Ajeper del Oriente S.A — Res. 265-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios). 2 Véase folio 471 del expediente sancionador. 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración del señor Jonathan Américo Zumaeta Murrieta, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento expedida y notificada el 26 de octubre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Refieren que se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento, en su manifestación del derecho a la debida motivación y del derecho de defensa, razón por la cual la resolución debe ser declarada nula.

ii. Alegan que se ha incurrido en motivación aparente, amparándose en apreciaciones subjetivas, conforme constatan del considerando 17 de la resolución, en tanto que las conclusiones que sustenta la resolución consisten en apreciaciones subjetivas, las cuales están sustentadas en meras deducciones que no han sido demostradas; sino que, únicamente se sostienen en conjeturas sin sustento objetivo alguno, infringiendo el principio de objetividad.

iii. Además, señalan que dichas apreciaciones se sostienen sobre la base de rechazar todas sus argumentaciones y medios probatorios aportados, mediante los cuales acreditan que el señor Zumaeta no tenía el cargo de jefe de planta, máxime si no se encontraba capacitado para ocupar dicho cargo.

iv. Manifiestan que la autoridad instructora vulnera el derecho de defensa, ya que la resolución ha rechazado sus descargos y medios probatorios ofrecidos, sin haber realizado una correcta evaluación de los mismos; sin embargo, han demostrado que el señor Zumaeta no ocupó el puesto de jefe de planta; sino más bien, por el periodo materia de inspección, realizó funciones adicionales, que, de ninguna manera, pueden ser confundidas con un cambio de puesto.

3 Véase folio 556 del expediente sancionador.

v. Por otro lado, aducen que se ha vulnerado el principio de verdad material, en tanto que hubo la posibilidad de que se actúen medios probatorios suficientes y necesarios para verificar plenamente los hechos, los cuales fueron ofrecidos; sin embargo, se decidió restarle sustento probatorio a las pruebas y argumentos, sustentándose en meras apreciaciones subjetivas, sin verificar la realidad de los hechos, lo cual se ve reforzado por el principio de presunción de veracidad.

vi. Asimismo, refieren que al señor Zumaeta se le asignaron funciones adicionales al amparo del artículo 9 del TUO del Decreto Legislativo N° 728; sin embargo, éstas no pueden servir como sustento para señalar que realizó funciones como jefe de planta; máxime que no contaba con la experiencia para ocupar dicho cargo conforme lo requiere la descripción de cargos de jefe de planta; estas funciones adicionales fueron consentidas por el señor Zumaeta, ya que en ningún momento de la relación laboral cuestiona dichas funciones adicionales, por lo que, de mala fe se le atribuyó un cargo que no le correspondía, firmando inclusive como jefe de planta, cuando se ha demostrado que en ningún momento existió convocatoria o proceso de selección para ocupar dicho cargo.

vii. Por último, señalan que se está sancionando doblemente por un mismo hecho, vulnerando con ello el principio de non bis in ídem, a saber, el incumplimiento por no pagar las remuneraciones como si hubiese ocupado el cargo de jefe de planta.

i. Sobre las garantías al debido procedimiento, es menester indicar que de la evaluación integral del expediente se evidenció que la impugnante siempre gozó de su derecho a la defensa, ello al advertir que se encontraba representada por su Gerente General, apersonado en todas las etapas del procedimiento inspectivo y sancionador, conforme se demuestra con todos los documentales que presentó en el curso del procedimiento.

ii. Asimismo, las pruebas presentadas por el impugnante fueron debidamente valoradas y merituadas, sin embargo, estas no desvirtuaron en ningún sentido lo constatado en las actuaciones inspectivas, por cuanto, los hechos constatados encuentran sustento en el principio de primacía de la realidad. iii. No obstante, de la realidad evidenciada se constató que el señor Jonathan Américo Zumaeta Murrieta, en diversos documentos internos estaba consignado como jefe de

4 Notificada a la impugnante el 18 de julio de 2022. Véase folio 576 del expediente sancionador.

planta, desde el periodo comprendido 19 de setiembre de 2018 hasta el 25 de octubre de 2019, así como de representar a la empresa con dicho cargo ante diversas entidades públicas y privadas, sin que la impugnante cuestione la misma o tome medidas inmediatas a fin de corregir dicho accionar.

iv. Respecto a la vulneración al principio de non bis in ídem, se tiene que no concurren la identidad de sujetos, hechos y fundamentos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AJEPER DEL ORIENTE S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 037-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, solicitando la nulidad de la misma, bajo los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento, en su manifestación del derecho a la debida motivación y del derecho de defensa, en tanto que la resolución ha incurrido en el defecto de motivación aparente, lo que acarrea su nulidad y archivo del procedimiento sancionador.

ii. Asimismo, señalan que tiene defectos de inexistente motivación o motivación aparente, toda vez que, solo intenta dar un cumplimiento formal a su decisión, amparándose en apreciaciones subjetivas, en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico, vulnerando a su vez el principio de objetividad que rige en el Sistema Inspectivo de Trabajo, conforme consta del considerando 17 de la resolución.

iii. Reiteran que las conclusiones que sustenta la resolución consisten en apreciaciones subjetivas, las cuales están sustentadas en meras deducciones, que no han sido

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

demostradas; sino que, únicamente se sostienen en conjeturas sin sustento objetivo, infringiendo el principio de objetividad que rige el Sistema Inspectivo de Trabajo.

iv. Además, precisan que los fundamentos se sustentan en apreciaciones subjetivas, que se sostienen sobre la base de rechazar todas sus argumentaciones y medios probatorios aportados, mediante los cuales acreditan que el señor Zumaeta no tenía el cargo de jefe de planta; máxime si el mismo no se encontraba capacitado para ocupar dicho cargo. Por tanto, corresponde que se declare la nulidad de a resolución.

v. Por otro lado, alegan que se ha vulnerado su derecho de defensa, en tanto que, ha rechazado sus descargos y medios probatorios ofrecidos, sin haber realizado una correcta evaluación de los mismos; puesto que, han demostrado que el señor Zumaeta no ocupó el puesto de jefe de planta; sino más bien, por el periodo materia de inspección, realizó funciones adicionales, que de ninguna manera pueden ser confundidas con un cambio de puesto.

vi. Asimismo, aducen que se ha vulnerado el principio de verdad material, en tanto que solo se han tomado en cuenta los documentos ofrecidos por el señor Zumaeta, sin tener en cuenta la realidad de los hechos, los cuales demuestran que no ocupó el cargo de jefe de planta por el periodo materia de inspección. Por tanto, refieren que, la Autoridad Administrativa no puede basar la imputación de una falta en meras apreciaciones subjetivas o declaraciones sin sustento probatorio; por el contrario, se debió verificar plenamente los hechos, para lo cual debe adoptar todas las medidas probatorias autorizadas por ley.

vii. Respecto de las infracciones imputadas, manifiestan que, al señor Zumaeta se le asignaron funciones adicionales al amparo del artículo 9 del TUO del Decreto Legislativo N° 728, sin embargo, éstas no pueden servir como sustento para señalar que realizó funciones como jefe de planta; máxime, si con sus contratos, han acreditado que no llevaba más de 7 meses ocupando el cargo de ingeniero de turno; motivo por el que, es irrazonable considerar que una persona que recién ha sido ascendido como ingeniero de turno, se le asigne provisionalmente la jefatura de la planta. En esa línea, señalan que el formato de descripción de cargos de jefe de planta señala que, para ocupar dicho puesto, es recomendable una persona que haya ocupado años en puestos similares.

viii. En tal sentido, manifiestan que, la falta de experiencia comprobada del señor Zumaeta para ocupar provisionalmente el cargo de jefe de planta, se suma el hecho de que hasta su cese no informó, si contó con el grado de bachiller, y mucho menos,

si contaba con el título profesional, hecho que sustenta la falta de capacidad e idoneidad para realizar las funciones como jefe de planta.

ix. Reiteran que al señor Zumaeta se le asignaron funciones adicionales, las que fueron consentidas, ya que en ningún momento de la relación laboral cuestiona dichas funciones adicionales; por lo que, de mala fe se le atribuyó un cargo que no le correspondía, firmando inclusive como jefe de planta, cuando se ha demostrado que en ningún momento existió convocatoria o proceso de selección para ocupar dicho cargo.

x. Alegan que, al no existir medio probatorio que sustente que han incurrido en las faltas atribuidas, se debe presumir que han actuado apegado a sus deberes legales, ello en atención al principio de potestad sancionador de presunción de licitud.

xi. Señalan que se está sancionando doblemente por un mismo hecho, vulnerando con ello el principio de non bis in ídem, en tanto que, se exigió que pague a favor del señor Zumaeta como si hubiese ocupado en cargo de jefe de planta; sin embargo, esta sanción supone la sanción de un mismo hecho, el incumplimiento por no pagar las remuneraciones y por no haber cumplido con la medida de requerimiento, que es consecuencia directa de dicha inconducta atribuida.

xii. Por último, refieren que no es razonable emitir una medida inspectiva de requerimiento, si el inspector ya tenía conocimiento de la imposibilidad de la inspeccionada para cumplirlo, adjuntando los documentos que acreditaban su afirmación. Por tanto, alegan que a la luz de los hechos expuestos y en aplicación del principio de razonabilidad, no debe proceder la supuesta infracción calificada como muy grave.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”11:

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

11 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

de Intendencia N° 037-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Del principio del non bis in ídem 6.26 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

12 Fund. Jur. N°. 3.3. 13 Fund. Jur. N°. 19. 14 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730. 15 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.

mencionada infracción en materia de relaciones laborales, se reprime aquellas diferencias de índole salarial que se establezcan en perjuicio del principio constitucional de igualdad, cuya consumación resulta independiente del plano de la actividad inspectiva.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la remuneración del señor Jonathan Américo Zumaeta Murrieta. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento expedida y notificada el 26 de octubre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AJEPER DEL ORIENTE S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 037-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 14 de julio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ucayali, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 147-2020-SUNAFIL/IRE-UCA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 037-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a AJEPER DEL ORIENTE S.A., y a la Intendencia Regional de Ucayali, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240313MCR