Agroindustria Campo Alegre S.A.C — Res. 662-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Libro de Actas de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; Comité (o Supervisor) de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo); Estándares de Higiene Ocupacional (Sub materia: Comedor – Vestuario – Servicios Higiénicos; y, Botiquín); Condiciones de Seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones de seguridad; y, Avisos y señales de seguridad); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); e, Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

el 30 de diciembre de 20202; en mérito al “OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN EN SST – SECTOR AGRARIO – DICIEMBRE 2020 – IRE ICA”.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones; tales como no contar con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, conforme al numeral 4.8 del acta de infracción, tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 8,423.70.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de adopción de medidas, notificada el día 30 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 49,708.00.

i. Las infracciones contenidas en el numeral 27.3 y 46.7 del Reglamento, están fuera del ámbito de aplicación del artículo 48.1-C del Reglamento, por lo tanto, no debían haber sido multados por el total de trabajadores que prestaban servicios en diciembre de 2020. Cifra que asciende a 86 colaboradores, conforme lo prueban en el PLAME obtenido de la web de Sunat. Por lo que, se está vulnerando el principio de legalidad. ii. La graduación de las multas debe supeditarse al número de trabajadores afectados con el nivel de riesgo “importante” consignado en el IPER versión 6, de fecha 11 de enero de 2021 y sobre el total de trabajadores que prestaron servicios en diciembre 2020.

2 Véase folio 31 del expediente inspectivo.

iii. El argumento que usaron los inspectores para sustentar que no contaban con una IPER óptima y, por ende, no cumplieron con la medida de requerimiento, se sintetiza en no haber atenuado en la columna “NIVEL DE RIESGO”, los riesgos que califican como “Importante”.

iv. La observación solo recae en el personal administrativo de la empresa y en los obreros de campo que realizan tareas de aplicación fitosanitaria y de herbicidas, que en el sector agrario se les conoce como “aplicadores”. v. En el mes de diciembre de 2020, contaban con 16 empleados (personal administrativo), que fueron detallados en la lista de 86 trabajadores que aportaron al inicio de las investigaciones. En tanto, que los obreros de campo (aplicadores), eran un total de 19, quienes por la naturaleza de sus labores pasaron por exámenes de colinesterasa para corroborar que no estén intoxicados por productos agroquímicos. vi. En ese contexto, los obreros de campo (aplicadores que nos prestaban servicios a diciembre de 2020) eran 19. Todos ellos pasaron por exámenes de colinesterasa ante el laboratorio clínico SYMILAB, cuya constancia de prestación de servicios aportaron como nueva prueba. Por lo que, la graduación de la multa debe girar en torno a la suma de empleados (personal administrativo y obreros/aplicadores), lo que hace un total de 35 trabajadores afectados y no 86; por lo que, corresponde se realice un recálculo del monto de la sanción. vii. Finalmente, solicitan informe oral para exponer los argumentos del recurso de reconsideración.

i. Respecto al número de trabajadores afectados, y la vulneración al principio de legalidad; en el presente caso, se aprecia que la primera infracción postulada, estuvo relacionada a observaciones a la matriz IPERC de fecha 11 de enero de 2021, en las áreas de: “Administrativos”, “Obrero de campo” y “Guardián”. Por tanto, los trabajadores afectados pueden ser cualquiera de los ochenta y seis (86) trabajadores que realizaron labores de manera presencial; más aún, si la cantidad de trabajadores afectados coincide con los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica ante Sunat, conforme se aprecia a folios 72 del expediente sancionador. ii. Por otro lado, acoger el argumento que sólo el personal administrativo y obrero de campo (que realiza la aplicación fitosanitaria y herbicidas) son los trabajadores afectados, sería desconocer el nivel de riesgo que estuvieron expuestos el resto de trabajadores que realizaron labores presenciales. Pues, se visualiza en la IPERC de fecha 11 de enero de 2021 que los riesgos “IMPORTANTES – IM”, estuvieron

presentes para los trabajadores de Guardianía, conforme se visualiza a folios 42 reverso del expediente inspectivo. iii. En ese entender, los medios probatorios, como son el: reporte de ficha RUC, catálogo nacional de perfiles ocupacionales y la constancia de estudio de “Colinesterasa sérica”, no desvirtúan la cantidad de trabajadores afectados de la resolución reconsiderada, pues como se mencionó, las observaciones a la IPERC de fecha 11 de enero de 2021, estuvo afectado a todas las áreas del sujeto responsable, donde laboraron los trabajadores afectados de manera presencial. iv. Respecto al informe oral peticionado; sobre el particular el Tribunal Constitucional, en la resolución recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que: “No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”. v. Ahora bien, los informes orales se sujetan a las particularidades de cada expediente, esto es, “cuando corresponda”, sin que ello implique una denegatoria arbitraria, sino que se analice cuáles son los posibles efectos de la aplicación de la oralidad en el mismo, esto es sí pueden agilizar el procedimiento, entre otras razones. vi. Así tenemos que, esta Sub Intendencia de Resolución puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya vulneración de derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.

i. Advierten afectación al debido proceso, desde el momento que la Sub Intendencia decide no aplicar la ley en forma igualitaria, pues a otros empleadores sí les permitió exponer su defensa; pues omite considerar que no es derecho del servidor público atender o no al administrado, sino que es derecho de este último ser escuchado por la autoridad. Es decir, el titular de esta facultad es el ciudadano y no quien representa al aparato estatal. ii. En este orden de ideas es necesario señalar que, al mes de diciembre 2020, se contaba con 16 empleados – personal administrativo, que fueron detallados en la lista de 86 trabajadores que aportaron al inicio de las investigaciones. En tanto que los obreros de campo – aplicadores eran un total de 19, quienes por la naturaleza de sus labores pasaron por exámenes colinesterasa para corroborar que no estén intoxicados por productos agroquímicos. iii. En ese contexto, los obreros de campo – aplicadores que no prestaban servicios a diciembre de 2020, eran 19. Todos ellos pasaron por exámenes de colinesterasa ante el laboratorio Clínico SYMLAB, cuya constancia de prestación de servicios aportaron como prueba nueva. iv. En este documento se precisa la identidad de todos los aplicadores. Por lo señalado, la graduación de la multa debe girar en torno a la suma de empleados (personal administrativo) y obreros de campo (aplicadores), lo que hace un total de 35 trabajadores afectados y no 86, por ende, corresponde que la entidad realice un recálculo del monto a imponer como sanción y no homologar bajo la especulación que “probablemente todos podían resultar afectados”.

v. Ahora bien, las infracciones a los numerales 27.3 del artículo 27 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT, están fuera del ámbito de aplicación del artículo 48.1-C del RLGIT, por lo tanto, no debían haber sido multados por el total de trabajadores que prestaban servicios en diciembre de 2020.

i. Sobre la petición de informe oral, es preciso indicar que los informes orales se sujetan a las particularidades de cada expediente, esto es, “cuando corresponda”, conforme lo señalado en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, sin que ello implique una denegatoria ilegal, sino más bien, el análisis de los posibles efectos de la aplicación de la oralidad en el mismo, es decir si ello implicaría la celeridad del procedimiento o facilitar el entendimiento del caso debido a su complejidad, entre otras razones. ii. En ese entender, la Sub Intendencia de Resolución, cuenta con la facultad de prescindir del informe oral, sin que ello constituya vulneración al derecho de defensa de la inspeccionada, debido a que éstos han podido presentar argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos, respecto al caso en concreto. iii. Que, la autoridad de primera instancia, sin la necesidad de conceder el informe oral, ha tenido a bien evaluar y analizar los documentos obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas como el expediente sancionador, arribando a la conclusión de aplicar lo establecido en el artículo 40 de la LGIT, habiendo motivado su decisión tomando en consideración los argumentos vertidos por la inspeccionada, situación que evidencia un justo y razonable procedimiento sancionador ceñido al cumplimiento de los principios a los cuales se encuentra sujeto. iv. Respecto al número de trabajadores afectados, en la matriz IPERC se evidencia que las áreas de trabajo son diferenciadas por: administrados, obreros de campo y guardián, información que sirvió de indicadores a los inspectores que, de evidenciarse un presunto incumplimiento de dicha matriz, produciría la afectación del total de trabajadores de la inspeccionada, al ser un documento que enmarca al íntegro de trabajadores. En tal sentido, resulta lógico que el incumplimiento de contar con una matriz IPERC, produciría un beneficio o en su defecto un perjuicio al total de trabajadores.

3 Notificada a la impugnante el 27 de mayo de 2022, véase folio 193 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AGROINDUSTRIA CAMPO ALEGRE S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 17 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 059-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que no se ha aplicado correctamente el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, en razón a que la graduación de la sanción no gira en torno al número de trabajadores afectados, sino que se calcula en virtud al número total de colaboradores. ii. Señalan que, los inspectores comisionados, así como la Sub Intendencia de Resolución como la Intendencia Regional, alejándose del principio de objetividad previsto por la LGIT, no usan criterios objetivos para calcular la multa, sino que de manera mecánica conciben que todos los trabajadores que prestaban servicios en diciembre de 2020 se han visto afectados. No obstante que la IPERC se construye sobre la base de puestos de trabajo. iii. Sostienen que, en el plano de los hechos significa que están aplicando el artículo 48.1-C del RLGIT, no obstante, aquel prevé en forma taxativa los casos en que una infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como a la labor inspectiva ameritan que la sanción se calcule sobre la base del 100% de trabajadores y no sobre el número de trabajadores afectados, tal como lo exige el artículo 38 de la LGIT. iv. Que, las infracciones que se les imputa están fuera del ámbito de aplicación del artículo 48.1-C del RLGIT, por lo tanto, no debían haber sido multados por el total de trabajadores que prestaban servicios en diciembre de 2020. v. Asimismo, señalan que, si los inspectores comisionados hubieran aplicado el principio de objetividad y razonabilidad en la graduación de la sanción, habrían concluido que sólo

se podrá imponer una multa por el número total de trabajadores cuando el empleador incurra en las infracciones a los numerales 25.16, 25.17, 28.10, 28.11, 46.1, 46.12, 46.13 y 46.14 del RLGIT. vi. Sobre el particular, el Tribunal de Fiscalización Laboral aplicando el principio de razonabilidad, ha emitido la Resolución N° 080-2021 (Empresa Agroindustrial Cayalti), donde se redujo el monto de la multa al corroborarse de forma objetiva el real número de trabajadores afectados. vii. Resulta evidente que el método de investigación de los inspectores ha sido deficiente, pues en el sector agrario existen diversos puestos, obreros agrarios u obreros de campo. Entonces, aplicando estándares objetivos al revisarse la IPERC V.6 se advierte que el nivel de riesgo importante (valoraciones entre 17-24), es decir el riesgo residual, entendido como aquel que queda luego de la aplicación de los controles adoptados para disminuir el riesgo que se pretende controlar afecta al personal administrativo, el cual es mínimo pues la actividad principal es el cultivo de productos agrícolas. En ese sentido, reconocen que esa categoría ocupacional se ve afectada por una IPERC deficiente, más no así el personal de campo. viii. Sostienen que, es especulativo el razonamiento expuesto por la Intendencia Regional de Ica, porque la IPERC se construye en función a los riesgos que afronta cada puesto de trabajo; sin embargo, el argumento que usaron los inspectores comisionados para sustentar que no contábamos con una IPERC óptima, se sintetiza en no haber atenuado en la columna “nivel de riesgo”, los riesgos que califican como “importante”. ix. Por lo señalado, la graduación de la multa debe girar en torno a la suma de empleados (personal administrativo) y obreros de campo (aplicadores), lo que hace un total de 35 trabajadores afectados y no 86, por ende, corresponde que la entidad realice un recálculo del monto a imponer como sanción, y no multar bajo la especulación que “probablemente todos podían resultar afectados”. x. En atención a los argumentos expuestos, solicitan se declare la nulidad de la resolución impugnada y se orden a la Intendencia Regional cumpla con realizar la graduación de la multa bajo estándares objetivos y no sobre el número total de trabajadores.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, la siguiente redacción:

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

Figura 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

“1. Acreditar contar con la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, de todos los puestos de trabajo de la empresa, señalando actividades rutinarias y no rutinarias, acreditando la participación de los trabajadores y sus representantes, levantando las observaciones señaladas en el hecho verificado tercero; 2. Acreditar la entrega de equipos de protección personal (polos mangas largas y sombreros) a todo el personal que se encuentre expuesto a la radiación UV,

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

levantando las observaciones señaladas en el cuarto hecho verificado, para ello deberá exhibir registros, fotografías/videos de los trabajadores haciendo uso de los equipos de protección personal entregados por el empleador; 3. Acreditar los estándares de higiene ocupacional en servicios higiénicos, vestuarios y comedores de corresponder, levantando las observaciones del quinto hecho verificado, y 4. Acreditar contar con las señalizaciones adecuadas en todas las áreas de trabajo, levantando las observaciones señaladas en el sexto hecho verificado”.

Debiendo acreditar con documentación idónea el levantamiento de las observaciones indicadas en los hechos verificados, advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió en su totalidad con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

principio de licitud del administrado, al determinar las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato; sin embargo, no se aprecia el mismo. Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida.

b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad

11 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 12 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175- 2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo Por no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones; tales como no contar con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, conforme al numeral 4.8 del acta de infracción. Numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva Por no cumplir oportunamente con el requerimiento de adopción de medidas, notificada el día 30 de diciembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AGROINDUSTRIA CAMPO ALEGRE S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 059-2022-SUNAFIL/IRE- ICA, de fecha 25 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 22-2021- SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 059-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a AGROINDUSTRIA CAMPO ALEGRE S.A.C., y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230712MCR