Agrícola San Pablo S.A.C — Res. 466-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (sub materia: Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo).

20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 20555195444 soft 1.3 De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 102-2021-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAI-IF (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 182-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM de fecha 18 de junio de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 101,728.00 (ciento un mil setecientos veintiocho con 00/100 soles) por haber incurrido en:

- Una infracción MUY GRAVE en contra de la labor inspectiva, por no cumplir con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 22 de enero de 2021 (fecha de notificación 22 de enero de 2021), en perjuicio de ochenta y nueve (89) trabajadores, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 50,864.00.

- Una infracción MUY GRAVE en contra de la labor inspectiva, por no cumplir con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 29 de enero de 2021 (fecha válida de notificación 1 de febrero de 2021), en perjuicio de ochenta y nueve (89) trabajadores, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 50,864.00.

- La resolución deviene en nula al vulnerar el principio de tipificación por ser confusa y contradictoria, pues, ante la falta de atención y/o entrega incompleta o insuficiente de un requerimiento de información, la autoridad inspectiva aplica automáticamente el artículo 46.3 del RLGIT en un escenario en el cual no se tenía conocimiento de los requerimientos, por lo que no existe “negativa”, ni intención de perjudicar el desarrollo de la inspección del trabajo.

- La resolución deviene en nula al vulnerar el debido procedimiento por derivar de un acto de notificación nulo, dado que las notificaciones realizadas los días 22 y 29 de enero de 2021, a través de la casilla electrónica, transgredieron lo señalado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, el cual establece que SUNAFIL comunica al usuario cada vez que se le notifique a la casilla electrónica, a través de las alertas del sistema informático de notificación electrónica, en su correo electrónico y/o servicio de mensajería, situación que no sucedió en el caso.

- La resolución deviene en nula al vulnerar el principio de razonabilidad, ya que las autoridades deben considerar criterios como la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. En esa línea, en el escrito de descargos indicó que por motivos de falta de conexión no pudo tener acceso a la casilla de notificación (acreditado en el informe del proveedor de Internet). Sin perjuicio de ello, con fecha 12 de febrero de 2021 se contó con conectividad suficiente para tomar conocimiento de los requerimientos, motivo por el cual cumple con remitir la documentación requerida, acreditándose la voluntad de cooperación, por lo que corresponde aplicar los eximentes y atenuantes de responsabilidad.

- La resolución deviene en nula por vulnerar el principio de impulso de oficio, ya que, al tomar conocimiento sobre los descargos, la autoridad administrativa no realizó actos que coadyuven al esclarecimiento de los hechos.

- La resolución deviene en nula por vulnerar el principio de continuación de infracciones, ya que el inspector de trabajo impone dos sanciones sin mediar ni respetar el plazo de treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la última sanción, lo cual contraviene el debido proceso, más aún si se habla de un solo requerimiento de información que fue enviado en dos fechas distintas.

- La resolución deviene en nula por vulnerar el principio Non Bis In Ídem, toda vez que la autoridad administrativa de trabajo ha procedido a imponer dos infracciones por una misma orden de inspección, notificada en dos oportunidades, sancionando de manera simultánea por un mismo hecho.

- La resolución deviene en nula por vulnerar la garantía constitucional a la debida motivación en las resoluciones administrativas, pues expide una resolución confusa y contradictoria.

- La propuesta de sanción contenida en la Resolución de Sub Intendencia vulnera el principio de presunción de licitud, toda vez que la imputación de responsabilidad no puede realizarse por simples indicios y conjeturas, sino que debe estar suficientemente razonada.

- Como se establece en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, constituye obligación del usuario el revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen, y, en el presente caso, queda acreditada la existencia de las constancias correspondientes donde el inspector actuante sustenta el haber remitido los requerimientos, no encontrándose razones para establecer que no se siguió con el procedimiento así regulado. Ello porque se aprecia que la notificación se entiende como válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario, no resultando necesario para su eficacia las alertas.

2 Notificada a la inspeccionada el 13 de agosto de 2021. - Las normas que emite el Estado son de conocimiento público desde su vigencia, por lo que pretender señalar su desconocimiento no acarrea un eximente de responsabilidad, ni una vulneración a un debido procedimiento o una vulneración al derecho de defensa, más aún si se concluyó que se había realizado una válida notificación de los requerimientos de información a través de la casilla electrónica.

- Respecto a los eximentes de responsabilidad por haberse configurado una subsanación voluntaria antes de la notificación de la imputación de cargos, cabe señalar que las infracciones que se le imputan a la inspeccionada tienen naturaleza impostergable e insubsanable; por ende, no cabría tal eximente. Además, no se trató de un mero retraso, sino de la frustración a la fiscalización. Por tal motivo, se han calificado correctamente los hechos subsumidos en el tipo sancionador del artículo 46.3 del RLGIT.

- Al ser una infracción de carácter impostergable es insubsanable, por lo que su incumplimiento solo podría tener justificación en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. Sobre ello, el sujeto inspeccionado alego que no pudo tener acceso a la casilla electrónica por no contar con internet, y, por ende, no pudo dar lectura oportuna de los requerimientos, lo que fue respaldado por un informe correspondiente al corte de servicio de internet rural expedido por el jefe de operaciones de la empresa proveedora de servicios de internet DATA TECH PERU, que menciona que desde el 15 de enero hasta el 11 de febrero de 2021 no hubo internet por motivos ajenos a la empresa. Sin embargo, la inspeccionada pudo haber ejercido su obligación de revisar periódicamente su casilla electrónica a través de los medios informáticos desde su domicilio fiscal, puesto que, al ser un mecanismo virtual, puede ser visualizado en diferentes lugares. En consecuencia, no se encuentra bajo los alcances de eximentes o atenuantes de responsabilidad.

- Respecto a la vulneración del principio Non Bis In Ídem, se deben cumplir con los tres requisitos establecidos por ley, I) identidad de sujeto, II) identidad de hechos e III) identidad de fundamentos. En el caso, se cumplen los requisitos I) y III), pero no la identidad de hechos ya que el sujeto inspeccionado no proporcionó al inspector comisionado la información solicitada, mediante dos requerimientos de información notificados válidamente por casilla electrónica con fechas 22 de enero y 01 de febrero de 2021. Como es de observarse, los hechos corresponden a días distintos, en los que el sujeto inspeccionado tenía la obligación de cumplir en virtud al deber de colaboración con el inspector actuante. En consecuencia, las infracciones propuestas en el Acta de Infracción son independientes una de la otra.

- La resolución apelada contiene una debida motivación, toda vez que existe una clara correspondencia entre los hechos constatados y las normas jurídicas infringidas, además de una valoración correcta de los documentos presentados como medios de prueba por parte de la inspeccionada, puesto que se determinó una válida notificación de los requerimientos de información en la casilla electrónica, no evidenciándose vulneración alguna al debido procedimiento ni a ningún otro principio aludido por el sujeto inspeccionado.

- La determinación de la multa no se encuentra sometida al libre albedrío o discrecionalidad de la Autoridad Sancionadora, en tanto se encuentra previamente regulada en el Título IV del RLGIT, concluyéndose con ello que tanto las conductas infractoras, así como las sanciones se encuentran previamente determinadas.

Asimismo, se evidencia que el inferior en grado realizó el cálculo de la multa a imponer basado en el artículo 38 de la LGIT.

- Los cuestionamientos a la resolución apelada son insubsistentes e incongruentes con lo expuesto en ella, concluyéndose que la misma se encuentra conforme a derecho, esto es, debidamente motivada en cada uno de sus extremos y, por ende, no se encuentra razón o causal para declarar la nulidad de la misma.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AGRICOLA SAN PABLO S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de agosto de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 46-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, de acuerdo a los siguientes argumentos:

- La resolución de intendencia deviene en nula al vulnerar el debido procedimiento por derivar de un acto de notificación nula. Al respecto, la resolución impugnada no tiene en cuenta lo estipulado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, el cual establece que SUNAFIL comunica al usuario cada vez que se le notifique a la casilla electrónica, a través de las alertas del sistema informático de notificación electrónica, en su correo electrónico y/o servicio de mensajería. Además, cuestiona que la SUNAFIL, de manera unilateral, señale que estas alertas no revisten de validez a la

8 Iniciándose el plazo el 16 de agosto de 2021. notificación, pues está deslindando de su obligación de cumplir con comunicar las notificaciones en la casilla electrónica.

- Debido a la ubicación del domicilio existían fallas de internet, conforme se acreditó con el informe del proveedor de Internet. Por ello, la empresa no pudo tomar conocimiento de la notificación de los requerimientos a través de la casilla electrónica, más aún cuando no se cumplió con alertar a través de los otros medios. Por lo tanto, no existió negativa, sino un desconocimiento al no ser el sujeto inspeccionado alertado con el depósito de los requerimientos, lo cual deriva en un acto de notificación nulo que vulnera el derecho al debido procedimiento.

- El término periódicamente genera un problema de interpretación, pues la norma no es clara ni específica, sino genérica. Por lo que la autoridad administrativa de trabajo está en la obligación de actuar conforme al principio de informalismo; es decir, interpretar en forma favorable de modo que los derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales, y se debe considerar lo subsanado en su momento.

- El sujeto inspeccionado señala que la resolución deviene en nula al vulnerar el principio de tipificación al emitir una resolución confusa y contradictoria, pues la autoridad inspectiva viene aplicando automáticamente el artículo 46.3 del RLGIT en un escenario en el cual la empresa no tenía conocimiento de los requerimientos, por lo que no existe “negativa” ni la intención de perjudicar el desarrollo de la inspección del trabajo.

- El artículo 51 de la Constitución Política del Perú contempla el principio de supremacía constitucional, en virtud del cual los operadores de deben preferir necesariamente la Constitución sobre la ley y la ley sobre las normas de inferior jerarquía, como lo son los reglamentos. Por lo tanto, la resolución materia de apelación resulta nula ya que contraviene el principio del debido procedimiento y el principio de legalidad regulados en los numerales 1.1 y 1.7 del artículo IV del TUO de la LPAG.

- Si bien es indiscutible que la notificación sea válida con el depósito del documento en la casilla electrónica, también es legalmente indiscutible que constituye un presupuesto para su uso el consentimiento expreso del administrado, ya que, una vez expresado el consentimiento del administrado, incluso de forma virtual, como lo establece el Decreto Legislativo N° 1497, todas las notificaciones efectuadas a través de la casilla electrónica son válidas, contrario sensu, no pueden ser legítimas adoleciendo de un defecto en su tramitación. Empero, la SUNAFIL, en sus diferentes instancias, alega que se entiende válidamente efectuada la notificación con el solo depósito del documento en la casilla electrónica, posición que atenta contra el principio de legalidad y acarrea la nulidad del acto administrativo, ya que va contra lo establecido en el quinto párrafo del numeral 20.4 del TUO de la LPAG.

- Sobre la contravención al principio Non Bis In Ídem, si bien en el considerando 3.21 de la resolución citada se señala que no se cumple con la identidad de hechos por darse en días distintos, la Intendencia incurre en un error de interpretación, toda vez que mediante sentencia del Tribunal Constitucional exp. 1670-2003-AA/TCEI, se señala que “nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos”. En ese sentido, mal hace la Intendencia al asumir que, por ser días distintos, no cumple se

con la identidad de hechos, dado que ambos requerimientos de información tienen el mismo número de orden de inspección.

- La Resolución de Intendencia N° 46-2021-SUNAFIL/IRE-LIM vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa al señalar que se tiene por agotada la vía administrativa, puesto que la vía administrativa no ha sido agotada al existir el Tribunal de Fiscalización laboral.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la rectificación de error material en la resolución impugnada

“En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) d) Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica: la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), como autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, regula mediante resolución de superintendencia los mecanismos de implementación correspondientes.”

9 LGIT, artículo 1. 10TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

a) Con fecha 22 de enero de 2021 se depositó en la casilla electrónica del sujeto inspeccionado el “Requerimiento de Información”12, con la finalidad de que en el plazo de tres (3) días hábiles este cumpla con presentar la siguiente documentación: 1) representación de acuerdo a ley (vigencia de poder, más carta poder, según corresponda) y 2) acreditar contar con supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo (acta de instalación, copia de libro de actas). Asimismo, dicho requerimiento se emitió bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva por la negativa de brindar al inspector comisionado la información solicitada. No obstante, del Acta de Infracción se aprecia que el inspector comisionado deja constancia que el 28 de enero de 2021 se verificó que este no envió la información solicitada dentro del plazo otorgado.

b) Con fecha 29 de enero de 2021 se depositó en la casilla electrónica del sujeto inspeccionado el “Requerimiento de Información”13, de fecha válida de notificación el 01 de febrero de 2021, con la finalidad de que en el plazo de tres (3) días hábiles el sujeto inspeccionado cumpla con presentar la siguiente documentación: 1) representación de acuerdo a ley (vigencia de poder, más carta poder, según corresponda), 2) acreditar contar con supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo (acta de instalación, copia de libro de actas) y 3) lista de trabajadores. Asimismo, dicho requerimiento se emitió bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva por la negativa de brindar al inspector comisionado la información solicitada. No obstante, del Acta de Infracción se aprecia que el inspector comisionado deja constancia que el 05 de febrero de 2021, vencido el plazo otorgado al sujeto inspeccionado, se verificó que este no envió la información solicitada dentro del plazo otorgado.

11 LGIT, “Artículo 9.- Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores- Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. 12 Véase folios 03 y 06 del expediente inspectivo. 13 Véase folios 05 y 08 del expediente inspectivo. 6.10 Dicho ello, repárese que, de conformidad a lo establecido en los artículos 1614 y 4715 de la LGIT, los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción, observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. 6.11 Siendo ello así, y habiendo verificado las actuaciones inspectivas realizadas en el caso de autos, ha quedado evidenciada la negativa de la impugnante de entregar la información requerida al inspector comisionado ante dos requerimientos de información de distinta fecha, lo que se traduce en dos incumplimientos al deber de colaboración que frustra la realización de la labor inspectiva en forma idónea, por la ausencia de información que debió ser presentada ante el inspector comisionado.

De la afectación al Principio de Non bis in ídem

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones

14 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo “Artículo 16.- Actas de Infracción Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. (…).” 15 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo “Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”16 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: En las infracciones imputadas en el procedimiento sancionador signado con el Expediente Sancionador N° 53-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, la pretensión punitiva se ejerce contra el mismo sujeto “AGRICOLA SAN PABLO S.A.C.”. b) Identidad de Hechos: En el expediente antes mencionado, los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada, se tratan de dos (2) conductas contra la labor inspectiva, sancionables en forma independiente, por cuanto las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata y son insubsanables17, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. En ese sentido, el primer incumplimiento se configura por no proporcionar en el plazo otorgado de tres (3) días hábiles al inspector comisionado la información solicitada mediante requerimiento de información notificado en casilla electrónica el 22 de enero de 2021; mientras que la segunda infracción se configura por no proporcionar en el plazo otorgado de tres (3) días hábiles al inspector comisionado la información solicitada mediante requerimiento de información notificado en casilla electrónica el 01 de febrero de 2021, siendo que cada requerimiento de información constituye una de las modalidades de actuación de investigación a las que se encuentra facultado el inspector comisionado, cabe concluir que el incumplimiento de cada uno constituye un acto independiente, como ocurre en el presente caso.

16 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790. 17 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4. c) Identidad de Fundamentos: La obligación cuyo incumplimiento se sanciona tiene el mismo fundamento: la obstrucción a la labor inspectiva por la falta del deber de colaboración en la inspección.

Sobre el principio de informalismo

Sobre el principio de tipicidad

18 ARTÍCULO IV Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 19 Ver folio 53 del expediente de inspección y siguientes.

en las actuaciones inspectivas, ya que, a raíz de esa conducta, no se ha podido investigar sobre otras obligaciones aparte del deber de colaboración con la labor inspectiva. De esta manera, vista la afectación, no resulta relevante la colaboración que hubiere prestado la impugnante cuando ya se emitió el Acta de Infracción y, por tanto, se encuentra sujeta a la sanción correspondiente.

Sobre la notificación por casilla electrónica

a) Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifique. b) Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica. c) Mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne.

“20.4. La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25”. 6.27 Respecto a la validez de la notificación, corresponde citar las normas sobre dicho efecto, las cuales se encuentran detalladas en el artículo 11 y artículo 12 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR:

20 Conforme se corrobora en la carpeta de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, del 1 de agosto de 2020, se encuentra publicada la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL.

“Artículo 11.- Validez y efecto de la notificación vía casilla electrónica 11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. 11.2 La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica o, en caso tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida. 11.3 El cómputo de los plazos expresados en días se inicia el día hábil siguiente de aquel en que la notificación vía casilla electrónica surte efectos, salvo que en el acto administrativo notificado se señale una fecha distinta.

Artículo 12.- Imposibilidad de uso de la notificación vía casilla electrónica 12.1 Cuando las unidades orgánicas, los órganos desconcentrados de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Intendencia de Lima Metropolitana a cargo del procedimiento o actuación administrativa se vean imposibilitadas de efectuar la notificación vía casilla electrónica utilizando el Sistema Informático de Notificación Electrónica, usan las otras modalidades de notificación previstas en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de acuerdo al orden de prelación previsto en dicho artículo”.

Respecto a la supuesta fuerza mayor que ocasionó el incumplimiento de remitir la información solicitada por el inspector comisionado

21 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. (…)

“ésta se circunscribe a un acontecimiento ajeno a la persona y a la voluntad de quien la invoca, de manera tal que esa relevante circunstancia constituye una traba insalvable para el cumplimiento de una obligación. En ese sentido, se está ante un escenario en el que el sujeto no ha desarrollado una acción propia que haya sido determinante en la configuración de la infracción. Comúnmente, se señala que la fuerza mayor está vinculada a hechos de la naturaleza, ajenos a la esfera de control del sujeto involucrado.” 22

22 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II. Página 517 en tal situación, siendo enteramente su obligación revisar periódicamente su casilla electrónica. En ese sentido, no es amparable lo señalado por la impugnante en el extremo referido al supuesto de fuerza mayor.

POR TANTO Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- RECTIFICAR el error material incurrido en la Resolución de Intendencia N° 46-2021- SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 11 de agosto de 2021, conforme a lo señalado en los considerandos 6.1 a 6.4 de la presente resolución.

SEGUNDO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AGRICOLA SAN PABLO S.A.C., contra la Resolución de Intendencia N° 46-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, de fecha 11 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Lima dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 53-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

TERCERO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 46-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, en todos sus extremos.

CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO.- Notificar la presente resolución a AGRICOLA SAN PABLO S.A.C. y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lima.

SÉTIMO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga