Agroindustrias San Jacinto S.A.A — Res. 181-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneración (Sub materia: discriminación). soft Erwin FAU 20555195444 soft 09:04:21-0500 e) del inciso 2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por haber discriminado de manera directa al señor Félix Ricardo Rassa Villanueva, en materia remunerativa, pues percibe un haber básico mensual inferior al de su homólogo el señor Custodio López Julio Armando, tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 283,500.00. - Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber cumplido con presentar la información solicitada con la Medida de Requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,450.00.

i. Señala que, teniendo en cuenta el contenido del Acta de Infracción, se advierte que la orden se emitió en el año 2019, pero que la supuesta discriminación remunerativa se habría cometido desde febrero del 2019, por lo que con la notificación de la Resolución de Sub Intendencia han transcurrido más de 4 años, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 51° del Reglamento de la Ley. ii. Hace presente que en el presente caso se estaría ante una infracción instantánea con efectos permanentes y que dicha diferencia remunerativa se habría iniciado en febrero de 2017, consumándose en el mes que debió pagarse la remuneración homologada, pero que sus efectos se mantuvieron en el tiempo. iii. Precisa que, la prescripción en materia administrativa consiste en la extinción de la responsabilidad por el transcurso del tiempo, que acarrea indefectiblemente la pérdida del ius puniendi del Estado, eliminando la posibilidad de que la autoridad administrativa pueda determinar la existencia de una conducta infractora y aplicar válidamente una sanción al responsable. iv. Pone de manifiesto que la presente controversia está siendo materia de análisis en la vía judicial por el Segundo Juzgado Laboral del Santa, a través del expediente N° 2195- 2021-0-2501-JR-02, y que sobre el particular recientemente el Tribunal de Fiscalización Laboral mediante Resolución N° 187-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, ha establecido cuáles son los tres elementos relevantes frente a los casos en los que la controversia se esté discutiendo en sede judicial. Se precisa que en el presente caso se evidencia que se cumplen con los tres elementos sobre todo respecto a la existencia de la triple identidad, ya que en el expediente judicial se evidencia que la controversia que se discute, las partes involucradas y el proceso son las mismas; por lo que, no corresponde

a la Sub Intendencia de Resolución, ni a la autoridad instructora, ni a los inspectores emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. v. Indica que, en el presente caso se ha imputado a la empresa la comisión de la presunta conducta tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del Reglamento de la Ley, hace mención de lo señalado en el numeral 1 del artículo 26 de Constitución Política del Perú, precisando que este principio no puede aplicarse de manera absoluta, ya que, en reiterada jurisprudencia coincide en la posibilidad de mantener una diferencia salarial entre trabajadores, observando algunos parámetros objetivos que deben evaluarse para poder determinar si ha existido o no discriminación. Estos criterios han sido establecidos en la Casación Laboral N° 208-2002-PASCO y ha sido emitido con carácter de precedente de observancia obligatoria. vi. Señala que, en el presente caso la diferencia en las remuneraciones se debe al haber básico de ambos trabajadores y que, como lo han señalado en las comparecencias y los escritos, esto se debe al convenio colectivo 2009-2011 que decide incorporar desde diciembre de 2009 al haber básico diversos conceptos que percibía cada trabajador; y, es por ello que, el homólogo Julio Custodio López percibió una remuneración mayor, lo cual evidencia de forma objetiva la razón que justifica la diferencia salarial. vii. Precisa que, el concepto de desayuno y aguadillo que fue percibido por el homólogo fue incorporado a su haber básico en virtud del convenio colectivo 2009-2011, situación que constituye una causa objetiva de diferencia salarial conforme a lo establecido por la Corte Suprema mediante la Casación N° 17255-2017-LIMA, precisando con ello que queda demostrado que la diferencia en las remuneraciones se debe a un criterio objetivo y el cual no fue atendido por la Sub Intendencia. viii. Precisa que la autoridad no ha cumplido con realizar un solo análisis en su imputación de cargos que determine de manera fehaciente de cómo es que la empresa ha cometido las infracciones por lo incumplimientos imputados ix. Añade la accionante que, sin haber hecho una evaluación de la información presentada por la empresa, se pretende hacer ver que existe una supuesta discriminación en el salario del señor Rassa y se le exige que presente medios probatorios para determinar que no existió una discriminación, tratando los inspectores como la Sub Intendencia de trasladar la carga de la prueba a la empresa. x. Precisa que la Imputación de Cargos como la Resolución de Sub Intendencia han vulnerado los principios de debido procedimiento y presunción de inocencia, por lo que solicitan el archivo del presente procedimiento. xi. Indica que el procedimiento sancionador se encuentra viciado de una serie de defectos que no han sido advertidos por la SUNAFIL durante su tramitación, resaltando que existe una contradicción al señalar que se habría configurado una supuesta afectación al principio de la igualdad y no discriminación y al mismo tiempo pretender la subsanación. Hace presente lo mencionado en el artículo 49 del Reglamento de la Ley, indicando que son infracciones subsanables las que sean posible de revestir los efectos de la afectación del derecho y que en el presente caso se consideró que la infracción por la configuración de una supuesta discriminación era de naturaleza subsanable, precisando que con ello se observa que el procedimiento sancionador se encuentra viciado desde el inicio, ya que se señaló que la accionante habría afectado derechos fundamentales y a su vez pretendía que dicha afectación sea subsanada mediante el solo reintegro de los supuestos montos dejados de percibir. xii. Manifiesta que, en el supuesto que se haya incurrido en actos de discriminación, no era posible que se subsane los efectos de dicha afectación, ya que son vulneraciones a derechos fundamentales cuyos efectos no puede limitarse a temas meramente económicos, y que en todo caso su restitución se debería dar a través de indemnizaciones, las cuales escapan del ámbito de la SUNAFIL. xiii. Finalmente, precisa la recurrente respecto a lo señalado en el numeral 1.4. del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, así mismo hace mención del numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad; indica que ni la Imputación de Cargos ni la Resolución de Sub Intendencia, han presentado medio probatorio que fundamente que la Empresa haya incurrido en discriminación y solo con las boletas han verificado que se ha cometido una infracción al ordenamiento, vulnerando con ello el principio de razonabilidad y el debido procedimiento por su falta de motivación. Además, señala que es ilógico que se pretenda imponer una multa en función a la totalidad de trabajadores de la empresa que cuenten con el cargo de analista de materia prima; por ello la Sub Intendencia no estaría cumpliendo el criterio de razonabilidad adecuado al momento de imponer la sanción, solicitando el archivo del presente procedimiento debido a que existe una causal de nulidad por contravenir la Constitución conforme al numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. 1.5. Mediante Resolución de Intendencia N° 032-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 22 de marzo de 20222, la Intendencia Regional de Ancash declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar que:

i. Refiere que, el 27 de setiembre del 2019 el señor Rassa denuncio a AGROINDUSTRIAS respecto a la materia discriminación salarial. Del apartado “IV. Hechos Constatados” del Acta de Infracción, se advierte que existe una diferenciación remunerativa entre el señor Rassa y el trabajador Julio Armando Custodio López (en lo sucesivo señor Custodio) realizado por AGROINDUSTRIAS; configurándose una infracción muy grave en materia de relaciones laborales; por otro lado, al no haber cumplido con la medida de requerimiento, se configuró una infracción muy grave a la Labor Inspectiva. ii. Precisa que, realizando el conteo pertinente, teniendo en cuenta que los hechos constatados que dieron origen a la infracción en materia de relaciones laborales ha sido detectada con la medida de requerimiento de fecha 20 de diciembre de 2019, el plazo que ha transcurrido desde dicha fecha hasta la notificación de la resolución de la Sub Intendencia de Resolución es de 2 años 2 meses 15 días; es decir, dentro del plazo de los cuatros años establecidos en la ley, por lo que no se acoge a lo solicitado respecto a la prescripción y se tiene por desvirtuado lo señalado en este extremo. iii. Se observa que, en efecto, el señor Rassa instauró un proceso judicial, empero se advierte del mismo, así como de las copias anexadas a su recurso de apelación que el expediente judicial signado con el número de expediente N° 02195-2021-0-2501-JR-LA- 02 seguido ante el 2° Juzgado Laboral de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, es por

2 Notificada a la inspeccionada el 24 de marzo de 2022, conforme al folio 160 del expediente sancionador.

homologación y conforme a lo señalado por el Artículo 75 del Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, debe tenerse en cuenta que en el presente caso el procedimiento que se le sigue es por una infracción en materia de relaciones laborales respecto a la discriminación remunerativa, y una infracción a la labor inspectiva, por lo que, no puede determinarse que se trate del mismo proceso; en base a ello se tiene por desvirtuado lo alegado. iv. En relación a lo señalado por la impugnante, que no habría discriminación porque la diferencia salarial se deriva del convenio 2009-2011, debe tenerse en cuenta que dicho convenio fue suscrito con anterioridad a la fecha en la que se dio la diferencia remunerativa, es más la fecha de vigencia de dicho convenio antes mencionado era hasta el 31 de marzo del 2011. v. En consecuencia, el administrado no ha acreditado una justificación objetiva y razonable para la diferencia remunerativa verificada, y debe considerarse que las boletas que adjunta en dicho extremo son del año 2009, es decir, cuando el trabajador afectado y el señor Custodio tenían otros cargos y antes que se dé la diferencia remunerativa que fue en el año 2017; por lo que, teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, no corresponde exonerar de alguna responsabilidad a la accionante. vi. Que, de la documentación presentada y del procedimiento inspectivo, se determinó que la accionante venía realizando una diferenciación remunerativa entre los señores Rassa y Custodio, por lo que ya no había una presunción tal como también lo ha señalado la Sub Intendencia de Resolución en el considerando trigésimo de la resolución cuestionada; debe tenerse en cuenta que no le corresponde a la SUNAFIL aportar pruebas respecto a un hecho que el sujeto inspeccionado pretende desvirtuar, pues es a dicho accionante a quien le corresponde aportar las pruebas pertinentes, en base a lo antes indicado queda desvirtuado lo alegado por la accionante. vii. Señala que, al verificarse que existió una discriminación remunerativa, esta debió subsanarse, toda vez que, no se justificó porque causas es que se ha realizado esa diferenciación remunerativa entre los trabajadores Rassa y Custodio. Asimismo, se debe tener en cuenta que no se está subsanando la afectación al derecho fundamental, si no la afectación económica como consecuencia de la discriminación remunerativa. viii. Puntualiza que, se aplicó la multa respectiva por haber incurrido en dos infracciones muy graves (una en materia de relaciones laborales y otra a la labor inspectiva), en las que se tuvo en cuenta, además, la gravedad de la falta cometida, el número de trabajadores afectados y el tamaño de la empresa (No MYPE); no advirtiéndose vulneración alguna la tabla predeterminada, señalada en el Reglamento de la Ley que es una norma pública. ix. En tal sentido, el inferior en grado ha impuesto la sanción de multa al administrado motivando su decisión en la resolución apelada, la misma que resulta exigible en el debido procedimiento administrativo, así como los dispositivos legales vigentes acordes a la infracción incurrida. 1.6. Con fecha 12 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ancash, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 032-2022- SUNAFIL/IRE-ANC.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 6 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

7 D.S. 016-2017-TR, art. 14. análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Que, la supuesta infracción imputada se encuentra prescrita, por lo cual, el procedimiento debe archivarse; ya que la infracción se consumó en febrero de 2017, cuando debió pagarse la remuneración homologada. ii. Que, la SUNAFIL debe inhibirse de emitir pronunciamiento, puesto que la materia objeto de inspección viene siendo discutida por el Poder Judicial. iii. Vulneración del principio de tipicidad al variar la conducta infractora en la Resolución de Sub Intendencia, por lo que solicita el archivo del presente procedimiento, debido a que existe una causal de nulidad, contenida en el artículo 10.1 del TUO de la LPAG. iv. Afectación al principio de culpabilidad, ya que no se cumplen los fundamentos para alegar discriminación. v. Vulneración a los principios de debido procedimiento y presunción de licitud, al trasladar la carga de la prueba a la empresa sin demostrar por qué existe discriminación. vi. Inaplicación de los principios de legalidad, debida motivación y de razonabilidad al emitir la medida de requerimiento.

8 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

- Solicitan que, la SUNAFIL se inhiba de emitir pronunciamiento de conformidad con el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el artículo 75 del TUO de la LPAG, debido a que la materia objeto de inspección vienen siendo discutida por el Poder Judicial en el Expediente N° 2195-2021-0-2501-JR-LA-02. - Que, el Segundo Juzgado de Trabajo del Santa ha declarado INFUNDADO la demanda del señor Félix Rassa sobre discriminación salarial, debido a que se ha acreditado en el proceso que existen causas objetivas que justifican la diferencia salarial entre el señor Rassa y el homologo. - De acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la Resolución N°187-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, el procedimiento administrativo sancionador debe suspenderse hasta que exista una sentencia con carácter de cosa juzgada en sede judicial, ya que el proceso judicial y administrativo versan sobre los mismos sujetos, hechos y fundamentos. Por tanto, solicitan se declara la suspensión del procedimiento, en tanto, la controversia viene siendo discutida en sede judicial.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la alegación de prescripción de las infracciones detectadas

“Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público

Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.”

9 De conformidad, con el numeral 144.1 del artículo 144 del TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la publicación del acto. En el presente caso, el cómputo del plazo de suspensión, se inició el primer día hábil posterior a la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020. - Haber discriminado, de manera directa al señor Rassa Villanueva Félix Ricardo, en materia remunerativa, pues percibe un haber básico mensual inferior al de su homologo el señor Custodio López Julio Armando.

Figura N° 01: Línea de Tiempo

Cuarenta y dos (42) días hábiles10

De la creación de la SUNAFIL y sus competencias

10 Conformado por los siguientes plazos: (i) quince (15) días hábiles para presentar los alegatos contra el Acta de Infracción; (ii) veinticinco (25) días hábiles de acuerdo al numeral 252 del artículo 252 del TUO de la LPAG; y, dos (02) días de feriados declarados a nivel nacional, relativos al 1 de abril (jueves santo), y el viernes 2 de abril de 2021 (viernes santo). 11 Iniciando funciones el 01 de abril de 2014, según lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 037- 2014-TR. La transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la SUNAFIL, se realizó el 31 de marzo de 2014, según lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución en mención. 12 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 Artículo 18. Ente rector La SUNAFIL es la autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo a que se refiere la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; y como ente rector de ese sistema funcional dicta normas y establece procedimientos para 20.12.2019 Fecha de cómputo de inicio de plazo. 22.02.2021 (Inicio del PAS) 23.04.2021 (vencimiento del plazo de suspensión) Suspensión del plazo de prescripción 06.10.2021 Notificación de la Resolución de Sub Intendencia (Fin del PAS) 3 meses y 3 días 5 meses y 12 días 3 meses, 3 días de suspensión 23.03.2020 (inicio de suspensión de plazos) 26.06.2020 (fin de suspensión de plazos) 7 meses y 25 días Plazo transcurrido 1 año, 5 meses y 22 días

“Artículo 4.- Ámbito de actuación de la Inspección del Trabajo En el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en:

1. Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del Sector Público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 2. Los vehículos y los medios de transporte en general, en los que se preste trabajo, incluidos los buques de la marina mercante y pesquera cualquiera sea su bandera; los aviones y aeronaves civiles, así como las instalaciones y explotaciones auxiliares o complementarias en tierra, para el servicio de aquellos. 3. Los puertos, aeropuertos, vehículos y puntos de salida, escala, destino, en lo relativo a los viajes de migraciones laborales.

asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del Sistema con la participación de los gobiernos regionales y de otras entidades del Estado según corresponda. 13 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 “Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 14 Considerar los alcances del literal “i” del artículo 4 de la Ley N° 29981, para aquellos trabajadores que presten servicios en entidades públicas sujetas al régimen laboral. 15 Mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector Público, se estableció que la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, así como las condiciones legales de los trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) estaría a cargo de la SUNAFIL. 16 Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29981 4. Las entidades, empresas o cooperativas de trabajadores que brinden servicios de intermediación laboral. 5. Los domicilios en los que presten servicios los trabajadores del hogar, con las limitaciones a la facultad de entrada libre de los inspectores, cuando se trate del domicilio del empleador. 6. Los lugares donde se preste trabajo infantil. No obstante, lo anterior, los centros de trabajo, establecimientos, locales e instalaciones cuya vigilancia esté legalmente atribuida a la competencia de otros órganos del Sector Público, continuarán rigiéndose por su normativa específica, sin perjuicio de la competencia de la Inspección del Trabajo en las materias no afectadas por la misma.” (énfasis añadido)

17 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (el resaltado es nuestro)

procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

18 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto

administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (énfasis añadido)

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”21(énfasis añadido).

19 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 20 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 21 El subrayado no es del original. resolución recurrida ha incurrido en este vicio. Es más, los supuestos agravios que presenta en su recurso de revisión, son los mismos presentados en su recurso de apelación, los cuales ya han obtenido respuesta, no incurriendo en una motivación insuficiente y/o aparente.

Sobre los actos de discriminación laboral

22 Constitución Política del Perú Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: (…) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. (…) “Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.” (…) Disposición Final y Transitoria de la Constitución Cuarta. - Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

23 Exp. N° 048-2004 PI/TC, fundamento 62. 24 BLUME MOORE, Iván, Mejoras salariales y principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores. En http://revistas.puc. Edu.pe/índex/php.iusetveritas/article/viewfile/12090/12657. 6.43. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el acta de infracción, se tiene que el trabajador afectado Félix Ricardo Rassa Villanueva, realizaba labores de Analista de Materia Prima, conforme a las boletas de pago de folios 42 a 105, que consta en el expediente inspectivo. En ese sentido, pese a que realizaba la misma función que su homólogo (Julio Armando Custodio López) ha percibido ingresos inferiores; conforme se consignó en el numeral 4.13 del acta de infracción: Figura 02:

Figura 03:

25 Véase folio 178 del expediente inspectivo.

mismo modo, en las comparecencias de fecha 25 de noviembre de 2019 y 03 de diciembre de 2019, la impugnante manifestó que la remuneración básica del señor Custodio López se determinó en base al promedio de la remuneración básica de los 17 analistas de materia prima, numeral 4.16 del acta de infracción.

Sobre la Medida Inspectiva de Requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

Información Adicional

GRAVE Labor inspectiva No cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento programada. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 032-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 22 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ancash dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 588-2020- SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 032-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, en todos sus extremos.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A., y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, si bien estoy de acuerdo con el sentido de la decisión del colegiado -y por tanto voto juntamente con mis colegas en unanimidad respecto de ello- discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria respecto al extremo del análisis del cómputo de plazos de la prescripción.

Considero que, con el mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido en la necesidad de analizar jurídicamente la institución de la prescripción administrativa del TUO de la LPAG, en el marco de las normas propias del derecho administrativo. Esta situación previa al análisis de fondo del expediente supone -a mi parecer- no solo la vulneración de normas legales expresas sino, además, sienta un precedente que definitivamente genera espacios de arbitrariedad en la actuación de las instancias del Sistema de Inspección del Trabajo.

Consecuentemente, no suscribo los fundamentos 6.3 al 6.20 de la presente Resolución, a pesar de compartir el sentido de la decisión. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

Del Análisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión Establecidos Por El Reglamento Del Tribunal

Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión

El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido.

PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 1.3. Por tal razón, habiendo superado el análisis de admisibilidad y de procedencia establecido normativamente, resulta necesario revisar los demás elementos de Expediente relacionados con la tramitación del presente recurso.

Respecto A La Prescripción De La Facultad De La Autoridad Para Determinar La Existencia De Infracciones Administrativas Y La Aplicación Del Principio Del Debido Procedimiento En El Ejercicio De La Potestad Sancionadora

SOBRE LA REGULACIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO

potestad sancionadora; es decir, impone determinadas cargas a la Administración dado que la potestad sancionadora resulta en un régimen restrictivo de derechos de los administrados.

8. El Tribunal Constitucional, en diversas oportunidades, ha sostenido, sobre la base del principio general de libertad, que el ser humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de una ley, ni obligado de hacer aquello que la ley no manda. En ese sentido, si bien las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la interpretación de una limitación legamente impuesta, deberá, además, realizarse en términos necesariamente restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, in malam partem, de las normas que restrinjan derechos (énfasis añadido).

23. Ahora bien, en tanto el ser humano es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido por una norma jurídica imperativa, las disposiciones que restringen derechos, al igual que aquellas que reconocen y consagran deberes constitucionales, no pueden aplicarse por analogía y están sujetas a una interpretación restrictiva (…) (énfasis añadido).

SOBRE LA REGULACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

“Artículo 252.- Prescripción

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento

sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.” (énfasis añadido)

1. El plazo para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe a los 4 años (coincidencia entre la ley especial y la ley general). 2. EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. 3. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo. 4. La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. 5. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. 6. En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

SOBRE LA REGULACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

referencia a los plazos de inicio y la tramitación de los procedimientos, mas no expresamente a la caducidad o prescripción (énfasis añadido)

“17. Señala Fernando Vidal Ramírez en su obra “Prescripción extintiva y caducidad” que “El tiempo y su transcurso es un hecho jurídico natural que en sí mismo o en ocurrencia con otros hechos, genera efectos de transcendental importancia. Para Messineo, el tiempo es hecho jurídico en su transcurrir, o sea, el sucederse en sus diversos momentos, enfatizando que desde el punto de vista jurídico es un hecho de orden natural que se contrapone a los hechos humanos.”

1. Que, el transcurso del tiempo crea y extingue derechos, verbigracia: la institución jurídica de “usucapión” o adquisición de propiedad por devenir del tiempo, la caducidad, el abandono en el derecho material y procesal etc.

26 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.” 2.27. Admitir lo contrario implicaría vulnerar dicho principio de legalidad. Además, tal razonamiento es coherente con el principio del debido procedimiento27, pues de admitir la suspensión de la caducidad o prescripción la misma resultaría afectando al administrado, debido a un hecho no imputable al administrado. Asimismo, se afectaría el debido procedimiento ante una suspensión del plazo de prescripción que no se encuentra formal ni expresamente suspendido.

Respecto Al Tipo De Infracción

27 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)” 28 TUO de la LPAG, “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.” 29 Jaime Orlando Santofimio, Compendio de derecho administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017, 486

cometió. En el caso de las infracciones continuadas, sostiene con precisión que el cómputo del plazo de prescripción comenzará desde el día en que se realizó la última acción constitutiva de la infracción; y finalmente en el caso de las infracciones permanentes, el día en el cual cese la acción.

“El Título III del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, no contiene un único tipo de infracciones, sino que se regulan infracciones instantáneas, instantáneas con efectos permanentes, permanentes y continuadas.

De este modo, a efectos de determinar el dies a quo, es fundamental efectuar un análisis caso por caso para distinguir las diversas clases de infracción, para lo cual será necesario acudir a la norma que prevé la conducta infractora y examinar la acción o acciones concretas que se tipifican como ilícito administrativo, para precisar en qué momento se consuma la infracción y se inicia el cómputo de la prescripción:

1) La infracción instantánea se consuma con la conducta misma, sin que la situación ilícita sea permanente o duradera en el tiempo. Por lo tanto, el plazo de prescripción empieza a computarse desde la consumación de la infracción, esto es, desde la realización de la conducta infractora.

2) La infracción instantánea con efectos permanentes es aquella que, asimismo, se consuma en el mismo acto, pero produce un estado de cosas antijurídico permanente. En este caso, el plazo de prescripción se inicia desde que se ha consumado la infracción, esto es, desde que se ha creado la situación antijurídica.

3) La infracción continuada es aquella que se configura cuando se realizan distintas conductas (pluralidad de acciones), siendo cada una de ellas una infracción independiente, pero se considera como una única infracción, siempre y cuando conformen un proceso unitario y homogéneo de acción. En este caso, el plazo de prescripción empieza a computarse desde que se lleva a cabo la última acción constitutiva de la infracción.

4) La infracción permanente es aquella que se caracteriza porque la acción infractora crea una situación antijurídica que se prolonga en el tiempo, es decir, la conducta misma se sigue consumando hasta que el autor decide abandonarla. De igual forma como sucede en las infracciones continuadas, el plazo de prescripción empieza a computarse desde que ha cesado la situación antijurídica, toda vez que es el momento en que se ha consumado la infracción (y no mientras dicha conducta se mantiene).” (el resaltado es nuestro)

“Se trata de un supuesto importado del Derecho Penal, en donde se realizan diferentes conductas, cada una de las cuales constituye por separado una infracción, pero que se consideran como una única infracción, siempre y cuando formen parte de un proceso unitario. Para entender que estamos ante una infracción de este tipo, que implica una unidad jurídica de acción, debe existir homogeneidad de la norma violada (del bien jurídico lesionado) y del sujeto activo, debiendo actuar éste en ejecución de un plan preconcebido (dolo conjunto) o aprovechando idéntica ocasión (dolo continuado). La prescripción se cuenta desde la última actuación constitutiva de infracción, mediante la cual se consumaría esta «unidad de acción». Por ello, ha establecido la jurisprudencia que la norma penal aplicable a la conducta infractora es la que estaba vigente al momento de cometerse la última infracción, pues en este momento se consuma del todo”

“Infracciones instantáneas. – En las infracciones de carácter instantáneo, la conducta infractora, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido se produce en un solo acto o momento determinado (Danos, 2013), en el que la infracción se consuma, sin producir una situación antijurídica duradera (Baca, 2012); siendo en ese momento en que se inicia el cómputo del plazo de prescripción (Morón, 2019)

Infracciones instantáneas con efectos permanentes (o que causan estado). – Esta clase de infracciones crean un status quo antijurídico duradero pero que se consuma cuando se produce la situación antijurídica (Palma, 2001). Por ello, en este caso, el cómputo del plazo de prescripción comienza en el momento de la consumación material instantánea del ilícito y no cuando se pone fin por voluntad del sujeto, a sus efectos (Gallardo, 2008). Estas infracciones se consuman en un momento determinado (son instantáneas), pero tienen un impacto duradero en la realidad, produciendo efectos externos que son duraderos pudiendo incluso ser

30 BACA ONETO, Víctor Sebastián. (2011). La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General (En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas). Revista Derecho & Sociedad, (N° 37), páginas 263-274. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13178 31 CORTEZ, Luis (2019) “La diferencia entre infracciones instantáneas y permanentes: A propósito de la infracción tipificada en el numeral 66) del artículo 134 del reglamento de la Ley General de Pesca”. Revista Vox Juris N° 37(2) páginas 44-45. Fondo editorial de la Universidad de San Martín de Porres. Recuperado a partir de https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/view/1606/pdf05.

permanentes (Caballero, 2010). En ese sentido, se puede diferenciar plenamente la comisión del hecho y sus efectos. (…)

Infracciones continuadas.– Son aquellas infracciones en las que se realizan varias acciones u omisiones -cada una de las cuales constituye por separado una infracción (Morón, 2019)- que infringen el mismo precepto o preceptos de similar naturaleza (homogeneidad de la norma violada o del bien jurídico lesionado), dentro de un proceso unitario, actuando el autor de forma perdurable y constante (con voluntad duradera), en el marco de un plan preconcebido, debiendo presentar una conexión espacio-temporal. Sin embargo, a fin de determinar la existencia del proceso unitario, no basta con demostrar la existencia de un plan preconcebido y la pluralidad de actos, sino que lo determinante es determinar la unidad de hecho, a través de la repetición de una misma acción típica guiada por un propósito único, la cual debe repetirse en un breve periodo de tiempo y de forma sucesiva. (énfasis agregado)

En esta clase de infracciones, la prescripción se cuenta desde la última acción u omisión constitutiva de infracción, mediante la cual se consumaría el proceso unitario (Baca, 2012)

Infracciones permanentes. –Son infracciones por omisión de deberes establecidos por el ordenamiento y tipificados como infracción en caso de incumplimiento (Caballero, 2010). Al conceptualizar estas infracciones, la profesora Gallardo (2008) afirma que se produce una única acción que tiene la virtualidad de prorrogar sus efectos en el tiempo, y con ello, de poner de manifiesto la voluntad infractora del sujeto sin solución de continuidad, la cual resulta diversificable en dos fases: una, que se pone en marcha en el momento de realizar los elementos del tipo, y otra, la que se pone de manifiesto al no ponerle fin eliminando los efectos contrarios a Derecho (p. 238). En estos casos, el ilícito se sigue consumando durante un tiempo por voluntad de su autor, y se prolonga hasta que se abandona la situación antijurídica, por lo que mientras no se abandone esa situación no puede darse comienzo a la prescripción (Palma, 2001). Cabe señalar que en esta clase de infracciones no son los efectos de la conducta infractora los que persisten, sino la conducta misma (Baca, 2012), por lo que existe un continuum absolutamente inescindible entre la comisión del hecho y sus efectos (Gallardo, 2008). (…)”

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230215JCR