ADV Gregory Cusco Perú Sociedad Anónima Cerrada - ADV Gregory C.P — Res. 657-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: pago de la remuneración (sueldos y salarios)); Contratos de trabajo (Sub Materia: Condiciones de trabajo). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por modificar unilateralmente el contrato de trabajo y las condiciones de trabajo al superar el límite de carga, tipificada en el numeral 24.8 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 792.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contratar la póliza de seguro vida ley, tipificada en el numeral 24.12 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 1,633.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada para el día 13 de abril de 2023, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 1,435.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 1,435.50.

i. El hecho de que el Acta de Infracción N° 346-2023SUNAFIL/IRE-CUS haya sido adjuntada como documento anexo a la Imputación de Cargos N° 767- 2023SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, no puede interpretarse como una notificación válida de dicha acta, máxima si se trata de dos procedimientos distintos tramitados por diferentes subintendencias. Cabe señalar que el acta de infracción marca la conclusión del procedimiento inspectivo, mientras que la imputación de cargos da inicio a un nuevo procedimiento, de carácter sancionador. En tal sentido, no resulta jurídicamente válido iniciar un procedimiento sancionador sin que previamente se haya notificado válidamente el acto de cierre del procedimiento de inspección. Más aún, cuando la subintendencia que da inicio al proceso sancionador carece de competencia para notificar actuaciones propias de otra subintendencia, lo que vulnera los principios de competencia y debido procedimiento.

Cabe señalar que, mediante Proveído N.° 007-2024-SUNAFIL/IRE-CUS, de fecha 13 de agosto de 2024, se dispuso la notificación, a través de casilla electrónica, de la Resolución de Intendencia N.° 009-AP-2024-SUNAFIL/IRE-CUS, mediante la cual se resolvió ampliar excepcionalmente el plazo del procedimiento administrativo sancionador por un período de tres (03) meses. Dicho proveído fue debidamente notificado el 14 de agosto de 2024.

ii. Respecto a la supuesta vulneración de la Ley N° 27607 en cuanto al peso máximo permitido para los porteadores, se precisa que los operadores turísticos del Camino Inka somos plenamente conocedores de la normativa vigente que establece un límite de 20 kg para los porteadores varones, razón por la cual la empresa ha adoptado como política interna el control riguroso del peso, verificando que toda carga salga debidamente pesada antes del inicio de la ruta. No obstante, es de conocimiento que algunos porteadores, por iniciativa propia y sin autorización de la empresa, acceden a transportar equipaje adicional perteneciente a los turistas con el fin de recibir propinas, lo cual escapa del control empresarial, dado que ocurre fuera del ámbito operativo y sin conocimiento previo. Asimismo, se acredita el cumplimiento de la obligación de contratar el seguro de vida para los porteadores, conforme a la Ley N° 27607, mediante la póliza N° 40020034-1, contratada con la compañía La Positiva Seguros, con vigencia desde el 23 de abril de 2022 hasta el 23 de abril de 2024, por lo que la empresa sí contaba con la cobertura exigida al momento de la inspección. iii. Por otra parte, se deja constancia que el representante legal de la empresa acudió puntualmente al acto inspectivo en la fecha y hora señaladas, portando su Documento Nacional de Identidad. En dicha oportunidad, el inspector pudo verificar su identidad e investidura como gerente de la empresa a través de la información pública disponible en SUNAT o SUNARP. Sin embargo, debido a la premura del tiempo y a que se trataba de la primera vez que la empresa enfrentaba una situación de esta naturaleza, no fue posible contar con todos los documentos requeridos al momento de la diligencia, lo cual fue expresamente comunicado al inspector a cargo. Se trató, por tanto, de una situación excepcional y no de una negativa o falta de colaboración, en atención al principio de buena fe procedimental.

i. Conforme al numeral 20.4 del artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 y al Decreto Supremo N° 003-2020-TR, la SUNAFIL se encuentra habilitada para efectuar notificaciones mediante casilla electrónica, la cual constituye un domicilio digital obligatorio, surtiendo efectos desde el momento en que se deposita el documento, conforme al artículo 11° de la norma antes acotada. Asimismo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución N° 129-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, ha establecido que debe garantizarse el envío de alertas al administrado para salvaguardar su derecho de defensa. En el presente caso, se ha acreditado que todos los actos emitidos en la etapa inspectiva y durante el procedimiento sancionador fueron válidamente notificados a través de la casilla electrónica, con la correspondiente alerta, incluyendo el Acta de Infracción, la cual fue puesta en conocimiento del administrado con la Imputación de cargos, conforme a las funciones legalmente atribuidas a la autoridad instructora. Por tanto, no corresponde acoger el alegato del apelante respecto a una supuesta falta de notificación, debiendo declararse infundado dicho extremo. ii. Por otra parte, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 16° y 47° de la LGIT, los cuales establecen que los hechos constatados por los inspectores del trabajo y formalizados en las actas de infracción, observando los requisitos normativos, se presumen ciertos y gozan de mérito probatorio, sin perjuicio del derecho del administrado de presentar pruebas en contrario. En ese sentido, el acta de infracción describe con claridad las conductas infractoras imputadas, consistentes en la omisión de la contratación del seguro de vida ley a favor de los porteadores y el exceso de carga transportada por estos, en contravención a lo dispuesto por la Ley N° 31614. Siendo así, respecto al primer incumplimiento, no se acreditó de forma fehaciente que los trabajadores involucrados contaran con la cobertura del seguro indicado, ya que la póliza presentada por el administrado no permite verificar la identidad de los trabajadores protegidos. En cuanto al segundo incumplimiento, el argumento según el cual los trabajadores habrían excedido el límite de carga sin conocimiento de la empresa no exime de responsabilidad al empleador, quien tiene la obligación de garantizar condiciones de trabajo seguras, especialmente tratándose de derechos fundamentales, conforme a lo previsto en el artículo 23° de la Constitución Política del Perú, que protege la dignidad del trabajador y prohíbe que las relaciones laborales desconozcan sus derechos constitucionales. iii. Asimismo, conforme al artículo 17° de la LGIT, la capacidad de obrar ante la Inspección de Trabajo se rige por las normas de derecho privado, correspondiendo a las personas jurídicas actuar a través de sus representantes debidamente acreditados. En ese marco, el inspector actuante requirió expresamente, mediante requerimiento de comparecencia, la presentación de la vigencia de poder correspondiente. Sin embargo, conforme consta en la constancia de actuaciones inspectivas, dicha acreditación no fue presentada oportunamente, razón por la cual se consideró inasistencia. En tal sentido, no resulta válido que el administrado pretenda trasladar a la autoridad administrativa la responsabilidad de acreditar su representación, siendo esta una carga procesal propia de quien alega tal condición. Por tanto, este extremo del recurso debe ser declarado infundado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. III. DEL RECURSO DE REVISIÓN

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006- PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ADV GREGORY CUSCO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ADV GREGORY C.P. S.A.C.

Del Analisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión

“Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido”. (Énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Modificar unilateralmente el contrato de trabajo y las condiciones de trabajo al superar el límite de carga Numeral 24.8 del artículo 24° del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No contratar la póliza de seguro vida ley Numeral 24.12 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No asistir a la comparecencia fijada para el día 13 de abril de 2023. Numeral 46.10 dela artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por ADV GREGORY CUSCO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ADV GREGORY C.P. S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 017-2025-SUNAFIL/IRE-CUS, de fecha 24 de enero de 2025, emitida por la Intendencia Regional de Cusco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 483-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Notificar la presente resolución a ADV GREGORY CUSCO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ADV GREGORY C.P. S.A.C., y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes.

TERCERO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250611MABJ – HR: 89194-2025