Aguila S.R.L — Res. 424-2023

Mediante Orden de Inspección N° 2351-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 108-2021-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad social, por no acreditar el pago de aportes previsionales al Sistema Privado de Pensiones – AFP, de los montos retenidos por el referido concepto al recurrente: de diciembre 2017, junio del 2018, todo el año 2019 y de enero a marzo de 2020; así como, por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada con fecha 26 de enero de 2021, emitida en mérito a la denuncia laboral del

Que, mediante Imputación de Cargos N° 175-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 17 de marzo de 2021, notificada el 05 de abril de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 208-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 16 de abril de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 389-2021- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 21 de mayo de 2021, notificada el 26 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 27,288.80, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 15 de junio de 2021, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 389-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, la cual fue declara infundada por la Resolución de Sub Intendencia Nº 906-2021-SUNAFIL/IRE-

Con fecha 29 de diciembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 906-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R), argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 136-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 21 de abril de 20224, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 16 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia Nº 136- 2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-000599-2022- SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 26 de mayo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que EL AGUILA S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 136-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, que confirmó la sanción impuesta de S/ 27,288.80 por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 26 de abril de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por EL AGUILA S.R.L.

Sobre el particular, debe observarse la naturaleza del recurso de revisión regulado en el artículo 218 del TUO de la LPAG, el cual establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en el fundamento 3.4 de la presente resolución.

Por otro lado, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, establece que el recurso de revisión tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con la infracción muy grave, e identificando si sobre ésta se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado, por lo que no corresponde que esta Sala se pronuncie por lo alegado por la impugnante en relación a las infracciones graves.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración a la debida motivación, derecho de defensa, como elemento esencial del debido procedimiento11, así como al derecho de defensa. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

Respecto de los principios supuestamente vulnerados, esta Sala se ha pronunciado en extenso respecto del contenido del Debido Procedimiento y sus alcances con los principios antes señalados, pudiéndose identificar a los considerandos 6.11 a 6.24 de la Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 14 de junio de 2021, cuyo contenido se transcribe a continuación:

Asimismo, el TUO de la LPAG es clara en señalar en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, comprendiéndose entre estos el derecho “a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”. 6.13 La misma norma consagra dicho derecho como un elemento de validez del acto administrativo, de modo que su ausencia determinaría su nulidad13, así como también lo consagra como uno de los principios rectores de toda actuación administrativa14. 6.14 De lo señalado, se desprende que la Administración tiene el deber de producir sus decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de este principio, la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar a los administrados”15. 6.15 Así, el principio del debido procedimiento se constituye como garante de una serie de derechos procesales de los administrados, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ofrecer y producir pruebas, y que las mismas sean debidamente valoradas por la Administración (…)”.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento jurídico 15 de la sentencia recaída en el expediente Nº 6712-2005/HC/TC, respecto al derecho fundamental a probar que éste está compuesta:

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa16, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento, tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 389-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, Nº 906-2021- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R), y la Resolución de Intendencia N° 136-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa, verdad material, igualdad de trato, buena fe y a la prueba, así

Así, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por ello, a consideración de esta Sala, no se ha producido un supuesto de vulneración de los principios invocados.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

En ese orden de ideas, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2, que:

Por otro lado, es necesario precisar que, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, así como se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo),17 existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo). Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

La inspeccionada cuestiona la medida inspectiva de requerimiento dictada, señalando que se afecta el principio de razonabilidad porque habría cumplido con remitir la información requerida con fecha 12 de enero de 2021 y, alega que, si la inspectora comisionada tuvo problemas al abrir el “drive” que contenía la documentación remitida, ello no puede ser óbice para que se concluya en un incumplimiento a dicha medida. Al respecto, conforme lo señaló la instancia de mérito en el numeral 3.15 de la Resolución de Intendencia Nº 136-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, la infracción a la labor inspectiva imputada no se subsume en una conducta por no remitir la información requerida o porque la documentación remitida del 12 de enero de 2021 no se pudo abrir; toda vez que la conducta reprochada, en este extremo, gira en torno al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de enero de 2021, esto es, cumplir con lo ordenado en ella dentro del plazo otorgado por la inspección de trabajo y en los términos dictados en esta, en consecuencia, los alegatos en este extremo deben ser desestimados al no haberse sustentado la relación fáctica o jurídica con la infracción imputada a la labor inspectiva, ya que la medida inspectiva de requerimiento del 26 de enero de 2021, es sobre lo que gira la sanción que se imputa a la impugnante y sobre lo que recae la sanción impuesta, más no por lo ocurrido el 12 de enero de 2021.

Además, se debe recordar que de acuerdo a los principios que guían a la inspección de trabajo contenidos en la LGIT, así como los mandatos recogidos en el RLGIT, esta tiene una autonomía técnica y funcional, por lo que, los adminsitrados, en este caso, la recurrente no puede pretender guiar o dirigir la función o competencias de dichos

Ahora bien, la medida dictada el 26 de enero de 202118, dispuso que la recurrente acredite: i) el pago de los aportes al sistema previsional de pensiones AFP de diciembre de 2017, junio de 2018, todo el año del 2019, enero a marzo de 2020; ii) Pago de S/ 903.89, en virtud del descuento realizado a los beneficios sociales del trabajador: CTS trunca y gratificaciones truncas - periodo laborado por el denunciante: 12 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2020, otorgando un plazo de tres (03) días hábiles a la impugnante para que cumpla con esta. Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa.

En tal sentido, la inspeccionada tenía hasta el viernes 29 de enero de 2021 para cumplir con lo ordenado en la medida inspectiva, notificada el 26 de enero de 2021; sin embargo, conforme se dejó constancia en el cuarto párrafo del considerando tercero de los hechos constatados del Acta de Infracción Nº 108-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, de fecha 01 de febrero de 2021, no se cumplió con esta. Al respecto, la recurrente sostiene que la inspectora comisionada no valoró, en el Acta de Infracción, el correo remitido el 02 de febrero de 2021; sobre el particular, se debe tener en cuenta que el Acta de Infracción Nº 108-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, tiene por fecha 01 de febrero de 2021, es decir, un día antes de que se remitiera el correo invocado; por tanto, la autoridad administrativa, al momento de su elaboración, no tenía conocimiento del mismo ni obraba en el expediente, por ende no se verifica una afectación en los términos alegados por la recurrente, debiendo ser desestimado todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo, así como a los principios aludidos por la impugnante.

En este punto, debe recordarse que la Sub Intendencia, en su calidad de unidad encargada del procedimiento sancionador, es la que emite pronunciamiento en primera instancia, atendiendo a los principios que inspiran el procedimiento administrativo y a la inspección de trabajo, pues en aplicación al principio de legalidad es la que tiene la facultad de realizar la correspondiente adecuación y debida determinación de la conducta reprochada, en caso la propuesta de sanción no contenga una correcta tipificación de infracciones o verifique una inadecuada valoración de los hechos del caso o de los medios de prueba presentados a lo largo del procedimiento, conforme lo dispuesto por los artículos 75 y 76 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-

En ese orden de ideas, se aprecia de los actuados que la medida inspectiva de requerimiento ha sido emitida al amparo del artículo 14 de la LGIT, y conforme con lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, al advertirse, que la impugnante no había cumplido con la normativa vigente del ordenamiento sociolaboral. Por tanto, la emisión de la medida inspectiva resulta razonable, pues la materia de inspección está orientada al cumplimiento de la normativa sociolaboral, derivadas de la Orden de Inspección N° 2351-2020-SUNAFIL/IRE-LAM; por ende, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, por ende, no cabe acoger lo alegado por la recurrente en este extremo.

Cabe señalar que el sujeto inspeccionado tiene el deber de colaboración con la labor inspectiva, ello en concordancia no solo con lo dispuesto en el RLGIT y LGIT, sino también en lo prescrito en el ordenamiento jurídico sociolaboral. Siendo que el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento no se agota en la sola presentación de documentos por parte del sujeto inspeccionado, como erróneamente lo sostiene la impugnante, sino que éstos deben ser idóneos, esto es, conforme lo ordenado por la autoridad inspectiva y exhibidos dentro del plazo otorgado; sin embargo, conforme los hechos constatados en el Acta de Infracción, la recurrente no ha cumplido con todos los mandatos contenidos en la medida inspectiva.

Así la medida inspectiva ordenó, entre otro, el pago de S/ 903.89, conforme se aprecia a continuación:

Sin embargo, la impugnante en su recurso de revisión, refiere que recién el 09 de abril de 2021 ha cumplido con pagar el monto de S/ 903.89, pese a que la medida inspectiva fue notificada el 26 de enero de 2021, y ordenó, entre otro, que este se cumpla en el plazo de tres días hábiles, esto es, hasta el 29 de enero de 2021; ello evidencia que la medida dictada no fue acatada en el plazo otorgado por la inspección de trabajo, lo cual conforme a la parte in fine de dicha medida, constituye una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa.

Por tanto, carece de sustento fáctico el argumento de la impugnante referido a que cumplió lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento con anterioridad a su emisión -26 de enero de 2021-, cuando en su recurso de revisión afirma que recién el 09 de abril de 2021, cumplió con el pago de S/ 903.89, el cual era uno de los conceptos ordenados en esta medida, esto es, meses después de vencido el plazo para su cumplimiento. Por tanto, estando a que la autoridad administrativa cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, desvirtuando el principio de licitud del administrado, al determinar las infracciones

Por todo lo expuesto, se deben desestimar todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo, por cuanto se encuentra acreditado que la impugnante ha incurrido en una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, conforme lo determinado por la autoridad sancionadora.

Mediante el artículo 10 de la Constitución Política del Perú, “el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”.

Por su parte, el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-97-EF, prescribe:

Sobre el particular, el RLGIT, dispone en su artículo 44-B, lo siguiente:

Es materia del presente caso el incumplimiento del pago de los aportes previsionales al sistema privado de pensiones en el mes de junio de 2018. Al respecto, la recurrente alega que ha cumplido con este con anterioridad a la emisión del Acta de Infracción, en atención al proceso judicial iniciado por “AFP HABITAT”.

Sobre el particular, esta Sala evaluará si existe identidad de partes. En el presente caso, se advierte que existe un proceso judicial recaído en el expediente Nº 00235-2018-0- 1714-JP-LA-01, que no fue iniciado por el trabajador afectado -Fernando Alberto Donayre Vilcapoma-, sino por “AFP HABITAT” por el adeudo del pago de aportes previsionales del mes de junio de 2018, proceso que ha concluido con el auto final que ordena el pago de S/ 24,914.91, más los intereses moratorios desde la fecha de emisión de la liquidación. No obstante, la inspeccionada no ha presentado medio de prueba alguno que acredite que en este proceso judicial se haya considerado al trabajador afectado, conforme lo señala la Resolución de Sub Intendencia Nº 906- 2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R), en sus fundamentos 17 al 19 y la Resolución de Intendencia N° 136-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en su considerando 3.10, lo cual resultaba trascendente para que la impugnante desvirtúe esta infracción, toda vez que la planilla alcanzada con su escrito de descargos a la imputación de cargos, obrante a folios 140 del expediente sancionador, si bien se aprecia que la planilla de pagos de los aportes previsionales se encuentra como “ESTADO DE PLANILA: PRESENTADA”, no se advierte que esté pagada, supuesto último que sí se verifica, por ejemplo, en la planilla de febrero de 2019, obrante a folios 151 del expediente sancionador.

Por tales razones, se verifica la conducta imputada, esto es, el no pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones, periodo junio 2018 a favor del trabajador afectado Fernando Alberto Donayre Vilcapoma, incurriendo en una infracción muy grave en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT; por lo que, corresponde desestimar todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Sobre la invocación de la Resolución de Intendencia N° 026-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, perteneciente al Expediente Sancionador N° 51-2020-SUNAFIL/IRE/ANC, al respecto, se debe precisar que esta Sala no se encuentra sujeta a las decisiones que emiten las Intendencias Regionales de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, sino a los precedentes administrativos de observancia obligatoria que son emitidas por la Sala Plena del Tribunal de Fiscalización Laboral, conforme el Reglamento del Tribunal20, naturaleza que no contiene la resolución invocada por la impugnante. Por lo que debe ser desestimado todos los argumentos dirigidos en este extremo.

Sobre dicho extremo, debemos señalar que la impugnante ha transcrito lo contenido en el artículo 257 del TUO de la LPAG, enfatizando en su inciso f), pues indica que cumplió con remitir la información a la inspección laboral el 12 de enero de 2021 y 02 de febrero de 2021, por lo alega se ha configurado una subsanación voluntaria.

Sobre el particular, debe indicarse que el artículo 257 del TUO de la LPAG, dispone:

Conforme lo señalado en los fundamentos precedentes, la naturaleza de la medida inspectiva de requerimiento -señalada en el numeral 6.23 de la presente resolución-, involucra a que esta debe ser cumplida en sus términos y en el plazo otorgado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; por lo que, no cabe acoger los argumentos expuestos en el recurso de revisión en este extremo, ya que, conforme lo han resuelto las instancias de mérito, se ha verificado el incumplimiento a la labor inspectiva, así como la infracción muy grave a la seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT, por lo que no se configura los supuestos que contiene el artículo 257 del TUO de la LPAG, en los términos alegados por la recurrente. Por ende, deben ser desestimados sus argumentos dirigidos en este extremo.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que conforme los fundamentos 6.1 al 6.5 de la presente resolución, las infracciones de gravedad distintas a las “muy grave” no son competencia de este tribunal, por lo que no se emite pronunciamiento sobre estas.

De la revisión de los recursos presentados (apelación, revisión), se observa la conducta de la impugnante de reiterar alegatos que han sido abiertamente desvirtuados.

En esa línea argumentativa, el TUO de la LPAG también reconoce como un principio rector al principio de buena fe procedimental, a través del cual se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “(...) guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”21.

En palabras de Morón Urbina, es incompatible con el principio de buena fe procedimental, desde la perspectiva del administrado:

En el presente caso, se aprecia que la impugnante reitera en su recurso de revisión la no valoración a sus argumentos de defensa referidos a que no se habría valorado sus alegatos, así como los medios de prueba alcanzado que acreditan el cumplimiento de la medida inspectiva incluso antes de su emisión, así como, indica haber cumplido con el pago de los aportes previsionales de junio de 2018, pues, AFP HABITAT interpuso un proceso judicial en su contra; alegatos que son coincidentes con lo expuesto en el recurso de reconsideración, así como el de apelación, los cuales han sido, oportunamente, absueltos por la Resolución de Sub Intendencia Nº 906-2021- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE (R), y la Resolución de Intendencia N° 136-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

Por ello, esta Sala identifica que el actuar de la impugnante, vulnera este principio, al impugnar de manera reiterativa y bajo los mismos fundamentos, sin aportar nuevos elementos de juicio, aludiendo, además a supuestas vulneraciones a derechos fundamentales y señalando afectación al principio de interdicción de la arbitrariedad, contenidos en los artículos 3 y 43 de la Constitución Política del Perú, esto es, el comportamiento ajeno a la Ley de la inspectora comisionada y de la autoridad administrativa, con lo cual se considera que se ha transgredido el principio de buena fe procedimental.

En ese sentido, se debe desestimar los argumentos alegados por la impugnante en este extremo, exhortándola a adecuar su conducta al principio de buena fe procedimental.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.