Ajinomoto del Perú S.A — Res. 410-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos); y, Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de monitoreo de agentes físico, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómicos). 2 Véase folio 53 del expediente inspectivo. soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no contar con un registro de monitoreo actualizado de factores de riesgo disergonómico año - 2020, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento programada el 09 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refieren que hay falta motivación en la resolución apelada, en atención a la inobservancia de los descargos formulados acreditando el cumplimiento sobre el registro de monitoreo de factores de riesgo disergonómicos, así como la falta de una correcta revisión de los medios probatorios que obran en el expediente administrativo.

ii. Cuestionan la inobservancia por parte de los inspectores de trabajo en realizar una correcta revisión de la documentación exhibida, lo que ocasiona la errada imputación de infracciones inexistentes donde se ha debido considerar que el Monitoreo y su Registro correspondiente al año 2020, se realizó en el mes de febrero de 2021, ello en atención al contexto de la pandemia Covid-19, que supeditó a determinar que la programación anual del año 2020, se fijara en el periodo de 12 meses posteriores contabilizados desde abril 2020 a marzo 2021, cumpliendo así con las disposiciones normativas expedidas durante el estado de emergencia sanitaria.

iii. En ese sentido, alegan que se efectuó una incorrecta interpretación de la presentación de la documentación que acredita el cumplimiento en el informe y registro del monitoreo de riesgos disergonómicos, que si bien, data de fecha febrero 2021, corresponde a la programación anual 2020. Asimismo, señalan que son una empresa que forma parte de una corporación japonesa, por lo cual, están regidos

presupuestalmente por el año japonés; es decir, de abril a marzo del siguiente año, lo cual encuentra asidero en las medidas que se planifican durante el año.

iv. Manifiestan que, cumplieron con remitir la documentación solicitada por el inspector, por lo que, no resulta razonable y proporcional sancionar. Asimismo, refieren que el punto 3.3.1 de la impugnada señala 06 de julio de 2021; sin embargo, el cuadro 1 del punto 4.3 señala 14 de enero de 2020. Por tanto, señalan que se puede colegir que la imputación realizada carece de sustento fáctico y normativo, toda vez que existe incongruencia y contradicción entre la presunta comisión de infracción, lo cual contraviene el principio del debido procedimiento.

i. Que, de la revisión de los actuados se evidencia que la autoridad de primera instancia, analizó y valoró los documentos exhibidos por la inspeccionada durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, como el informe de seguridad y medio ambiente, evaluación ergonómica-puesto encajonado y paletizado y, registro de monitoreo de riesgo disergonómico con fecha de monitoreo 27 de febrero de 2021; programa anual de seguridad y salud en el trabajo del área de seguridad y medio ambiente (SMA) abril 2020-2021, que contiene la fecha de elaboración del monitoreo ergonómico-2021 y anexo 1, con las actividades realizadas para las recomendaciones indicadas, y a mérito de los documentos allí descritos es que pudo determinar la conducta infractora en materia de seguridad y salud en el trabajo.

ii. Sin embargo, el administrado alega falta de motivación por una supuesta incorrecta revisión de los medios probatorios, cuando lo cierto es que, el inferior en grado, por medio de los considerandos 3.2.12 al 3.2.15 de la resolución apelada, sí realizó una motivación concreta de los hechos constatados recogidos por la inspectora actuante durante la etapa de fiscalización.

iii. Que, en cuanto a lo expuesto, se evidencia la realización de una análisis específico de la infracción imputada, en ese sentido, determinó la omisión en cuanto al registro de monitoreo año 2020, dado que, el registro de monitoreo de riesgo disergonómico ofrecido por el administrado, con el cual pretende eximirse de responsabilidad corresponde al periodo-2021, debiendo con ello reiterar que el estado de emergencia sanitaria a raíz del Covid-19, no es óbice para el incumplimiento de sus

3 Notificada a la impugnante el 02 de noviembre de 2022. Véase folio 149 del expediente sancionador.

obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a la evaluación de riesgos anual respecto al registro de monitoreo de riesgo disergonómico-2020, con una metodología adecuada para la evaluación de riesgos disergonómicos; máxime si, la actividad económica principal de la inspeccionada referida a la elaboración de otros productos alimenticios, pese al estado de emergencia nacional continuaron realizándose.

iv. Respecto de la medida inspectiva de requerimiento, lo argumentando por el inspeccionado carece de sustento, toda vez que los medios de prueba que fueron presentados en su oportunidad han sido analizados y tomados en cuenta al momento de emitirse el Acta de Infracción, específicamente en el 4.22 de los hechos verificados, en el que se determinó el no cumplimiento de la medida de requerimiento en fecha 06 de julio de 2021.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 194-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, bajo los siguientes alegatos:

i. Refieren que, el motivo del cuestionamiento corresponde a la falta de exhibición de documentación relacionada a la seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, se

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

puede advertir de la documentación presentada que cumplieron a cabalidad con remitir la información solicitada en su oportunidad, coadyuvando con el fin de la labor inspectiva, contrario a lo que erradamente se les imputa.

ii. Sobre el cumplimiento del registro de monitoreo de factores de riesgo disergonómico respecto a los puestos de trabajo de encajonado y paletizado, indican que, la Intendencia Regional del Callao, erróneamente señala que el registro de monitoreo de riesgo disergonómico ofrecido corresponde únicamente al periodo 2021, pues de la correcta revisión del medio probatorio en cuestión se deduce que se ha cumplido con acreditar la realización del informe y registro de monitoreo de los puestos de trabajo de operario encajonado y paletizado del área de Ajinomen, correspondiente al periodo 2020, así como 2021.

iii. Señalan que, mediante carta de fecha 09 de julio de 2021, indicaron que el Programa de Monitoreo Anual 2020 se efectuó desde abril de 2020 a marzo 2021, como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria y Nacional decretado por el Gobierno por la propagación del Covid-19. Asimismo, que, a fines de febrero último se realizó el Monitoreo Ergonómico de Ajinomen, correspondiente al periodo 2020 (abril 2020 a marzo 2021), de las actividades en Encajonado y Paletizado del área de Ajinomen, documento que se encontraba debidamente firmado y que ha sido evaluado de manera incorrecta tanto por la Sub Intendencia como por la Intendencia Regional del Callao.

iv. Aunado a ello, alegan que, en dicha carta se presentaron registros fotográficos que acreditan el proceso de implementación de las recomendaciones del Informe de Monitoreo, demostrando así que la multa impuesta resulta irrazonable.

v. Manifiestan que, la inobservancia por parte de los inspectores de trabajo en realizar una correcta revisión de la documentación exhibida, ha ocasionado la errada imputación de infracciones inexistentes, en tanto que, se ha considerado que el Monitoreo y su Registro correspondiente al año 2020, se realizó en el mes de febrero de 2021; sin embargo, ello se dio en atención al contexto de la pandemia del Covid-19, que supeditó a determinar que la programación anual del 2020, se fijara en el periodo de 12 meses posteriores, contabilizados desde abril de 2020 a marzo 2021, cumpliendo así con las disposiciones normativas expedidas durante el estado de emergencia sanitaria.

vi. En ese sentido, aducen que es evidente que se ha efectuado una incorrecta interpretación de la presentación o exhibición de la documentación que acredita el

cumplimiento en el informe y registro del monitoreo de riesgos disergonómicos, que, si bien data de fecha febrero 2021, corresponde a la programación anual del 2020-2021.

vii. Por otro lado, refieren que son una empresa que forma parte de una Corporación Japonesa, por lo cual, están regidos presupuestalmente por el año japonés, es decir, de abril a marzo del siguiente año, lo cual encuentra asidero en las medidas que se planifican durante el año, las cuales fueron modificadas como consecuencia del impacto económico y social que genera la propagación del Covid-19. Por lo expuesto, señalan que carece de sustento fáctico y normativo la sanción de multa impuesta por la Sub Intendencia de Sanción.

viii. Sobre la inexistente infracción a la labor inspectiva, alegan que, cumplieron oportunamente con la presentación y exhibición de la documentación referida al informe y registro del monitoreo de los factores de riesgo disergonómicos correspondientes al periodo de 2020, lo cual desvirtúa totalmente la imputación. Por tanto, señalan que, no resulta coherente que se les impute la comisión de una infracción a la labor inspectiva y se les multe; en tanto que, si cumplieron con remitir la documentación solicitada por el inspector de trabajo, razón por la cual, manifiestan que no resulta proporcional ni razonable sancionar, lo que contraviene el principio del debido procedimiento.

ix. Asimismo, respecto a los criterios de gradualidad de las sanciones y el principio de razonabilidad, discrepan en la imposición que se les atribuye, puesto que no se ha tomado en cuenta que la falta no reviste gravedad ni afectó a más trabajadores de la empresa.

x. Manifiestan que, si bien se pretende sancionar por la comisión de una infracción que no han cometido, consideran que se debe aplicar criterios de gradualidad para la imposición de sanciones, para establecer si existió gravedad en la falta cometida o si con ello se afectó a más trabajadores, debiéndose aplicar el principio de razonabilidad y proporcionalidad.

xi. Asimismo, precisan que, para el TFL, dichos criterios objetivos deben reflejar (no solo implícitamente sino de manera clara y demostrada), razonabilidad y proporcionalidad en dos niveles o momentos, tanto en la tipificación legal de las infracciones y sanciones, como en la determinación y aplicación de estas últimas a casos concretos. Por otro lado, señalan que el colegiado precisó que el exceso de punición constituye un típico ejemplo de la falta de proporcionalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

De los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Infracción. Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso de revisión en este extremo, en tanto la impugnante no acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad

principios de razonabilidad, así como de proporcionalidad, según lo dispuesto por el artículo 24610 numeral 3) del TUO de la LPAG. Considerando ello, en la resolución sancionadora, al momento de imponer la sanción de multa, se realiza ello, en base a lo sustentado y de acuerda a la normativa vigente, cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora pueda imponer otro valor distinto. Por ende, se ha realizado una correcto análisis y subsunción de la conducta al tipo infractor, contrario a lo señalado por la impugnante. Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

10 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No contar con un registro de monitoreo actualizado de factores de riesgo disergonómico año – 2020. Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento programada el 09 de julio de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 194-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 27 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 434-2021-SUNAFIL/IRE- CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 194-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a AJINOMOTO DEL PERÚ S.A., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240424MCR