Activos Mineros S.A.C — Res. 1268-2025

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en la Partida Electrónica N° 11924481 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas- juridicas.asp. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre “ACTIVOS MINEROS S.A.C” se deberá entender que es dirigida a “ACTIVOS MINEROS S.A.C.”. 2 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub Materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

de los hechos constatados, retrasando de esta manera las actuaciones inspectivas, respectivamente.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por la falta de colaboración del sujeto inspeccionado, al no presentar inicialmente la documentación solicitada en el requerimiento de información, conforme se indica en el numeral 4.4 de los hechos constatados del Acta de Infracción, retrasando de esta manera las actuaciones inspectivas, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 8,085.50.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por la falta de colaboración del sujeto inspeccionado, al no presentar inicialmente la documentación solicitada en el requerimiento de información, conforme se indica en el numeral 4.5 de los hechos constatados del Acta de Infracción, retrasando de esta manera las actuaciones inspectivas, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 8,085.50.

i. Respecto a la supuesta infracción prevista en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT, debe señalarse que no existió perturbación, retraso ni impedimento alguno al ejercicio de la función inspectiva. Ello debido a que la verificación se realizó antes del vencimiento del plazo de actuaciones inspectivas, específicamente el 27 de mayo de 2024, lo que evidencia que no se generó afectación a la labor inspectiva. ii. Desde la emisión del Acta de Infracción, la propia autoridad ha reconocido que la parte inspeccionada cumplió con el requerimiento de información, proporcionando la totalidad de la documentación solicitada. En consecuencia, no se encuentra acreditado el supuesto impedimento, perturbación o retraso que se le atribuye.

3 Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 350-2025-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, de fecha 03 de junio de 2025, se dispuso encauzar el recurso de revisión interpuesto por la impugnante contra la Resolución de Sub Intendencia N° 315-2025-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, de fecha 21 de mayo de 2025, como recurso de apelación, ordenándose la elevación de los actuados a la Intendencia Regional de Ancash.

iii. Por otra parte, en cuanto al Principio de Tipicidad, debe precisarse que la autoridad de primera instancia no ha demostrado la configuración de una perturbación, retraso o impedimento real al procedimiento como consecuencia de la atención parcial de requerimientos. Por el contrario, el procedimiento concluyó dentro del plazo de treinta días hábiles establecido por la normativa, sin que se evidencie afectación al desarrollo de la función inspectiva. iv. En relación con ello, la doctrina especializada ha precisado que el mandato de tipificación que conlleva dicho principio, no solo se impone al momento de redactar la norma sancionadora, sino también a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento y debe realizar la adecuada subsunción de la conducta en el tipo infractor aplicable. v. En ese sentido, el propio Tribunal de Fiscalización Laboral a través de la Resolución N° 012-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, concluyó que, aun cuando pudiera verificarse un incumplimiento al deber de colaboración por no remitir información completa dentro del plazo solicitado, ello no generó una demora que frustrará la labor de fiscalización, permitiendo que el inspector pudiera continuar con el despliegue de sus funciones. vi. De otra parte, en atención a los agravios ocasionados por la indebida aplicación de la normativa laboral y la consecuente afectación a los Principios de Legalidad, Causalidad, Tipicidad, Presunción de Licitud y al Debido Procedimiento, se solicita que el Tribunal conceda el uso de la palabra por el término de cinco minutos. Ello a fin de exponer y esclarecer los aspectos que pudieran considerarse dudosos, evitando así la configuración de vicios procesales que comprometan derechos constitucionales.

i. En primer término, corresponde precisar que las actuaciones inspectivas constituyen diligencias de carácter preliminar que la Inspección del Trabajo desarrolla de oficio, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Estas diligencias permiten adoptar las medidas inspectivas que resulten necesarias para garantizar la observancia de la normativa aplicable, conforme lo dispone el artículo 1° de la LGIT. ii. Asimismo, el numeral 1 del artículo 2° de la LGIT reconoce como principio ordenador del sistema de inspección al Principio de Legalidad, en virtud del cual las actuaciones de los inspectores y de los funcionarios competentes deben ajustarse estrictamente a lo previsto en la Constitución, las leyes, los reglamentos y demás disposiciones

vigentes. Este principio asegura que las potestades de fiscalización y sanción se ejerzan con pleno respeto al marco normativo establecido. iii. En esa misma línea, el artículo 4° de la LGIT establece que la función inspectiva puede desarrollarse sobre empresas, centros de trabajo y, en general, en cualquier lugar donde se ejecute la prestación laboral, incluso cuando el empleador pertenezca al sector público, siempre que los trabajadores se encuentren sujetos al régimen de la actividad privada. De este modo, se delimita claramente el ámbito material y subjetivo de las facultades de inspección. iv. Por su parte, el artículo 11° de la LGIT regula que las actuaciones inspectivas de investigación pueden materializarse mediante requerimientos de información por medios electrónicos, visitas de inspección a los centros laborales, citaciones de comparecencia del sujeto inspeccionado para aportar documentación o efectuar aclaraciones, así como mediante la verificación de datos o antecedentes que obren en el sector público. Ello pone de manifiesto la amplitud de herramientas que el marco legal otorga a los inspectores para el cumplimiento de su función. v. En el caso concreto, se atribuyó responsabilidad al sujeto inspeccionado por la conducta tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT, la cual sanciona la falta de colaboración que retrase o perturbe el desarrollo de las actuaciones inspectivas. No se exige que la fiscalización se frustre totalmente, sino que basta con que la omisión produzca dilación o entorpecimiento en el normal ejercicio de la labor inspectiva. vi. La imputación se sustentó en la omisión inicial de remitir la documentación solicitada mediante requerimientos notificados válidamente a través de la casilla electrónica el 24 de abril de 2024 y el 10 de mayo de 2024. Si bien la información fue presentada en un momento posterior, dicho cumplimiento extemporáneo no enerva la infracción, pues la afectación al procedimiento ya se había configurado. Así lo ha precisado el Tribunal de Fiscalización Laboral en su Resolución de Sala Plena N° 001- 2021-SUNAFIL/TFL, en la que se reconoció que el retraso en la entrega de información constituye infracción, aun cuando la fiscalización no haya sido frustrada. vii. Finalmente, respecto a la alegada vulneración del derecho de defensa por la no concesión del informe oral solicitado, cabe señalar que el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS establece que los administrados pueden solicitar el uso de la palabra cuando corresponda. Sin embargo, tanto el Tribunal Constitucional como el propio Tribunal de Fiscalización Laboral han reconocido que no se configura vulneración de derechos si el administrado ha contado con la oportunidad de ejercer defensa por escrito, presentando sus argumentos y medios probatorios. En consecuencia, la decisión de prescindir del informe oral en el presente caso no afecta las garantías del debido procedimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 6 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 7 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. 9 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Del Análisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión

“Artículo 14. - Materias impugnables El recurso de revisión tiene por finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

caso, la resolución impugnada confirma la sanción por la comisión de dos infracciones calificadas como GRAVES. Por tal razón, dicho recurso no se encuentra comprendido dentro de los alcances establecidos en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal.

10 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido. 11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener: 24.1.1 El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación. 24.1.2 La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado. 24.1.3 La autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección. 24.1.4 La fecha de vigencia del acto notificado, y con la mención de si agotare la vía administrativa. 24.1.5 Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos. 24.1.6 La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recurso y el plazo para interponerlos. 24.2 Si en base a información errónea, contenida en la notificación, el administrado practica algún acto procedimental que sea rechazado por la entidad, el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta para determinar el vencimiento de los plazos que correspondan. Artículo 228.- Agotamiento de la vía administrativa

precisa sus efectos jurídicos, así como señalar expresamente los recursos que proceden contra dicho acto, el órgano competente ante el cual deben interponerse o, en su caso, el agotamiento de la vía administrativa. Sin embargo, se advierte que en la parte resolutiva de la Resolución de Intendencia N° 187-2025-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 04 de julio de 2025, la Intendencia Regional de Ancash no precisó de manera expresa que dicha resolución constituye última instancia administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores referidos a infracciones leves y graves, induciendo en error al administrado al señalar la procedencia excepcional del recurso de revisión. Tal omisión ha generado una dilación innecesaria en el cómputo de los plazos que corresponden a las actuaciones posteriores al agotamiento de la vía administrativa.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva Falta de colaboración del sujeto inspeccionado, al no presentar inicialmente la documentación solicitada en el requerimiento de información, conforme se indica en el numeral 4.4 de los hechos constatados del acta de infracción, retrasando de esta manera las actuaciones inspectivas. Numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT GRAVE Labor inspectiva Falta de colaboración del sujeto inspeccionado, al no presentar inicialmente la documentación solicitada en el requerimiento de información, conforme se indica en el numeral 4.5 de los hechos constatados del acta de infracción, retrasando de esta manera las actuaciones inspectivas. Numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por ACTIVOS MINEROS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 187-2025-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 04 de julio de 2025, emitida por la Intendencia Regional de Ancash, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 227-2024-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Notificar la presente resolución a ACTIVOS MINEROS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

TERCERO. – Exhortar a la Intendencia Regional de Ancash, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, así como del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en todos los actos que emitan como Autoridad de Segunda Instancia, conforme a los considerandos 5.5 y 5.6 de la presente resolución.

CUARTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250924MABJ – HR: 204217-2023