas al debido procedimiento en general en tanto estas últimas son transversales a todos los procedimientos sancionadores. xii. Al respecto, refieren que la resolución de intendencia presenta una motivación aparente, y que, en el presente caso, se debe aplicar la presunción de inocencia y los principios de licitud e impulso de oficio. Esto se debe a que, la Autoridad los sancionó sin contar con medios probatorios debidamente probados, mediante los cuales se demuestre la existencia de una conducta antijurídica. En ese sentido, la Intendencia incurre en un claro déficit de motivación, ya que no se establecen las razones o mecanismos por las que las boletas de pago no satisfacen el estándar exigido por la inspección. Es decir, la Autoridad de una manera arbitraria precisó que la sola presentación de las boletas no demuestra el cumplimiento de las obligaciones; sin embargo, nunca negaron la existencia de las boletas ni la entrega de las mismas, solo solicitaron que se entregue más información a la requerida. xiii. Por otro lado, alegan que la resolución de intendencia se contradice y omite responder su defensa, en tanto que, sustenta la validez de la medida inspectiva de requerimiento en la supuesta no firma de las boletas de pago; sin embargo, reconoce la existencia de las boletas y su respectiva entrega. En ese sentido, no existe una coherencia lógica entre los supuestos hechos constatados y la supuesta conducta generadora de la infracción, esto se debe a que, la Autoridad desde el inicio del procedimiento negó la entrega de las boletas, más nunca motivó las razones de ello, cuando en el mismo expediente se encuentra la totalidad de las solicitadas. Ello demuestra que la Empresa cumplió con sus obligaciones respecto a las boletas de pago. En esa misma línea, en el recurso de apelación, presentaron toda la información correspondiente a la correcta entrega de las boletas, a pesar de ello, la Autoridad nunca valoró ni motivó la conformidad de dichos documentos, existiendo una clara omisión de responder a los hechos y argumentos presentados.

xiv. Advierten la aplicación errónea del artículo 14 de la LGIT, en tanto que no debió extenderse la medida inspectiva de requerimiento por cuanto cumplieron con su obligación de entregar las boletas de pago desde abril de 2015 hasta mayo de 2018; asimismo, obra en el expediente que el propio trabajador no niega en ningún momento que le hayan entregado las boletas de pago correspondientes al período de abril de 2015 a mayo de 2018. Ello consta en las diversas comparecencias a las cuales asistió el propio trabajador y no se pronunció al respecto de ello, así como tampoco ha sido rebatido por el Inspector de Trabajo, en tanto que, han reconocido que la Empresa ha entregado todas las boletas de pago solicitadas e incluso ha señalado expresamente que éstas han sido verificadas. xv. Asimismo, sostienen que Sunafil no puede modificar la imputación de cargos en la fase sancionadora, en tanto advierten que, en un afán meramente punitivo ha “advertido” una conducta que nunca fue imputada en el procedimiento: la supuesta falta de firma en las boletas de pago. No obstante, la Intendencia avala lo señalado por la resolución de sub intendencia sin mayor cuestionamiento de ello. Al respecto, el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 173-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala ha señalado que excepcionalmente la imputación se puede modificar, pero nunca en la fase sancionadora como ha sucedido en el presente caso, pues ello vacía de contenido el derecho de defensa del administrado. xvi. Por último, manifiestan que, se les pretende multar por cualquier motivo, introduciendo conductas nuevas que no fueron imputadas, pues hasta el informe final de instrucción se les multó por “no haber entregado las boletas de pago al señor Olave Cano, correspondientes a los meses de diciembre 2017, enero, febrero, abril y mayo 2018”; no obstante, ahora pretenden infraccionar por el “modo de prueba”, hecho que no forma parte del tipo infractor. Debido a ello, nos resulta cuestionable que se pretenda alegar un incumplimiento de normas sociolaborales cuando también los propios Inspectores ya han reconocido que sí entregó las boletas de pago al ex trabajador supuestamente afectado y más aún se pretenda sancionar por un tipo infractor diferente al imputado durante el procedimiento administrativo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

oficial El Peruano, se aprobaron los siguientes precedentes de observancia obligatoria, vigentes desde el día siguiente de su publicación:

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

Sobre la prescripción de la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

2020. Por tanto, consideran que, el procedimiento debe ser declarado nulo, en tanto ya operó el plazo de prescripción de 4 años de las infracciones supuestamente detectadas.

Figura 03:

reglas de cómputo previstas en el numeral 252.2 del artículo 252° del TUO de la LPAG (sobre el inicio, la suspensión y la reanudación del plazo de prescripción).

“Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia”.

10 De conformidad, con el numeral 144.1 del artículo 144 del TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la publicación del acto. En el presente caso, el cómputo del plazo de suspensión, se inició el primer día hábil posterior a la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020.

“Artículo 1.- Suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo Disponer, excepcionalmente, la suspensión del cómputo de los plazos por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia N° 029- 2020, de las actuaciones inspectivas y de los procedimientos administrativos sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo de las instancias correspondientes de las Intendencias Regionales de la SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales. (…)”

Figura N° 04: Línea de Tiempo de la infracción a la labor inspectiva

(Inicio del PAS) 07.07.2022 Notificación de la Resolución de Sub Intendencia

(Fin del PAS) 1 año, 3 meses, 9 días 3 meses, 3 días de suspensión 23.03.2020 (inicio de suspensión de plazos) 26.06.2020 (fin de suspensión de plazos) 1 año, 10 meses y 2 días 2 meses y 9 días Plazo transcurrido 3 años, 3 meses y 20 días

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.29 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No cumplir con entregar las boletas. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ALFRED H KNIGHT DEL PERÚ S.A.C., en contra la Resolución de Intendencia N° 1435-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 25 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3189-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1435-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a ALFRED H KNIGHT DEL PERÚ S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250326MCR - HR 48635-2018