Aeropuertos Andinos del Perú S.A — Res. 631-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada y horario de trabajo y descansos remunerados (sub materias: vacaciones y horas extra), Compensación por Tiempo de Servicios (sub materia: depósito de CTS), Trabajo Remoto, Licencia con goce de haber, Registro de Control de Asistencia y Remuneraciones (sub materias: Pago de remuneración (sueldos y salaerios), gratificaciones y pago de bonificaciones). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber implementado un registro de control de asistencia por el periodo laborado del 01 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,309.00

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar integra y oportunamente las horas extras laboradas más el interés legal laboral correspondiente al periodo laboral del 03 de enero de 2017 hasta el 20 de abril de 2020, que totalizan 151 horas y 312 minutos, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,309.00

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 18 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,309.00.

i) La inspeccionada argumenta que la facultad sancionadora de la SUNAFIL se encuentra prescrita respecto a la implementación del registro de control de asistencia, en tanto, a la fecha de la notificación de la imputación de cargos, el 14 de enero de 2021, ya habrían transcurrido más de 4 años desde la fecha de la supuesta comisión (del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016), por lo que solicita la declaratoria de prescripción. ii) El plazo otorgado para las actuaciones inspectivas fue de 30 días, el inspector inició sus actuaciones el 03 de noviembre de 2020. En tal sentido, las actuaciones inspectivas debieron prolongarse como máximo hasta el 15 de diciembre 2020; sin embargo, el inspector notificó la medida inspectiva de requerimiento y el acta de infracción insubsanable el 18 de diciembre de 2020; vale decir, 3 días después del vencimiento del plazo otorgado para la orden de inspección. iii) La ampliación de plazo mediante el auto de sub intendencia N° 61-2020- SUNAFIL/IREAYACUCHO/SIAI ha sido emitido en contravención del artículo 13 de la

LGIT, pues la excepción es que este plazo sea ampliado solo por causa imputable al sujeto inspeccionado, lo cual no ha sucedido en el caso concreto. Por lo tanto, se vulnero el principio del debido procedimiento, de licitud y objetividad. iv) Se ha calificado que el Convenio para la licencia sin goce de remuneraciones suscrito entre la empresa y el ex trabajador era fraudulento, cuando esto no es correcto, ya que dicho documento se suscribió libre y voluntariamente con arreglo a Ley. Además, señala que la SIRE ha efectuado una interpretación arbitraria y sesgada de las normas legales y del Reglamento Interno de Trabajo de la inspeccionada con el propósito de invalidar un documento que ha sido suscrito libre y voluntariamente respetando las normas legales vigentes. Entonces, se tiene que la inspeccionada suscribió válidamente un convenio de licencia sin goce de haber. v) La inspeccionada señala que la resolución apelada carece de una debida motivación, ya que hace una referencia confusa respecto al supuesto incumplimiento del pago de las horas extras, en tanto no están seguros si se les exige el pago como horas extras de 156 horas y 12 minutos; o 9,091 minutos que equivaldrían a 151 horas y 31 minutos. En el caso concreto, el inspector no ha acreditado que las supuestas horas extras hayan sido autorizadas tacita o expresamente por la empresa, aun así, la SIRE lo ha validado, lo cual no concuerda con el principio de razonabilidad, ya que no es posible que se presuma la configuración de horas extras por la mera permanencia en el centro de trabajo. vi) La resolución apelada ha vulnerado el concurso de infracciones y el principio de non bis in ídem. vii) la resolución apelada ha vulnerado el principio de inocencia, ya que el incumplimiento de la medida de requerimiento emitida por el inspector no puede considerarse una infracción, pues al momento de su emisión aun opera la presunción de inocencia. 1.5 Mediante Resolución de Intendencia N° 34-2021-SUNAFIL/IRE-AYAC, de fecha 25 de agosto de 20212, la Intendencia Regional de Ayacucho, declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, revocando en parte la Resolución de Sub Intendencia N° 128-2021-SUNAFIL/IRE-AYA/SIRE y adecuando la sanción impuesta a S/ 49,622.00, por considerar los siguientes puntos:

i) Desde el 31 de diciembre de 2016 hasta el inicio del procedimiento sancionador (notificación de la imputación de cargos - 14 de enero de 2021), transcurrió un plazo de 04 años y 14 días, entonces se advierte que, a la fecha de emisión de la resolución apelada (12 de mayo de 2021), ya se encontraba prescrita la potestad de la

2 Notificada a la inspeccionada el 27 de agosto de 2021. Ver fojas 186 del expediente sancionador

autoridad sancionadora para determinar la existencia de infracciones administrativa, respecto al registro de control de asistencia. Por tanto, correspondía declarar de oficio la prescripción del procedimiento administrativo sancionador. ii) La Directiva N°001-2020-SUNAFIL/INII denominada “Directiva sobre el ejercicio de la Función inspectiva”, estableció en el numeral 7.5.6 que las actuaciones inspectivas deben iniciarse, como máximo, dentro de los diez (10) días hábiles de recibidas la orden de inspección, es así que, en el presente caso concreto, se tiene que la Orden de inspección N° 770-2020-SUNAFIL/IRE-AYA fue emitida con fecha 21 de octubre de 2020, tal como consta en el folio 01 del expediente inspectivo, seguidamente el inspector actuante, dentro del plazo de los 10 días hábiles, con fecha 03 de noviembre del 2020 realizó la comprobación de datos, dando inicio con ello al procedimiento inspectivo. Posteriormente, se observa que con fecha 09 de diciembre de 2020, el inspector actuante solicitó la ampliación de plazo por el término de 07 días hábiles, a fin de culminar la inspección, el cual fue concedido mediante Auto de Subintendencia N° 61-2020-SUNAFIL/IREAYACUCHO/SIAI; por lo tanto, la fecha límite para culminar su actuación fue el 24 de diciembre de 2020, con lo cual se evidencia el cumplimiento del plazo por parte del inspector actuante. Asimismo, de la verificación de la solicitud de ampliación de plazo efectuado por el inspector actuante, se observa que dicho pedido se sustenta en causa imputable al sujeto inspeccionado, al no haber proporcionado toda la documentación requerida por el inspector sobre el registro de control de asistencia y boletas de remuneraciones del denunciante. iii) En el caso concreto, se observa que la inspeccionada hizo caso omiso a las disposiciones vigentes sobre suspensión perfecta de labores, ya que con fecha 30 de mayo de 2020, efectuó un convenio para licencia sin goce de remuneraciones con su trabajador Marín Oré Luis Alberto, lo cual es un convenio fraudulento. iv) Si bien el inspector de trabajo no ha acreditado que las horas extras hayan sido autorizadas tácita o expresamente, de acuerdo con la citada norma legal se entiende que la inspeccionada otorgó autorización tácita para su prestación, correspondiendo el pago de la remuneración por el sobretiempo trabajado, conforme a ley; por consiguiente, lo alegado por la inspeccionada resulta insuficiente para desvirtuar la prestación de trabajo en sobretiempo, si se tiene en cuenta que corresponde a la inspeccionada adoptar los mecanismos necesarios para el retiro inmediato de los trabajadores del centro laboral una vez culminado el horario de trabajo, conforme lo establece el artículo 7° del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR, situación que no fue acreditada por la inspeccionada. v) Para aplicar lo dispuesto en el artículo 48-A del RLGIT, una misma conducta debe calificar como más de una infracción, situación que no ocurre en el presente caso, pues las conductas infractoras en las que incurrió la inspeccionada son 07 : a) No haber implementado un registro de control de asistencia, b) No pagar íntegra y oportunamente el pago de las horas extras laboradas, c) No pagar íntegra y oportunamente las remuneraciones mensuales, d) No pagar íntegra y oportunamente las gratificaciones legales, e) No cumplió con acreditar el pago íntegro y oportuno de la bonificación extraordinaria del 9%, f) No pagar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios y g) No cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento; conductas totalmente distintas e independientes, ya que las seis infracciones versan sobre incumplimientos en materia de relaciones laborales y la séptima infracción, por no cumplir con el requerimiento emanado de los inspectores de trabajo, a efectos de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas en un plazo determinado.

vi) Las infracciones determinadas en el acta de infracción, no solo implican infracciones en materia sociolaborales, sino también en materia de labor inspectiva (que no es materia del proceso judicial), las misma que fueron determinadas con anterioridad a la interposición de la demanda. Por lo que, en consideración a los actuados, los hechos investigados y corroborados no precisaron ser esclarecidas previamente por la instancia judicial. Además, cabe señalar que no existe mandato judicial que ordene a esta Instancia no seguir desarrollando su competencia. Por último, cabe recordar que las decisiones de la Autoridad Administrativa de Trabajo expedidas en última instancia, de acuerdo a Ley, son recurribles ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo. En tal sentido, sobre la necesidad objetiva de obtener pronunciamiento judicial previo, no se requiere que el órgano jurisdiccional se pronuncie previamente para determinar la responsabilidad de la inspeccionada, en los casos sometidos a la inspección del trabajo sobre la comprobación del cumplimiento o no de sus obligaciones sociolaborales establecidas por ley. vii) Asimismo, no se configura la identidad de sujeto, hecho y fundamento, por cuanto los fundamentos para dar inicio al procedimiento sancionador y al proceso judicial son distintos: el primero relativo a la determinación de responsabilidad administrativa sancionable en ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y el segundo referido a la determinación de la asistencia o no la demandante del derecho reclamado y en cuanto a los sujetos, en el procedimiento administrativo sancionador son la autoridad administrativa y la inspeccionada, en tanto que en el proceso judicial las partes son el ex trabajador Luis Alberto Marín Oré y la inspeccionada; en consecuencia, no concurre la triple identidad exigida para que la autoridad inspectiva, así como el órgano sancionador, puedan inhibirse de conocer los asuntos materia del presente procedimiento sancionador. viii) En el presente caso, no se ha originado un avocamiento de la autoridad inspectiva en un caso judicializado, toda vez que el trabajador afectado acudió en primer lugar a esta entidad, a fin que se compruebe el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral, conforme a sus fines previstos en el numeral 1 del artículo 3 de la LGIT y, en caso de comprobarse infracción al ordenamiento sociolaboral, imponer las sanciones correspondientes a la inspeccionada; siendo que con posterioridad decidió paralelamente plantear una demanda en la vía judicial laboral en defensa de sus intereses, a fin de conseguir el cumplimiento de sus pretensiones en relación a la nulidad de convenio de suspensión perfecta de labores, pago de remuneraciones dejadas de percibir, pago de beneficios sociales y horas extras. Por tanto, no ha existido interferencia de esta entidad respecto de lo que puede resolver la autoridad judicial en el proceso laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 34-2021-SUNAFIL/IRE-AYAC señalando los siguientes fundamentos:

i) En el presente procedimiento administrativo sancionador se imputaron y fueron materia de sanción las siguientes conductas: a) no efectuar el pago íntegro y oportuno de remuneraciones mensuales, b) no efectuar el pago íntegro y oportuno de gratificación legal, c) no efectuar el pago íntegro y oportuno de bonificación extraordinaria, y d) no efectuar el pago íntegro y oportuno de la CTS. Entonces, cada conducta fue imputada de manera independiente, sin considerar que constituyen un mismo ilícito, no pagar la remuneraciones y beneficios sociales desde junio a setiembre de 2020; es decir, una unidad de acción, considerada como infracción tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, desconociéndose la figura de la infracción continuada. Por lo tanto, existe una causal de nulidad. ii) Todas las infracciones antes descritas se imputaron como consecuencia de la no aceptación de la validez de un convenio celebrado entre la empresa y el trabajador afectado, al afirmar que el convenio se encuentra bajo los alcances del artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cuando ello no es así, pues existió un acuerdo con el trabajador para el otorgamiento de la licencia sin goce de haber, estando dicha suspensión regulada en todo caso en el artículo 11 de la referida norma. Asimismo, no se ha tomado en cuenta que, conforme al artículo 12 de la norma señalada, si existe la posibilidad de que el empleador unilateralmente conceda licencias, por ende, se permite que las partes acuerden licencias con goce o incluso sin goce de remuneraciones. Además de ello, el ordenamiento laboral no solo promueve el acuerdo entre las partes para las modificaciones de las condiciones de trabajo, sino que condiciona su validez a la existencia de este. Así, en tanto el convenio es un acto jurídico, cumple con los requisitos de validez contemplados en el Código Civil. Por lo tanto, los presuntos hechos infractores no tienen la característica de antijurídicos, ni

cabe atribuirle la configuración de la responsabilidad subjetiva al no haberse cometido las infracciones imputadas, existiendo vulneración a los principios de veracidad y presunción de inocencia por desconocer el convenio y no tomar por ciertos los documentos aportados por la empresa. iii) En el presente caso, se incurre en una motivación aparente al tratar de sustentar la imputación de la infracción referida al pago de horas extras, pues no se ha determinado cual fue la labor efectiva que el trabajador afectado habría realizado, desconociendo lo regulado en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, ya que dicho documento precisa que las horas extras son excepcionales y con previa autorización por parte de la empresa para su realización. En el presente caso, los inspectores no han acreditado que se haya autorizado al supuesto trabajador afectado. iv) Conforme al Decreto Supremo N° 008-2020-TR, se debe acreditar el trabajo en sobretiempo con medios probatorios adicionales al registro de asistencia. Sin embargo, no se ha acreditado el trabajo efectivo desarrollado en el supuesto tiempo extra; por ejemplo, que labor efectiva desarrollo en los minutos consignados en cada dia trabajado, pudiendo dicho trabajador realizar otras actividades durante las supuestas horas extras. Por lo tanto, corresponde revocar este extremo. v) A través de la medida inspectiva de requerimiento, los inspectores de trabajo solicitaron que la impugnante acredite el pago de las remuneraciones mensuales, gratificaciones legales y truncas, bonificación extraordinaria y compensación por tiempo de servicios a favor del trabajador considerado como afectado; sin embargo, no existió vulneración al ordenamiento legal. Por lo tanto, considerando el carácter unitario de la medida inspectiva de requerimiento, en caso el administrado verifique que lo requerido no respeta el principio de legalidad, tiene derecho a resistirse a lo pedido por ser violatorio. Por ello, la empresa no se encontraba en la obligación de cumplir lo pedido en la referida medida inspectiva. vi) Se solicita el uso de la palabra a través de una audiencia para informar oralmente los alegatos de la empresa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la

8 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 10 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción muy grave por no pagar íntegra y oportunamente las horas extras laboradas

servicios en calidad de sobretiempo aun cuando no hubiera disposición expresa del empleador, se entenderá que ésta ha sido otorgada tácitamente, por lo que procede el pago de la remuneración correspondiente por el sobretiempo trabajado”. (énfasis añadido)

ha quedado demostrada y evidenciada. Por lo tanto, en virtud de todo lo antes expuesto, los argumentos de la impugnante carecen de sustento legal, no desvirtuando la infracción imputada en este extremo.

Sobre la infracción muy grave por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento

"Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico socíolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse". (énfasis añadido)

11 Ley General de Inspección de Trabajo, Ley 28806 Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de ¡a normativa del orden socíolaboral, incluso con su Justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. 12 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo 019-2006-TR Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización.

dentro de un plazo razonable, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector13.

Sobre la solicitud de informe oral

13Ley General de Inspección de Trabajo, Ley 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (...) 14 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 34-2021-SUNAFIL/IRE-AYAC, de fecha 25 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Ayacucho, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 11-2021-SUNAFIL/IRE-AYAC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 34-2021-SUNAFIL/IRE-AYAC en los extremos referentes a dos (02) infracciones muy graves, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente, por las razones expuestas en la presente resolución. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚÍS.A. y a la Intendencia Regional de Ayacucho, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ayacucho.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUZ IMELDA PACHECO ZERGA