Agencia Marítima Marko Busonich S.R.L — Res. 714-2023

Mediante Orden de Inspección N° 419-2020-SUNAFIL/IRE-MOQ, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 56-2020-SUNAFIL/IRE-MOQ (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión por una infracción muy grave a la labor inspectiva por incumplir con remitir la información requerida, que solicitaba, entre otros, el registro y/o cargo de entrega de Equipos de Protección Personal.

Mediante Imputación de Cargos N° 059-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ/SIAI2, de fecha 17 de febrero de 2022, notificada el 21 de febrero de 20223, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 082-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ/SIAI-IF, de fecha 14 de marzo de 2022, (en adelante, el Informe Final), a través del cual se determina la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual precedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Moquegua cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 142-2022-SUNAFIL/IRE- MOQ/SIRE, de fecha 25 de abril de 2022, notificada el 04 de mayo de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,309.00, por haber incurrido, en la siguiente infracción:

Con fecha 09 de mayo de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 142-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 060-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, de fecha 02 de junio de 20224, la Intendencia Regional de Moquegua declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 21 de junio de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Moquegua, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 060-2022- SUNAFIL/IRE-MOQ.

La Intendencia Regional de Moquegua admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorandum-000764-2022- SUNAFIL/IRE-MOQ, recibido el 11 de julio de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 060-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, que confirmó la sanción impuesta de S/ 11,309.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, desde el 07 de junio de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH S.R.L.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante alega una presunta vulneración al derecho de defensa, el cual constituye parte del debido procedimiento 11. Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto el acta de infracción, como el informe final, la Resolución de Sub Intendencia N° 142-2022- SUNAFIL/IRE-MOQ/SIRE y la Resolución de Intendencia N° 060-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, advierte el cumplimiento de los requisitos referidos al debido procedimiento como principio y derecho material, derecho de defensa, pues la impugnante ha podido interponer los recursos y medios probatorios que ha considerado pertinentes, asimismo se ha respetado y garantizado el derecho a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación, al valorarse los argumentos y documentos presentados por el recurrente, en su escrito de apelación.

Además, se verifica de los actuados que resulta erróneo el argumento del recurrente referido a que no tomó conocimiento del procedimiento sancionador, al incumplirse con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR; toda vez que, en estricta aplicación del Principio de verdad material12 conforme a la búsqueda realizada en el aplicativo de

Conforme al fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver;

Del examen efectuado por esta Sala sobre el procedimiento inspectivo y las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por ende, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”13 (énfasis añadido).

Del mismo modo, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.” En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Asimismo de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.7.2 de la versión 02 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII “PROTOCOLO SOBRE EL EJERCICIO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES LABORALES Y ECONÓMICAS A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID 19) EN EL TERRITORIO NACIONAL, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 103-2020- SUNAFIL, de fecha 10 de julio de 2020, se dispone que, “7.7.2. Si se verifica que el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en la infracción a la labor inspectiva prevista por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT”.

Sobre el particular, del expediente inspectivo se verifica:

Del expediente inspectivo, se advierte que la inspectora comisionada se ha dirigido al centro de trabajo, en el cual se encontraba el trabajador de la impugnante, que laboraba como contador. En ese sentido, cabe recordar que el artículo 5° de la LGIT15 reconoce las facultades inspectivas, las cuales se ejercen respecto de todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección, de forma que es válido la notificación de las actuaciones inspectivas, como en el presente cao, del requerimiento de información en el centro de trabajo, materia de inspección.

Por su parte, el artículo 11 de la LGIT, establece:

Al respecto, es importante precisar lo dispuesto por el artículo 21 del TUO de la LPAG:

La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. (…)

En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado. 21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.” (énfasis agregado).

Con relación a la notificación en el ámbito administrativo, Álvarez Fernández, precisa lo siguiente: “el objetivo de la notificación es el de asegurar que los interesados en un

Por su parte, Guzmán Napuri17, sobre el acto de notificar de las actuaciones administrativas afirma: “La notificación es el mecanismo al interior del procedimiento administrativo por el que se da cuenta a quienes interese de los actos emitidos por las entidades que forman parte de la Administración Pública. La notificación, entonces, es una actuación material de la Administración, también conocida como hecho administrativo, y no un acto administrativo adicional”. Asimismo, el mismo autor refiere “Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita hacer que lo resuelto en el acto administrativo sea de conocimiento de la persona interesada o su representante, así como la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.18”

Así, Morón Urbina sostiene que la importancia de la notificación “emana del resguardo al derecho de defensa del administrado y, en dicha virtud, ha quedado establecido que únicamente a partir de su realización puede comenzar la eficacia de cualquier decisión administrativa, así como el cómputo de los plazos. Solo a partir de la notificación, el administrado está en posibilidad de efectuar los actos jurídico-procesales necesarios en defensa de sus derechos e intereses, en caso considere lesiva la decisión de la autoridad. De este modo, la notificación de los actos administrativos específicos o particularizados que crean, extinguen o modifican un derecho particular y concreto es la forma por excelencia como se materializa la protección del administrado por el poder público, toda vez que por su intermedio se permite al administrado estar en situación de conocer la decisión administrativa que le vincula, sus fundamentos y antecedentes, para consentirla o impugnarla según sus intereses.”19.

Este contexto normativo y doctrinario, resulta trascendente por cuanto permite advertir que no solo las constancias, sino toda documentación durante el trámite de las actuaciones inspectivas, como lo son los requerimientos de información, deben ser notificados al sujeto inspeccionado, con el objeto del resguardo de su derecho de defensa y debido procedimiento.

En el presente caso, se aprecia que el requerimiento de información de fecha 13 de noviembre se encuentra, fue debidamente notificada al cumplirse las formalidades dispuestas en el artículo 21 del TUO de la LPAG, esto es, la identificación del personal que recibió este, así como su firma y relación con el sujeto inspeccionado, así como el centro de

En ese sentido, la actividad de fiscalización por parte de SUNAFIL no se encontraba restringida única y exclusivamente al uso de los medios tecnológicos o de la casilla electrónica, en la fecha que la inspectora realiza la visita al centro de labores y notifica el requerimiento de información de fecha 13 de noviembre de 2020, para ser cumplidos hasta el 18 de noviembre del mismo año, como erróneamente lo afirma la impugnante. Por tanto, el requerimiento de información se encuentra válidamente notificado, debiéndose desestimar todos los argumentos expuestos por la impugnante en este extremo.

Además, considerando que el trabajador que recibió los documentos de las notificaciones, se desempeñaba en la organización de la impugnante como contador, se colige razonablemente que contaba con las competencias mínimas para interactuar con la fiscalizadora que visitó el centro de trabajo. De esa manera, estando a que el empleador no ha acreditado algún supuesto que desvirtúe tal análisis; queda claro que la impugnante, una vez notificada, se encuentra en la obligación de dar cumplimiento a lo requerido por la inspectora comisionada y del mismo modo colaborar con el desarrollo de la diligencia inspectiva, con la más debida diligencia en su actuar.

Ahora bien, la recurrente por medio de sus descargos y recursos impugnatorios alcanza a la autoridad sancionadora los correos electrónicos de fechas 18 de noviembre de 2020 y 27 de noviembre de 202020, los que remitió al correo electrónico: Ilaura@sunafil.gob.pe y llaura@sunafil.gob.pe, respectivamente. Sin embargo, conforme lo advirtió la Resolución de Sub Intendencia N°142-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ/SIRE, en su numeral 10; así como la Resolución de Intendencia N°060-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, en sus numerales 4.3.1 al 4.3.3; este hecho no la exime de responsabilidad ni de su deber de colaboración con la autoridad inspectiva.

Siendo que la entrega de información solicitada por la autoridad inspectiva, no es un asunto que pueda dejarse de lado por el inspeccionado, ya que es sabido que los inspectores deben realizar una serie de diligencias y actividades en el día, por lo que sus requerimientos deben ser tomados muy seriamente en el marco de las fiscalizaciones laborales.

En tal sentido, se advierte que el no haber digitado correctamente el correo electrónico con el que daba respuesta al requerimiento de fecha 13 de noviembre de 2020, constituye una responsabilidad entera de la impugnante; por lo que no puede ser atribuida a la Administración; toda vez que la autoridad inspectiva cumplió con señalar de forma clara y precisa cuál sería el correo electrónico al que se debían remitir las documentaciones solicitadas en ambas oportunidades, pese a lo cual no se remitieron ninguna.

Por tanto, los alegatos de la impugnante referidos a que cumplió con remitir la información solicitada, resulta erróneo, pues no se acreditó que la autoridad inspectiva haya podido tomar conocimiento del mismo, toda vez que, la dirección electrónica señalada por la inspectora comisionada, ha sido llaura@sunafil.gob.pe; a pesar de lo cual, la impugnante ha remitido a un correo Ilaura@sunafil.gob.pe; dirección de correo electrónico que es distinta al señalado por la autoridad inspectiva. Conducta que ha generado que se frustre la labor inspectiva, pues no fue posible que la autoridad inspectiva pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones consignadas como materia de investigación en la presente orden de inspección.

Así las cosas, no se advierte una afectación al principio de buena fe procedimental ni a la presunción de veracidad en los términos alegados por la recurrente, pues, no se está calificando sus argumentos o medios presentados como falsos; sino que este alegato, error en la digitalización del correo electrónico, por sí mismo, no convalida ni justifica la no remisión de los documentos solicitados por la autoridad inspectiva, ya que debió tener mayor diligencia para dar respuesta oportuna y debida a la autoridad administrativa, ello en atención la especial importancia del deber colaboración con la labor inspectiva, conforme lo dispone la LGIT y el RLGIT.

En ese orden de ideas, el argumento referido a que el error incurrido por la administrada al momento de digitalizar el correo electrónico de la inspectora comisionada, se justificaría porque, según refiere, “no todos los trabajadores son expertos en informática”; sobre el particular, se debe indicar que este no tiene sustento en ninguna causal de eximente de responsabilidad, contenido en el TUO de la LPAG ni en el RLGIT; por lo que debe ser desestimado.

Bajo estas consideraciones, debe confirmarse la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por el incumplimiento del requerimiento de información programada para el 18 de noviembre de 2020. Por lo que, no se advierte una afectación ni al principio de legalidad.

Así las cosas, debe desestimarse el argumento referido a la aplicación de una adecuación de su conducta, al numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, toda vez que su comportamiento de no remitir la información requerida en el plazo y términos solicitados, han generado que se frustre la investigación, pues, no se cumplió con el objeto de la Orden de Inspección N° 419-2020-SUNAFIL/IRE.MOQ. Toda vez que, el correo electrónico enviado el 18 de noviembre de 2020 fue dirigido a una dirección electrónica distinta a la de la inspectora comisionada, y los correos de fechas 27 de noviembre de 2020, no se acredita que la autoridad inspectiva haya podido tomar conocimiento de estos, más aún, cuando fueron remitidos cuando ya se había emitido el Acta de Infracción N° 056-2020/SUNAFIL/IRE-MOQ.

Sobre el argumento referido a que no se ha dejado constancia de las visitas inspectivas realizadas con fechas 23 y 25 de noviembre de 2020. Sobre el particular, debe recordarse a la inspeccionada la presunción legal prevista en los artículos 16 y 47 de la LGIT, por el que los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo que se formalicen en Actas de Infracción, observándose los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses puedan aportar los interesados; se aprecia que el inferior en grado ha motivado su decisión de sancionar a la impugnante por las infracciones que fueron imputadas en el Acta de Infracción, no sólo en base a las conclusiones arribadas por el personal inspectivo, sino evaluando nuevamente el material probatorio que se tuvo a la vista en la etapa de actuaciones inspectivas y los alegatos presentados, por lo que no puede acusarse que el pronunciamiento venido en alzada haya utilizado argumentos errados para determinar sanción.

Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso en este extremo, siendo que no ha presentado medio de prueba alguno, que desvirtúe suficiente la presunción de veracidad de los hechos constatados en el Acta de Infracción, conforme lo disponen los artículos 16 y 47 de la LGIT.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG también reconoce como un principio rector al principio de buena fe procedimental, a través del cual se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “...guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”21.

En palabras de Morón Urbina, es incompatible con el principio de buena fe procedimental, desde la perspectiva del administrado:

En tal sentido, esta Sala considera que, frente a los alegatos de afectación a la debida notificación, al negar la notificación de la resolución de intendencia por medio de su casilla electrónica, así como de negar que el requerimiento de información de fecha 13 de noviembre de 2020, programada para el 18 de noviembre de 2020, contenga el apercibimiento debido en caso de incumplimiento; se verifica que estos carecen de sustento fáctico, toda vez que conforme los numerales 6.3 y 6.12 de la presente resolución, se ha verificado que la inspeccionada sí ha sido debidamente notificada no solo de la Resolución de Intendencia, sino de los actos emitidos en el presente procedimiento sancionador, como la Imputación de Cargos, Informe Final y la Resolución de Sub Intendencia; además se aprecia que el requerimiento de información de fecha 13 de noviembre de 2020 sí cuenta con el apercibimiento referido a que el incumplimiento de este constituye una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa. Por lo que, tales argumentos deben ser desestimados, exhortando a la impugnante adecuar su conducta al principio de buena fe procedimental.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.