Agrícola Pampa Baja S.A.C — Res. 777-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la contratación a plazo indeterminado con los trabajadores identificados en los Cuadros N° 01 y 02 del Acta de infracción, pese a que se tiene verificado la desnaturalización de sus contratos modales al haber inobservado las normas que regulan la contratación a plazo determinado, tipificado en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 62,392.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 23 de junio de 2021, vale decir, no adopto las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales que viene infringiendo en perjuicio de los trabajadores identificados en el Cuadro N° 02 del Acta de infracción; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

i. La resolución de Sub Intendencia debe ser declarada nula al vulnerar el debido procedimiento, trasgrediendo la debida motivación de las resoluciones, así se evidencia una motivación inexistente o aparente siendo que la SIRE no toma en cuenta que 34 de los trabajadores supuestamente afectados ya no contaban con vínculo laboral a la fecha de la emisión del Acta de Infracción, el 30 de junio de 2021, tal como se dejó en evidencia en las investigaciones los trabajadores supuestamente afectados decidieron renunciar realizándose un cálculo inadecuado que omitió la identificación de los perjudicados, elemento ineludible de la imputación; por lo que el Acta de Infracción debe ser declarada nula y dejarse sin efecto el presente procedimiento administrativo sancionador. ii. La SIRE no analiza exhaustivamente los detalles de los contratos modales limitándose a la posición de la Autoridad Instructiva, situación que se encuentra proscrita pues ni la Resolución ni el Acta de Infracción pueden contener fórmulas generales, así la autoridad estableció que frente a las causas objetivas señaladas por la impugnante respecto a la extensión de terreno, al no haberse identificado la real extensión de éste es que no se podría determinar el impacto real del incremento de las actividades; sin embargo, la

carga de la prueba de la configuración del incumplimiento le corresponde a SUNAFIL y no a la impugnante; razón por la que la resolución y los pronunciamientos previos poseen una motivación aparente vulnerando el debido procedimiento; debiendo declararse su nulidad. iii. La resolución de Sub Intendencia vulnera el principio de presunción de licitud puesto que parten automáticamente del supuesto de que la impugnante ha utilizado fraudulentamente contratos modales porque debió de contratar a los trabajadores a plazo indeterminado, alegando la no acreditación de las causas objetivas; exigiendo la contratación a plazo indeterminado de trabajadores que ya no laboraban en la empresa; así siendo que es obligación de la administración acreditar fehacientemente que el sujeto inspeccionado ha cometido una infracción; situación que no fue acreditada empero la obligación de la carga probatoria le correspondía a Sunafil. iv. Los Inspectores de Trabajo emitieron una medida de requerimiento para exigir el cumplimiento de una obligación que se tornaba imposible además de ilegal, puesto que se extendió sobre trabajadores que ya no tenían vínculo laboral vigente; asimismo, considerando que la impugnante tiene derecho resistirse a un requerimiento que viole el artículo 14 y el 17 del Reglamento, no está obligada a cumplir con la medida de requerimiento pues no se respetó el principio de legalidad; por lo que, debe de ser dejada sin efecto. v. La impugnante ha acreditado contar con cláusulas objetivas de contratación puesto que han demostrado el incremento de cerca de 80 hectáreas para el año 2016 que fue de conocimiento público así es que a la expansión del fundo se ve la necesidad de contratar más personas para que puedan continuar a produciendo por lo que la empresa ha contratado válidamente a los trabajadores por incremento de su actividad, debiendo ser revocada la resolución en todos sus extremos.

i. En efecto, en aplicación de la carga dinámica de la prueba es que le correspondió a la impugnante durante la etapa investigativa, la presentación de medios probatorios tendientes a rebatir el incumplimiento en materia de relaciones laborales observado por los Inspectores actuantes, al haber verificado que la inobservancia a lo establecido en la contratación de trabajo modal, de conformidad con el análisis de todos los documentos presentados por la impugnante; así la carga probatoria de acreditar que efectivamente no se suscitó la desnaturalización de los contratos descritos le correspondía a ésta; lo

2 Notificada a la impugnante el 13 de junio de 2022, véase folio 63 del expediente sancionador.

que claramente no fue realizado al no haberse desvirtuado en esta etapa sancionadora lo claramente comprobado por los Inspectores; por lo que la causal de nulidad alegada ha quedado desvirtuada. ii. En anuencia, conforme fue verificado de las constancias de baja exhibidas por la impugnante se verifica que el cese de los trabajadores resulta ser una fecha anterior a la notificación de la medida de requerimiento; no obstante, el acto propio de dar de baja a dichos trabajadores se practicó con posterioridad a la notificación de dicho acto; así como también el inicio de las investigaciones fue realizado a través de la orden de inspección dictada en marzo de 2021, iniciándose las actuaciones inspectivas de inspección cuando los trabajadores que se encontraban laborando ya habían sido objeto de la desnaturalización de sus contratos modales; por consiguiente, el supuesto vicio deducido deviene en insustentable, no existiendo causal de nulidad ni trasgresión al debido procedimiento. iii. Los Inspectores actuantes verificaron la existencia de 156 trabajadores detallados en los Cuadros N' 01 y 02 del Acta de Infracción, que se encontraban laborando en mérito a la suscripción de contratos de trabajo por incremento de actividad y/o servicio específico; sin embargo, del análisis de los contratos individuales verificaron que de las cláusulas no se aprecia cuál es la causa objetiva que justifique la contratación temporal de los trabajadores, ya que se indica de manera genérica que la impugnante se encuentra en la necesidad de cubrir servicios específicos relacionados al servicio de desarrollo y ejecución de las actividades y/o negocios en los sectores de agricultura, agropecuaria y ganadería; empero no indicaron de manera concreta cuál es el servicio específico ni la duración del mismo que evidencia la necesidad de contratar al personal de manera temporal. iv. De esta manera, teniendo en consideración que los contratos modales por incremento de actividad, al no tener un carácter indefinido, se suscriben en aquellos casos que el negocio reviste cierta incertidumbre o un incremento ocasional e imprevisible que no asegura una consolidación de la nueva actividad, por tal causa es de necesidad establecer de forma clara y concisa la causa objetiva que justifique el incremento de actividad, puesto que su no precisión haría devenir que dicha causal alegada no existe y por consiguiente se han convertido en circunstancias permanentes en la empresa, debiendo contratarse de manera indeterminada al haberse desnaturalizado dicha modalidad contractual. v. De la revisión de los contratos por servicio específico presentados no se logra establecer cuáles son esas labores temporales que la impugnante pretende cubrir a través de este tipo modal, ni tampoco cuál es su inicio o fin identificables en el tiempo; habiendo únicamente señalado de manera genérica e imprecisa el motivo de la contratación para la cobertura de servicios relacionados a la ejecución de las actividades propias y permanentes el impugnante; constituyendo una manifiesta inobservancia de la formalidad que tiene que ser cumplida de conformidad con lo establecido en el T.U.O del Decreto Legislativo 728. vi. En este sentido estando a la causal de desnaturalización, se ha configurado la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas, ya que la causa invocada para la contratación de los trabajadores, bajo contratos sujetos a modalidad por incremento de actividad, no constituía efectivamente un incremento sobrevenido que produzca causa válida para la contratación a plazo determinado, habiendo correspondido una contratación a tiempo indeterminado. vii. Quedó evidenciado que la impugnante pretendió justificar la contratación de los trabajadores bajo la causal falsa de incremento de actividad, siendo que ésta no se ha configurado como tal, puesto que de acuerdo al análisis la supuesta ampliación del fundo realizada no constituye un incremento en sí, pues debió fundamentarse debidamente porque es que ello constituiría un incremento sustancial generando la necesidad de

contratación bajo dicha modalidad; así los Inspectores actuantes verificaron que la mayoría de los trabajadores identificados suscribieron al inicio de sus actividades contratos de trabajo modales por incremento de actividad, los cuales pese a que las labores están ligadas al giro principal de negocio y la transitoriedad del trabajo, es incierta la causal del aumento de las actividades que desarrolla la empresa y que justificaran ese tipo de contratación; por lo que estos han sido desnaturalizados. viii. De esta manera, se ha verificado en las cláusulas de los contratos suscritos que no se detalla cuál es el incremento de las actividades que posibilitan la contratación temporal de los trabajadores, advirtiéndose solo que la empresa tiene como objeto el desarrollo de actividades y negocios en el sector de agricultura, agropecuaria y ganadería; por lo que, al no estar consignada claramente la causa objetiva de dicha contratación obviamente se verifica la desnaturalización de dichos contratos suscritos, deviniendo en la obligación por parte de la impugnante de haber contratado a los trabajadores afectados bajo la contratación a tiempo indeterminado. ix. De esta manera, queda claro que no todo incremento en las actividades faculta a los empleadores a realizar la contratación de trabajadores bajo la modalidad de aumento de actividad, toda vez que los incrementos sostenidos no dan lugar a una contratación a plazo fijo, sino a una contratación a plazo indeterminado, J siendo determinante la temporalidad del incremento y la justificación de la necesidad de contratación. x. Por lo tanto, al no haber cumplido la impugnante con las disposiciones relacionadas a la contratación a plazo determinado, al haber consignado como causa objetiva de la contratación de los trabajadores, una razón no válida dado que el incremento de actividades que no fue debidamente sustentado; es que los contratos modales por incremento de actividad suscritos con los ciento cincuenta y seis (156) trabajadores se encuentran desnaturalizados debiendo haber sido considerados como contratos de trabajo a plazo indeterminado. xi. En virtud de lo expuesto, se ha evidenciado claramente la configuración de la infracción de incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la contratación a plazo determinado, derivando en la desnaturalización de los contratos modales por incremento de actividad suscritos, en atención a lo analizado en los puntos precedentes, por lo que se ratifica que la impugnante incurrió en una (1) infracción en materia de relaciones laborales, en detrimento de ciento cincuenta y seis (156) trabajadores detallados en los Cuadros No 01 y 02 del Acta de Infracción, persistiendo la sanción impuesta conforme fue determinado por la Sub. Intendencia de Resolución. xii. En virtud de lo expuesto, se ha evidenciado claramente la configuración de la infracción de incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la contratación a plazo determinado, derivando en la desnaturalización de los contratos modales por incremento de actividad suscritos, en atención a lo analizado en los puntos precedentes, por lo que se ratifica que la impugnante incurrió en una (1) infracción en materia de relaciones laborales, en detrimento de ciento cincuenta y seis (156) trabajadores

detallados en los Cuadros N' 01 y 02 del Acta de Infracción, persistiendo la sanción impuesta conforme fue determinado por la Sub Intendencia de Resolución. xiii. Tal como se detalla en la resolución apelada, obra en el expediente inspectivo a folios 33 a 49 la medida inspectiva de requerimiento notificada el 23 de junio de 2021, a través de la cual se le solicitó a la impugnante garantice el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, subsanando la infracción incurrida exhibiendo la documentación que acredite la contratación a plazo indeterminado, poniendo asimismo a conocimiento de los trabajadores afectados de la posesión de un contrato indeterminado, frente a la manifiesta desnaturalización de los contratos modales que habían suscrito, correspondiente a treinta y seis (36) trabajadores detallados en el Cuadro No 02 del Acta de Infracción; empero, al vencimiento no se cumplió con lo exigido; constituyéndose en consecuencia la trasgresión pasible de sanción. xiv. De esta manera, habiéndose acreditado la responsabilidad de la impugnante al no haber cumplido con la obligación de contratación a plazo indeterminado frente a la manifiesta desnaturalización de los contratos modales suscritos; es que sus alegaciones frente al incumplimiento carecen de sustento, no siendo convalidable su falta al deber de colaboración con el personal inspectivo frente al no acatamiento de su obligación laboral consignada en la medida inspectiva de requerimiento, subsistiendo por ende la infracción muy grave a la labor Inspectiva incurrida de conformidad con el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento. xv. Por consiguiente, en atención a lo analizado en los puntos precedentes, se ratifica que la impugnante incurrió en una (1) infracción en material de relaciones laborales y una (1) infracción contra la labor inspectiva, en detrimento de ciento cincuenta y seis (156) trabajadores detallados en el cua4ro N' 01 y 02, y treinta y seis (36) trabajadores detallados en el Cuadro N° 02 del Acta de Infracción respectivamente, persistiendo la sanción impuesta conforme fue determinado por la Sub Intendencia de Resolución.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 161-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución de Intendencia inaplica lo establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG. En ese sentido, la Resolución de Intendencia, la Resolución de Sub- Intendencia, así como las actuaciones inspectivas que ahí se recogen, deben ser realizadas y sustentadas conforme al ordenamiento jurídico, respetando los derechos fundamentales y observando los requisitos de validez de la actuación de la Administración, hecho que no ha ocurrido en el presente caso porque se ha incurrido en vicios que acarrea su nulidad. ii. La Resolución de Intendencia inaplica el artículo 6 del Título I del TUO de la LPAG, carece de una debida motivación. iii. Al respecto, debemos precisar que desde los Inspectores de Trabajo hasta la Intendencia Regional de Arequipa no han precisado qué trabajadores, de los 156 presuntamente afectados, estuvieron contratados con la estructura 1 o la estructura 2, es decir, no se ha analizado cada uno de los 156 contratos, simplemente se parte de un análisis general de una muestra. iv. Además, tampoco se ha cumplido con precisar el periodo durante el cual se contrataron a los 156 trabajadores bajo dichas estructuras. De esta manera, es evidente que el Acta de Infracción incurre en serios vicios de nulidad, de los cuales la Intendencia Regional de Arequipa solo evade pronunciarse (pese a haberlo cuestionado en nuestro escrito de apelación) y no realiza un análisis exhaustivo de los contratos, simplemente limita su posición a lo señalado por la SIRE y la Autoridad Instructora, teniendo una argumentación muy parecida a esta. v. De igual manera, se ha omitido analizar, y mucho menos acreditar, que la causa objetiva de los contratos laborales cuestionados no se hayan configurado en la realidad, sino que se ha invertido la carga de la prueba, lo cual evidencia una violación al principio de presunción de licitud. vi. Sobre el particular, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en su Resolución No. 437-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, declaró fundado en parte un procedimiento seguido contra ESSalud en la que el Inspector no cumplió con realizar un análisis detallado tanto de los argumentos, ni de los medios probatorios. vii. En ese sentido, queda evidenciado que la SUNAFIL no ha cumplido con lo establecido por el propio Tribunal Constitucional, que es el haber indagado, caso por caso, si es que la suscripción de los contratos modales de los 156 trabajadores, pues como se ha podido establecer de la propia Acta de Infracción de Infracción, las conclusiones de los

Inspectores de Trabajo (que fueron replicadas luego por las Autoridades Sancionadoras) estuvieron basadas en una lectura genérica de los contratos. viii. La Intendencia ha interpretado erróneamente el numeral 8.2.2 de la Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL. Tal como se dejó en evidencia en la propia Acta de Infracción, los 156 trabajadores supuestamente afectados, YA NO TENÍAN VÍNCULO LABORAL CON LA EMPRESA al momento de la emisión del Acta de Infracción, y no porque la empresa así lo haya determinado, sino porque fueron los propios trabajadores quienes decidieron renunciar, razón por la cual se presentó durante las actuaciones inspectivas TODAS las cartas de renuncia. ix. Asimismo, es erróneo tomar en cuenta solo la fecha de registro de la baja del T-Registro, debido a que este es un acto meramente declarativo, omitiendo considerar la fecha del verdadero cese de los trabajadores. x. La resolución de Intendencia interpreta erróneamente el numeral 248.9 del TUO de la LPAG respecto al principio de licitud. xi. Por su parte, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en su Resolución No. 25-2021- SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA ha establecido que "este derecho proscribe que se sancione a una persona en tanto su responsabilidad sobre el hecho imputado no haya sido debidamente acreditada, más allá de toda duda razonable." xii. No se puede negar que la Empresa realmente si expandió su fundo, y con ello también se vio en la necesidad de contratar a más personas para que puedan continuar produciendo. En ese sentido, la Empresa ha cumplido con presentar la documentación que acredita la causa objetiva de contratación; sin embargo, si es que la Intendencia considera que estas pruebas son insuficientes o que no demuestran fehacientemente que la contratación se debió a incremento de la actividad, debió actuar y usar todos los recursos de los que dispone la Administración para demostrar lo contrario. xiii. La Resolución de Intendencia inaplica el numeral 1.2 y el 1.4 del artículo y del TUO de la LPAG respecto a los principios de legalidad y de razonabilidad. xiv. En el presente caso, los inspectores de trabajo emitieron una medida de requerimiento para exigirnos cumplir con una obligación que se tornaba imposible de cumplir, situación que además resulta ilegal. Asimismo, es importante precisar que los Inspectores de Trabajo sabían y tenían conocimiento de que la Empresa estableció vínculo con los trabajadores bajo contrato modal por incremento de actividad, sin embargo, solicitó que acreditemos que estos trabajadores cesados tuvieron una relación laboral a plazo indeterminado. xv. Conforme a lo señalado mediante Resolución No. 082-2021-SUNAFIL/TFL, el administrado tiene derecho a resistirse a un requerimiento cuando viole el artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, En consecuencia, la Empresa no estaba obligada a cumplir con la medida de requerimiento, porque no se respetó el principio de legalidad, no habiendo, por tanto, incurrido en la infracción a la labor inspectiva imputada. En virtud de ello, la multa por incumplimiento de la medida de requerimiento, regulada en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, debe ser dejada sin efecto.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 44.- Principios generales del procedimiento El procedimiento sancionador se basa en los siguientes principios: a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene – en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139 de la Constitución y en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la

autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050-2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta violación a la motivación de las resoluciones

9 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (el subrayado no es del original).

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo “(…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 11 Guzmán Napurí, C. (2017). Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed., Lima: Instituto Pacifico, p. 348.

Así tenemos que, el artículo 72 del TUO de la LPCL establece:

“Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral” (énfasis agregado).

“Artículo 25.- Infracciones muy graves en materia de relaciones laborales Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…)

El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, y su uso para violar el principio de no discriminación”.

a. Contrato por servicio especifico

“Contrato para Obra Determinada o Servicio Específico Artículo 63.- Los contratos para obra determinada o servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria.

En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación”.

Figura 01

celebración se deberá tener en cuenta la temporalidad o transitoriedad del servicio para el que fue contratado, puesto que si se contrata a un trabajador mediante esta modalidad contractual, se deberá especificar en el contrato cuáles son los servicios a prestar por parte del trabajador y bajo qué condiciones deberá realizar dichos servicios; por consiguiente, si esto no fuera así, se habría desnaturalizado el referido contrato de trabajo."

"De cara a una adecuada protección de los derechos de los trabajadores sujetos a contrato de trabajo por obra determinada o servicio específico, y con el objeto de dejar en claro las obligaciones que corresponden al empleador al momento de utilizar este tipo de contratos, se deben fijar los siguientes criterios:

a) Al momento de contratar por obra determinada o servicio específico, el empleador deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:

i) Especificar la modalidad contractual de que se trata (obra determinada o servicio específico); ii) Identificar las circunstancias que determina su duración, pues su ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta; iii) Que la obra o el servicio sean autónomos de la actividad principal y habitual de la empresa; iv) Identificar y especificar, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye el objeto del contrato, en el que va a ser empleado el trabajador. v) Determinar la actividad laboral a desarrollar por el trabajador, con el fin de que éste sea ocupado normalmente en la ejecución de aquella o en el cumplimiento del contrato y no en tareas distintas.”

contar con los servicios del trabajador, es decir, se ha omitido especificar cuál es el servicio concreto que deberían cumplir los trabajadores y la duración de los mismos, es decir, el contrato de trabajo no está causalizado.

b. Contrato por incremento de actividad

“(...) la ley permite contratar a personal bajo la modalidad de incremento de actividad para que preste sus servicios en una actividad nueva en el giro del empleador, como en el caso de que la organización económica emprenda una nueva actividad o para el desarrollo de la actividad propia del giro de la empresa cuando ésta se incrementa”12 “(...) no se ha cumplido con explicitar la causa objetiva del contrato; y, en segundo lugar, que la Municipalidad emplazada ha contratado al recurrente utilizando inválidamente esta modalidad contractual para atender una necesidad permanente, y no coyuntural, de mano de obra”13

12 Fundamento 3.3.5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 03623 2012-PA/TC. 13 Fundamentos 7 y 8 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 10777-2006-PA/TC.

Figura 02:

14 Sanguinetti Raymond, W. (2008) Los contratos de trabajo de duración determinada. segunda Edición. Gaceta Jurídica S.A., Lima – Perú, p. 32.

actividades que, a tenor de lo señalado en el contrato elaborado por la impugnante, ha repercutido en la necesidad de contar con personal de manera temporal, en cada uno de sus puestos trabajo.

15 Sanguinetti Raymond, W. (2008) Los contratos de trabajo de duración determinada. segunda Edición. Gaceta Jurídica S.A., Lima – Perú, p. 33 16 Sobre estas condiciones surgidas de la reflexión de la doctrina española en torno a la aplicación del contrato “por lanzamiento de nueva actividad”, vid. SALA FRANCO, T. et ál. Derecho del Trabajo, 5ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, p. 422; RODRÍGUEZPIÑERO, M., CRUZ VILLALÓN, J. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F., Derecho del Trabajo, Gráficas Minerva, Sevilla, 1991, vol. II, p. 69; y GARCÍA MURCIA, J.“ Lanzamiento de nueva actividad y estabilidad en el empleo: notas para un debate permanente”, en: Actualidad Laboral, Nº 6, 1987, p. 296.

emplear fraudulentamente los contratos de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad y de servicio específico, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT.

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”17:

Figura 03: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 04:

17 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”19, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la

18 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 11 de junio del 2023. 19 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado.

(…)

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar la contratación a plazo indeterminado con los trabajadores identificados en los Cuadros N° 01 y 02 del Acta de infracción, pese a que se tiene verificado la desnaturalización de sus contratos modales al haber inobservado las normas que regulan la contratación a plazo determinado. Numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, notificada el 23 de junio de 2021, vale decir, no adopto las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales que viene infringiendo en perjuicio de los trabajadores identificados en el Cuadro N° 02 del Acta de infracción. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 161-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 09 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 436-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 161-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 09 de junio de 2022, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230816MLA