Aguitel S.A.C — Res. 74-2022

Mediante Orden de Inspección N° 1065-2020-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 175-2020-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Mediante Imputación de Cargos N° 08-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC, de fecha 21 de enero de 2021, y notificada el 27 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT). 1.3 De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 305-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIA-IF, de

Con fecha 27 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 430-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 134-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 22 de septiembre de 20212, la Intendencia Regional de la Libertad, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 430-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 14 de octubre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de la Libertad, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 134-2021- SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de la Libertad, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 639-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, recibido el 18 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que AGUITEL S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 134-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/. 5,246.00 por la comisión, entre otra, de una (01) infracción tipificada como MUY GRAVE, prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 27 de septiembre de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por AGUITEL S.A.C.

Sobre el particular, el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que regula al Principio de Buena Fe Procedimental, establece que: “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”.

Del mismo modo, numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, se tiene a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de

De lo regulado en el artículo 14 de la LGIT, así como del numeral 18.2 del artículo 18 del RLGIT, se desprende que, cuando el Inspector de trabajo comprueba la existencia de infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá a la inspeccionada que cumpla con adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, en un plazo determinado fijado por el inspector.

En ese sentido, el inspector comisionado con fecha 20 de julio de 2020, luego de su investigación y de la evaluación de la documentación solicitada, le requirió a la inspeccionada la adopción de medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes, como el pago íntegro de las remuneraciones de dos trabajadores afectados, por lo cual dispuso:

Por medio del Acta de Infracción N° 175-2020-SUNAFIL/IRE-LIB, el inspector dejó constancia, en el punto 13 del numeral III Medios de Investigación;8 la documentación remitida (13/08/2020) por el sujeto inspeccionado en mérito a la medida inspectiva de requerimiento, y procede a detallarla, realizando el análisis correspondiente de los documentos presentados, concluyendo en el punto:

Por lo que se acreditó que la impugnante no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento sobre el pago de las remuneraciones de los trabajadores afectados. Puesto que dicho requerimiento debió de cumplirse conforme lo requerido, considerando el pago de los intereses que estos pudieran haber generado ante su incumpliendo. Respecto a lo argumentado por la impugnante acerca de que presentó la totalidad de la documentación requerida por la medida materia de análisis, se puede observar que en la en la resolución impugnada, se desarrolla el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento en los numerales del 11 al 14, pudiéndose establecer en el numeral 12 lo siguiente: “Siendo así y de acuerdo a las observaciones formuladas por el personal inspectivo, respecto a los reintegros otorgados a los trabajadores, se verificó incumplimiento a la normativa sociolaboral, al no acreditar el pago de las remuneraciones y de los interés correspondientes”. En consecuencia, dicho argumentado sustentado por la impugnante respecto al cumplimiento de la medida de requerimiento es desvirtuado.

Es importante destacar también, que la imposición de la multa no obedece a una potestad discrecional de la autoridad de trabajo, sino que es propuesta en base a que fue determinado en aplicación de la tabla de sanciones contemplada en el artículo 48 del RGIT, la cual recoge los parámetros o criterios señalados en el artículo 38 de la LGIT, conforme a lo expuesto en los considerandos 38 al 42 de la parte V de la resolución de la Sub Intendencia de Resolución9. Por lo tanto, no es correcto lo alegado por la impugnante sobre que la multa impuesta es excesiva y desproporcionada, por no haberse considerado el ánimo de colaboración de la impugnante. Siendo que el órgano sancionador, analizó la gravedad de la falta cometida, el número de trabajadores afectados, el tipo de empresa, siendo el caso concreto una empresa Remype para determinar la sanción materia de análisis.

La impugnante sostiene que, no se puede sancionar dos veces por una misma conducta, respecto al incumplimiento de pago de remuneraciones de dos trabajadores y lo requerido en la medida inspectiva de requerimientos (acreditar pago integro y oportuno de remuneración de dos trabajadores afectados), las conductas infractoras corresponden a un mismo sujeto, hecho y fundamento.

Al respecto, es preciso indicar que, lo manifestado por la impugnante responde a lo regulado en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el principio del non bis in ídem, como principio de la potestad sancionadora administrativa, señala que: “No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

En ese sentido, debe invocarse lo dispuesto en la Directiva N° 01-201610 y 01-2020- SUNAFIL, que dispone que cada incumplimiento de requerimiento de información acarrea la imposición de una multa independiente, o, dicho de otro modo, cada incumplimiento constituye una multa. Por lo que, al haberse constatado que, pese haberse requerido la Información de acreditación de pago de remuneraciones, efectuados por la autoridad inspectiva, la inspeccionada incumplió con acreditar dicho pago de forma íntegra y oportuna, resulta correcta la sanción propuesta por la Autoridad Inspectiva, referida a

Asimismo, la observación de la impugnante, acerca de lo argumentado por la Intendencia Regional sobre de la vulneración del principio de Non bis in idem, es una fórmula vacía que no le permite saber por qué no se recaería en dicha vulneración, asimismo se le permitirá ejercer su derecho de defensa, es una argumentación que obedece al desarrollo de situaciones y no a una sola conclusión como alude la impugnante, la cual se concretizo en el numeral 25 de la resolución impugnada:

De otro lado, debe recordarse que el primer precedente de observancia obligatoria sentado por este Tribunal (a través de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL) reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva: “(…) los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”.

Se debe precisar que, de las resoluciones de primera y segunda instancia, expedidas por los inferiores en grado, se aprecia que la resolución impugnada ha motivado fáctica y jurídicamente la decisión de sancionar a la inspeccionada al no ser desvirtuada la presunción de certeza de los hechos plasmados en el Acta de Infracción, conforme a los artículos 16 y 47 de la LGIT. De esta manera, al quedar establecido que la infracción muy grave ha sido debidamente determinada por la autoridad de primera instancia conforme a derecho, y además por la resolución de segunda instancia que determinó confirmar dicho pronunciamiento, se puede concluir que las resoluciones antes citadas, se encuentran debidamente motivadas, en tanto en ellas se han detallado los hechos que motivaron la sanción, precisándose las normas vulneradas y determinándose que la inspeccionada incurrió en responsabilidad administrativa que amerita sanción. En consecuencia, no se advierte que se haya afectado el principio del debido procedimiento, siendo carente de sustento afirmar que la resolución impugnada se emitió sin una debida motivación.

Respecto a dicho argumento, esta Sala considera que no existe una falta de motivación en los términos que alega la impugnante; sino que, por el contrario, la Resolución de Intendencia N° 134-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 22 de septiembre del 2021, ha desarrollado todos los elementos presentados por la impugnante en el recurso de apelación, no siendo amparables los argumentos vinculados con una supuesta falta de motivación o pronunciamiento por parte de la Intendencia Regional competente.

Estando a lo expuesto se encuentra acreditado que la conducta de la impugnante se subsume en la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.