Adecco Consulting S.A — Res. 1205-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones y Pago de bonificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Planilla o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades) y, Contratos de trabajo (Sub materia: Formalidades). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber realizado la entrega del contrato de trabajo modal dentro de los tres días posteriores a su inicio, tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Solicita la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia por contravenir el derecho al debido procedimiento, específicamente a la debida motivación de las resoluciones, así, en el presente caso, dicha resolución no está debidamente motivada y vulnera el principio de legalidad, puesto que no son admisibles como motivación, fórmulas generales que generan oscuridad o contradicción. ii. La Resolución de primera instancia contraviene el principio de razonabilidad, en tanto se ha producido la imposición de una sanción al haber considerado que no se ha cumplido con entregar la copia del contrato de trabajo modal dentro de los tres días hábiles posteriores al inicio, y sanciona nuevamente con la obstrucción a la labor inspectiva, pretendiéndose sancionar por una misma acción dos veces, lo que es una clara inobservancia a la disposición que prohíbe imponer sanciones por los mismos hechos. iii. La resolución se equivoca con la sanción impuesta, pues estando a los argumentos expuestos no pueden sancionar por estas multas, al no haber entregado copia del contrato, teniendo en cuenta la situación de pandemia, por lo que, las oficinas no han estado funcionando, lo que constituye un abuso de derecho. Asimismo, teniendo en cuenta que la relación laboral con la trabajadora Jovana Maribel Cuentas Collado ocurrió durante los meses de pandemia, por lo que, utilizaban distintos medios electrónicos para el envío del contrato, lo cual es de absoluto conocimiento de la extrabajadora a quien se le hizo llegar su copia de contrato, ya que las oficinas estuvieron cerradas por

la cuarentena decretada, consecuentemente solicita se declare fundado el recurso de apelación interpuesto.

i. Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento, específicamente a la debida motivación de las resoluciones y el principio de legalidad, conforme se puede dilucidar de la resolución apelada la Autoridad Sancionadora como resultado del análisis del expediente, concordante con lo establecido en el Informe Final de Instrucción, así como los descargos efectuados por la impugnante, determinó que los argumentos de defensa practicados no desvirtuaron las conductas infractores sub examine. ii. Asimismo, sobre la supuesta vulneración al principio de razonabilidad, conforme lo establece el artículo 38 de la LGIT, las sanciones a imponer por la comisión de infracciones, se gradúan atendiendo a los criterios generales de (i) gravedad de la falta cometida y (ii) número de trabajadores afectados, ello en concordancia con los artículos 47 y 48 del RLGIT, que considera los criterios especiales de graduación de las sanciones, cuya determinación debe estar acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el TUO de la LPAG. iii. En ese sentido, acorde con el contenido del Acta de Infracción y de la Resolución de Sub Intendencia, se encuentra en ambos expresamente señalado el establecimiento de los criterios de graduación de multa de la cual es pasible la impugnante, al haberse evidenciado el incumplimiento de la normativa socio laboral frente al no haber acreditado la entrega del contrato de trabajo modal dentro del plazo establecido por ley; en consecuencia, queda desvirtuada la alegación sostenida al haberse cumplido con señalar los criterios de imposición de multa, no configurándose causal alguna que pueda generar la declaración de nulidad del presente procedimiento. iv. Ahora bien, es claro que el inspector propuso a la impugnante dos infracciones en un mismo procedimiento inspectivo, apreciándose una identidad de sujetos; no obstante, no se observa una similitud entre los hechos verificados y los consecuentes fundamentos, debido a que las conductas infractoras en relaciones laborales detectadas resultan la falta de entrega del contrato de trabajo modal dentro del plazo establecido por ley, y la conducta infractora contra la labor inspectiva que deriva del incumplimiento del requerimiento de la autoridad inspectiva, consiguientemente, lo alegado carece de sustento fáctico jurídico.

2 Notificada a la impugnante el 25 de febrero de 2022, véase folio 89 del expediente sancionador.

v. Sobre la infracción en materia de relaciones laborales sancionada, considerando las alegaciones vertidas por la impugnante, corresponde señalar que no basta indicar que si se efectuó la remisión de los contratos vía electrónica, puesto que no obra ningún medio probatorio pertinente a efectos de comprobar dicha alegación, por el contrario, no cumplieron con remitir documento alguno que denote la observancia que señalan frente al requerimiento de información realizado, subsistiendo en consecuencia la infracción sancionada. vi. Así, obra en el expediente inspectivo, la medida inspectiva de requerimiento notificada el 21 de octubre de 2020, a través de la cual se le solicitó a la impugnante garantice el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, acreditando la entrega del contrato de trabajo sujeto a modalidad a favor de la denunciante; empero, al vencimiento del plazo el 28 de octubre de 2020, ésta no cumplió con lo exigido respecto a los documentos solicitados; constituyéndose en consecuencia la transgresión. Por consiguiente, en atención a lo analizado en los puntos precedentes, se ratifica que la impugnante incurrió en la infracción contra la labor inspectiva.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 64-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando lo siguiente:

i. Se ha vulnerado el debido procedimiento, en el sentido que la Resolución de Intendencia, y los pronunciamientos previos de la autoridad, así como las actuaciones inspectivas, deben ser realizadas y sustentadas por lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, no solo en lo relativo a leyes, sino también a principios que nutren el debido procedimiento general. ii. Se ha inaplicado el principio de culpabilidad, toda vez que existe una falta de antijuridicidad de la supuesta conducta imputada, hay que precisar que, en el caso de las

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14.

personas jurídicas como la empresa, no se puede hablar en estricto de un dolo, la culpabilidad se identificaría con el llamado “déficit de organización”, de modo que su conducta sería reprochable cuando no se tomaron las medidas suficientes para impedir que se cometa una infracción. iii. En el presente caso, se sanciona a la empresa por presuntamente no haber hecho entrega de la copia de los contratos, al inicio de la relación laboral, a la señora Jovana Maribel Cuentas Collado. Al respecto, debemos precisar que el artículo 83 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, señala que “el empleador deberá entregar al trabajador, copia del contrato de trabajo, dentro del término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación a la Autoridad Administrativa de Trabajo”. Es decir, la norma le establece al empleador que realice la entrega al trabajador en cuestión, mas no dejar constancia de la entrega. iv. Como es de conocimiento público, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional, esta norma supuso una restricción para la movilidad de las personas y permitía que se desplazase solo aquellas personas que laboraban en actividades consideradas como esenciales y permitidas expresamente. Es así que, la actividad a que se dedicaba la empresa no era considerada como esencial en dicho periodo, por lo que, en cumplimiento de las disposiciones realizadas por el Gobierno, realizaba funciones, a través del uso de herramientas tecnológicas y sin asistir físicamente al centro de trabajo. Asimismo, la extrabajadora, ingresó a trabajar durante el periodo de inmovilización obligatoria, por lo que, hubo una imposibilidad por parte de la empresa de hacer una entrega física de las copias del contrato suscrito, ello debido a las restricciones emitidas, así como una imposibilidad de acreditar la entrega de este. v. Esta situación no implica que la extrabajadora no tenía conocimiento del contenido del contrato, pues, a través de los medios electrónicos, se le puso en conocimiento del contenido exacto de estos; es más, este tuvo adendas, como la de junio de 2020, tal y como consta en el punto 4.5 de los hechos verificados del Acta de Infracción; por lo que, se ha acreditado no ha habido afectación alguna a la extrabajadora. vi. Se ha vulnerado el principio de presunción de licitud, en razón que se pretende trasladar la carga de la prueba a la empresa, aun cuando el deber de la Autoridad es tener la certeza de que los hechos imputados realmente fueron cometidos por la empresa. En ese sentido, debió ser el inspector de trabajo el encargado de realizar las investigaciones pertinentes y el que recabe los medios probatorios pertinentes que acrediten el incumplimiento; era indispensable tomar la declaración de la extrabajadora para corroborar si se le hizo la entrega del contrato y sus adendas o ¿Si es que tenía conocimiento de la situación de impedimento del envío físico del contrato suscrito?, y no el tener que exigir a la empresa, la acreditación de esta. vii. Peor aún, rechazan de plano las alegaciones aportadas por la empresa, cuando la regla para ello, según el principio de presunción de inocencia es que éstas generen una duda razonable en la administración, requisito que la empresa ha cumplido por demás con sus obligaciones legales como el pago íntegro de la remuneración y las condiciones trabajadas

pactadas en el contrato suscrito, criterio que ha sido validado por la Resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral N° 00025-2021-SUNAFIL/TFL. Por ello, solicitamos se declare el archivo del presente procedimiento, debido a que existe una causal de nulidad por contravenir la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias. viii. Se ha vulnerado el principio de concurso de infracciones, al imputar sanciones que se originan de un mismo hecho, una por no haber realizado la entrega de contrato de trabajo modal dentro de los tres días posteriores a su inicio y, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento; como se puede observar, ambas infracciones se generan a partir del hecho de: no haber realizado la entrega del contrato de trabajo modal dentro de los tres días posteriores a su inicio. ix. La medida de requerimiento es ilegal e irrazonable, en razón que el inspector requiere que se acredite la entrega de los contratos y sus copias, a través de un cargo de entrega con la fecha y firma de la trabajadora. Al respecto, señalan que lo solicitado deviene en imposible, ya que se ha venido alegando que, desde el inicio del presente procedimiento, debido a la inmovilización obligatoria decretada, no pudo hacerse firmar un cargo de entrega a la trabajadora, por lo que, se tenía conocimiento que no se iba a poder cumplir con lo solicitado. Por lo que se debe aplicar el criterio de la Resolución N° 601-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral. x. De lo actuado se evidencia que se ha vulnerado el principio de legalidad y razonabilidad al emitir una medida inspectiva de requerimiento (i) cuando no ha habido incumplimiento a la normativa sociolaboral y (ii) lo solicitado por el inspector era de imposible cumplimiento, ya que no existía un cargo de recepción con fecha y firma por encontrarse en una situación excepcional como fue la inmovilización obligatoria ocasionada por la pandemia.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre no haber realizado la entrega del contrato de trabajo modal dentro de los tres días posteriores a su inicio

culpable en un procedimiento administrativo sancionador, y por tanto, no podría ser sancionado por la autoridad administrativa. De esta forma, la citada obligación se relaciona estrechamente con el deber jurídico de colaboración con la inspección del trabajo (artículos 9°y 15° de la LGIT) y que satisface la aplicación de un sistema de responsabilidad subjetiva, conforme declara la recepción legal del principio de culpabilidad. En ese entendido, en el presente caso, no se ha podido corroborar que la impugnante haya dado cumplimiento a la medida de requerimiento, adjuntando los documentos requeridos, evidenciando no haber tomado todas las medidas necesarias para el correcto desarrollo de las actuaciones inspectivas de conformidad con la normativa. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Sobre la vulneración al principio de concurso de infracciones

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califiqué como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que se puedan exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

TEMA ACUERDO Tema N° 1: El concurso de infracciones normativas. El concurso de infracciones será aplicable en caso que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una.

Respecto del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento:

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)”. (énfasis añadido).

9 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, 2019, Tomo 1, p. 438.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

10 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 11 Véase folio 91 del expediente inspectivo.

entrega, con fecha y firma de la trabajadora u otro medio que acredite su recepción por parte de la trabajadora. Se tiene presente que se acreditó la entrega de la adenda del contrato correspondiente al mes de junio del 2020”. Para el cumplimiento de la misma, se otorgó un plazo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales No haber realizado la entrega del contrato de trabajo modal dentro de los tres días posteriores a su inicio. Numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

Labor inspectiva

No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ADECCO CONSULTING S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 64-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído

en el expediente sancionador N° 442-2020-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 64-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a ADECCO CONSULTING S.A., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20221221MCR