Administradora Clínica Tresa S.A — Res. 273-2023

Mediante Orden de Inspección N° 1266-2020-SUNAFIL/IRE-PIU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 399-2018-SUNAFIL/IRE-PIU (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 29 de octubre de 2018, que ordenaba el pago de las horas de

Que, mediante Imputación de Cargos N° 51-2021-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC, de 29 de enero de 2021, notificada el 01 de febrero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 357-2021-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, de fecha 20 de agosto de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Piura, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 502- 2021-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, de fecha 30 de octubre de 2021, notificada el 03 de noviembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 143,839.00 por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 24 de noviembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 502-2021-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 36-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 05 de abril de 20222, la Intendencia Regional de Piura declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 20 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Piura el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 36-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, solicitando informe oral.

La Intendencia Regional de Piura admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000423-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, recibido el 06 de mayo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que ADMINISTRADORA CLINICA TRESA S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 36-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, emitida por la Intendencia Regional de Piura, que declaró fundado en parte el recurso de apelación sin modificar la multa impuesta, esto es, la suma de S/ 143,839.00, por la comisión, entre otras, de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 del RLGIT y, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; esto es, el 08 de abril de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por ADMINISTRADORA CLINICA TRESA S.A.

Sobre el particular, debe observarse la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG, establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 del RLGIT y con la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente, por lo que no corresponde que esta Sala se pronuncie por lo alegado por el impugnante en relación a las infracciones graves, tipificadas en los numerales 24.2 y 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

En este punto corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo),9 existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de

En el presente caso, para efectos del análisis del recurso de revisión (enfocado en la presente infracción muy grave a la labor inspectiva por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento), se debe tener en cuenta el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicada el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, que establece:

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Es oportuno señalar, también, que, este Tribunal mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, precedente de observancia obligatoria, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo que, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de SST, que se detecten.

De autos se observa que la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 29 de octubre de 2018, contenía los siguientes mandatos: “1.- Acreditar haber cumplido con el pago íntegro y oportuno de la Participación en las Utilidades correspondiente al ejercicio gravable 2017; 2.- Acreditar haber cumplido con consignar el tipo de contrato a plazo indeterminado en el T-Registro; 3.- Acreditar haber cumplido con realizar el pago de las horas en sobretiempo del personal técnico y licenciado de enfermería conforme a la jornada máxima de 150 horas semanales y, 4.- Acreditar haber implementado el registro permanente de control de asistencia con sus formalidades (…)”. Otorgando para dicho efecto, un plazo máximo de tres (03) días hábiles para la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

En tal sentido, la medida inspectiva de requerimiento ha sido emitida al amparo del artículo 14 de la LGIT; observando, además, lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT. Emisión que resulta razonable, pues la materia de inspección está orientada al cumplimiento de la normativa sociolaboral, derivadas de la Orden de Inspección N° 1266-2020-SUNAFIL/IRE-PIU; por ende, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento. En tal sentido, no cabe acoger la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

Asimismo, en el presente caso, del numeral 4. 21 de los hechos constatados del Acta de Infracción, se advierte que, la impugnante no cumplió dentro del plazo otorgado con lo requerido y en los términos ordenados en la medida inspectiva de requerimiento, por el inspector comisionado; por lo que, se encuentra acreditado que la impugnante ha incurrido en una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada, adecuadamente, en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, conforme lo determinado por las instancias de mérito. Por tales razones, corresponde desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Respecto a lo alegado por la impugnante en lo referido a la supuesta falta de imparcialidad y objetividad del inspector que elaboro el acta, en razón que realizó la notificación de la medida inspectiva de requerimiento en el centro de labores a las 08:59 pm, asumiendo facultades de notificador. Al respecto no se evidencia que el inspector comisionado haya actuado fuera de los límites que establece la norma, en razón que en virtud del artículo 13 del RLGIT, el inspector debe agotar todos los medios de investigación disponibles para verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales; por tanto, no se advierte una mala práctica, al notificar un requerimiento fuera del horario de oficina, máxime si, el RLGIT, y el TUO de la LPAG, no establecen un horario para la notificación, más aún cuando el plazo del mismo empieza a computarse desde el día siguiente de la fecha de notificación.

Ahora bien, respecto a que no fue contestado su escrito10 de nulidad en mérito a la emisión de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 29 de octubre de 2018; cabe señalar que, de conformidad con el artículo 14 de la LGIT y su Reglamento, en lo referido a la nulidad de las actuaciones inspectivas se establece: “Sin perjuicio del derecho de defensa de los interesados en el marco del procedimiento administrativo sancionador sociolaboral, las medidas inspectivas de advertencia y de requerimiento no serán susceptibles de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206.2 de la Ley N° 27444, de Procedimiento Administrativo General”.

Contrario a lo alegado por la impugnante, del numeral 4.22 del Acta de Infracción se advierte que el inspector se pronuncia por la nulidad alegada con fecha 05 de noviembre de 2018 contra la medida inspectiva de requerimiento. Asimismo, la autoridad instructora cumplió con desvirtuar lo alegado por el sujeto inspeccionado en ese extremo, en el numeral 9.3.1. del Informe Final de Instrucción N° 357-2021-SUNAFIL- SIAI-IRE-PIURA, así como la Sub Intendencia de Resolución en el numeral 3.4.7.6. de la Resolución de Sub Intendencia N° 502-2021-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

El artículo 1 del Convenio 001 de la Organización Internacional del Trabajo prescribe que en todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, “la duración del trabajo personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana”.

La Constitución Política del Perú en su artículo 25, señala que: “La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo”.

Por otro lado, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR (en adelante, TUO de la LJTHTS), dispone que: “La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo (…)”.

Asimismo, el artículo 10 del TUO de la LJTHTS, establece que: “El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera en sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas no podría ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor horas correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes (…)”.

Por su parte, el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-TR (en adelante, Reglamento del TUO de la LJTHTS), en su artículo 20, dispone que: “Se considera trabajo en sobretiempo a aquel que exceda de la jornada ordinaria vigente en el centro de trabajo, aun cuando se trate de una jornada reducida”.

En ese contexto normativo, conforme a lo señalado por el inspector comisionado en el numeral 4.15 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se ha acreditado que la inspeccionada no ha cumplido con realizar el pago de las horas en sobretiempo de las técnicas y licenciadas en enfermería, durante el periodo fiscalizado del 01 de enero del 2017 hasta la fecha de la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, afectando a los 44 (cuarenta y cuatro) trabajadores que ocupan el cargo de técnicos y licenciados en enfermería comprendidos en la investigación.

De la documentación que obra en el expediente inspectivo, se tiene el Registro de Control de Asistencia del periodo enero 2017 hasta septiembre 2018, el cual obra en el USB a folios 252 al 253, asimismo el Rol de Turnos del Personal Técnico y Licenciados en Enfermería11 por medio de los cuales se verifica que, el personal citado, realizó jornadas superiores a las 150 horas mensuales.

Al respecto la impugnante señala que la Ley N° 28561, sólo tiene como ámbito de aplicación el sector público de salud, quienes tienen una jornada máxima de 150 horas mensuales; pero que su representada pertenece al régimen de la actividad privada; y que, en todo caso, ante la incertidumbre jurídica, será el Poder Judicial, el que resuelva o determine el pago de las horas en sobretiempo. Sobre el particular, cabe señalar que, “Ley que regula el Trabajo de los Técnicos y Auxiliares Asistenciales de Salud” - Ley N° 28561, establece en su artículo 1 lo siguiente: “La presente Ley norma el ejercicio de los Técnicos y Auxiliares Asistenciales de Salud, en todas las dependencias del sector público, así como en el sector privado, en lo que no sea contraria o incompatible con el régimen laboral de la actividad privada”. En tal sentido, se advierte que la norma en análisis también es de aplicación al sector privado, encontrándose la impugnante dentro de su ámbito de aplicación.

En ese contexto, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del citado cuerpo normativo, la jornada laboral de los Técnicos y Auxiliares Asistenciales de Salud tiene duración máxima de treinta y seis horas semanales o su equivalente de ciento cincuenta horas mensuales, incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna. En tal sentido, de lo verificado en el expediente inspectivo se evidencia el Registro de Control de Asistencia del periodo enero 2017 hasta septiembre 2018, el Rol de Turnos del Personal Técnico y Licenciados en Enfermería y, el Horario de Trabajo, que el personal sujeto a la investigación ha realizado jornadas superiores a las 150 horas mensuales; por lo que, correspondía el pago de las horas en sobretiempo realizadas.

A mayor abundamiento, el Decreto Legislativo N° 559 – Ley de Trabajo Médico que se encuentra regulado para todas las dependencias del sector público nacional y privado, establece en el artículo 9 lo siguiente: “La jornada asistencial del Médico Cirujano es de

Ahora bien, respecto a lo alegado por la impugnante, en referencia que, ante la incertidumbre jurídica, será el Poder Judicial, el que resuelva o determine el pago de las horas en sobretiempo, cabe precisar la CAS. LAB. N° 2168-2012, con relación a la interpretación de la Ley que regula el trabajo de los Técnicos y Auxiliares Asistenciales de Salud, en razón que considera “(…) que el análisis de los mismos debe verse a la luz del principio in dubio pro operario, siendo así, resulta aplicable para los trabajadores afiliados el artículo 9 de la Ley N° 28561, ya que establece mejores condiciones a favor del trabajador, técnicos y auxiliares asistenciales de salud; asimismo, señala que admitir la postura de la demandada, constituiría afectación al principio-derecho de igualdad, puesto que no existen razones objetivas que justifiquen un trato diferenciado con relación a la jornada de trabajo de los técnicos y auxiliares asistencias de salud sujetos al régimen del sector público y los técnicos y auxiliares asistenciales de salud de la actividad privada.

Asimismo, el considerando Cuarto de la citada sentencia, dispone que: “(…) en tal orden de ideas, la orientación de la legislación se debe concretar al desarrollo progresivo de mayor protección a los derechos fundamentales de las personas, en este caso en materia laboral, interpretando el artículo 1 de la Ley N° 28561, en cuanto señala que, la ley en mención se aplica tanto al sector público como al sector privado, en lo que no sea contrario o incompatible con el régimen laboral de la actividad privada; en tal sentido, la interpretación de la Sala Superior de la norma denunciada resulta correcta en atención a los elementos fácticos analizados para el caso”.

Por tanto, de la revisión de la citada sentencia, se advierte que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la jornada laboral máxima de treinta y seis horas semanales y su equivalente de ciento cincuenta horas mensuales, incluyendo la jornada diurna y nocturna que se encuentra regulada expresamente en la Ley N° 28561, no resulta ser de exclusiva aplicación para los trabajadores del sector público que realizan estas actividades. En tal sentido, se evidencia que es una regulación que establece las condiciones de una categoría profesional, más allá del origen de tipo del empleador. Por las consideraciones antedichas, no corresponde acoger el recurso de revisión, en este extremo.

En ese sentido, se evidencia que la impugnante ha incurrido en la conducta sobre incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el pago por labor efectuada en sobretiempo, la que se encuentra tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, siendo calificada como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales.

Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Las Disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

Asimismo, en el artículo 3 del mismo dispositivo normativo, se establece lo siguiente:

Ahora, la finalidad del Registro de Control de Asistencia es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores que se consignarán de manera personal. Además, sirve para llevar la contabilidad de las labores en horas extras a la jornada de trabajo, las cuales deben ser remuneradas por los empleadores conforme a ley. Debiendo, para dicho efecto, contener la siguiente información mínima: “Nombre, denominación o razón social del empleador; Número de Registro único de Contribuyentes del empleador; Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador; Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo; las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo12”.

En el presente caso, conforme a las actuaciones inspectivas de investigación, se ha dejado constancia en el numeral 4.17 de los hechos constatados del Acta de Infracción lo siguiente: “se ha acreditado que la empresa inspeccionada no ha contado con un registro permanente de control de asistencia con las formalidades de ley donde se registre el tiempo de laboral del personal, afectando a 16 trabajadores (…), tal como se ha verificado de los documentos exhibidos, ya que si bien es cierto, la empresa inspeccionada ha exhibido un archivo digital y una hoja en físico, mediante la cual se lleva

Ante lo verificado, el inspector comisionado pone en conocimiento de la inspeccionada, a través de la notificación de la “Medida Inspectiva de Requerimiento”13 de fecha 29 de octubre de 2018, que, sobre esta materia no se efectúa medida inspectiva de requerimiento, considerándose que el incumplimiento normativo advertido, constituye una infracción insubsanable, en virtud que el incumplimiento está relacionado al Registro Permanente de Control de Asistencias, que debe efectuarse diariamente, y, que, en consecuencia, no puede ser revertido o corregido sin afectar los derechos de los trabajadores, hecho insubsanable que también se dejo constancia en la comparecencia de fecha 29 de octubre de 2018.

No obstante, a la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, se requirió implementar dicho registro permanente de control de asistencia respecto a los 19 trabajadores afectados, con el fin de que se lleve un registro de sus horas efectivas de trabajo. Asimismo, cabe precisar que, se evidencia en la etapa inspectiva que, se subsano el error material respecto de 03 de los 19 trabajadores considerados inicialmente, siendo un total de 16 trabajadores afectados en este extremo.

Sobre el particular, la impugnante alega que no ha sido tomado en cuenta al momento de resolver que, para acreditar esta implementación se presentó al inspector mediante escrito de fecha 06 de noviembre de 2018 la hoja correspondiente a los trabajadores que habían registrado su asistencia a través de la detección de la huella digital. Al respecto, se tiene que en el expediente de actuaciones inspectivas obra en archivo digital14 y en archivo físico15 un registro de control de asistencia de sus trabajadores; advirtiéndose que la principal modalidad de registro de control de asistencia que la impugnante emplea dentro del centro de labores, es el registro en formato digital; sin embargo, tal como el inspector comisionado ha constatado en su oportunidad, para un grupo de trabajadores la impugnante también ha utilizado un registro de control de asistencia en formato físico; pero de la revisión de este último registro, no se ha encontrado registro de marcación de las horas de trabajo de los 16 trabajadores descritos en el punto 4.17 de los hechos verificados del Acta de Infracción.

Respecto a los 02 trabajadores incluidos dentro del personal de confianza por parte de la impugnante, que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata; se tiene que han logrado evidenciar documentalmente la condición de los mismos; por tanto, respecto a estos trabajadores la impugnante no estaba legalmente obligada a llevar un registro de control de asistencia. En tal sentido, se evidencia que la Intendencia Regional en el considerando 7.2.48. excluyo a los 02 trabajadores del número total de 16 trabajadores afectados, en mérito al literal b) del artículo 257 del TUO de la LPAG, en razón que se evidencia un eximente de responsabilidad. Por lo que, habiéndose acreditado que la impugnante no contaba con dicho registro respecto del total de trabajadores afectados (16), ha incurrido en la infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

Por tanto, corresponde a esta sala desestimar el recurso en este extremo.

Con relación a lo alegado por la impugnante respecto a la graduación de la sanción, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

En ese sentido, el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad, así como de proporcionalidad, según lo dispuesto por el artículo 24616 numeral 3) del TUO de la LPAG. Considerando ello, en la resolución sancionadora, al momento de imponer la sanción de multa, se realiza ello, en base a lo sustentado y de acuerda a la normativa vigente, cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora pueda imponer otro valor distinto. Por ende, no se ha realizado una interpretación y aplicación indebida del numeral 47.3 del artículo 47 del RLGIT, en los términos señalados por la impugnante.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, así como tampoco la resolución impugnada, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario añadir que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten17 (énfasis añadido).

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el expediente Nº 01147-2012-PA/TC, en sus fundamentos décimo sexto y décimo octavo señala lo siguiente:

En similar sentido, el Tribunal Constitucional en la resolución recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

En similar sentido, mediante el segundo precedente emitido por el TFL contenido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.