Agropecuaria e Industrias Fafio S.A — Res. 164-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (todas), Jornada, Horario de Trabajo y Descansos Remunerados (Jornada y Horario de Trabajo, Horas extra, Vacaciones, Descanso en días feriados no laborables – locales o feriados, No goce de vacaciones). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no tener registro de control de asistencia, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

i. El recurrente señala que, los registros fueron presentados a través de la plataforma virtual de SUNAFIL, con excepción de nueve que fueron extraviados involuntariamente en un traslado entre oficinas de mi representada. Por lo que, es falaz decir que no se presentó nueve registros de asistencia como si éstos fueran la totalidad requerida, siendo lo correcto que se adjuntó sesenta y cinco (65), quedando pendiente nueve registros.

ii. Agrega que el no llenado oportuno en el registro no enerva de ninguna manera que esta deficiencia pueda ser revertida mediante la subsanación; la naturaleza de la subsanación que tiene como finalidad “sanar” en un momento posterior lo que no se hizo en su oportunidad. En ese sentido, la norma laboral ha previsto con carácter insubsanable únicamente las dos infracciones contenidas en los numerales 25.7 y 25.18 del artículo 25 del Reglamento de la Ley de Inspección General del Trabajo. Es el caso que, la conducta analizada en el presente caso no se encuentra contenida en los presupuestos establecidos en las referidas infracciones, siendo ilegal considerar como conducta insubsanable cuando es subsanable.

iii. Alega que, la recurrida expresa que expresa argumentos sobre el extravío temporal de nueve registros no resulta justificante, dado que podíamos llevarlo en un soporte digital por seguridad, vulnerándose los derechos como administrados al exigirse una condición que no es desfavorable, siendo que, la norma no ha establecido la obligación de resguardo digital, sino que faculta al empleador para el cuidado.

iv. Argumenta que, la infracción no establece puntualmente que la inconducta recaída sobre el hecho de no contar con el registro de una persona y un mes puntual, sino que el empleador no cuente en absoluto con el mismo; siendo que, de forma abundante se cumplió con la presentación de 65 de los requeridos, por lo que se acreditó con suficiencia que el trabajador Diego Huanca Chambi si contaba con un registro, así como que hizo uso del mismo durante todo el tiempo que laboró, vulnerándose el principio de tipicidad.

v. Señala que, la Resolución N° 543-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, suscita un hecho similar al cuestionado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, en el cual se nos imputa la no presentación de 9 registros de control de asistencia de un trabajador, pero se inobserva gravemente que la empresa si cuenta con registros de control de asistencia de sus trabajadores y del mismo señor Huanca Chambi al haberse adjuntado los mismos en la cantidad de 65, vulnerándose el debido proceso administrativo.

i. Sobre lo argumentado en los puntos i) al v) del resumen de apelación, se debe indicar que, la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 004-2006-TR4, hace referencia a la obligación de llevar registros al tiempo de trabajo, reconocido en el literal c) del artículo 8 del Convenio N° 01 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respondiendo a la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada máxima de trabajo a través del registro de las horas laborales, “(…) uniformizando el control de tiempo de trabajo, darle seguridad jurídica a los trabajadores; y ,garantizar el cumplimiento de la jornada máxima de trabajo”, así como el “Establecer presunciones para una mejor fiscalización del trabajo en sobre tiempo y un cumplimiento más efectivo de los derechos y obligaciones que se generan con ocasión de su prestación”, entre otra

ii. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, así como del artículo 10-A del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR, es expreso en señalar la obligación del empleador a registrar el trabajo prestado, así como el llevar un registro permanente de control de asistencia de sus trabajadores, obligación que incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas

iii. En este aspecto, la impugnante textualmente sostiene en el numeral 2 de su escrito de apelación, lo siguiente: “(…) Dichos registros fueron presentados a través de la plataforma virtual de SUNAFIL (véase archivo 2022.01.31_12.15_1904096_REQ_INF_1396827 del expediente electrónico), con excepción de los nueve antes señalados que fueron extraviados involuntariamente en un traslado entre oficinas de mi representada. Por lo que, es falaz decir que no se presentó nueve registros de asistencia como si éstos fueran la totalidad requerida, siendo lo

2 Notificada a la impugnante el 30 de octubre de 2022.

correcto que mi representada adjunto sesenta y cinco (65), quedando pendiente nueve registros (…)”.

iv. En el caso de autos, de la revisión del expediente electrónico se evidencia la “DENUNCIA DE PERDIDA DE DOCUMENTOS, ESPECIES Y OTROS” de fecha 09 de febrero de 2022, respecto a la perdida de registros de asistencia y otros documentos; no obstante, la denuncia policial no constituye un medio probatorio idóneo o suficiente que permita confiablemente corroborar lo declarado por el impugnante, puesto que, la denuncia policial por la pérdida de los registros de control y contratos fue efectuada con fecha 09 de febrero de 2022, fecha a la cual ya se había requerido la documentación al impugnante la presentación de los registros, mediante requerimiento de información de fecha 31 de enero de 2022; por lo que, dicha denuncia policial por sí sola no acredita que el impugnante haya implementado conforme a ley el registro de control de asistencia durante los periodos de “NOVIEMBRE DE 2016; ENERO, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE DE 2019; NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2020; ABRIL y MAYO DE 2021”; teniendo en cuenta que la fe que merece el contenido de este documento (denuncia policial) no implica afirmar la veracidad de lo declarado por el impugnante, sino solo la constancia de lo declarado en la denuncia

v. Aunado a ello, resulta necesario indicar que, el impugnante tiene como obligación conservar el registro de asistencia hasta por cinco (5) años después de generados y adoptar todas medidas de seguridad que eviten su pérdida. Por lo que, la denuncia policial y las alegaciones de parte no resultan idónea ni suficiente para desvirtuar la infracción cometida por la impugnante, debiendo desestimarse dicha alegación en este extremo

vi. Referente a ello, atendiendo a lo señalado por el impugnante, se tiene por declaración asimilada el hecho de haber aceptado en su escrito de apelación que no contaba con nueve (9) registros de asistencia, por haberlos extraviado, hecho que fue reiterado en al informe oral de fecha 13 de setiembre de 2022, tal como se evidencia en minuto cinco con siete segundos (00:05:07) audio y video obrante en el orden 62 del índice digital del expediente electrónico, en el cual el letrado autorizado del apelante, manifiesta que: “(…) lastimosamente por un tema de traslado, documentación trasladada entre establecimientos se extravió estos nueve registro que a la postre nos terminaron sancionando en primera instancia (…)”, evidenciándose claramente que el apelante no contaba con los registros de asistencia de los periodos solicitados por el inspector actuante, siendo que, el argumento de extravió de los registros de asistencia, resultan una simple alegación de parte sin sustento probatorio, como se desarrolló anteriormente, que no logra de desvirtuar la infracción que se imputa, no evidenciando vulneración al principio que se alega.

vii. Conforme al numeral 4.4 de los hechos constatados en el acta de infracción, el inspector actuante dejó sentando el carácter insubsanable de la infracción imputada al apelante. Asimismo, dicha insubsanabilidad fue válidamente notificada a través de la casilla electrónica con fecha 14 de marzo de 2022, según “CONSTANCIA DE NOTIFICACION VIA CASILLA ELECTRÓNICA”, obrante en el orden 30 del índice digital. En consecuencia, lo alegado en este extremo carece de sustento legal, debiendo desestimarse los argumentos plasmados en su escrito de apelación. viii. Finalmente, el apelante hace alusión a la Resolución N° 543-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, señalando que un hecho similar ha sido cuestionado por el Tribunal de Fiscalización Laboral; no obstante, se debe traer a colación lo desarrollado por el Tribunal de

Fiscalización Laboral en la Resolución N° 879-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, que establece en sus fundamentos 6.11 y 6.12, lo siguiente:

“6.11 Ahora bien, conforme a lo verificado por el inspector de trabajo y contrario a lo alegado por la impugnante, es preciso señalar que el hecho de no contar con el registro de control de asistencia, al momento de las actuaciones inspectivas constituye una infracción de naturaleza insubsanable, toda vez que el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, señala que: “Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores”; es decir, la norma prevé que el registro debe poseer y estar a disposición permanente y diaria al tiempo de las labores de los trabajadores. (…) 6.12 En tal sentido, los hechos verificados y constitutivos de la infracción se encuentran evidentemente detallados en el Acta de Infracción, así como su naturaleza de carácter insubsanable. En consecuencia, se concluye que la impugnante incurrió en la infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Por lo tanto, no cabe acoger el recurso de revisión en este extremo”

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981 Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AGROPECUARIA E INDUSTRIAS FAFIO S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 111-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, señalando los siguientes alegatos:

i. De la revisión de la imputación, la misma versa sobre el presunto incumplimiento de los artículos 1, 3 y 5 del D.S. N° 004-2006- TR y los subsumen en el artículo 25.19 del D.S. N° 019- 2006-TR (en adelante RLGIT), la misma que prevé taxativamente lo siguiente: “No contar con el registro de control de asistencia, respecto de uno o más trabajadores, o que, teniéndolo, no contenga información mínima, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”.

ii. Así, el principio de tipicidad alude al grado de predeterminación normativa de los comportamientos típicos proscribiendo supuestos de interpretación extensiva o analógica, lo cual significa que sólo cabe castigar un hecho cuando éste se encuentre precisamente definido y se tenga claramente establecida su penalidad. El Tribunal Constitucional considera a la tipicidad o taxatividad como una de las manifestaciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones (que definen sanciones) estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal. El criterio del Tribunal Constitucional es, en ese sentido, el de considerar que la tipicidad constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta

iii. La recurrida incurre en grave error, pues VIOLA el principio de tipicidad albergado por el de legalidad, efectuando una interpretación arbitraria que excede el tipo de infracción contenida en el artículo 25.19 RLGIT al incluir, de forma errónea, una condición adicional que es que la infracción recaiga sobre registros de control de asistencia de periodos puntuales (días, meses y años en específico)

iv. La Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la Resolución N° 318-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 17/09/2021 - y en posteriores pronunciamientos de forma uniforme - ha desarrollado que el principio de tipificación; indicando que en la construcción de la imputación se debe comprobar la correcta subsunción de la conducta desplegada con el hecho infractor sancionable por el incumplimiento de la normativa laboral, vale decir que los hechos u omisiones del administrado encajen perfectamente con la infracción laboral preestablecida. Asimismo, la tipicidad – establecida como principio de la potestad sancionadora administrativa en la LPAG – ha establecido que NO se admiten interpretaciones extensivas de las infracciones previstas

v. Es así, que en el presente caso la infracción contenida en el artículo 25.19 del RLGIT establece que la conducta puntualmente es: i) no contar con el registro de control de asistencia; y, recae: ii) respecto de uno o más trabajadores. No obstante, la recurrida transgrede la norma punitiva y le da una aplicación extensiva a la infracción al sancionar a mi representada por no haber contado oportunamente con 9 registros de asistencia, vale decir, no desconocen que mi representada SI CUENTA con registro de control de asistencia del ex trabajador DIEGO HUANCA CHAMBI, sino que cuestiona la ausencia de una parte del mismo. Lo cual NO ha sido establecido como infracción, toda vez que la norma NO DICE no contar con un registro de forma parcial, ni TAMPOCO DICE no contar con un registro sobre algunos periodos (meses). Reitera que sí cuenta o tiene los registros de asistencia, lo que acontece es que los tiene incompletos, y tener registros incompletos NO ESTÁ PRESCRITO COMO INFRACCIÓN.

vi. Debe tenerse presente que el D.S. N° 004 – 2006 – TR señala que: “Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores”. Lo resaltado y subrayado es añadido. Por lo que la norma que determina la obligatoriedad establece que el registro es UNO, habla en singular; en tal sentido, la tipificación de la infracción 25.19 en el RLGIT se estableció en el mismo sentido, de que el registro es único.

vii. Por tanto, no se ajusta al tenor del tipo legal antes referido la conducta imputada por el inspector comisionado a mí representada, en tanto se me atribuye el hecho de no haber implementado el registro de control de asistencia en nueve meses de un trabajador, cuando el tipo legal establece claramente que la conducta sancionable se fundamenta en no contar con el – único - registro de control de asistencia; lo cual no ha ocurrido en el caso de autos pues como se ha expresado precedentemente mi representada cumplió con presentar sesenta y cinco registros de control de asistencia del trabajador, acreditando que DIEGO HUANCA CHAMBI sí contaba con el mismo (véase archivo 2022.01.31_12.15_1904096_REQ- INF_1396827 del expediente electrónico).

viii. Esta conducta habría vulnerado el derecho al debido proceso y a la debida motivación, toda vez que no se desarrolla ni mucho menos fundamenta por qué nuestro argumento de la atipicidad en la subsunción sobre la ausencia de los nueve registros de asistencia en el tipo legal no tiene asidero o debe ser motivo de rechazo. Es así que, sobre el particular, la recurrida en su numeral 2.5.9 alude a lo apelado y seguidamente en el numeral 2.5.10 indica lo siguiente: “Referente a ello, atendiendo a lo señalado por el impugnante, se tiene por declaración asimilada el hecho de haber aceptado en su escrito de apelación que no contaba con nueve (…)”. Como es de verse, no se realiza un mínimo de análisis de tipicidad sobre la conducta imputada y el tipo legal, tal como se cuestionó, sino que la recurrida desplaza la explicación hacia otro tema que versa sobre no haber contado en un determinado momento con los nueve registros de asistencia. Asimismo, evidencia que se ha transgredido el principio de taxatividad al expresar que: “evidenciándose claramente que el apelante no contaba con los registros de asistencia de los periodos solicitados por el inspector actuante (…)”. Demostrando con dicha aseveración que la interpretación que han adoptado es arbitraria.

Análisis Del Recurso De Revisión

De los hechos constitutivos de infracción

Sobre el principio de tipicidad

9 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS: “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. (...)”.

i. Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad);

ii. En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto10.

“7. Al respecto, la inspeccionada pretende justificar el incumplimiento con la denuncia realizada a la policía por la pérdida de dicho registro, la cual fue efectuado con fecha posterior al requerimiento de información de la diligencia de fecha 31/01/2022, lo que no resulta suficiente para los fines del presente procedimiento, dado que la inspeccionada se encontraba en obligación de mostrar o entregar el registro de asistencia, pudiendo en este caso llevar un soporte digital por seguridad. Tal hecho ha limitado el actuar del inspector comisionado, al no

10 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ra Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial Tecnos, p. 269.

poder determinarse de forma verídica el pago de las horas extras, descansos en días feriados no laborables, vacaciones, y cualquier otro beneficio que le hubiera correspondido a su trabajador, por lo que, en este extremo corresponde acoger la propuesta del órgano instructor, procediendo a sancionar por la infracción detectada.

8. En esa línea, debe precisarse que de acuerdo a la base legal citada en los párrafos precedentes, es obligación de todo empleador implementar un registro permanente de control de asistencia en el centro de trabajo, debiendo encontrarse en un lugar visible y al alcance de los trabajadores, con el fin de consignar de forma fidedigna el horario y jornada laboral, sin embargo este mandato normativo fue incumplido, dado que de acuerdo al numeral 4.4 del acta de infracción el inspector señala que el sujeto inspeccionado no presento el registro de control de asistencia, además que no cumplió con adoptar las medidas de seguridad para evitar la pérdida del registro de control de asistencia, lo que no quita responsabilidad de la custodia de dichos registros.

9. Asimismo, en cuanto a la solicitud de aplicar el criterio normativo citado por la inspeccionada, es menester indicar que el referido criterio se refiere al contenido mínimo del registro de control de asistencia, es decir, ante la falta de Nombre, denominación o razón social del empleador, Número de Registro Único de Contribuyentes del empleador, Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador, Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo, Las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo; sin embargo en el presente caso el sujeto inspeccionado no ha cumplido con presentar registro de control de asistencias de los periodos de noviembre del 2016; enero, octubre, noviembre y diciembre del 2019; noviembre y diciembre del 2020; abril y mayo del 2021 del extrabajador Diego Eloy Huanca Chambi en la oportunidad que el inspector lo ha requerido; no adecuándose tal conducta con el criterio normativo, dado que como ya se ha indicado, la responsabilidad de custodiar el registro de control de asistencia recae en el empleador, así como la obligación de exhibirlo ante el inspector de trabajo al ser solicitado; además, en mérito al D.S. N° 004-2006-TR el control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida; por lo que, la inspeccionada no desvirtúa la infracción advertida en el Acta de Infracción” (énfasis añadido)

“2.5.10 Referente a ello, atendiendo a lo señalado por el impugnante, se tiene por declaración asimilada el hecho de haber aceptado en su escrito de apelación que no contaba con nueve (9) registros de asistencia, por haberlos extraviado, hecho que fue reiterado en al informe oral de fecha 13 de setiembre de 2022, tal como se evidencia en minuto cinco con siete segundos (00:05:07) audio y video obrante en el orden 62 del índice digital del expediente electrónico, en el cual el letrado autorizado del apelante, manifiesta que: “(…) lastimosamente por un tema de traslado, documentación trasladada entre establecimientos se extravió éstos nueve registro que a la postre nos terminaron sancionando en primera instancia (…)”, evidenciándose claramente que el apelante no contaba con los registros de asistencia de los periodos solicitados por el inspector actuante, siendo que, el argumento de extravió de los registros de asistencia, resultan una simple alegación de parte sin sustento probatorio, como se desarrolló anteriormente, que no logra de desvirtuar la infracción que se imputa, no evidenciando vulneración al principio que se alega.”

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas

de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

11 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado)

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

(…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)

13 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 14 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 15 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AGROPECUARIA E INDUSTRIAS FAFIO S.A.; y en consecuencia NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 0367-2022-

SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Tacna, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 073-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 0367-2022- SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a AGROPECUARIA E INDUSTRIAS FAFIO S.A., y a la Intendencia Regional de Tacna, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO.- Remitirlos actuados a la Intendencia Regional de Tacna y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a lo señalado en el considerando 6.37 de la presente resolución.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240214RAN