Alfin Banco S.A — Res. 748-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento de las siguientes materias: Sistema de gestión de SST en las empresas, Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo, Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER).

20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

seguridad y salud en el trabajo, referente al Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo, y el IPERC.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 08 de setiembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. A criterio de los inspectores de trabajo y la Subintendencia, el IPER ofrecido por el Banco, no contiene la identificación y prevención de los riesgos por COVID-19, siendo una apreciación errada y subjetiva, pues no se ha considerado que "patógenos" son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su huésped, término empleado para describir a microorganismos como virus, bacterias y hongos, entre otros. Por lo que, el IPER sí cumple con la identificación de peligros y evaluación de los riesgos del COVID-19 cuando se ha regulado la identificación de los agentes patógenos. Resulta arbitrario y carente de propósito, el criterio de la Subintendencia, que el empleador tendría que haber incluido en el IPER, de manera exclusiva, específica y expresa el virus COVID-19, pues no ha considerado que este es solo uno de los diversos agentes patógenos que puede ser de contagio del trabajador en el desempeño de sus actividades. ii. También el IPER contiene la descripción de las medidas preventivas que reducen el nivel de riesgo de los factores patógenos, considerándose la entrega de EPP, protocolo para casos sospechosos y confirmados, reforzamiento de comunicados de medidas preventivas para evitar el contagio, establecer grupo de personas vulnerables,

2 Notificada a la impugnante el 23 de julio de 2021, véase folio 81 del expediente sancionador.

establecer medidas preventivas indicadas por el MINSA y el Estado, y la evaluación de las medidas restrictivas parciales o totales, las cuales resultan de aplicación para riesgo de contagio de COVID-19 que vienen adoptando todos los centros de trabajo. iii. No se ha expresado mayor motivación sobre la revisión que se haya realizado de la matriz presentada ni razón por la que se considera que las condiciones expresadas en los agentes patógenos de la matriz no resultan suficientes para identificar los riesgos del COVID-19, pese a que esto ha sido fundamentado en nuestros descargos, no existiendo pronunciamiento alguno. La Subintendencia debió establecer las premisas que le permiten concluir que la matriz IPER resulta insuficiente o incompleta, así como, las medidas de prevención de las que carece nuestro IPER. iv. Conforme al artículo 57 de la Ley № 29783, se establece que la actualización del IPER también se realiza cuando "cambien las condiciones de trabajo", siendo que no existió un cambio en las condiciones de trabajo de los jefes de cobranza que haya sido impuesta por el empleador; en todo caso, la variación se ha producido por la declaración de pandemia mundial, situación prevista en nuestra matriz de IPER en lo relativo a agentes patógenos - pandemia - "enfermedad infecciosa en un continente y con transmisión comunitaria". Pese a ello, no se ha valorado debidamente la información presentada constituyendo un agravio a nuestro derecho de defensa. v. Sobre la infracción tipificada en el artículo 46.7 del RLGIT, los inspectores de trabajo ordenaron a la empresa cumpla con "acreditar la identificación en cada actividad del puesto de jefe de cobranzas, de las condiciones existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente a determinados factores de riesgo como COVID-19", con lo cual hemos cumplido pues el riesgo por COVID-19, está comprendido en los riesgos de agentes patógenos identificado en el IPER, así como las medidas de prevención que reduce el riesgo cuando no puede ser eliminado. Por tanto, hemos cumplido con la medida de requerimiento oportunamente dentro del plazo conferido, de lo cual se da cuenta en la propia Acta de Infracción. vi. En la resolución de Subintendencia refiere la no aplicación de la reducción de multa por no reconocer su responsabilidad ni presentar los documentos sustentatorios que acrediten y respalden el compromiso de subsanación, ante lo que debemos recalcar que la norma no establece de manera expresa la obligación de acompañar u ofrecer documentación sustentatoria del compromiso de subsanación, excediendo los límites de la norma y facultad administrativa más aún cuando la Subintendencia no se ha pronunciado sobre nuestra defensa consistente en que la identificación de riesgos por COVID-19, y las medidas preventivas se encuentran comprendidas en el apartado de AGENTES PATÓGENOS - PANDEMIA, ni se ha realizado un análisis minucioso del contenido de la misma resultando una afectación al derecho de defensa, debida motivación e inobservancia del debido procedimiento. vii. Como prueba de nuestro compromiso de subsanar las infracciones imputadas, presentamos la nueva matriz IPER para el puesto de Jefe de Cobranzas aprobada el 26

de mayo de 2021 por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Banco, en donde se ha identificado de manera expresa y especial los peligros de agentes patógenos (COVID-19 y otros de similar naturaleza) también se ha incluido la actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del agente patógeno, por lo que, solicitamos la reducción de las multas en un 80% por haber demostrado nuestra voluntad de subsanar la infracción imputada, ofreciendo los medios probatorios sustentatorios del compromiso y expresando nuestra disposición para mejorar nuestro IPER.

i. En los IPERC presentados por el administrado, se advierte que se ha considerado la identificación de agentes patógenos, incluyendo entre ellos al COVID-19. No obstante, la desestimación del mismo se sostiene en que el reconocimiento de la existencia del peligro de agentes patógenos (entre ellos, el COVID-19) no se ha realizado respecto de cada actividad desempeñada por el trabajador que ocupa el puesto de jefe de cobranzas sino que, este se ha incluido como si fuese una actividad más, por lo que no se evidencia desarrollo real y congruente de la evaluación de riesgos dentro de las condiciones de trabajo existentes o previstas, a fin de valorar el nivel, grado y gravedad de los peligros a fin de que el propio administrado pueda contar con la información suficiente para adoptar las decisiones y medidas preventivas en relación a cada una de las actividades desarrollada por el jefe de cobranzas. La no identificación del peligro y evaluación de riesgo en base a cada actividad realizada por el trabajador como jefe de cobranzas implica que no se obtenga una información real respecto de la cual el empleador debe orientar sus medidas preventivas a fin de reducir los riesgos, exigir su cumplimiento y evaluar su eficacia periódicamente, resultando expuesta, de esta forma, la seguridad y salud del trabajador. ii. Respecto a la afectación a la motivación de la resolución recurrida alegada por el administrado y en consecuencia la afectación a su derecho de defensa y vulneración del debido proceso, este despacho considera que no se ha evidenciado, dado que en la resolución en cuestión, la Subintendencia hace referencia a la comprobación de un incumplimiento a partir del documento exhibido por el administrado, hecho que ha sido advertido, incluso, ante esta instancia consistente en no evaluar los riesgos del contagio por COVID-19 (o agente patógeno) de las condiciones de trabajo y en especial, de las actividades del trabajador en el puesto de jefe de cobranza, siendo que el administrado ha realizado la identificación del peligro de "brote epidémico", "epidemia" y "pandemia" sobre la actividad "AGENTES PATÓGENOS (COVID Y OTRO)”, siendo que esta última no constituye actividad del puesto de trabajo "JCC BANCA/JEFE DE COBRANZAS"; por lo que, se concluye en que el administrado no ha identificado en CADA ACTIVIDAD del puesto de trabajo de jefe de cobranza, las condiciones de trabajo existentes o previstas en relación al contagio por COVID-19 así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea sensible a determinados factores de riesgos como el COVID-19. iii. Se verifica que, tanto la primera instancia como este despacho han realizado un análisis y valoración de cada uno de los fundamentos de sus descargos y apelación, detallando la afectación y la subsunción del hecho verificado dentro del supuesto normativo y tipificado como infracción al ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la no evaluación de riesgos de las

3 Notificada a la impugnante el 28 de diciembre de 2021, véase folio 104 del expediente sancionador.

condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores; por lo que, no se evidencia la supuesta afectación al derecho del debido procedimiento ni al derecho de defensa del administrado dado que ha tenido la oportunidad de exponer sus argumentos contradiciendo las infracciones imputadas, no resultando suficientes para desvirtuarlas. iv. En la medida inspectiva de requerimiento, el inspector comisionado ha considerado el presupuesto principal contenido en las normas, en referencia a la comprobación de la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo al momento de emitir dicho requerimiento, actuando conforme al principio de legalidad. Es así como el administrado no subsanó la infracción advertida en la medida de requerimiento en el plazo otorgado por el inspector comisionado, incurriendo en una infracción a la labor inspectiva. v. Dentro del presente procedimiento sancionador, el administrado si bien expresa su reconocimiento de responsabilidad de las infracciones; no obstante, este no genera certeza dado que en un primer momento efectúa su derecho de contradicción a las infracciones imputadas en todas las etapas del procedimiento indicado que las conclusiones arribadas a partir de los hechos constatados por los inspectores comisionados no son ciertas dado que sí ha cumplido con lo requerido, siendo así que, la declaración vertida por el administrado resulta ser ambigua generando duda sobre el reconocimiento voluntario de la responsabilidad de las infracciones, dado que ello implica que previamente se afirme la existencia de las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y a la labor inspectiva; motivo por el cual se desestima su solicitud de reducción de multa.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ALFIN BANCO S.A. (ANTES BANCO AZTECA DEL PERU S.A.)

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 29 de diciembre de 2021.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión, solicitando que se declare nula la Resolución de Intendencia N° 243-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, o se revoque, y reformándola, se deje sin efecto, la multa, señalando principalmente, los siguientes argumentos:

i. La Sub Intendencia no señaló en su Resolución N° 383-2021, que la Identificación de peligros y evaluación de riesgos que contiene nuestra Matriz IPER es incompleta o carece de cierta información, sino que resuelve como si en la matriz NO se hubiera contemplado en absoluto lo relacionado al riesgo de contagio por COVID-19, lo cual es errado pues esto está comprendido en los factores patógenos. Este hecho conlleva a la nulidad de la resolución de sub intendencia, y fue informado a la Intendencia a través de nuestro recurso de apelación. No obstante, la Intendencia no se pronunció sobre los fundamentos medulares de defensa; y, buscando subsanar la grave omisión en que incurrió la Sub Intendencia, emitió un pronunciamiento que afecta nuestro derecho a que la autoridad de primera instancia se pronuncie sobre nuestros descargos, suprimiendo una etapa de defensa del procedimiento administrativo sancionador. ii. No obstante, ningún requerimiento de medida está destinado de manera clara y concisa a la corrección del IPERC pues en la etapa inspectiva, instructora y sancionadora de primera instancia, siempre se ha reiterado de manera simple y concreta que el IPERC no contemplaba el riesgo por COVID, conclusión que ahora ha sido corregida parcialmente por la Intendencia, quien aclara que el incumplimiento deviene por haber incluido el riesgo de COVID en el apartado de “Actividad” lo cual no permitiría evaluar los riesgos de contagio en cada actividad del Jefe de Cobranzas. iii. Dicho cuestionamiento no ha sido efectuado durante la etapa inspectiva y tampoco en la etapa sancionadora, pues de haber sido así, se trataría únicamente de un error material en la ubicación de dichos peligros en el IPERC la cual habría sido corregida por el Administrado, al tratarse de un error subsanable. iv. En cada una de las etapas del presente procedimiento sancionador, las autoridades de SUNAFIL han venido modificando criterios y las observaciones realizadas al IPER exhibido por la administrada, e intentando corregir errores insubsanables de calificación de la conducta infractora, para lo cual no basta con establecer la norma que prevé la infracción y de manera absolutamente genérica la “conducta infractora” sino que resulta menester realizar el juicio de subsunción y establecer de manera clara y precisa las razones del por qué la conducta del administrado se subsume en la norma infringida. v. La Intendencia no ha tomado en cuenta que conforme lo establece el Art. 57 de la Ley 29783, la actualización del IPER es obligatoria una vez al año, por ello nuestro Comité de Salud realizaba usualmente esta revisión en diciembre de cada año; sin embargo, la medida de requerimiento se realiza en septiembre del 2020. Notándose que el requerimiento se realizó a tan solo 6 meses de haberse declarado la categoría de pandemia mundial causada por el COVID-19, y nuestro IPER contiene la información

que a la fecha se tenía sobre la citada enfermedad, la cual ha ido variando en el tiempo. vi. La Resolución apelada no reúne los requisitos de validez que revisten los actos administrativos, y constituye una clara vulneración a las normas y principios del procedimiento administrativo, al no haber determinado motivadamente la legalidad de la sanción pecuniaria impuesta a mi representada. Amparar su contenido, resulta lesivo y transgrede la garantía constitucional a la debida motivación de las decisiones administrativas, ya que la motivación es aparente y de orden formal cuando no se han valorado los medios probatorios ofrecidos, ni las funciones y la calidad de los puestos de trabajo de las trabajadoras por las cuales se pretende sancionar a mi representada.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos -como el que es objeto de la presente resolución- el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son

10 Publicado en el Diario Oficial El peruano, el 06 de mayo del 2022.

calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia.” (énfasis añadido).

Sobre la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva

para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

202111, el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulta obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo. En dicho Acuerdo Plenario, se estableció como criterio vinculante, entre otros, el fundamento jurídico N° 9, relacionado a la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva:

“(…) Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…)” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva materia de sanción

A. MATERIA: PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Hechos constatados 1. Que el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, presentado por el sujeto inspeccionado a la fecha no ha acreditado contar con los siguientes puntos que establece el RM N° 448-2020-MINSA: ▪ El sujeto inspeccionado NO presenta la Ficha de sintomatología (Declaración Jurada) del COVID-19 para el regreso al trabajo, según en Anexo 2 de la RM N° 448- 2020-MINSA, del trabajador ALEXANDER YESVER MENDOZA FLORES en la fecha en que el trabajador reinició sus labores (13/04/2020) luego de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno el 16/03/2020, tal como lo indica el punto 2 del numeral 7.2.2.1 de la RM N° 448-2020-MINSA. La inspeccionada presenta ficha de sintomatología de fecha 30/06/2020, fecha en que el trabajador antes mencionado ya se encontraba contagiado con el COVID19. ▪ El sujeto inspeccionado NO acreditó haber manejado el caso del trabajador ALEXANDER YESVER MENDOZA FLORES de acuerdo al Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos COVID-19 del MINSA, tal como lo indica el punto 4 del numeral 7.2.2.1 de la RM N° 448-2020-MINSA. ▪ El sujeto inspeccionado NO acreditó, al tomar conocimiento de ser un caso confirmado el contagio por COVID-19 del trabajador ALEXANDER YESVER MENDOZA FLORES, proceder su profesional de la salud, con las medidas estipuladas en el numeral 7.2.2.2 de la RM N° 448-2020-MINSA.

11 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 08 de agosto de 2021.

B. MATERIA: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS CONTROLES

Hechos constatados 2. El sujeto inspeccionado presentó los archivos digitales (archivos Excel) del IPERC. Luego de la verificación de dichos documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se determinaron las siguientes observaciones, las cuales vulneran normas de la Ley de SST, Ley N° 29783 y su Reglamento, consistente en: ▪ NO se identificó, en cada actividad del puesto de trabajo jefe de cobranzas, las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el/la trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensibles a determinados factores de riesgo como el COVID-19. ▪ NO se ha incluido las medidas de protección de los/las trabajadores/as en situación de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y los adolescentes, según lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley N° 29783. ▪ NO se ha incluido los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales (énfasis añadido).

Figuras Nos 01 y 02 Medida inspectiva de requerimiento de fecha 08 de setiembre de 2020

12 Véase numeral 6.14 de la presente resolución. 13 “(…) Hechos constatados Que, el sujeto inspeccionado en el IPERC presentado, NO identificó, en cada actividad del puesto de trabajo jefe de cobranzas, las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el/la trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensibles a determinados factores de riesgo como el COVID-19. (…)”

instancia15, las autoridades competentes precisaron claramente cuáles eran los incumplimiento advertidos, con relación al IPER, por lo que, no resulta cierto, que las autoridades del PAS hayan modificados las observaciones a tal documento, en el curso del procedimiento, ni alguna otra actuación que haya colocado en indefensión al administrado o vulnerado las garantías del debido procedimiento sancionador.

▪ La Ficha de sintomatología (Declaración Jurada) del COVID-19 para el regreso al trabajo, según en Anexo 2 de la RM N° 448-2020-MINSA, del trabajador Alexander Yesver Mendoza Flores en la fecha en que el trabajador reinició sus labores (13/04/2020) luego de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno el 16/03/2020, tal como lo indica el punto 2 del numeral 7.2.2.1 de la RM N° 448- 2020-MINSA. La inspeccionada presenta ficha de sintomatología de fecha 30/06/2020, fecha en que el trabajador antes mencionado ya se encontraba contagiado con el Covid19.

14 “(…) 111.3) De los hechos imputados constitutivos de infracción c) que, en relación a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), la inspeccionada en el IPERC presentado no identificó, en cada actividad del puesto de trabajo de jefe de cobranza, las condiciones de trabajo existentes o provistas, así como la posibilidad de que el trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensibles a determinados factores de riesgos como el Covid-19; vulnerando lo dispuesto en el D.S. N° 005-2012-TR (…)” 15 “24. (…) Detectando infracción únicamente en cuanto a no haber acreditado en el IPER presentado por la inspeccionada, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos por COVID - 19 de cada actividad del puesto de Jefe de Cobranzas, esto es, no identificó en cada actividad del puesto de trabajo señalado las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo como el Covid -19. (…)”

▪ Haber manejado el caso del trabajador Alexander Yesver Mendoza Flores de acuerdo al Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos COVID-19 del MINSA, tal como lo indica el punto 4 del numeral 7.2.2.1 de la RM N° 448-2020- MINSA. ▪ Que al tomar conocimiento de ser un caso confirmado el contagio por COVID-19 del trabajador Alexander Yesver Mendoza Flores, procedió su profesional de la salud, con las medidas estipuladas en el numeral 7.2.2.2 de la RM N° 448-2020-MINSA.

▪ Acreditar la identificación, en cada actividad del puesto de trabajo jefe de cobranzas, de las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el/la trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensibles a determinados factores de riesgo como el COVID-19. ▪ Acreditar haber incluido, las medidas de protección de los/las trabajadores/as en situación de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y los adolescentes, según lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley N° 29783. ▪ Acreditar haber incluido, los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.

parte del sujeto inspeccionado. Por lo tanto, resulta pertinente, acoger el pedido de revocación en este extremo.

Información Adicional

N° Materia Presunta conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y salud en el trabajo Incumplimiento en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER). Numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ALFIN BANCO S.A. (ANTES BANCO AZTECA DEL PERU S.A.), en contra de la Resolución de Intendencia N° 243- 2021-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 22 de diciembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 229-2020-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 243-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la sanción impuesta por dicha infracción.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a ALFIN BANCO S.A. (ANTES BANCO AZTECA DEL PERU S.A.), y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES